Francisco Javier Segura Zenil

Expediente 551/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
551/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Segura Zenil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III.- Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el auto de veinticuatro de diciembre pasado -fojas 384 a 387-, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse al Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, cinco tomos de pruebas; toda vez que resulta innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. Finalmente, como está ordenado en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, devuélvase al archivo el presente controvertido constitucional.

  2. Principal

    MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes, en proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. ...En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.

  3. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, mediante el cual la Juez Primero Militar adscrita a la Primera Región Militar, desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho. Al efecto informa, que en audiencia de trece de diciembre del año en curso dejó insubsistente el auto de formal prisión de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Asimismo, en dicha audiencia dictó un nuevo auto de formal prisión en contra del quejoso ********************. En tales condiciones, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo que lo acompañan, se ordena dar vista por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, a la parte quejosa, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos.

  4. Principal

    MESA III Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que acompaña los autos originales del expediente en que se actúa, cinco Tomos de Pruebas y copia certificada de la ejecutoria correspondiente a la sesión de veintinueve de noviembre del año en curso, dictada por los Magistrados de su adscripción, en el amparo en revisión 307/2018, de su estadística, en la cual se consignan los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó del Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, ahora Juez Primero de Justicia Militar de la Primera Región en la Ciudad de México (autoridad sustituta) para los efectos señalados por el Juez de Distrito." Al respecto, se acuerda: Se ordena realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto a partir de la fecha de su envío y el testimonio de la ejecutoria que se acuerda. Sin que haya necesidad de emitir el acuse de estilo correspondiente, toda vez que el Tribunal oficiante refiere que tendrá como tal, el sello de recepción de la comunicación que se provee. En ese tenor, cabe señalar que el amparo y protección constitucional, se otorgó a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero de Justicia Militar de la Primera Región en la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en la que decretó auto de formal prisión contra ********************. 2. Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en la cual, defina la situación jurídica del ahora quejoso, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192, de Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de Justicia Militar de la Primera Región en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con los efectos del amparo otorgado a la parte quejosa, debiendo informar a este Juzgado de Distrito dicha circunstancia dentro del mismo plazo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258, de la de ley de la materia, así como del Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, según lo establece arábigo 193, de la ley de la materia. Para mayor comprensión del requerimiento que se les formula, este juzgado estima pertinente reproducir el contenido del artículo 192, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga."

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