Francisco Javier Santillán García

Expediente 130/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
130/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Santillán García
  • Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos
  • Agente del Ministerio Público Integrador de la Carpeta de Investigación
  • Adolfo Escobar Jardínez
  • Socorro Calderón González
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo el escrito de expresión de agravios, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 120 y 121), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 125 y 126). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de catorce de mayo de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a Francisco Javier Santillán García, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".para que la junta responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre las objeciones que planteó el actor en relación con las documentales ofrecidas por la enjuiciada (a las que se hizo alusión en el cuerpo de esta ejecutoria), y resuelva lo que corresponda." (foja 81). I. En la parte conducente de la ejecutoria de amparo, este Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "En la especie, el actor reclamó el pago íntegro de su salario, pues adujo que a partir de la primera quincena de enero de dos mil diecisiete, la demandada omitió cubrirle la totalidad del mismo, ya que le disminuyó la suma de tres mil ciento cincuenta pesos quincenales, que recibía de manera constante por conceptos de código ST sobretabulado ($1,800) y diferencial fijo ($1,350). Por su parte, al producir su contestación, la demandada señaló que las prestaciones que -según el actor- no le fueron pagadas (diferencial fijo y sobretabulado), se cubrían con presupuesto federal, mismas que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de dos mil diecisiete, según se desprende del acuerdo por el que se comunica a los gobiernos locales, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios. Para acreditar lo anterior, la enjuiciada ofreció, entre otras pruebas, las siguientes: Circular 710.2016.40.612603, de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, signada por el Director General de Presupuesto Financiero de la Secretaría de Educación Pública Federal. Circular 710.2017-1106, de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, suscrita por el Director General de Presupuesto Financiero de la Secretaría de Ecuación Pública Federal. Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios. En la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, concretamente en la etapa de ofrecimiento de pruebas, el actor objetó las citadas documentales en los siguientes términos: ".se objetan en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, toda vez que las referidas documentales fueron exhibidas en fotocopia, además de que, de forma unilateral, son certificadas por la demandada y no por una autoridad competente, además de que como se desprende del artículo 804, de la Ley Federal del Trabajo, la demandada tiene la obligación de exhibirlas en original, dado que fueron exhibidas en fotocopia, son susceptibles de ser alteradas por su oferente..". (foja 134 del juicio laboral). Del laudo reclamado, no se aprecia que la responsable se haya pronunciado sobre tales objeciones, pues se limitó a señalar que las citadas pruebas tenían plena eficacia probatoria al haberse ofrecido en copia certificada, y no existir elemento en contrario que las desvirtuara; sin que haya expuesto algún argumento relacionado con esa objeción, consistente en que las copias que exhibió la demandada, fueron certificadas de forma unilateral por la patronal y no por una autoridad competente. Es importante destacar que esos medios de convicción constituyeron el sustentó de la responsable para determinar que el actor no tenía derecho a seguir percibiendo, a partir de dos mil diecisiete, las percepciones denominadas "diferencial fijo" y "Código ST sobretabulado" (cuyo monto quincenal ascendía a tres mil ciento cincuenta pesos); lo que motivó la absolución de la enjuiciada." (fojas 79 vuelta y 80) II. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de quince de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 98). El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, pronunció otro fallo en el que: Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, con libertad de jurisdicción se pronunció sobre las objeciones que planteó el actor en relación con las documentales antes mencionadas. Al respecto, determinó lo siguiente: "Previamente a determinar el alcance probatorio de las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada, resulta oportuno pronunciarse respecto de las objeciones hechas por el accionante en los siguientes términos: "Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por los arábigos 3 inciso a), e inciso b), 4, 7, se objetan en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, toda vez que las referidas documentales fueron exhibidas en fotocopia, además de que, de forma unilateral, son certificadas por la demandada y no por una autoridad competente, además de que como se desprende del artículo 804, de la Ley Federal del Trabajo, la demandada tiene la obligación de exhibirlas en original, dado que fueron exhibidas en fotocopia, son susceptibles de ser alteradas por su oferente...". De lo anteriormente trascrito se advierte que la parte actora objeta las pruebas consistentes en la circular número 710.2016.40.612603, la circular número 710.2017-1106, el acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las entidades Federativas la Distribución y Calendarización para Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos correspondientes a los ramos generales 28 participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (.). Ahora bien, respecto de la objeción en cuanto a la autenticidad de contenido y firma de los documentos cuestionados, corresponde al objetante acreditar la falsedad de la firma y del contenido, se apoya esta consideración en la siguiente tesis aislada: "DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS." (se transcribe). Dicho lo anterior, tenemos que el actor tiene la carga probatoria para acreditar su objeción de la autenticidad del contenido y firma de las documéntales, sin embargo, el objetante no ofreció ningún medio de prueba para acreditar dicho extremo, por lo que el contenido y la firma de los documentos no pudieron ser desvirtuados. Por otro lado, la parte actora también objetó las documentales porque fueron exhibidas en fotocopia y porque fueron certificadas, por la misma demandada, al respecto es importante señalar que las documentales consistentes en la circular número 710.2016.40.612603, la circular número 710.2017-1106, el acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las entidades Federativas la Distribución y Calendarización para Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (.), fueron certificadas por el L.R.C. Pedro Damián Godínez Guerrero, en su carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y fundamenta su actuar en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala el cual a la letra dice: "Artículo 17.- Corresponde originalmente a los titulares de las Dependencias el trámite y resolución de los asuntos de su Competencia, pero para la mejor organización del trabajo y accesibilidad de las tareas, obras y servicios públicos podrán delegar en los servidores públicos subalternos, cualesquiera de sus facultades excepto aquellas, que por disposición de la Ley o del Reglamento Interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por los propios Titulares.- Igualmente les corresponde a los servidores públicos de la Administración Pública, tanto centralizada como de las entidades, paraestatales, suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les corresponda por suplencia; así como expedir, cuando proceda, copias certificadas de los documentos y de la información que obren en los archivos físicos o electrónicos de la unidad administrativa a su carago." Fundamento legal del cual se advierte que el L.R.C. Pedro Damián Godínez Guerrero, en su carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala tiene la facultad de expedir copias certificadas de los documentos a su cargo y en virtud de que los documentos certificados por su naturaleza administrativa corresponden al departamento de recursos humanos, es que las copias certificadas cumplen con los lineamientos que la ley establece para su expedición, por haber sido certificadas las copias por un servidor público con facultades para ello y en ejercicio de sus funciones, y sin que sea trascendente el hecho de que sea un medio de prueba ofrecido por el titular de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, pues debe estimarse que dicho acto no es producto de la subordinación jerárquica que exista, sino consecuencia de la norma que lo faculta u obliga para actuar en tal sentido, por lo que dichos actos deben tenerse como una expresión concreta de dicha norma, de carácter imparcial e investidos de la presunción de legitimidad que corresponde a todo acto administrativo, máxime que a través del acto de certificación la autoridad se limita a expresar una declaración de conocimiento de la existencia del documento, mas no de la veracidad de lo contenido en él, teniendo entonces el carácter de documentales públicas." (fojas 116 y 117). En consecuencia, determinó: "Tomando en consideración que la presente prueba fue ofertada en copia certificada y está suscrita por servidor público en uso de sus funciones, lo procedente es concederle pleno valor probatorio y con la misma se acredita que se hace del conocimiento de las autoridades educativas locales de los Estados de la federación y entidades establecidas para el ejercicio de la función social educativa, en el presente asunto la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala que se dejaran de cubrir entre otras la percepción salarial discrecional denominada diferencial fijo y con el código ST sobretabulado, siendo dicha prestación la que se reclama en el presente juicio, razón por la que esta prueba es eficaz para acreditar el dicho de la parte demandada." (fojas 117 vuelta y 118). En virtud de lo anterior, absolvió a la demandada Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala de pago de las prestaciones reclamadas por el accionante. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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