Francisco Javier Sánchez Espinosa

Expediente 686/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
686/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Sánchez Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Sánchez Espinosa, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General2, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Francisco Javier Sánchez Espinosa, a través del cual, desahoga la prevención otorgada por auto de veinticinco de noviembre del año que transcurre. Desechamiento de demanda En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en: la contestación a su escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DVTLAX-532/2020 de veintiocho del mismo mes y año, por parte de la autoridad responsable Jefa del Departamento del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, Delegación Tlaxcala. No es obstáculo para determinar que el acto reclamado en realidad es la contestación a su escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DVTLAX-532/2020 de veintiocho del mismo mes y año, que el quejoso haya manifestado en su escrito aclaratorio que se trata de una omisión de dar contestación. Pues manifiesta que: "Pues, debe decirse, que aún y cuando hay una contestación, ésta no corresponde a las peticiones planteadas, por tanto, constituye una omisión u omisiones de la autoridad responsable." En esa tesitura, de lo que realmente se duele la parte quejosa, es de la contestación que dice fue incongruente con lo planteado, además que sus conceptos de violación van encaminados a combatir dicha contestación. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En el caso, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, el primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita, a diferencia de las que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación en comento. En ese sentido, la interpretación a contrario sensu de los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por nomas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el citado artículo 5, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5 de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Por tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra dichos actos que no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Lo anterior porque, si bien, conforme a los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones de carácter laboral ante un juez o tribunal competente, y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva a través de la procedencia de recursos ante tribunales competentes que ampare a los particulares contra actos que violen sus derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de obviar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y, si la propia constitución establece en su artículo 103 que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos del quejoso y el artículo 61, fracción XXIII, en relación (a contrario sensu) con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando los reclamados no constituyan actos de autoridad, entonces, no obstante que el quejoso tenga derecho a la tutela judicial efectiva, si el amparo es improcedente no es posible dejar de aplicar esa regla procesal. Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Con base en lo expuesto es posible deducir que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra que aun siendo emitidos por una autoridad, no afecten por sí y ante sí, o de manera unilateral no creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a las consecuencias naturales del acto reclamado y si inciden en la esfera jurídica del particular quejoso, para de esta manera determinar si puede ser considerado o no un acto de autoridad para efectos del amparo. No está por demás mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, y obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En la especie, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, lo siguiente: La contestación a su escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DVTLAX-532/2020 de veintiocho del mismo mes y año. Sin embargo, no puede considerarse que dicha determinación haya sido emitida por una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, si bien debe estimarse que si el Instituto del Fondo de la Vivienda está facultado para emitir actos en los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y sobre el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la ley de la materia, cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud, aun cuando la solicitud se le presente en su carácter de organismo administrador, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta; sin embargo, respecto de la respuesta que en su caso formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, al involucrarse temas referidos a las facultades que ejerce el instituto en su carácter de administrador de fondos. Es decir, si bien la quejosa en ejercicio de su derecho de petición tutelado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó "..la aclaración en forma específica, detallada, pormenorizada y por escrito a cuánto asciende el porcentaje de interés que según el suscrito adeudaba por no habérseme realizado el descuento total de mi sueldo básico por parte de Recursos Humanos de la dependencia para la cual labore.", respecto a la cual se le emitió la respuesta conducente por la autoridad, contra la cual, no procede el juicio de amparo indirecto. Respecto al tema en lo particular, tratándose del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 81/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en la ejecutoria respectiva, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] El instituto organiza y administra el Fondo Nacional para la Vivienda con base en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores,(28) y como organismo fiscal autónomo realiza el cobro de las cuotas y se encarga de verificar el cumplimiento de los patrones y sujetos obligados de realizar las aportaciones de vivienda derivadas de lo previsto en el artículo 30 de la misma ley.(29) Ahora bien, se reitera que el instituto en el plano de ente administrador de fondos de vivienda no actúa, frente al trabajador, como autoridad que pueda decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al destino de los recursos del fondo en perjuicio del trabajador, pues cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral como lo prevé el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.(30) Sin embargo, si una persona -sea trabajador acreditado o no- ejerce el derecho contenido en el artículo 8o. constitucional, los funcionarios o servidores públicos que integran el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se encuentran obligados a dar contestación, pues como entes de la administración pública federal actúan frente a los gobernados bajo la ley que les otorga facultades, independientemente de que respecto de la respuesta otorgada sea improcedente el juicio de amparo. Esto es, respecto al derecho de petición, debe entenderse de manera amplia el concepto de autoridad para poder hacer efectivo el derecho relativo, previsto de la siguiente manera. (.)Debe estimarse entonces que si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos amplios, está facultado para emitir actos en los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y sobre el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la ley de la materia; cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud, aun cuando la solicitud se le presente en su carácter de organismo administrador, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta. Lo anterior, en el entendido de que respecto de la respuesta que en su caso formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el acreditado, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe estarse a lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la ley relativa,(32) cuando el tema involucrado se refiera a las facultades que ejerce el instituto en su carácter de administrador de fondos, esto es, una vez que sea patente que actúa dentro de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En efecto, observando lo sustentado en los precedentes transcritos, se debe expresar en primer término, que por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando actúa como ente administrador del fondo para la vivienda, pues no resuelve por sí y ante sí sobre los recursos a su cargo, y sus resoluciones son impugnables ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las que resolverán en definitiva sobre el destino de dichos recursos, de conformidad con la ley de la materia. No obstante, como excepción a esa regla general, tratándose del derecho de petición, cuando en un juicio de amparo se reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio de ese derecho, el juicio resulta procedente en atención a la naturaleza que lo distingue, es decir, a la característica sustancial consistente en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares [.]". De la ejecutoria transcrita, derivó la Jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 58, Septiembre de 2018, página 1021, Décima Época, con número de registro electrónico 2017817, de rubro y texto: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." En ese sentido, la autoridad responsable tendrá tal carácter cuando se le reclame la omisión de responder una solicitud en materia de su competencia, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta a la petición; pero, una vez que ha cesado la omisión reclamada, como en el caso sucede, el juicio de amparo contra esa respuesta será improcedente, porque la relación entre la autoridad y el quejoso, en la que la primera actúa como ente asegurador con base en un acto jurídico mediante el cual está obligada a otorgar determinada prestación --que en el caso es en dinero-- al asegurado, actúa en un plano de igualdad al involucrar el cumplimiento de un convenio de seguridad social, por lo que el interesado deberá impugnar la respuesta recibida a través de los medios de defensa ordinarios, pero no así mediante el juicio de derechos fundamentales. De ahí que, la respuesta tiene su origen en una relación jurídica en su calidad de asegurado, con independencia de que la parte quejosa ya no sea trabajador en activo, pues ello no es obstáculo para considerar que está vinculada en una relación jurídica con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la cual, en este caso, no es de supra a subordinación, al actuar como ente administrador de fondos la autoridad responsable lo hace en un plano de coordinación sin que pueda decidir de manera definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al destino de los recursos del fondo en perjuicio del particular, toda vez que cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de impugnarse a través de los medios de impugnación respectivos. En las relatadas condiciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, este último aplicado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, dado que se trata de una relación de coordinación y no de suprasubordinación, que no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; por lo tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gelacio Saldaña Pérez, en atención a las razones expuestas.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. ? Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Francisco Javier Sánchez Espinosa, por propio derecho, contra actos de la Jefa del Departamento del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, Delegación Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 686/2020-I. ? Prevención A efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentra el previsto en la fracción IV, que a la letra dice: Jorge Vallejo Rivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.1c 23/05/21 17:56:19 "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de derechos, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1) Aclare el acto que por esta vía reclama, pues primero señala como tal la omisión de dar contestación al escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte; sin embargo, a continuación refiere que la responsable le pretendió dar contestación por oficio DVTLAX-532/2020, de veintiocho de octubre de la presente anualidad; asimismo, en sus conceptos de violación controvierte dicho oficio. Por tanto, deberá precisar si reclama la omisión de dar contestación al escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte, o bien, el oficio DVTLAX-532/2020, por el que aduce se pretende dar contestación al ocurso referencia. ? Apercibimiento Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de Jorge Vallejo Rivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.1c 23/05/21 17:56:19 JUICIO DE AMPARO 686/2020-I 3 ??????????????? amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo,1 de la Ley de Amparo. ? Notificación y consulta de expediente electrónico Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario Fjespinosa61 toda vez que el mismo se encuentra registrado a nombre del quejoso, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. ? Domicilio Ahora bien, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa señaló domicilio personal, esto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, sin embargo, las notificaciones aún las de carácter personal, se realizarán de manera electrónica, tal y como lo solicitó la parte quejosa, en el proemio de su escrito. ? Autorizados Por otra parte, se tienen como autorizadas para oír y recibir 1 "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Jorge Vallejo Rivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.1c 23/05/21 17:56:19 notificaciones a Elva Hernández Morales y Arlette Sánchez Hernández, toda vez que no cuentan con Registro Único en el Sistema Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. ? Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ? Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ? Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. ? Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo Jorge Vallejo Rivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.1c 23/05/21 17:56:19 JUICIO DE AMPARO 686/2020-I 5 ??????????????? General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. ? Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo Jorge Vallejo Rivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.1c 23/05/21 17:56:19 dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. ? Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Jorge Vallejo Rivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.97.1c 23/05/21 17:56:19 JUICIO DE AMPARO 686/2020-I 7 ??????????????? Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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