Francisco Javier Salazar Torres

Expediente 1250/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1250/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Salazar Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. UNA VEZ NOTIFICADO ESTE ACUERDO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO.- Mediante escrito de demanda presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en el Estado de Aguascalientes Francisco Javier Salazar Torres, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal General de Justicia; de la Vice Fiscalía de Investigación de Delitos adscrito a la Procuraduría; del Comisario General de la Policía Ministerial adscrito a la Procuraduría; del Agente del Ministerio Público Número Siete de la Policía Ministerial; del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, delegación Aguascalientes; en su carácter de ordenadoras; y del Director de la Policía Ministerial y/o Fiscalía General, por sí y como jefe nato de todos y cada uno de los agentes a sus órdenes; del Secretario de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Aguascalientes, del Secretario de Seguridad Pública Estatal, del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República; del Fiscal General de Justicia; de la Vice Fiscalía de Investigación de Delitos adscrito a la Procuraduría; y del Comisario General de la Policía Ministerial adscrito a la Procuraduría, como ejecutoras; que hicieron consistir: ".Reclamo de la Autoridad señalada como responsable ORDENADORA, la ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INCOMUNICACION Y/O DESAPARICION Y/O actos de TORTURA, decretada, girada y ejecutada en contra de los quejoso sin que mediara mandamiento judicial alguno que motivara la detención así como la incomunicación de que ha sido objeto. Y) .- de las autoridades señaladas como responsables; EJECUTORAS, reclamo precisamente la ejecución material o cumplimiento que pretenden darle a la orden de APREHENSIÓN, o DETENCIÓN INCOMUNICACION y/o DESAPARICION y/o actos de TORTURA, girada en su contra, así como declaración que pueda extraérsele o verter sin contar con la presencia de su defensor particular." SEGUNDO.- Por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a quien se remitió el asunto por cuestión de turno, admitió la demanda con el número 1250/2019-XI-6; decretó la suspensión de plano del acto consistente en la incomunicación; solicitó informe sobre la suspensión de plano decretada y dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, y 107, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los artículos primero, fracción XXX, segundo, fracción XXX, número 3, todos del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la última fracción modificada por el Acuerdo General 53/2015 del mismo órgano, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO.- Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión, en base a la demanda, y demás constancias que conforman el sumario, los actos combatidos a las autoridades responsables, para lo cual se procede de la siguiente manera: Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, detención, incomunicación, desaparición y malos tratos que sufre el agraviado. Sobre el particular le resulta cita, a la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número P. VI/2004, en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, se invoca por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, tesis 2a./J. 55/98, Novena Época, del rubro y texto que a continuación se transcriben: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO.- Las autoridades responsables salvo la que se precisara en párrafos ulteriores y por el acto ahí indicado, al rendir sus respectivos informes respecto a la suspensión de plano y justificados, manifestaron que no son ciertos los actos que se les imputan consistentes en la orden de aprehensión, detención, incomunicación, desaparición y malos tratos, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, como la parte quejosa no ofreció medio de convicción para demostrar la existencia de los indicados actos, y en el sumario tampoco obra prueba alguna sobre el particular, por tanto, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo, la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro 187728, visible en la página 903, del tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." También, resulta aplicable al efecto, la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 210769, consultable en la página 77, número 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO.- El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (foja 44 a 57 y 61 a 74), manifestó que el quejoso Francisco Javier Salazar Torres, estaba a su disposición, por la probable comisión de un hecho señalado como delito, razón por la cual se tiene únicamente como cierto el diverso acto reclamado consistente en la detención del agraviado. Es aplicable a lo expuesto, por analogía, por identidad de razón y por los principios jurídicos que lo integran, la tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 255646, visible en la página 41, del volumen 62, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto."[1] Por su parte, el Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto dicho acto; sin embargo, esa negativa debe tenerse por desvirtuada con lo manifestado por Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, dado que, al ser aquella autoridad ejecutora, es incuestionable que tiene la obligación de dar cumplimiento a lo ordenado por dicho representante social. Apoya lo anterior, por la analogía que guarda, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro cita: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Además, la existencia del referido acto reclamado se acredita con las documentales que remitió la propia autoridad, al rendir su informe relativo a la suspensión de plano, así como su informe justificado y las constancias que remitió en alcance a éstas (foja 44 a 57; 61 a 74; y 106 a 112), las cuales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de copias certificadas expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Previo a estudiar los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos, que respecto del acto reclamado cuya existencia se acreditó en el considerando cuarto de este sentencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada "Lecciones de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, páginas 497 y 498, opina que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 (actualmente artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo) se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ..."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente ..."; concluye que "... únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación con la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo (actualmente artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo): "El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción." Ahora bien, de las documentales anexadas al informe del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (foja 44 a 57 y 61 a 74), y las que remitió en alcance a éstas (foja 106 a 112), se advierte que el quejoso Francisco Javier Salazar Torres, estaba a su disposición, por la probable comisión de un hecho señalado como delito; asimismo, que el veintisiete de agosto de la presente anualidad, éste fue puesto en libertad, al habérsele otorgado el beneficio del criterio de oportunidad, previsto por el artículo 256, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se advierte de la constancias que obran a foja ciento seis a ciento doce de los autos, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, al tratarse de documentos expedidos por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por lo anteriormente citado, es claro que han cesado los efectos del acto a estudio, toda vez que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada de Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, como se precisó con antelación, no obstante que tuvo recluido a su disposición al quejoso, decretó su libertad, tal y como se desprende de la documental que remitió en alcance a su informe (foja 111 y 112). Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto a la detención reclamada, lo procedente es SOBRESEER con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También le resulta cita a la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobre el mismo tema, es aplicable la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 198, del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." En virtud de las consideraciones que han quedado expuestas, este juzgado federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso en relación al acto reclamado estudiado en este apartado, pues el sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio, e impide el estudio de fondo del asunto. De conformidad con la jurisprudencia 1028 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 394984, publicada en la página 708, del Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, con el texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, al no combatirse por vicios propios. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual es visible bajo el número VI. 2º.J/7, en la página 690, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Francisco Javier Salazar Torres, contra las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos expuestos los considerandos tercero y quinto de la misma. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda.Así lo resolvió y firma el Licenciado GUILLERMO BALTAZAR Y JIMÉNEZ, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien actúa asistido de la Licenciada Rocío Carolina Téllez Guerrero, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    ...Autoridad remite copia certificada de la carpeta de investigación...

  4. Principal

    requiérase a la Agente de Ministerio Público Adscrita a la Agencia Doce de la Dirección de Investigación de Delitos de la Fiscalía General del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe el estado que guarda la carpeta de investigación ...; apercibida que en el caso de no hacerlo en el término que se le concede, se le sancionará con una multa ...

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