Francisco Javier Salazar Pérez
Expediente 495/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Javier Salazar Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 495/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Francisco Javier Salazar Pérez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Consiste en la inactividad procesal en que ha incurrido la H. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, en la tramitación del expediente laboral 699/2017, toda vez que no ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 685, 771, 873 de la Ley Federal del Trabajo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que hasta ésta fecha no ha tomado las medidas necesarias para lograr el desahogo de la audiencia bifásica en los términos que marca la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Preceptos constitucionales reclamados. El quejoso señaló como garantías vulneradas las contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 495/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en dos ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo, establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a hacer la precisión del acto de autoridad reclamado en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en que se actúa, lo que permite arribar a la conclusión de que Francisco Javier Salazar Pérez, como actor en el expediente laboral 699/2017, reclama la falta de desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los términos que marca la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación por conducto de su Presidenta. Certeza que además se corrobora con la documental consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral número 699/2017, que acompañó a su informe, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza de la omisión reclamada, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, relacionada con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte el artículo 170 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la lectura de los preceptos legales transcritos, se llega a la conclusión de que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, estableciendo, el Alto Tribunal, en la jurisprudencia que más adelante se cita, que son dos las condiciones que el legislador dispuso para ello: 1) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). La jurisprudencia de que se habla, es la P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, si el quejoso reclama la omisión de la junta responsable de desahogar en el juicio laboral 699/2017, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los términos que marca la Ley Federal del Trabajo; entonces se evidencia que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que tal omisión no constituye un acto dentro del juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, dado que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, dicha omisión corresponde a una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo como lo es la falta de respuesta a una petición expresa y la falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, como lo estableció la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De la contradicción de tesis referida, surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011580, cuyos rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que, no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada, pues el suscrito no considera que exista una abierta dilación al procedimiento o paralización total del mismo, pues de las documentales que allego al sumario la propia junta responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se obtiene que si bien no se ha celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 699/2017, ello se debe a que no se había notificado a la parte demandada el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete a través del cual se regularizó el procedimiento y los diversos de quince de noviembre del año anterior, así como veinte de febrero y veinticinco de mayo del año en curso por los que se difirió la audiencia bifásica; sin embargo, mediante diligencia de veinte de junio pasado se notificó a la parte demandada los autos referidos, y que la audiencia respectiva se encuentra señalada para las doce horas con treinta minutos del quince de agosto del año en curso. Es decir, la junta responsable ha dictado las medidas necesarias para lograr su desahogo, dado que mediante diligencia de veinte de junio último se notificó a la parte demandada los acuerdos de veintisiete de septiembre y quince de noviembre del año anterior, así como veinte de febrero y veinticinco de mayo del año en curso a fin de celebrar la audiencia bifásica en la fecha y hora programadas (doce horas con treinta minutos del quince de agosto del año en curso). Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 495/2018 promovido por Francisco Javier Salazar Pérez, contra el acto reclamado a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se designó al Titular de este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho; consecuentemente para que las partes se impongan de lo anterior, y no se actualice una violación procesal que amerite reponer el procedimiento, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veinticinco de junio anterior, se tuvo por recibido el informe justificado de la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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