Francisco Javier Rosas Castañeda

Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
180/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Rosas Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte QUEJOSA por medio de la presente lista de acuerdos, de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 180/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación, dicho auto en lo conducente dice: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 180/2023, promovido por ***y; RESULTANDO: 1. Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y recibido en este Juzgado al día siguiente ***demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez de Control de la Región Judicial Centro y otra, consistente en la determinación de cuatro de febrero del año en curso, por la cual le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva, durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin que exceda el término de dos años, dentro de la carpeta judicial administrativa 333/2023/PUEBLA, así como su ejecución; actos que considera violatorios de los artículos 1 y 20 constitucionales. 2. Segundo. Por auto de veintitrés de febrero del año en curso, y previo registro de la demanda de amparo con el número de expediente 180/2023, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Por auto de dos de marzo del presente año, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. 4. Tercero. Mediante acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: 5. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es una determinación que impone de la medida cautelar de la prisión preventiva, misma que tiene ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. 6. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la determinación de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 333/2023/PUEBLA por el juez responsable por la cual impuso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada durante el plazo de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de defensa. 7. No pasa inadvertido para este juzgador que en diecisiete de marzo del año en curso, el juez de control responsable hizo del conocimiento de esta autoridad que en audiencia oral y pública de quince marzo del año en curso, con motivo de la revisión de la medida cautelar impuesta al quejoso y solicitada por su defensa, determinó que ésta persistía; de ahí que aun y cuando esta última determinación no se señaló como acto reclamado, esto no hace improcedente el estudio constitucional de la prisión preventiva reclamada, pues la misma no fue modificada ni revocada. 8. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.44/2022, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 9. "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA."2 10. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Judicial Centro y la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, aceptaron la existencia del acto reclamado.3 11. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió la responsable como justificación de su acto consistentes en copias autorizadas de la carpeta judicial administrativa 33/2023/PUEBLA, entre las cuales se advierte el registro audiovisual contenido en un disco versátil digital, en la cual se advierte la audiencia de cuatro de febrero del año en curso, por la cual se impuso al quejoso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, siendo el acto reclamado en esta instancia constitucional; documentales que por tratarse de actuaciones emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. 12. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, son parcialmente fundados aunque insuficientes para conceder el amparo solicitado. 13. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, de las constancias que remitió la responsable se advierte que en audiencia inicial de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, y posterior a que el juez de control individualizara a las partes, el imputado designara a su defensora particular, calificara de legal la detención realizada al quejoso; y vinculara a proceso al quejoso Francisco Javier Rosas Castañeda, por el hecho con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión con fines de suministro de marihuana y cristal y/o metanfetamina, ilícito previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V, VII y VIII, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal, cometido en agravio de la sociedad; el fiscal solicitó se impusiera al quejoso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, ello conforme los siguientes datos de prueba: 14. El oficio de evaluación de riesgos procesales 219, de dos de febrero de dos mil veintitrés, realizado por el evaluador Israel García Hernández, quien asentó los siguientes datos derivados de la entrevista al quejoso: 15. Refirió tener como domicilio, el ubicado en calle dieciocho oriente número mil cuatrocientos siete, barrio del alto, Puebla. 16. Relativo al empleo, el quejoso refirió tener laborando un año seis meses como ayudante de la carpintería "muebles sobre diseño". 17. En referencias personales, el quejoso no proporcionó número telefónico, correo electrónico o cualquier otro medio de contacto. 18. Con relación al lugar de residencia, el quejoso refirió tener treinta dos años rentando en el domicilio señalado. 19. En información destacada, el quejoso refirió tener un consumo diario de dos cigarrillos de marihuana. 20. Relativo a verificación de datos, el evaluador se constituyó en el inmueble señalado, tocó a la puerta y lo atendió Raymundo Vázquez Castañeda, quien dijo ser primo del quejoso y corroboró la información proporcionada en la entrevista por el quejoso; sin embargo refirió el fiscal, esa información no fue fortalecida con otro dato de prueba. 21. También señaló el evaluador, que el imputado tiene una causa penal diversa, en la especie la identificada con el número 1007/2020/PUEBLA, por un delito similar, esto es, contra la salud con fines de suministro de cocaína; y de la que ya fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento. 22. De lo que concluye el evaluador la existencia de un riesgo procesal alto, pues no quedó justificado los arraigos, pues el imputado señaló que radica en un inmueble rentado, y dicha información no fue verificada ni corroborada con algún otro dato de prueba. 23. Existe riesgo para la víctima que es la sociedad por el delito que fue vinculado a proceso, que es contra la salud con fines de suministro, pues ello representa un alto riesgo para la sociedad, dado que puede provocar otros hechos delictivos (lesiones u homicidio), cuestión que incluso señaló la fiscalía, es un argumento que pudiera parecer subjetivo. 24. Que al haber estado sujeto a procedimiento, tiene conocimiento de ello, pues fue vinculado y beneficiado en otra causa penal. 25. Que dentro de la carpeta de investigación, hay una constancia de datos del imputado, en la cual derivado de la entrevista practicada por el representante social, asistido por la defensa pública, refirió residir en calle veintiocho oriente, número mil cuatrocientos siete, del barrio el Alto. 26. Que la defensa le corrió traslado con diversas documentales, entre ellas, el acta de nacimiento del quejoso; la constancia de identidad a nombre del quejoso de tres de febrero de dos mil veintitrés, suscrita por José Ángel García Herrera, Presidente de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, quien señaló el domicilio del quejoso, mismo que se ubica en calle dieciocho oriente número mil cuatrocientos dos, guión diez, la Luz, entre catorce y dieciséis norte, barrio el Alto de Puebla. 27. De lo anterior, señala el fiscal, existe contradicción con lo dicho por el quejoso ante el evaluador y ante la representación social. 28. Obra como dato de prueba una constancia domiciliaria, el cual se refiere al mismo domicilio señalado por el Presidente de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza (calle dieciocho oriente número mil cuatrocientos dos, guión diez, la Luz, entre catorce y dieciséis norte, barrio el Alto de Puebla). 29. También adjunta la defensa un recibo de pago de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad del mes de octubre de dos mil veintidós, el cual refiere como domicilio, la calle dieciocho oriente número mil cuatrocientos siete, guión diez, la cruz, barrio el Alto de Puebla. 30. Diverso dato de prueba, la defensa exhibe constancia de concubinato, expedida por el Presidente de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, de quince de enero de dos mil veintitrés, donde se hace constar el domicilio del quejoso, mismo que está ubicado en retorno durazno número diez, de la Unidad Habitacional Amalucan, Puebla. 31. Así también, la defensa exhibe extractos de nacimiento de veintiuno de abril de dos mil diez (acta 1225) y de folio 665 de treinta de noviembre de dos mil trece, a nombre de J.M. de apellidos Rosas Flores y a nombre del hoy imputado (sic), respectivamente; así como el diverso extracto de nacimiento a nombre de A.M. de apellidos Rosas Titla, del que funge como padre el aquí quejoso. 32. Finalmente, exhibe la defensa una constancia laboral de tres de febrero del año en curso, signado por José Oswaldo Rosas Castillo, quien informa que al quejoso se le ofertó un empleo y que podrá comenzar a laborar cuando se presente en las instalaciones (la carpintería "muebles sobre diseño"). 33. De dicha información refiere el fiscal, que de acuerdo a dicha constancia y riesgos procesales, si el imputado refirió que lleva laborando un año con seis meses en esa carpintería, es contradictoria la información antes citada, en la cual se expone que apenas se va a emplear en dicha fuente, y por ello no se justifica arraigo laboral; sin que obste que se adjuntaron cuatro placas fotográficas, donde se aprecia que el quejoso está laborando en esa carpintería; sin embargo, refiere el fiscal, no hay certeza de si trabaja o va a trabajar en dicho lugar. 34. Por la variación citada, señala el fiscal, se actualiza lo dispuesto por el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe contradicción de la información vertida por el quejoso ante el representante social. 35. Pues en una parte se señaló como su domicilio el ubicado en calle veintiocho oriente, barrio del Alto, Puebla, el cual pertenece a Xanenetla, Puebla. 36. Además, la constancia de concubinato se señala que el quejoso vive desde hace cuatro años en retorno durazno número diez, de la Unidad Habitacional Amalucan, Puebla. 37. En ese sentido se actualiza la falsedad en el domicilio que implica presunción de riesgo de fuga. 38. Que se actualiza riesgo de sustracción de acción de justicia, pues el imputado al ser conocedor del nuevo sistema, al ser vinculado en un proceso similar, tiene conocimiento de los alcances y consecuencias, y que tuvo un beneficio de una suspensión condicional. (2:36) 39. Además, el delito por el que fue vinculado, tiene una penalidad de seis años, lo que podría animar al quejoso a no enfrentar el proceso. 40. Por ello no está justificado el riesgo laboral y domiciliario, y por tanto, el fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, durante todo el tiempo que dure el procedimiento. 41. Posterior a que la defensa controvirtió la postura del fiscal, el juez resolvió en los siguientes términos: 42. Que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las medidas cautelares serán impuestas por tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. 43. Para su procedencia, se actualiza lo dispuesto por el artículo 154, fracción II, del referido Código, pues el quejoso ya fue vinculado a proceso 44. Que el fiscal solicita como medida cautelar, la prisión preventiva justificada por los siguientes motivos: 45. Que ***no cuenta con arraigo laboral, familiar y domiciliario en términos de los artículos 167, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 46. Porque en la audiencia se vertieron diversas colonias, lugares, y por ello no tiene arraigo, pues se mencionaron colonias como Amalucan, Zaragoza, el Alto, que tiene dos trabajos, que se va a emplearse y no está definido en que va a trabajar. 47. Señala la fiscalía que existe un riesgo, dado que al quejoso se le se concedió la suspensión condicional del proceso en una diferente causa, bajo un mismo tipo de delito contra la salud; además de que el imputado fuma marihuana, y por ello, es proclive a realizar diversos hechos delictivos. 48. Por su parte, la defensa controvirtió esas circunstancias, pues alegó que: 49. Para imponer la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, debe existir un riesgo de sustracción de la justicia y para la sociedad. 50. El Juez dice, que se mencionó que el imputado tiene su domicilio en barrio del Alto, en la calle veintiocho oriente, y que en el acta de concubinato se señala un diverso domicilio, mismo que se ubica en la colonia Amalucan. 51. Que tiene tres hijos menores de edad a su cargo, y que también se refirió que tiene uno u otro trabajo, mismo que no fue especificado. 52. Que se mencionó que el imputado indicó que vive en calle veintiocho oriente número mil cuatrocientos siete, barrio del Alto, pero ello no significa que esté variando o falseando el domicilio; del trabajo señaló que es electricista y en otra parte, en una mueblería y/o carpintería. 53. Ante ello, el juez señala que en términos de los artículos 155 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el arraigo es establecerse permanentemente en un lugar 54. Que arraigar es establecerse fijamente a algo, por lo tanto, indicó que le hace falta que exista algo que corrobore esa información para dar fiabilidad, pues se mencionaron diversos lugares, pero no se estableció un lugar específico dónde encontrarlo, que debió señalarse el barrio del alto o amalucan; al igual que el trabajo, establecerse en un lugar fijo, sin que ello implique que pueda cambiar de empleo lícito. 55. Por lo tanto, señaló no existe esa circunstancia de permanencia que pueda dar fiabilidad de permanencia de que el quejoso pueda establecerse en ese lugar. 56. Que el imputado tiene hijos menores de edad; sin embargo, refirió el juez, no se estableció que el imputado sea la persona que suministra económicamente el sustento a dichos menores. 57. Que es cierto que el padre debe estar con los menores, ello conforme al interés superior del menor; pero insiste el juez, se requiere tener un lugar fijo donde pueda desarrollarse con el menor esa actividad, pues derivado de realizar cambios de domicilios pueden afectar estabilidad de los niños; por lo tanto, hace falta contar con un arraigo. 58. En otro punto señala el juez, que le asiste razón a la defensa, pues la Corte se pronunció en cuanto a la penalidad a imponer, por ello, no comparte que se tome en cuenta la máxima de la pena que pudiera imponerse, dado que es juez de control, no de juicio y por ello no toma en cuenta dicha circunstancia para la imposición de la medida cautelar. 59. Que el fumar narcótico y con ello sea proclive que el imputado cometa hechos delictivos poniendo en riesgo a la sociedad, dicha circunstancia no se puede suponer ni tomar en consideración, pues no puede prejuzgarse sobre tales hechos para imponer una medida cautelar. 60. Respecto de la suspensión condicional del proceso de que gozó, no puede tomarse en cuenta dicha circunstancia para imponer una media cautelar, ello en términos de los artículos 191 y 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues si ya cumplió con todas las condiciones ahí impuestas, ello da lugar a la extinción de la acción penal, y por tanto, no puede tomarse dicha circunstancia en su contra. 61. Que instrumentos internacionales se han pronunciado que la prisión preventiva es la más excesiva, y por ello, debe justificarse; sin embargo, el juez dice que no tiene esos arraigos justificados para que se mantenga permanente en un lugar. 62. Pues no existe un domicilio, un lugar donde labore, o dato de prueba que indique que es el suministro de su familia, datos que hacen creer el arraigo, y que hagan que no se sustraiga de la acción de la justicia. 63. Por ello concluyó la responsable en imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por ser idónea, proporcional y pertinente, por todo el tiempo que dure el procedimiento, sin que exceda el plazo de dos años, salvo que su prórroga se deba al ejercicio de derecho de defensa que le asiste al imputado. 64. Determinación que constituye el acto reclamado. 65. Ahora bien, el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo4 , establece las bases para la procedencia de la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual será impuesta cuando otras medidas sean insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 66. No sobra decir, que la medida cautelar de la prisión preventiva, conforme la doctrina internacional, para su imposición no debe ser la regla general, sino la excepción, pues la libertad personal podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo; lo anterior se encuentra estatuido en el artículo 9.35 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 67. Lo anterior se corrobora, con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual señala que la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional y que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad6 . 68. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 315/20217 , al tomar en consideración los parámetros de los tratados internacionales de los que México es parte, así como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la regulación de la prisión preventiva en el ámbito internacional, señaló que la referida Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial respecto de esta medida, y se ha enfocado en tres rubros, a saber: a) Los fines legítimos que persigue la prisión preventiva; b) Los principios para dictarla. c) La duración de la misma. 69. Respecto del primero, establece que la prisión preventiva únicamente puede ser impuesta en procesos penales, además de que deben fundarse en elementos probatorios suficientes para suponer que participó en el ilícito que se investiga, así mismo señaló la existencia de un fin legítimo que constituye el detonador o motivo por el cual la prisión preventiva se vuelve indispensable, y por tanto, si es la base para dictarla, este fin legítimo deberá estar presente todo el tiempo que dure la medida cautelar, y por tanto, si este fin legítimo desaparece, la prisión preventiva tiene que cesar porque ya no tiene un fundamento o un fin legítimo que perseguir o proteger8 . 70. Respecto a los principios para dictar la prisión preventiva, la Sala estimó que dicha medida es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener el carácter de excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática. 71. Así, en cuanto a la excepcionalidad, la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción, puesto que las personas sujetas a esa medida gozan del derecho a la presunción de inocencia, de ahí que las autoridades deben evitar que la medida cautelar sea igual o más onerosa que la pena que en caso se imponga en caso de que determine la responsabilidad penal al inculpado, ya que es una medida cautelar dirigida a asegurar el proceso penal y no es una medida punitiva9 . 72. Con relación a la necesidad, la Sala señaló que la Corte Interamericana estableció que la prisión preventiva tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue, es decir, con el motivo por el cual se dictó, por lo que sólo debe imponerse cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal y no puede prolongarse cuando el Estado no pueda justificar su necesidad, puesto que la medida no puede restringir la libertad de la persona acusada, más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con el fin por el que fue emitida (principio de proporcionalidad) 10 . 73. Respecto a la duración de la prisión preventiva el citado máximo órgano jurisdiccional señaló que dada su naturaleza excepcional solamente podrá durar mientras tenga sustento en el fin legítimo que persigue, por lo que está sujeta a una duración o plazo razonable, conforme lo previsto en el artículo 7.511 de la Convención Americana. 74. Ahora, cabe señalar que durante el procedimiento existe la posibilidad de que las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar de la prisión preventiva, hayan variado y por tanto, procede su revisión para en el caso revocarla, sustituirla o modificarla, ello conforme lo dispuesto por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales12 . 75. En ese sentido, las partes intervinientes en un proceso judicial podrán solicitar al Órgano jurisdiccional audiencia para revisar la medida cautelar, para lo cual éste citara a una audiencia en la cual debatirán sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. 76. Así, la revisión de la medida cautelar efectuada por el órgano jurisdiccional conlleva: a) La existencia previa de una medida cautelar; b) Determinar de manera objetiva si las condiciones que motivaron su imposición han variado o no; y, c) En caso de no haber variado, determinar su subsistencia; y en caso contrario, la revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar impuesta. 77. De ahí que, si los datos de prueba expuestos en la audiencia respectiva y el debate planteado por las partes son suficientes para considerar que variaron objetivamente las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar, entonces procederá su revocación, sustitución o modificación. 78. Ahora, en el caso que nos ocupa, se comparte el criterio sostenido por el responsable, pues tal y como lo refirió existe un riesgo de sustracción del quejoso, por no haberse acreditado durante la audiencia inicial el arraigo domiciliario. 79. Ello es así, pues el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales13 , establece que para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta el arraigo que tenga el imputado en el lugar donde debe ser juzgado, entendiendo este por la residencia habitual, el asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Se destaca que la falsedad del domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. 80. Así para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento que se sigue en su contra, debe acreditar su arraigo mediante los datos de prueba idóneos y pertinentes el lugar donde tenga su residencia habitual, doméstico e incluso, el asiento de su familia y las facilidades que tenga para abandonar la circunscripción territorial donde se sigue el proceso o en su defecto, si cuenta con posibilidad para permanecer oculto. 81. Así en la audiencia inicial, en la parte conducente a la acreditación del arraigo del quejoso, incorporaron diversos datos de prueba, como oficio de evaluación de riesgos, las constancias emitidas por el Presidente Auxiliar de la colonia Ignacio Zaragoza, recibo de pago de la Comisión Federal de Electricidad, y la constancia generada por el propio representante social, de las cuales se evidencia diversos lugares donde habita el quejoso, mismos que son: el ubicado en calle dieciocho oriente número mil cuatrocientos dos, departamento diez, del barrio del Alto, Puebla; en calle dieciocho oriente, número mil cuatrocientos siete, departamento diez, la cruz, Puebla; el ubicado en calle veintiocho oriente número mil cuatrocientos siete, barrio del Alto; el ubicado en calle retorno durazno número diez, de la Unidad Habitacional Amalucan, Puebla. 82. De la cual indicó el juez de control en la audiencia primigenia, que no advirtió el arraigo domiciliario, cuestión que este juzgado comparte. 83. Lo que es correcto, pues como bien lo adujo la responsable si bien no se advierte que haya falseado con relación que su domicilio, lo cierto es que no existe dato seguro donde se le pueda localizar, pues sobre ello la defensa nada dijo, lo que en su caso genera incertidumbre acerca de su arraigo 84. Del mismo modo devienen infundados en cuanto a que señala que el arraigo familiar se acredita con las actas de nacimiento de sus menores hijos, y de la cual se justificó que es el sustento económico de su familia; aunado al hecho que como existían dos domicilios tal circunstancia repercutía negativamente en sus hijos por trasladarlos de un lugar a otro. 85. En parte le asiste razón al quejoso, pues es cierto que el traslado de sus menores hijos de un lugar a otro, es una cuestión subjetiva, de manera que dicha circunstancia en modo alguno importa un perjuicio para que el quejoso pueda desarrollar la actividad paternal para con aquellos; sin embargo, ello es insuficiente para demostrar el arraigo domiciliario del quejoso, pues tal y como se evidenció en esta sentencia, existen datos de prueba que genera duda sobre el lugar cierto y exacto donde reside el quejoso, cuestión que tal y como lo refirió la responsable, no existe un lugar donde permanentemente se sitúe al quejoso, ello con la finalidad de enfrentar un proceso, y para que cuantas veces sea llamado acuda ante la responsable. 86. Del mismo modo, el hecho de que se acredite que el imputado sea progenitor de tres menores, ello en modo alguno demuestra que sea el sustento económico de ellos, y por ende, que dicha circunstancia redunde en el arraigo domiciliario, pues como lo señaló el responsable, no existe dato de prueba objetivo que demuestre tal extremo. 87. Relativo al plazo establecido de la medida cautelar, esto es, por el plazo de dos años, salvo que su prórroga se deba al ejercicio del derecho de defensa del quejoso, es legal. 88. Ello es así pues el artículo 20, apartado B, fracción IX, de nuestra Constitución14, establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. 89. De ahí, que el juez responsable al haber determinado como plazo de la medida cautelar el plazo de dos años como máximo, es evidente que su actuar se ajustó a lo dispuesto por nuestra Carta Magna. 90. Sin que ello impida en su caso, como se estableció en párrafos previos, que durante el procedimiento exista la posibilidad que las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar de la prisión preventiva, varíen y por tanto, las partes intervinientes soliciten al órgano jurisdiccional audiencia para su revisión, en la cual se debatirá sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y resolver en consecuencia ello con la finalidad de revocarla, sustituirla o modificarla, o en su caso mantenerla, ello conforme lo dispuesto por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 91. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que en audiencia de quince de marzo del año en curso, el juez de control con motivo de la revisión de la medida cautelar impuesta al quejoso y solicitada por su defensa, determinó que aquella que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional persistía; sin embargo, dicha resolución escapa al análisis del presente juicio de amparo, pues el quejoso al ser parte en el proceso penal de origen, conoció personalmente de dicha determinación. 92. Lo anterior es así, pues el artículo 111 de la Ley de la Materia15 regula expresamente los casos en que puede ampliarse una demanda de amparo, del que se advierte que es carga procesal del quejoso ejercer dicho derecho, o en su caso, instar un nuevo juicio de amparo. Similar consideración sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 55/2023 de su índice. 93. De ahí, que al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, se niega el amparo solicitado por Francisco Javier Rosas Castañeda, en contra de la determinación de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de control, por la cual impuso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada; ello dentro de la carpeta judicial administrativa 333/2023/PUEBLA. 94. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. 95. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: 96. PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Javier Rosas Castañeda, en contra de la determinación de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de control, por la cual impuso la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, ello dentro de la carpeta judicial administrativa 333/2023/PUEBLA; por las razones y efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. 97. SEGUNDO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO; ASÍ COMO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA.

  2. Principal

    Principal. 180/2023 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Puebla, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 180/2023, promovido por FRANCISCO JAVIER ROSAS CASTAÑEDA en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Julián Fierro Blanco, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia, el juez abre el periodo probatorio, en donde el secretario da cuenta con las documentales que remitió la juez responsable, consistentes un disco de lectura óptica en su formato DVD, así como copia certificada de la causa penal 30/2019/PUEBLA mismas que forman el anexo I. A lo que el juez acuerda: respecto a la documental consistente en copia certificada de diversas actuaciones deducidas de la causa penal 333/2023/PUEBLA del índice del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Joel Daniel Baltazar Ávalos y registro audiovisual en formato de disco versátil digital DVD (1 disco) que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el cuatro de febrero de dos mil veintitrés, así como las diversas documentales remitidas por las responsables, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza; al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, el juez declara abierta la fase de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo tanto, el juez cierra este periodo. A continuación, dicta la siguiente sentencia Cuauhtémoc Escobar González Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. José Julián Fierro Blanco Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. EL SUSCRITO SECRETARIO JOSÉ JULIÁN FIERRO BLANCO, HACE CONSTAR QUE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUE CELEBRADA EN LA HORA Y FECHA EN QUE SE ASENTÓ EN EL ACTA RESPECTIVA, LA CUAL ES AUTORIZADA Y FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE POR EL SUSCRITO Y EL TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN LA HORA Y FECHA QUE SE REFLEJA EN LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, UNA VEZ QUE LO PERMITIERON LAS LABORES DEL JUZGADO. DOY FE.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, a trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó notificar a la parte quejosa, el citado acuerdo y el auto de ocho de marzo del año en curso, con la vista del informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, ******************** así como la promoción 3748, empero, a pesar de que obra la constancia de notificación al quejoso, no se advierte que se haya dejado a su disposición el traslado con la copia de la promoción 3748. Por tanto, a fin de evitar posibles nulidades y mayores dilaciones en perjuicio de las partes, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y k) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, notifique personalmente: Al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto el presente acuerdo. Al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto el acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, y se le correrá traslado con copia de la promoción con número de registro 3748. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese, y personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados en el domicilio que señaló para tal efecto.

  4. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte QUEJOSA por medio de la presente lista de acuerdos, del proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 180/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el CITATORIO que se le dejó con anticipación, dicho auto en lo conducente dice: Puebla, Puebla, a trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó notificar a la parte quejosa, el citado acuerdo y el auto de ocho de marzo del año en curso, con la vista del informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, *** así como la promoción 3748, empero, a pesar de que obra la constancia de notificación al quejoso, no se advierte que se haya dejado a su disposición el traslado con la copia de la promoción 3748. Por tanto, a fin de evitar posibles nulidades y mayores dilaciones en perjuicio de las partes, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a y k y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, notifique personalmente: Al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto el presente acuerdo. Al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto el acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, y se le correrá traslado con copia de la promoción con número de registro 3748. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese, y personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados en el domicilio que señaló para tal efecto.

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