Francisco Javier Rosado May
Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Francisco Javier Rosado May
Actuaciones
- Principal
V.- Notificación personal.
- Principal
V.- Notificación personal.
- Principal
V.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de veinte de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguese a los autos el escrito presentado por Héctor Hernán Pérez Rivero, en su carácter de Francisco Javier Rosado May, a quien se le reconoce su personalidad, en términos de la copia certificada de la audiencia pública de desahogo de pruebas de la parte demandada, emitida en el expediente DIT-055/2016, protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Encargado de Despacho de Rectoría y Representante Legal de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, ubicada en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en la prevención formulada por auto de cinco de abril del presente año, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de un análisis del escrito de demanda, se advierte que de conformidad a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente se hace consistir en: Lo anterior en términos de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: UNICO.- De la autoridad antes señalada, reclamo la denegación de justicia consistente en la omisión de dar respuesta a su solicitud de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, en relación al expediente DIT-055/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad". En ese sentido, respecto del acto reclamado precisado con el numeral 1, inciso c), se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; este último interpretado en sentido contrario, pues no constituye un acto de autoridad. Los numerales en cita disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo anterior es así ya que el reclamo se da en el contexto de la relación laboral que existe entre el impetrante del amparo como trabajador y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, ubicada en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, como patrón, a través de sus subordinados, pero dentro del juicio laboral DIT- 055/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad en la que son partes contendientes. Ahora bien, la conducta de que se duele la parte peticionaria del amparo, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. En efecto, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, cualquier decisión que adopte la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, con sede en José María Morelos, Quintana Roo, en su carácter de patrón, a través de sus subordinados, respecto del otorgamiento de estímulos o becas a sus trabajadores, no constituye un acto de autoridad, sino precisamente un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. En esa tesitura, debe señalarse que el referido acto que reclama el promovente, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como subordinadas del patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril 2016, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. También, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, Página 164, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. En las relatadas circunstancias, es dable colegir que si el juicio de amparo resulta improcedente respecto de la omisión de dar respuesta a su solicitud de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, en el cual solicitó a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, con sede en José María Morelos, Quintana Roo, en su carácter de patrón, información sobre el monto de su salario base y de sus prestaciones, en relación al expediente DIT-055/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. Esto es, de la información que se revela del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio y su anexo, se desprende que la información solicitada está relacionada además en el juicio laboral DIT-055/2016, por lo que el quejoso tiene así expedita esa vía para instar a través de la autoridad laboral que tramita ese juicio los reclamos inherentes a su contraparte en el citado juicio laboral. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. La actuación en comento, deriva de la relación obrero patronal que une al quejoso con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, con sede en José María Morelos, Quintana Roo, como se desprende de los antecedentes de la demanda de amparo, en la que el quejoso manifiesta ser personal académico de dicha institución. De lo que se sigue, que en relación al acto combatido, a la responsable, ésta actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de éstas con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, en contra de la citada actuación no procede el juicio de amparo, pues o se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. Es así que la autoridad estatal, en su carácter de patrón, no realiza actos equivalentes a los de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.I.L. J/62 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Décima Época, que a la letra dice: ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO CONSTITUYEN LA EMISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO A TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De igual forma, es ilustrativa de lo anterior la jurisprudencia número XVI.2o. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 438, Tomo VII, Febrero de 1998, en la Novena Época, cuyo texto es: DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes indicado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY."
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V.- Notificación personal.
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