Francisco Javier Romero Gómez

Expediente 1830/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1830/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Romero Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el dieciséis de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena:?????????????? 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Se aprecia que los actos reclamados en el presente juicio consisten en la privación de la libertad (incomunicación, aseguramiento, alojamiento, ilegal detención, deportación). Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte lo siguiente:?????????????? ? Que mediante el acta de hechos de evasión de control migratorio, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el quejoso Francisco Javier Romero Gomez, al no haberse presentado al control de la firmas correspondiente a los días veintiuno y veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se dio por concluido su procedimiento administrativo migratorio. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (quince de octubre de dos mil veintidós), el acto relativo a las privación de la libertad, existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido al peticionario de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiera invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que hoy combate ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó su salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el veintiocho de octubre de dos mil veintidós y dio por concluido su procedimiento migratorio respectivo, pues al respecto, levantó el Acta de Evasión de Control Migratorio. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que en el escrito inicial de?????????????? incomunicación; no obstante, en diligencia actuarial de once de octubre del año en curso, el propio quejoso, al momento de ratificar la demanda, manifestó no encontrarse incomunicado ni haber sido maltratado, de lo que se colige que no fue su intención tener como acto reclamado el antes precisado, además al otorgarse su salida de la estación migratoria ceso cualquier posibilidad de la existencia de esos actos. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de enero de año dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,??????????????emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, remitió diversas constancias relacionadas con los procedimientos migratorios del quejoso **********; sin embargo, fue omisa en remitir las constancias relativas a la situación actual del diverso quejoso, pues únicamente obra en autos copia del procedimiento administrativo migratorio de quejoso número INM/ORTAB/EMV/PAM/03642/2022, en el que deriva la resolución de retorno asistido de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Monterrey; empero, no se advierte si el referido inconforme **********, ya fue trasladado a su país de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente determinación remita copia certificada de las constancias con las que se acredite la situación o condición actual del quejoso Francisco Javier Romero Gómez, particularmente lo relativo a su salida de la estación migratoria y, en su caso, el acta levantada con motivo de la evasión del control migratorio. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional de mérito y en su lugar se fijan las once horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que el trámite del presente sumario se continuara de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del procedimiento migratorio que se sigue en su contra y una diversa autoridad responsable, a lo cual no realizó manifestación alguna. Ahora, de las constancias que acompañó a su informe de suspensión plano la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Tabasco se advierte que por acuerdo de notificación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente INM/ORTAB/PAM/03642/2022, se informó al quejoso que le asiste el derecho de solicitar su salida provisional de la estación migratoria una vez que haya cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración y/o condiciones que se establecieron en la suspensión de plano. Sin embargo, de las diversas documentales que acompañó la autoridad responsable no se advierte la situación actual del quejoso Francisco Javier Romero Gómez, es decir si se encuentra aún en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, si se le otorgó su pase de salida o bien solicito su retorno asistido a su país de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Tabasco para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente determinación remita copia certificada de las constancias con las que se acredite la situación o condición actual del quejoso, es decir, informe si se encuentra aún en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, si se le otorgó su pase de salida o bien solicito su retorno asistido a su país de origen. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo??????????237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional de mérito y en su lugar se fijan las doce horas con cincuenta y ocho minutos del trece de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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