Francisco Javier Rojas Hernández
Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Francisco Javier Rojas Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por Jorge Luis Hernández Miguel, abogado autorizado del quejoso Francisco Javier Rojas Hernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el proveído dictado veintitrés de noviembre del año en curso, en el que se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101 de la legislación aplicable a la materia, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación. Tal documento adquiere validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado que cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Luego, al advertirse que en el presente asunto únicamente obra la demanda de amparo y escrito aclaratorio, no es el caso otorgar a las partes el término de tres días, señalados en el numeral 101 de la legislación de la materia. Ello, sumado a lo dispuesto por el artículo 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, se habilita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en turno, la consulta en forma electrónica de este cuadernillo, con la finalidad de que obtenga acceso a la totalidad de las constancias que lo integran, el cual tiene como número de expediente único nacional 33683338, para la substanciación del medio de impugnación de referencia. Ahora bien, atendiendo a que el presente recurso tiene carácter de urgente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en turno, con original y copia del escrito de queja y agravios para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, sin que sea obstáculo que las notificaciones de este acuerdo, sean agregadas al expediente electrónico con posterioridad al envió de la queja. Lo anterior, en términos de la Tesis de Jurisprudencia 1a/J. 126/2022 (11ª), con registro digital 2025397, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2096, del Tomo II, 18 octubre de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Ahora bien, para lo que a bien tenga determinar la Superioridad, en calidad de informe sobre la materia, comuníquese es cierto el acto objeto de la queja, únicamente en cuanto a la emisión dentro de este sumario del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se proveyó la suspensión provisional solicitada.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el libelo firmado electrónicamente por Jorge Luis Hernández Miguel abogado autorizado del quejoso Francisco Javier Rojas Hernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, da cumplimiento a los requerimientos formulados en proveídos de treinta y uno de octubre, seis y diecisiete de noviembre del presente año. Tal documento adquiere valor probatorio pleno, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1o., fracción I, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, requiéranse a las responsable que rindan sus informes justificados dentro del término de quince días, conforme el normativo 117, de la ley de la materia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, o de no remitir, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias que sean necesarias, de los actos reclamados para apoyar dicho informe, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, al tenor de los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción ll, de la legislación en comento. En la inteligencia de que las potestades responsables, podrán rendir dicho informe al correo electrónico 5jdo4ctop@correo.cjf.gob.mx. Hágase del conocimiento a las potestades que en caso de cambio de situación jurídica de la parte quejosa o cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, está obligada a informarlo de inmediato, pues de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según lo dispuesto por el ordinal 64, en relación al 251, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. De igual forma, se requiere a las responsables para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, informen si advierten en trámite diverso juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, co-investigado, o cualquier otra persona que derive del mismo procedimiento, carpeta de investigación y/o judicial de donde emergen los actos reclamados, a fin de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; apercibidas de omitir atender tal exigencia dentro del término fijado o bien, no manifestar el impedimento legal que tuviere para hacerlo, se harán acreedor a una medida de apremio, consistente en multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, acorde lo establecido en el arábigo 237, fracción I, en relación con el precepto 259, ambos de la Ley Reglamentaria de los arábigos 103 y 107 Constitucionales. Dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con una copia simple de la demanda de amparo, así como escritos aclaratorios y cítese a las partes a la audiencia constitucional que se verificará a las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Incidental
Vista la cuenta que antecede, como está ordenado en el cuaderno principal, se forma por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 866/2023-II, promovido por Francisco Javier Rojas Hernández, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León y otras autoridades. En ese sentido, a través del ocurso aclaratorio presentado por la parte quejosa, en cumplimiento a la prevención formulada en determinaciones de treinta y uno de octubre, ocho y diecisiete de noviembre del presente año, manifiesta que el acto reclamado consiste en lo siguiente: Unicamente de dicho amparo se reclama la resolución de fecha 15 de octubre de 2023, en donde se fue negada la Modificación de Medida Cautelar de corte oficioso al Quejoso Francisco Javier Rojas Hernández, declarándose improcedente por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio adscrito a Cadereyta Nuevo León, quien manifesto que al no haber una modificación al precepto constitucional 19, no podía declarar la inconvencionalidad. De lo anterior se observa que el acto reclamado por el quejoso Francisco Javier Rojas Hernández, se trata de la determinación emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León en audiencia de quince de octubre de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por hechos con características del delito de posesión de arma de fuego y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, dentro de la carpeta judicial 727/2023. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." Como se puede observar, de un análisis a lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se entiende que solicita se aplique lo resuelto en la contradicción 293/2011, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de los casos tzompaxtle tecpile vs. México y García Rodríguez vs. México, a efecto se conceda la suspensión provisional para que se ordene a la autoridad judicial fije fecha y hora para la celebración de una audiencia donde se analice una diversa medida cautelar menos gravosa, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de quince de octubre de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por hechos con características del delito de posesión de arma de fuego y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, dentro de la carpeta judicial 727/2023. En ese sentido, debe señalarse que este órgano de control constitucional se encuentra facultado para precisar las consecuencias, así como el estatus legal en que deban quedarse las cosas a partir de la concesión de la medida cautelar peticionada, ello, sin importar la modificación de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda o en su caso, ante la omisión de precisar los mismos, fijarlos conforme a su prudente arbitrio, esto, a efecto de ajustarlos a las necesidades del caso concreto, a fin de preservar la materia del juicio de amparo y, no únicamente a limitarse a proveer la suspensión solicitada. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pagina 14, que reza: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa Francisco Javier Rojas Hernández, la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la resolución de quince de octubre de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por hechos con características del delito de posesión de arma de fuego y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, dentro de la carpeta judicial 727/2023, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en el que se encuentra recluido y a disposición del Juez responsable respecto a la continuación del procedimiento incoado en su contra; lo anterior, hasta en tanto le sea comunicada la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. Sin que en el caso particular resulte aplicable el criterio invocado por el promovente, en razón de que el acto reclamado consiste en una resolución en la que el Juez de Control responsable negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que, el hecho de que siga bajo los efectos de tal medida, no es consecuencia de la negativa de la modificación misma, si no de la previamente impuesta la cual conforme a sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad fue el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, actuación que no se trata del reproche reclamado en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Acorde lo estipulado en el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídanse a las responsables sus informes previos, que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que se encuentren legalmente notificadas, apercibidas que de no hacerlo así, en el plazo indicado, se les aplicará una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según el precepto 238, primer párrafo, en relación al 260, fracción I, de la citada legislación. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Expídasele a la parte quejosa copia certificada por duplicado del presente auto, previa identificación y constancia legal se deje en autos, habilitando a la persona mencionada en el ocurso de cuenta para gestionar su obtención. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
Vista la razón actuarial de trece de octubre del presente año, realizada al quejoso Francisco Javier Rojas Hernández, mediante la cual, ratificó el contenido del ocurso presentado en este órgano jurisdiccional el seis de los actuales; asimismo, reconoce como puesta de su puño y letra la firma que lo calza. Sin embargo, es menester traer a la vista el libelo presentado por la parte quejosa el seis de los corrientes, del que se realiza un análisis, pues se llega al convencimiento que no es viable tener al promovente subsanando las deficiencias de la demanda de amparo, debido a lo siguiente: En el punto número 3 del proveído de treinta y uno de octubre pasado, se requirió al amparista para que especificara si era su deseo reclamar como acto reclamado a la responsable señalada, o bien a una diversa, algún mandamiento de captura girado en su contra y de ser así, bajo protesta de decir verdad, relatara los antecedentes de dicho acto destacado, así como a la autoridad que lo atribuye; ello, toda vez que en el apartado dedicado al incidente de suspensión, solicita los efectos de la medida cautelar para que no le sea ejecutada una orden de aprehensión y no se le obligue a presentarse o comparecer por medio de la fuerza pública ante alguna autoridad. En atención a ese requerimiento, en el libelo presentado por la parte quejosa el seis de los corrientes, el promovente, manifiesta lo siguiente: " Especifique si es su deseo reclamar como acto destacado a la responsable señalada o bien a una diversa, algún mandamiento de captura girado en su contra. Si es mi deseo reclamar a la responsable señalada. Por lo que en caso de que reclame algún acto privativo de libertad, deberá relatar los antecedentes del acto destacado, DICHOS ANTECEDENTES FUERON RELATADOS EN EL INICIO DEL PRESENTE. así como la responsable a la que se lo atribuye. EL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN CADEREYTA JIMÉNEZ " Pues si bien, menciona a la autoridad a la que le atribuye el mandamiento de captura, asimismo, relaciona los antecedentes con los precisados respecto al acto reclamado, consistente en la resolución de quince de octubre pasado, en la que se declaró improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, no es precisó en especificar el mandamiento de captura que le fue girado en su contra, así como de manera clara y cronológica los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del mandamiento de captura Lo cual, es necesario definir en forma de exacta acorde al numeral 108 de la Ley de Amparo, dado que es uno de los requisitos de la demanda de amparo indirecto, para fijar la litis. Por consiguiente, requiérase al impetrante para que cumpla de manera integral lo ordenado en el proveído de treinta y uno de octubre pasado, al tenor de lo especificado en líneas precedentes, con el apercibimiento de no atender lo anterior dentro del plazo fijado por este órgano jurisdiccional, en aquél proveído, se tendrá por no presentada la demanda, acorde lo establecido en el precepto 114, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de los arábigos 103 y 107 constitucionales. En el entendido que, la temporalidad de cinco días concedida comenzó el nueve de los cursantes y fenece el dieciséis siguiente; no obstante, el libelo aclaratorio se presentó en seis de los actuales interrumpiendo el mismo; por ende, el amparista aún cuenta con cinco días para dar cumplimiento a la aludida prevención, lapso que se computará desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. No es obstáculo el hecho se haya prevenido al quejoso con anterioridad, dado el órgano jurisdiccional debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, porque la finalidad de tales requisitos procesales es para lograr la seguridad jurídica de la parte agraviada en el presente medio extraordinario de defensa. Adquiere vigencia por analogía la tesis II.1o.22 K (10a.), de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2672, cuyo y rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO A TENER POR NO PRESENTADA UNA DEMANDA O DESECHARLA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCURAR SUBSANAR O REPARAR EL DEFECTO POR MEDIO DEL DESAHOGO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO NO SEA CONTUMAZ O NEGLIGENTE Y NO SE DAÑE LA REGULARIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL O A OTRAS PARTES. La prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo se orienta, esencialmente, a que el quejoso dé cuenta en el desahogo del requerimiento del artículo 108 del propio ordenamiento, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos. Ello se debe a que la ley de la materia tiene una serie de reglas formales a fin de lograr la seguridad jurídica, a través de la legalidad; sin embargo, ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo, pues debe cumplirse con el derecho de acceso a la justicia. Así, desde la perspectiva de la constitucionalidad no son admisibles obstáculos producto de un formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, que en todo caso deben ser adecuados a los derechos humanos, para cumplir con el principio pro actione, pues los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto a que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer los derechos necesarios para las partes y el objeto del proceso. En consecuencia, el Juez de Distrito, previo a tener por no presentada una demanda de amparo o desecharla por no haberse cumplido con un requerimiento para su aclaración, debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, siempre que el quejoso no sea contumaz o negligente y no se dañe la regularidad del proceso constitucional o a otras partes, pues los requisitos formales deben interpretarse y aplicarse de modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables de acuerdo con el mencionado artículo 114, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, si la parte requerida los cumple desde el inicio del proceso o los subsana, porque la finalidad del requisito procesal es establecer el objeto del proceso constitucional, pero no constituirse en mecanismos o tecnicismos que hagan del proceso constitucional un medio de defensa inaccesible."
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