Francisco Javier Rodríguez Robles

Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1179/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Rodríguez Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estados de México, acusando recibo del oficio por el que se le devolvió copia certificada de las constancias que integran el expediente **********, de su índice. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, acusando recibo del oficio 8465/2023, por el que se le remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 27375/2022, de su índice. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese, el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, y entréguense, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión contra la sentencia del doce de abril de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, remitió en apoyo a su informe justificado copia certificada de las constancias que integran el expediente **********, de su índice, (tomo I), y el Juez Trigésimo Sexto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, copia certificada de las actuaciones que integran el expediente **********, de su índice, (tomo II); en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente a cada una de las autoridades señaladas anteriormente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al tercero interesado correspondiente, y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1179/2022-V, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez Trigésimo Sexto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades; ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas exhibidas por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mismas que hizo suyas el ejecutor adscrito al referido juzgado, así como con las documentales allegadas por el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en apoyo a sus informes justificados y con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1179/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el diez siguiente, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del contra actos del Juez Trigésimo Sexto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades. II. En proveído del trece de octubre de dos mi veintidós, este órgano jurisdiccional registró la referida demanda bajo el número 1179/2022-V y la admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución material en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, territorio en el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario número 1603/2008, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Carlos Adrián Jiménez Fabre, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, incluida la resolución interlocutoria del incidente de ejecución de convenio judicial y como consecuencia la orden de entrega y desocupación del inmueble ubicado en Calle Oaxaca, Manzana Tres, Lote 7-C, Colonia Bonito Ecatepec, Código Postal 55090, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados, en el ámbito de sus competencias. Certeza que se corrobora con las constancias que anexaron a sus informes con justificación, relativas al exhorto 27375/2022 y expediente 1603/2008, respectivamente, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el suscrito resolutor advierte de oficio la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el ordinal 5, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo que hace inviable el estudio de los conceptos de violación aducidos. A efecto de informar el sentido que ha de regir en la presente resolución, es necesario establecer que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico de la parte quejosa; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo. En ese sentido, conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución federal de la Republica y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. Por tanto, por interés jurídico, debe entenderse el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona, ya sea de hecho o de derecho. Así, la afectación al bien jurídico se externa cuando un acto de autoridad se traduce en una disminución o privación de la libertad, patrimonio y/o derechos. Esto es, para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de la aplicación de la ley; lo que vislumbra de manera general, lo siguiente: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En conclusión, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, es decir, asiste interés jurídico al quejoso cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. En el caso, el juicio de amparo es promovido por ********************, por propio derecho, esto es, como titular del derecho subjetivo que consideró afectado por un acto de autoridad; específicamente, las actuaciones practicadas en el juicio de origen y que concluyeron con el requerimiento a la parte demandada (Carlos Adrián Jiménez Fabre) en el juicio natural, a fin de que efectúe el pago de diversas cantidades, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se procedería al trance y remate del bien embargado y con su producto pago a la parte actora y, a fin de acreditar lo anterior, anexó a su demandada las siguientes documentales: 1) Copia simple del contrato de compraventa de once de septiembre de dos mil diez, celebrado entre Carlos Adrián Jiménez Fabre (en su carácter de vendedor) y ******************** (en su calidad de comprador), respecto al inmueble ubicado en Calle Oaxaca, Manzana Tres, Lote 7-C, Colonia Bonito Ecatepec, Código Postal 55090, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 2) Réplicas simples de los escritos dirigidos a Carlos Adrián Jiménez Fabre, el primero en cita de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y el diverso con número de referencia 84574073 del Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte; y, 3) Tres facturas con números 4002794806, 4002948394 y 2003006260, relativas al servicio de gas a nombre del aquí quejoso. Sin embargo, dichos medios de convicción no tienen el alcance de demostrar la propiedad que ostenta respecto del bien inmueble que por esta vía defiende; por tanto, el interés jurídico del solicitante del amparo no está demostrado plenamente, ya que no es parte en el juicio de origen. En ese contexto, es inconcuso que carece de interés jurídico para instar el juicio constitucional pues las actuaciones practicadas en el juicio de origen no afectan su esfera de derechos al no ser parte en el mismo. Ello es así, porque conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, la exhibición de un contrato privado -pacto locativo- carente de fecha cierta, cuya calidad la tienen aquellos documentos desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio, de ahí que si el documento privado que contiene un acto jurídico -compraventa- es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si esa fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho de posesión hecho valer. En efecto, los documentos privados en los que se hacen constar actos cuya posesión es derivada, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, pues sólo de esta manera se podrá garantizar la autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, evitando que contengan fechas anteriores o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros, circunstancia que en la especie no aconteció, tal como se precisó en párrafos precedentes. Máxime que la documental (contrato de compraventa) ofrecida en el sumario en que se actúa fue exhibida en copia simple; por ende, carece de pleno valor probatorio. Por tanto, al no ser parte ******************** en el juicio de origen y no existir certeza jurídica respecto de la propiedad que aduce tener sobre el inmueble en que se podría llevar a cabo el remate, se concluye que el acto reclamado no afecta en modo alguno el interés jurídico que justifique el ejercicio de la acción de amparo, ya que tal extremo debe acreditarse fehaciente y plenamente y no con base en presunciones. Luego, si la parte quejosa no ofreció prueba idónea y suficiente que acreditara la titularidad del derecho que afirma tener, ni mucho menos, cualquier acto de molestia que alegue estar sufriendo respecto a la habitación o uso de dicho inmueble cuenta habida que no acreditó que cuenta con un título justo que la legitime a acudir a esta instancia constitucional, es inconcuso que no existe infracción a sus derechos subjetivos, pues no le causa daño, perjuicio o menoscabo alguno en sus derechos, y por ende, que el acto reclamado afecte su interés jurídico, por lo que no se configura el supuesto de agravio personal y directo del juicio amparo. En consecuencia, al no existir en perjuicio de ********************, algún derecho subjetivo protegido por la norma, que sea afectado, ni exista ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses, el juicio de amparo resulta improcedente, por no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa; por ello, conforme a lo dispuesto en el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. En otro aspecto, no se soslaya que aún no se cuenta con la constancia de emplazamiento al presente juicio de amparo de Carlos Adrián Jiménez Fabre, en su carácter de tercero interesado en términos de lo establecido en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, lo cual ningún obstáculo representa para emitir esta sentencia, dado que ningún perjuicio le causa el sentido adoptado en la misma. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, por derecho propio, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades correspondientes y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

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