Francisco Javier Rodriguez Guerrero
Expediente 1071/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco Javier Rodriguez Guerrero
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la demanda de amparo formulada por Francisco Javier Rodríguez Guerrero, contra actos de ZENDERE, CSCK SB, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1071/2019-IV-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, el análisis del acto reclamado por el gobernado que acude en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte impetrante con respecto a tales actos; y una vez hecho lo anterior, poder determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la moral ZENDERE, CSCK SB, la inscripción en el buró de crédito de un supuesto adeudo por la cantidad de ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos, moneda nacional ($858,798.00), toda vez que al ingresar al portal de dicha persona moral, en el apartado Reporte de Crédito Especial, se arrojó dicho resultado, con número de folio de consulta 1,898,820,972. DESECHAMIENTO De oficio, la suscrita juzgadora advierte que en relación con los actos reclamados en la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Con el fin de sustentar el aserto que antecede, se citan los artículos 1°, fracción I; 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede, como regla general, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. El segundo de los preceptos transcritos, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Finalmente, el último de los preceptos transcritos, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando tal motivo resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo y, en tales términos, si el juicio de amparo, por regla general, procede contra actos de autoridad, en este caso el motivo de improcedencia operaría en atención a que el particular señalado como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio constitucional. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, que lleva por rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo deben reunirse las cualidades siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. En síntesis, resulta autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho que, con apoyo en una norma jurídica, emite actos unilaterales que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, dentro de una relación de supra a subordinación, siendo nota distintiva y determinante para identificar a una autoridad para efectos del amparo la relativa a que exista una relación de supra a subordinación. Para identificar esta relación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró útil la clasificación que la teoría general del derecho efectúa de las relaciones jurídicas de supra a subordinación y de supraordinación. Estas relaciones, se regulan por el derecho público que prevé los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, el procedimiento contencioso-administrativo en el ámbito ordinario; mientras que en el ámbito constitucional, destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tal motivo, la Constitución contiene una serie de derechos fundamentales como limitaciones frente a la actuación de los órganos del Estado, ya que impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, de tal suerte que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolverlas. La nota distintiva de estas relaciones es que las partes se colocan en el mismo plano, de tal suerte que los actos que surjan son de naturaleza "particular" y, por ende, el amparo resulta improcedente. De ahí que, el concepto de autoridad para efectos del amparo por regla general excluye los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, respecto de los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste excepcionalmente resulta procedente contra actos de particulares. Como antecedentes relevantes de los actos reclamados se destaca que, mediante el formato denominado "reporte de crédito especial", por realizar la consulta de su historial crediticio ante la moral señalada como responsable ejecutora BURÓ DE CRÉDITO, se emitió el número de reporte de consulta 1,898,820,972. Por otro lado, se tiene presente que, conforme a los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo el reporte especial de crédito que se entregó al ahora quejoso, se precisa el historial crediticio que ésta considera negativo en relación con el crédito sin pagar que ahí aparece, pues al efecto aduce que no lo solicitó ni conoce a la persona moral señalada como responsable ZENDERE, CSCK SB. En ese sentido, se impone destacar el contenido de los artículos 2°, fracciones II y XV, 4º, 5°, primer párrafo, 6°, 12, 13, 20, 25, 40, primer y último párrafos, 42, primer y último párrafos, 43, 45, 46 último párrafo y 48, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, que es la normatividad que rige a la moral señalada como responsable ejecutora, así como también al procedimiento presentado por el ahora quejoso, los cuales, disponen lo siguiente: "Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley, se entenderá en singular o plural por: . II. Cliente, cualquier persona física o moral que solicite o sobre la cual se solicite información a una Sociedad; . XV. Usuario, las Entidades Financieras, las Empresas Comerciales y las Sofomes E.N.R., que proporcionen información o realicen consultas a la Sociedad." "Artículo 4o.- En lo no previsto por esta ley, se aplicará supletoriamente, para efectos de las notificaciones, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta disposición no será aplicable al procedimiento de reclamación de los Clientes previsto en la presente ley." "Artículo 5o.- La prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras, Empresas Comerciales o las Sofomes E.N.R., sólo podrá llevarse a cabo por Sociedades que obtengan la autorización a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley. [.]" "Artículo 6o.- Para constituirse y operar como Sociedades de Información Crediticia se requerirá autorización del gobierno federal, misma que compete otorgar a la Secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles." "Artículo 12.- Las Sociedades deberán sujetar sus operaciones y actividades a la presente ley y a las disposiciones de carácter general que expida el Banco de México." "Artículo 13.- Las Sociedades sólo podrán llevar a cabo las actividades necesarias para la realización de su objeto, incluyendo el servicio de calificación de créditos o de riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como las demás actividades análogas y conexas que autorice la Secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión. Las Sociedades, al ofrecer servicios de calificación de créditos o de riesgos a que se refiere el párrafo anterior, deberán considerar toda la información disponible en su base de datos sin discriminar la información proporcionada por cualquier Usuario. [.] Las Sociedades deberán ofrecer a los Clientes que lo soliciten, en los términos que al efecto acuerden con ellos, el servicio consistente en hacer de su conocimiento cuando los Usuarios consulten su historial crediticio, así como cuando envíen información relativa a la falta de pago puntual de cualquier obligación exigible." "Artículo 20. La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 72 meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley. [.] Cuando el cliente realice el cumplimiento de una obligación, el Usuario deberá proporcionar a la Sociedad la información del pago correspondiente y la eliminación de la clave de prevención u observación correspondiente. El Usuario deberá enviar dicha información dentro de los cinco días hábiles posteriores al pago. En el caso a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 bis, los Usuarios contarán con un plazo de hasta diez días hábiles para enviar la información actualizada a la Sociedad. En el supuesto al que se refiere el párrafo anterior, las Sociedades tendrán un plazo de hasta tres días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan recibido la información de los Usuarios, para actualizar dicha información en sus bases de datos. [.]" "Artículo 25.- Sólo las Entidades Financieras, las Empresas Comerciales y las Sofomes E.N.R. podrán ser Usuarios de la información que proporcionen las Sociedades." "Artículo 40.- Los Clientes tendrán el derecho de solicitar a la Sociedad su Reporte de Crédito Especial, a través de las unidades especializadas de la Sociedad, de las Entidades Financieras o de las Sofomes E.N.R. o, en el caso de Empresas Comerciales, a través de quienes designen como responsables para esos efectos. Dichas unidades especializadas y los responsables mencionados estarán obligados a tramitar las solicitudes presentadas por los Clientes, así como a informarles el número telefónico a que hace referencia el penúltimo párrafo de este artículo. [.] Las Sociedades deberán contar con un número telefónico gratuito y una página de Internet con disponibilidad de consulta permanente para atender las solicitudes de Reportes de Crédito Especiales, así como para recibir las reclamaciones que sobre estos reportes presenten los Clientes en términos del artículo 42. [.]" "Artículo 42.- Cuando los Clientes no estén conformes con la información contenida en su Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial, podrán presentar una reclamación. Las Sociedades no estarán obligadas a tramitar reclamaciones sobre la información contenida en los registros que hayan sido objeto de una reclamación previa, respecto de la cual se haya seguido el procedimiento previsto en el presente artículo, así como en los artículos 43 y 45. Dicha reclamación deberá presentarse ante la unidad especializada de la Sociedad por escrito, correo, Internet, teléfono o por correo electrónico señalando con claridad los registros contenidos en el Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial en que conste la información impugnada y, en su caso, adjuntando copias de la documentación en que funden su inconformidad.... [.]" "Artículo 43.- La Sociedad deberá entregar a las Entidades Financieras o Sofomes E.N.R. por conducto de sus unidades especializadas o, en el caso de Empresas Comerciales, a través de quienes designen como responsables para esos efectos, la reclamación presentada por el Cliente, dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que la Sociedad la hubiere recibido. Los Usuarios de que se trate deberán responder por escrito a la reclamación presentada por el Cliente, dentro del plazo previsto en el artículo 44 de esta ley. [.]" "Artículo 45.- Si el Usuario acepta total o parcialmente lo señalado en la reclamación presentada por el Cliente, deberá realizar de inmediato las modificaciones conducentes en su base de datos y notificar de lo anterior a la Sociedad que le haya enviado la reclamación, remitiéndole la corrección efectuada a su base de datos. En caso de que el Usuario acepte parcialmente lo señalado en la reclamación o señale la improcedencia de ésta, deberá expresar en su respuesta los elementos que consideró respecto de la reclamación y adjuntará copia de la evidencia que sustente su respuesta. La Sociedad deberá remitir al Cliente dicha respuesta y copia de la mencionada evidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que reciba la respuesta del Usuario. El Cliente podrá manifestar en un texto de no más de doscientas palabras los argumentos por los que a su juicio la información proporcionada por el Usuario es incorrecta y solicitar a la Sociedad que incluya dicho texto en sus futuros Reportes de Crédito. [.]" "Artículo 46.-. Las Sociedades no tendrán responsabilidad alguna con motivo de las modificaciones, inclusiones o eliminaciones de información o de registros que realicen como parte del procedimiento de reclamación previsto en este Capítulo. En el desahogo de dicho procedimiento las Sociedades se limitarán a entregar a los Usuarios y a los Clientes la documentación que a cada uno corresponda en términos de los artículos anteriores, y no tendrán a su cargo resolver, dirimir o actuar como amigable componedor de las diferencias que surjan entre unos y otros." "Artículo 48.- Las Sociedades podrán establecer en los contratos de prestación de servicios que celebren con los Usuarios, que ambos se comprometen a dirimir los conflictos que tengan con los Clientes con motivo de la inconformidad sobre la información contenida en los registros que aparecen en la base de datos, a través del proceso arbitral ante la Condusef o ante la Profeco, según sea el caso, siempre y cuando el Cliente solicite suscribir el modelo de compromiso arbitral en amigable composición que se anexe a dichos contratos, mismo que deberá prever plazos máximos. Las Entidades Financieras o Sofomes E.N.R. por conducto de sus unidades especializadas o, en el caso de Empresas Comerciales, de quienes designen como responsables para esos efectos, tendrán cinco días hábiles, contados a partir de la fecha del laudo respectivo, para informar a las Sociedades dicho laudo. Las Sociedades tendrán cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan recibido la información del Usuario, para actualizar los registros que correspondan. Los Clientes podrán presentar reclamaciones ante la Profeco en contra de los Usuarios Empresas Comerciales, las cuales serán tramitadas conforme a los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Asimismo, podrán presentar reclamaciones ante la Condusef en contra de los Usuarios Entidades Financieras o Sofomes E.N.R., las cuales serán tramitadas conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros." (Lo destacado es propio de este órgano jurisdiccional) De las porciones normativas transcritas se obtiene lo siguiente: ? Las sociedades de Información Crediticia (como en el caso lo es, el particular señalado por la quejosa como autoridad responsable ejecutora), tienen por objeto la prestación de servicios consistentes en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras; prestar servicios de calificación de créditos y riesgos; ofrecer a los Clientes que lo soliciten, en los términos que al efecto acuerden con ellos, el servicio consistente en hacer de su conocimiento cuando los usuarios consulten su historial crediticio, así como cuando envíen información relativa a la falta de pago puntual de cualquier obligación exigible. ? Las citadas sociedades requieren, para constituirse y operar, de la autorización del Gobierno Federal, la cual se otorga por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ? "Cliente", es cualquier persona física o moral que solicite o sobre la cual se solicite información crediticia a una sociedad de información crediticia; y, "usuario", entre otras, son las entidades financieras y las empresas comerciales; ? Las bases de datos que operan las citadas sociedades, también denominadas burós de crédito, se integran con la información que le proporcionan "los usuarios" sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga realizadas por éstos con sus "clientes"; ? Los clientes tienen derecho de solicitar a las sociedades su Reporte de Crédito Especial y las sociedades deberán recibir las reclamaciones que sobre estos reportes presenten los clientes en términos del artículo 42 de la citada ley; ? Cuando "los clientes" no estén conformes con la información contenida en su reporte de crédito podrán presentar una reclamación ante la sociedad de información crediticia correspondiente; la sociedad deberá entregar a las entidades financieras la reclamación presentada por el cliente y los usuarios deberán responder por escrito a la reclamación presentada por el cliente, dentro del plazo legal establecido; ? Las Sociedades no tendrán responsabilidad alguna con motivo de las modificaciones, inclusiones o eliminaciones de información o de registros que realicen como parte del procedimiento de reclamación presentada por su conducto y en el desahogo de dicho procedimiento las Sociedades se limitarán a entregar a los Usuarios y a los Clientes la documentación que a cada uno corresponda, no quedando a su cargo resolver, dirimir o actuar como amigable componedor de las diferencias que surjan entre unos y otros. ? Finalmente, los clientes podrán presentar reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, en contra de "los usuarios" empresas comerciales y las entidades financieras, respectivamente, respecto de lo cual se señala que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no será aplicable al procedimiento de reclamación de los Clientes previsto en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. En este contexto normativo, se concluye que las sociedades de información crediticia fueron creadas para hacer acopio de información comercial o financiera y, a través de servicios informativos de fácil accesibilidad - que opera mediante base de datos aportados por los usuarios, principalmente, entidades financieras y empresas comerciales, que no constituyen registros públicos -, proporcionarlos a ciertos agentes económicos, para minimizar el riesgo crediticio, al difundir información que ayuda a conocer la experiencia de pago de personas morales y personas físicas; ello, con el fin de constituir las condiciones para que tanto los acreditados como acreditantes cuenten con herramientas necesarias para acceder al crédito por una parte y, cumplir con el pago por la otra, logrando así un sistema financiero sano y equilibrado. Así, destaca la conformación consensual de la operación de los citados bancos de datos, en la medida en que, una vez otorgada la autorización por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar una sociedad de información de este tipo, la base de datos se integra con la información de cartera vencida que le es proporcionada por las entidades financieras, las empresas comerciales y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, es decir, por "los usuarios" de la información. Por otra parte, el acceso a tal información está condicionado a que "los clientes", es decir, cualquier persona física o moral que solicite o sobre la cual se solicite información a una sociedad de esta clase, previamente haya otorgado su autorización expresa, mediante firma autógrafa. De ahí que, resulta necesario destacar que el particular BURÓ DE CRÉDITO, se trata de una persona jurídica que presta los servicios consignados en el artículo 5° de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para operar como sociedad de información crediticia y sus actos se traducen en la prestación de servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información del historial crediticio de personas físicas y morales que tiene en su base de datos, a efecto de que éstos sean proporcionados a un tercero, siendo que dicha información le es proporcionada por las entidades financieras, las empresas comerciales y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, es decir, por "los usuarios". Así, el contenido y la veracidad de dicha información, es responsabilidad, entre otras, de las entidades financieras, porque son éstas quienes se encargan de proporcionar la información a las Sociedades de Información Crediticia, y estas últimas, se encargan de recopilarla, manejarla, y, a su vez, entregarla y enviarla, a "los usuarios", que la soliciten, siempre que cuenten con la autorización expresa "del cliente". De lo que se sigue que las Sociedades de Información Crediticia, no actúan motu propio, en la recopilación, manejo y entrega o envío de la información del historial crediticio de las personas (clientes), sino más bien exclusivamente a solicitud de las entidades financieras y empresas comerciales, con las que tengan celebrado el contrato respectivo a que se refiere el numeral 48, primer párrafo, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Por todo lo anterior, se insiste el denominado por el quejoso como BURÓ DE CRÉDITO, constituye una persona moral que, para efectos del procedimiento promovido por el ahora quejoso, sólo le comunicó la respuesta dada a su petición, en la que finalmente proporcionó información que a su vez le fue ministrada por la diversa ZENDERE, CSCK SB, cliente de dicho servicio financiero, por lo que ninguna de las dos reúnen las cualidades establecidas en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que no integran una relación de supra a subordinación. Así es, se sostiene que la actuación de las llamadas por la parte quejosa como autoridades responsables no revisten ese carácter, cuenta habida que, por lo que atañe a ZENDERE, CSCK SB, únicamente actuó como usuario del servicio de información crediticia, pues al efecto su actuación se limitó a proporcionar a la sociedad de información crediticia, como en la especie lo es el BURÓ DE CRÉDITO, los datos que, como entidad financiera posee. En tanto que esta última persona moral (BURÓ DE CRÉDITO), tampoco ejerció un acto de equiparable al de una autoridad, dado que su actuación se resumió en cumplir estrictamente con sus obligaciones de tramitar la solicitud de información presentada por la parte quejosa y comunicarle a ésta la respuesta relativa dada por las entidades financieras y empresas comerciales. De lo que se sigue que, ninguna de las hipótesis mencionadas se traduce en la orden de un acto, o la ejecución de un acto, que cree, modifique o extinga situaciones en forma unilateral y obligatoria; menos aún en la omisión de un acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; exigencia que es requisito indispensable para que, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, pueda considerarse que su actuación equivale a la de una autoridad. Lo anterior, puesto que se torna evidente que todo ello acontece dentro de una relación de coordinación entre clientes, sociedades de información crediticia que poseen una base de datos relativos a la información crediticia y usuarios de dicho sistema; de ahí que se determina que no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del presente asunto. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12, de la citada Ley, a Mauro Leonardo Reyes Cobos, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y, en términos del último párrafo del referido precepto legal a las restantes personas que refiere en su demanda de amparo, esto es, únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitarlo expresamente en su escrito de amparo que se provee. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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