Francisco Javier Rodríguez Díaz
Expediente 307/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Rodríguez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Administrativo "A" de este órgano jurisdiccional, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción I), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. Calificación del original del incidente de suspensión. Por otra parte, por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es CONSERVABLE, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 17, fracción III), inciso b) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se concedió la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su conservación, se determina que el incidente de suspensión debe permanecer por separado del presente juicio. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficios Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Representante Legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por medio del cual da cumplimiento a la resolución interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, remitiendo para tal efecto diversas constancias con las que acredita su dicho; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso **********, a través del cual, informa que recibió un pago y desconoce el concepto, por lo que, solicita se requiera a la responsable un desglose sencillo y entendible tal situación; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, dado mediante auto de veintiocho de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Se sobresee fuera de audiencia Vistas las constancias que obran en el incidente de suspensión electrónico que deriva del juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual se advierte que el pasado veintiséis de abril del año en curso, se recibió el oficio suscrito por la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), mediante el cual remitió el diverso oficio+++, de diez de abril del año en curso, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones del citado Instituto, donde indica que el pago de la pensión a favor de la parte quejosa, así como todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho se llevará a cabo en la segunda quincena de abril de dos mil veintitrés, por tanto, conforme al principio de que un hecho notorio lo constituye el expediente principal de este asunto que se tramita ante este juzgado federal,1 de lo cual sirve de sustento la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2017123, cuyo texto y rubro es el siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Circunstancia que se corrobora con el acuse de dicho oficio, el cual remitió como complemento a su informe; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Bajo ese contexto, la suscrita juzgadora advierte que, de oficio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, dadas las consideraciones siguientes: Los preceptos de referencia establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos que la parte quejosa reclamó por afectar su esfera de derechos fundamentales, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Se corrobora lo anterior porque, de las constancias que obran en autos, propiamente del oficio 207C0401520101L/dP/3556/2023, de diez de abril del año en curso, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones del citado Instituto, se obtiene que se ordenó el pago total de la pensión a favor del quejoso Francisco Javier Rodríguez Díaz, así como de todas y cada una de la prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionado, para la segunda quincena de abril del presente año. De lo anterior se desprende que, en efecto, respecto a la pretensión que hace valer la parte quejosa, han cesado los efectos para los cuales solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la de la Ley de Amparo, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. Tratándose de la sustitución, se actualiza esa causal, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado; por ende, si quedó sustituido por el segundo acto reclamado, el primero resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1491, registro 165870, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el diez de abril del presente año, se determinó el pago total de la pensión a favor del quejoso Francisco Javier Rodríguez Díaz, así como de todas y cada una de la prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionado, para la segunda quincena de abril del presente año, pues la pretensión de la parte quejosa fue satisfecha y, con ello, restituida en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. En ese sentido, con el oficio *******de diez de abril del año en curso, signado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, hizo cesar los actos que dieron origen a este amparo, habida cuenta que esa nueva situación restituyó de manera total e incondicional a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó vulnerado; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó, lógico es que, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento de este asunto, respecto del acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, consistente en la omisión de realizar el pago de la pensión jubilatoria. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acceso a la justicia. El hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en el caso, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se haya dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27.1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene a su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable"; ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga a su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia 1a. /J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado que se precisó en el inicio de este considerando; se sobresee el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de mayo del año en curso, por lo que hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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