Francisco Javier Rodríguez Acosta
Expediente 1304/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Javier Rodríguez Acosta
Actuaciones
- Principal
Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el presidente y actuario adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y dese vista a las partes con sus contenidos. Pruebas documentales. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa; por lo que es procedente proveer lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. De las constancias que anexa la autoridad responsable se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado a la autoridad responsable se hizo consistir, en lo medular, en la omisión de proveer los medios necesarios para obtener la preparación y desahogo de las pruebas ofrecida por las partes, dentro del juicio laboral 2609/2013, del índice de la junta responsable. Ahora bien, de las copias certificadas que remitieron las autoridades responsables, se advierte, en lo que interesa, que por acuerdos doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictados en el expediente laboral citado, se fijaron las nueve horas del nueve de diciembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de Eduardo Angulo Castillo. Asimismo, en diverso proveído dictado en la misma fecha ?doce de noviembre de dos mil veintiuno?, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, a cargo de Karen Alejandra Peña Valdez, Manuel Ibarra y Susana Ramos. Con la emisión de las determinaciones de referencia ?acuerdos de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el expediente laboral 2609/2013?, resulta evidente que la junta del conocimiento tomó las medidas necesarias; asimismo, proveyó los acuerdos con los requerimientos respectivos para el desahogo de los medios de convicción ofrecidos en el juicio laboral de origen. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la junta responsable, se restituyó a la parte promovente en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con la diversa XXI del numeral 61, ambas de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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