Francisco Javier Rodríguez
Expediente 143/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco Javier Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto dictado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 26 a 31); consecuentemente, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por *****, queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo general conjunto 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y archívese como asunto totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que en veinticinco de octubre de dos mil trece, causó ejecutoria el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo del mismo (foja 598); y al respecto cabe precisar que se hizo constar que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, cuando lo correcto es susceptible de depuración. Por tanto, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto vigesimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión al haberse concedido la medida cautelar solicitada. Por otro lado, de la constancia secretarial que antecede se advierte que en el presente asunto, feneció el término de noventa días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil trece (foja 598), el cual le fue notificado por lista que se fijó en los estrados de este juzgado, así como por lista que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el veintiocho de octubre siguiente (fojas 598 vuelta); por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se determina que los documentos exhibidos por la parte quejosa, seguirán la suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
.....procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica al quejoso Francisco Javier Rodríguez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve.......Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con domicilio en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe justificado manifestó que por oficio 121.14.19/13824, de veintiséis de febrero del año en curso, dio contestación a la petición realizada por el aquí quejoso notificándole el trece de los corrientes, remitiendo al efecto acuse del oficio citado, con firma en original de recibido por el autorizado de la quejosa Moisés Frausto Huerta. Por tanto, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de manera notoria la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción V, de la ley apenas citada, que se invoca de oficio y fuera de audiencia, por tratarse de una cuestión de orden público. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". la falta de contestación y solución a mi petición promovida por escrito de fecha 22 de agosto de 2017, y recibido el día 28 de agosto del 2017, como se acredita con el documentos que se anexa a la presente demanda y del que se advierte en su parte inferior derecho el sello original de acuse de recibo." Del contenido de las constancias remitidas por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con domicilio en esta ciudad, se obtiene que mediante oficio 121.14.19/13824, de veintiséis de febrero del presente año, dio contestación a la petición realizada por el quejoso, notificándole la respuesta respectiva el trece de los corrientes. Actuaciones de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la abrogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la quejosa hace consistir sustancialmente el acto reclamado en la falta de contestación a su petición recibida el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, actos cuya existencia se corroboran con el informe justificado emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con domicilio en esta ciudad, en el que manifestó que por medio del oficio 121.14.19/13824, de veintiséis de febrero del año en curso, dio contestación a la petición condigna de la aquí quejosa, notificándole la respuesta respectiva el trece de los corrientes; aunado con las constancias que anexa a su informe la responsable en el ocurso que se atiende, consistentes en acuse del oficio citado, con firma en original de recibido por el autorizado del quejoso Moisés Frausto Huerta. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento; por lo que al dar contestación a la petición realizada por la hoy quejosa el veintiséis de febrero de mil diecinueve, mediante oficio 121.14.19/13824 y notificada el trece de los corrientes, cesando en consecuencia los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, en el presente asunto, no opera la ampliación de la demanda, en virtud de que lo solicitado por la parte quejosa son cuestiones en materia de seguridad social, por lo cual, el juicio de amparo indirecto procede con la única finalidad de que se de respuesta a la petición; en caso de que la parte quejosa estime que no se satisface su interés, tiene expedito su derecho para accionar los medios legales que correspondan. Sirve de apoyo, por las razones que la componen, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, tesis 2a./J. 66/2016 (10a.), página 898, que a la letra dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier Rodríguez. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del día de la fecha (fojas 11 a 14).
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, enviados por el Director de Asuntos Jurídicos, en representación de la autoridad responsable Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con sede en esta ciudad, con el que rinde su informe justificado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. - Pruebas - Asimismo, se le tiene anunciado prueba documental consistente en copia simple del oficio 121.14.19/13824 de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, con sello original de recibido de trece de marzo de dos mil diecinueve; medio de prueba que se tiene por ofrecido y del cual se hará relación en la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. - Domicilio y Delegados- Por último, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y nombra delegados en términos del artículo 9° de la Ley invocada a los profesionistas que menciona en el que se provee. Por lo que se refiere a la prueba documental a que hace alusión en el número 2) del oficio que se provee, dígasele que no ha lugar a tenerla por anunciada, toda vez que no fue allegada al oficio de cuenta.
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