Francisco Javier Rivera Quintero
Expediente 483/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier Rivera Quintero
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por la directora jurídica en ausencia del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual remite las constancias relativas al egreso del quejoso Francisco Javier Rivera Quintero, del citado complejo penitenciario; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, en virtud de que por auto de siete de mayo del año en curso (foja 156), se le tuvo informando tal circunstancia; además, el doce de junio pasado, se ordenó el archivo del presente expediente, como asunto concluido (foja 180). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que el dieciocho de mayo del año en curso, la parte quejosa quedó legalmente notificada de lo determinado en proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este incidente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de mayo de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio número 616, de nueve de mayo del año en curso, así como los autos originales del presente juicio de amparo 483/2017, que devuelve el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad; y toda vez que dicho Tribunal confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Francisco Javier Rivera Quintero; en consecuencia, háganse lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Acúsese recibo. Ahora bien, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Francisco Javier Rivera Quintero, para el efecto de que el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México: 1. Dejará insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/25556/2013, de siete de junio de dos mil trece, firmado por el coordinador General de Centros Federales, en suplencia del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, únicamente por lo que respecta a Francisco Javier Rivera Quintero y; 2. Ordenara el traslado del quejoso al Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, Sinaloa, en el que se encontraba recluido, antes de la emisión de la orden de traslado. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Ahora bien, el suscrito advierte existe imposibilidad jurídica de las responsables para dar cumplimiento con la sentencia ejecutoria, por las siguientes razones: De la documental que la directora jurídica, en ausencia del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, anexó al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/07217/2018, de tres de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que el seis de marzo del presente año, el citado quejoso Francisco Javier Rivera Quintero, egresó de ese centro de reclusión, al haber obtenido el beneficio de libertad preparatoria, por lo que causó baja (fojas 152 - 155). Luego, toda vez que la imposibilidad jurídica o material para cumplir con una resolución judicial existe cuando sobreviene una causa o situación ajena al proceso, que haya cesado o modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo. En ese sentido, resulta evidente que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica para cumplir con la resolución judicial, al haber sobrevenido una situación que modificó las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo, debido a que fue puesto en libertad por haber obtenido el beneficio de libertad preparatoria. Por ello, como se dijo, existe imposibilidad jurídica para que las autoridades responsables cumplan con los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 90/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, tomo XXV, Junio de 2007, que aparece en la página 140 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Finalmente, y en virtud que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS.
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