Francisco Javier Rivera Molina

Expediente 405/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
405/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Rivera Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés... Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número III-405/2023-L, del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en: el auto de fecha siete de marzo del año en curso, dictado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, a través del cual puso los autos en estado de ejecución, procediendo a valuar y sacar remate el bien embargado. El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Este Juzgado advierte de oficio que en torno al acto precisado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) Del precepto en cita, se aprecia que el juicio de garantías, procede sólo en contra de la última resolución emitida dentro del procedimiento de remate, entendida aquella como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En consecuencia, las violaciones cometidas en la resolución que constituye el acto reclamado, podrán reclamase hasta que se emita la resolución definitiva en dicho procedimiento, que puede ser indistintamente la que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión del bien inmueble rematado, lo que le daría al impetrante la posibilidad de formular demanda de amparo atacando las violaciones que considere fueron cometidas en ese procedimiento, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda, se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 13/2016, que por contradicción aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, del Tomo II, Libro 29, del mes de Abril de 2016, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se tiene por autorizado para tal efecto al licenciado ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Como se hizo constar en la cuenta secretarial, que mediante proveído de en proveído de cuatro de los actuales, se asentó que la demanda de amparo promovida por -, era contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, toda vez que la autoridad responsable correcta lo es el Juez Séptimo de Primer Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número III-405/2023-L, del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en: el auto de fecha siete de marzo del año en curso, dictado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, a través del cual puso los autos en estado de ejecución, procediendo a valuar y sacar remate el bien embargado. El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Este Juzgado advierte de oficio que en torno al acto precisado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) Del precepto en cita, se aprecia que el juicio de garantías, procede sólo en contra de la última resolución emitida dentro del procedimiento de remate, entendida aquella como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En consecuencia, las violaciones cometidas en la resolución que constituye el acto reclamado, podrán reclamase hasta que se emita la resolución definitiva en dicho procedimiento, que puede ser indistintamente la que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión del bien inmueble rematado, lo que le daría al impetrante la posibilidad de formular demanda de amparo atacando las violaciones que considere fueron cometidas en ese procedimiento, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda, se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 13/2016, que por contradicción aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, del Tomo II, Libro 29, del mes de Abril de 2016, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se tiene por autorizado para tal efecto al licenciado ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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