Francisco Javier Richard Castorena
Expediente 683/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2022
Partes del expediente
- Francisco Javier Richard Castorena
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte agraviada no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de trece de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo 683/2022-IV, promovido por Francisco Javier Richard Castorena; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, a juicio de este Juzgado de Distrito, no tiene relevancia documental para su conservación. A su vez, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito en el cual aparece como nombre del promovente Francisco Javier Richard Castorena, por medio del cual demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Distrito Judicial de la Tercera Región en Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; consecuentemente, regístrese en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal bajo el número 683/2022-IV. Ahora bien, este Tribunal Federal conviene desechar de plano la demanda de amparo sin su previo análisis; lo anterior es así, pues los ocursos de cuenta adolecen de la firma del promovente, dado que únicamente aparece su nombre; de ahí que se considere que no se instó a este Juzgado de Distrito para que conociera de la contienda constitucional, al estar los documentos de mérito desprovistos de la voluntad del accionante de presentarlo, y tal deficiencia no puede ser corregida mediante prevención; de ahí que en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo. En este contexto resulta necesario transcribir en su parte conducente el contenido de los numeral 6 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, para el caso concreto, y ante la circunstancia de que los líbeles de cuenta adolecen de la firma del promovente, es dable para este juzgador concluir válidamente que existe ausencia de voluntad de éste para lograr la acción de tutela constitucional; pues ante tal omisión no se puede tener por válida la expresión de voluntad de quien acude ante el apartado jurisdiccional. En efecto, el último de los arábigos mencionados establece que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, de igual manera, cuando derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, por conducto de su defensor o de cualquier persona, en los casos en que la Ley lo permita; de ahí que, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, como se adelantó, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Sobre estas bases, este Juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de garantías en la cual aparece como nombre del promovente Francisco Javier Richard Castorena, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Distrito Judicial de la Tercera Región en Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis aislada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos de publicación, la página 315, del Tomo X, relativo a Octubre de 1992, Octava Época, Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual manera en encuentra sustento a lo anterior, la tesis aislada número VI.1o.151K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, del mes de Febrero de 1995, Octava Época, Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". No escapa para este órgano de control constitucional que en la demanda de amparo bajo el nombre del promovente aparece una firma autógrafa que dice "Yesenia R. Richard Castorena"; sin embargo, esta rúbrica conforme al escrito inicial correspondería a la de Yesenia Ramona Richard Castorena, a quien se le autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lo que aun con ese hecho no se podría cambiar el sentido dado en este proveído, en virtud de que esa persona no cuenta con legitimación para instar el juicio de amparo a favor de Francisco Javier Richard Castorena, pues no está acreditado que sea su defensora, o tener la representación para comparecer a juicio en su nombre; además, que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de la Materia. Dado que el desechamiento de demanda tuvo su origen en la falta de firma de quien aparentemente la promueve, no puede tenerse por hecha, y por lo mismo no es posible atender a la designación legal y demás información que se pretende en el ocurso de cuenta. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda de garantías en el cual aparece como nombre del promovente Francisco Javier Richard Castorena. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
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