Francisco Javier Reyes Martínez
Expediente 163/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Reyes Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, exhibió el contrato de compra venta de quince de agosto del dos mil; en términos de lo previsto por la fracción XVIII, del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, se presente en el local de este juzgado a recoger el documento original que exhibió en autos; apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente, sin responsabilidad para este juzgado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que desahogara el requerimiento que se le formuló mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "1. 1. Señale, bajo protesta de decir verdad, con qué carácter comparecieron al juicio de origen ********************, a quienes señala como terceros interesados y qué relación jurídica tiene el primero de los mencionados con los contratos anteriormente celebrados en los diversos juicios de amparo antes mencionados, asimismo deberá mencionar qué relación tiene con el segundo de los mencionados que fue con quien celebró el contrato privado de compraventa de quince de agosto de dos mil seis, exhibido en el presente juicio, con cada una de las partes que intervienen en el juicio de origen. (.) 2. Precise, bajo protesta de decir verdad, quién se encuentra en posesión del bien inmueble que por esta vía defiende. 3. Precise, bajo protesta de decir verdad, qué relación tiene con ********************y ********************en virtud de que dichas personas también han promovido demanda de amparo a fin de defender el inmueble que aquí señala el quejoso como de su propiedad, en los diversos juicios de amparo referidos en la certificación que antecede y tramitados ante este juzgado. Máxime que de la revisión de los diversos juicios de amparo ********************, ********************y ********************, radicados ante este juzgado y promovidos respectivamente por ********************y ********************las demandas son idénticas a la que nos ocupa, aunado a que el contrato con el que los quejosos en cita defienden el inmueble en el cual el aquí quejoso también arguye tener derecho son de uno de enero de dos mil dieciocho, veinticinco de julio de dos mil diecisiete, uno de diciembre de dos mil veintidós, mientras que el del promovente es de quince de agosto de dos mil seis. 4. Realice, bajo protesta de decir verdad, una narración de forma clara, sucinta y cronológica de las actuaciones más destacadas del proceso natural, hasta señalar el estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen, en el entendido que dicha información puede ser obtenida de quien le vendió el bien inmueble litigioso. 5. En atención a lo anterior, que el promovente bajo protesta de decir verdad, indique la relación que tiene ********************con ********************, toda vez de que los diversos juicios de amparo y de los contratos celebrados, ambos se acreditan dueños del inmueble antes mencionado. 6. Proporcione, bajo protesta de decir verdad, el nombre de cada una de las partes que intervienen en el procedimiento natural tanto actores como demandados; si los mismos están integrados a la relación procesal, para saber a quienes les recae el carácter de terceros interesados a que hace referencia el artículo 5, fracción III inciso b), y poderlos llamar a juicio, asimismo deberá para tal efecto proporcionar con exactitud los domicilios de dichas personas y exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a cada una de ellas. (.) Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. (.)" Y como se desprende de la certificación que antecede el término concedido al peticionario de amparo transcurrió del veinte al veinticuatro de febrero del año en curso, sin que la parte quejosa hubiese presentado un escrito dentro del término concedido, consecuentemente y dado que no cumplió con dicho requerimiento este órgano jurisdiccional está imposibilitado para proveer sobre la admisión de la demanda planteada, por lo que se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, y con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII- febrero, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, actuarios notificadores y ejecutores "A" y "B" adscritos a dicho juzgado, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 163/2023-III. Ahora bien, a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, esta juzgadora toma conocimiento que se señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 386/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y como consecuencia la orden de entrega, desocupación y lanzamiento respecto del inmueble ubicado en avenida Centenario 591, colonia Lomas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón, en esta ciudad, pretendiendo acreditar su interés jurídico con un contrato privado de compraventa de quince de agosto de dos mil seis celebrado con Alejandro Tron Pérez. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que en este juzgado se tramitan los diversos juicios de amparos 1436/2021, 1527/2022 y 73/2023, promovidos respectivamente por María del Carmen Olano del Moral, Fernando Monzón Camarillo y Margarito Castañeda Mercado, contra actos del Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, actuario A y B, y ejecutor A y B, todos adscritos a dicho juzgado. En dichos juicios los quejosos señalaron como acto reclamado destacado la falta de notificación, la orden de lanzamiento y su ejecución del inmueble ubicado en avenida Centenario 591, colonia Lomas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón, en esta ciudad; dictándose el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno en el amparo 1436/2021, por el que se admitió a trámite. En consecuencia, como claramente quedó advertido, en la demanda que ahora se analiza, se reclama la misma orden de lanzamiento que reclamaron los diversos quejosos en el juicio de origen y respecto del inmueble referido; por tanto, requiérase al promovente de este amparo, para que en el término de cinco días, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, realice lo siguiente. 1. Señale, bajo protesta de decir verdad, con qué carácter comparecieron al juicio de origen Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex y Alejandro Tron Pérez, a quienes señala como terceros interesados y qué relación jurídica tiene el primero de los mencionados con los contratos anteriormente celebrados en los diversos juicios de amparo antes mencionados, asimismo deberá mencionar qué relación tiene con el segundo de los mencionados que fue con quien celebró el contrato privado de compraventa de quince de agosto de dos mil seis, exhibido en el presente juicio, con cada una de las partes que intervienen en el juicio de origen. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial del Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. Es un requisito formal que debe manifestarse de manera expresa en el escrito de demanda de amparo, que no puede ser sustituido por la expresión final "protesto lo necesario" y cuya omisión puede llevar al juzgador de amparo a tener por no interpuesta la demanda. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una formula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." 2. Precise, bajo protesta de decir verdad, quién se encuentra en posesión del bien inmueble que por esta vía defiende. 3. Precise, bajo protesta de decir verdad, qué relación tiene con María del Carmen Olano del Moral, Fernando Monzón Camarillo y Margarito Castañeda Mercado, en virtud de que dichas personas también han promovido demanda de amparo a fin de defender el inmueble que aquí señala el quejoso como de su propiedad, en los diversos juicios de amparo referidos en la certificación que antecede y tramitados ante este juzgado. Máxime que de la revisión de los diversos juicios de amparo 1436/2021, 1527/2022 y 73/2023, radicados ante este juzgado y promovidos respectivamente por María del Carmen Olano del Moral, Fernando Monzón Camarillo y Margarito Castañeda Mercado, las demandas son idénticas a la que nos ocupa, aunado a que el contrato con el que los quejosos en cita defienden el inmueble en el cual el aquí quejoso también arguye tener derecho son de uno de enero de dos mil dieciocho, veinticinco de julio de dos mil diecisiete, uno de diciembre de dos mil veintidós, mientras que el del promovente es de quince de agosto de dos mil seis. 4. Realice, bajo protesta de decir verdad, una narración de forma clara, sucinta y cronológica de las actuaciones más destacadas del proceso natural, hasta señalar el estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen, en el entendido que dicha información puede ser obtenida de quien le vendió el bien inmueble litigioso. 5. En atención a lo anterior, que el promovente bajo protesta de decir verdad, indique la relación que tiene Claudio Rojas Martínez con Manuel Abraham Ortiz Armenta, toda vez de que los diversos juicios de amparo y de los contratos celebrados, ambos se acreditan dueños del inmueble antes mencionado. 6. Proporcione, bajo protesta de decir verdad, el nombre de cada una de las partes que intervienen en el procedimiento natural tanto actores como demandados; si los mismos están integrados a la relación procesal, para saber a quienes les recae el carácter de terceros interesados a que hace referencia el artículo 5, fracción III inciso b), y poderlos llamar a juicio, asimismo deberá para tal efecto proporcionar con exactitud los domicilios de dichas personas y exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a cada una de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 538, del tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la Legislación de la Materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, así como de sus anexos, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá la demanda de amparo por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. El requerimiento señalado en párrafos que anteceden se sustenta en el hecho de que, al promover el presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, lo que se traduciría en una transgresión a la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del juicio de amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar su posesión y la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, documentos privados -contratos privados, comprobantes de domicilio, estado de cuenta, etcétera- que por lo regular en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen, pues con tales documentos no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues, para que tal cosa ocurra resulta obligado que los referidos títulos sean de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público o desde la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXVII, abril de 2008, materia civil, visible en la página 11, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de fedatario judicial, permitirá a esta juzgadora federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. En la especie, y toda vez que con la promoción de este juicio se podría entorpecer la ejecución del expediente de origen; pues como se advierte de la demanda que dio lugar a la instauración de los expedientes 1436/2021, 1527/2022 y 73/2023, así como en el que se actúa son idénticas, siendo que en el presente asunto los quejosos son diversas personas. Por lo cual, hágase del conocimiento al quejoso que al desahogar el presente requerimiento y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedor a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo CXXIX, visible en la página 250, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO. El artículo 81 de la Ley de Amparo claramente, y sin dejar lugar a dudas, establece que siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes en su caso, al abogado o ambos, una multa de doscientos a mil pesos. Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo, cuando, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer la ejecución del acto reclamado, según prudente apreciación del sentenciador. En tal virtud, si el propio quejoso reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la demanda fue presentada con el fin de entorpecer la ejecución de ellos, se impone confirmar la sentencia que le impone la aludida sanción." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, y con independencia de lo anterior, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos y de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente, no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados al quejoso, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Finalmente, se autoriza el acceso y promoción en el expediente electrónico al usuario "********************", de conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese por lista al promovente.
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