Francisco Javier Reyes Martínez
Expediente 944/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Francisco Javier Reyes Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 450/2020, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 106/2022, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. No son materia de estudio los sobreseimientos decretados en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida; queda firme por falta de impugnación la concesión del amparo para efectos respecto de los artículos 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente en dos mil veinte. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Azucena Garza Ceñal, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables gobernador y Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambos con residencia en Saltillo, para los efectos que se destacaron en el considerando octavo del fallo recurrido"." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y en vigor a partir del uno de enero de dos mil veinte. 2. Deje insubsistente los pagos contenidos en los recibos de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, expedidos por la Administración General de Recaudación a nombre de la quejosa Irma Martínez Benítez, con números de referencias 762997288 y 762997296. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades pagadas en los mencionados recibos, si se tiene en cuenta de que fue objeto de subsidio. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo 276/2022, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 762997288 y 762997296, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 27388, por la cantidad de $27,307.00 (veintisiete mil trescientos siete pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de veintinueve de agosto del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 762997288 y 762997296, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con la parte quejosa, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito, y certifica que la vista ordenada en el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, le transcurrió a la parte quejosa del veintinueve de junio al uno de julio de dos mil veintidós. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y se decreta la inexistencia de la autoridad responsable con la cual se dio vista a la parte quejosa el veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta que no se ofrecieron pruebas en este juicio. El Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho para ofrecer pruebas. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, Francisco Javier Reyes Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 944/2022-VIII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La orden de aprehensión emitida en su contra; y, La ejecución material. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Las autoridades responsables ordenadoras, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos que se le reclama, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. Ahora, respecto de la autoridad responsable ejecutoras, no obstante no rindieran su informe justificado, al resultar inexistentes el acto reclamado por parte de las autoridades ordenadoras, lógico es que nada tenga que cumplir, de ahí que no se surta la presunción de certeza. Ilustrativamente, se comparte el siguiente criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIII, página 5771, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si la autoridad a la que se le atribuye el carácter de ordenadora del acto reclamado, niega en su informe con justificación, haberlo dictado, es incuestionable que la autoridad señalada como ejecutora, en rigor, nada tiene que ejecutar, de manera que, si esta última obra de propia autoridad, o por órdenes emanadas de autoridad distinta de la ordenadora, es claro que debe reclamarse el acto o actos de la autoridad, que en el caso se señaló como ejecutora, por separado, imputándole directamente los actos dictados al respecto, o su ejecución". Por lo demás, resta mencionar que en audiencia constitucional de esta fecha, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable precisado en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por lo cual, sin duda, es innecesario hacer mayor pronunciamiento al efecto. A ese respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento ochenta y tres, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que es del rubro que sigue: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Incidental
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el quince de junio de dos mil veintidós, Francisco Javier Reyes Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que a continuación se digitalizan: SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 944/2022-VIII, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a la autoridad responsable su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental. Mediante resolución incidental de quince de julio de dos mil veintidós, se resolvió sobre la suspensión definitiva acerca de la autoridad ahí indicada y se difirió para esta fecha. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La orden de aprehensión y su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIEDRAS NEGRAS; JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO; JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DE PIEDRAS NEGRAS y JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DE SALTILLO, toda vez que al rendir su respectivo informe previo negaron categóricamente los actos reclamados que se le atribuyen, sin que exista medio de prueba alguno aportado por la parte quejosa que desvirtúe dicha negativa. En mérito de lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, y sin prueba en contrario por la parte quejosa que desvirtúe dicha negativa, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Tiene apoyo la anterior consideración en la Tesis de la Octava Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: I Segunda Parte -1, visible en la página trescientos cincuenta y seis, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." Ahora, respecto de las demás autoridades responsables que no rindieron sus correspondientes informes previos, al resultar inexistente los actos reclamados por parte de las autoridades ordenadoras, lógico es que nada tengan que cumplir, de ahí que no se surta la presunción de certeza a que se refiere el artículo 142 de la Ley de Amparo. Ilustrativamente, se comparte el siguiente criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIII, página 5771, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si la autoridad a la que se le atribuye el carácter de ordenadora del acto reclamado, niega en su informe con justificación, haberlo dictado, es incuestionable que la autoridad señalada como ejecutora, en rigor, nada tiene que ejecutar, de manera que, si esta última obra de propia autoridad, o por órdenes emanadas de autoridad distinta de la ordenadora, es claro que debe reclamarse el acto o actos de la autoridad, que en el caso se señaló como ejecutora, por separado, imputándole directamente los actos dictados al respecto, o su ejecución". Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva. Notifíquese.
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