Francisco Javier Reséndiz Contreras

Expediente 137/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
137/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
26/03/2015

Partes del expediente

  • Francisco Javier Reséndiz Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que tuvo por desechada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por la parte promovente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de seis de marzo de dos mil quince, que dice: "Ensenada, Baja California, seis de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Francisco Javier Reséndiz Contreras, por propio derecho, contra actos de: Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California; Actuaria Adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil Licenciada Pamela Salcedo Navarro del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 137/2015-II-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La falta de notificación personal de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 218/2014 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad; así como también, el auto de seis de febrero de dos mil quince en el cual se declara que causó ejecutoria la sentencia auto de diecinueve de abril de dos mil once, en el cual se aclaró de sentencia definitiva dicha sentencia. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que al acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado; a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, el incidente de nulidad de actuaciones. Por su parte, los artículos 74, 76 y 77, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California señalan: Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella [.]. Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso es parte en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, por ende, está en posibilidad de agotar los medios de defensa ordinarios que la ley de la materia le otorga. Lo anterior es así, ya que en contra del acto reclamado consistente en la falta o indebida notificación de la sentencia dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 218/2014, del índice de la responsable, así como del auto que declara que causó ejecutoria dicha sentencia, es dable su impugnación a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por los artículos 74, 76 y 77, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; y de la lectura de la demanda de amparo, no se advierte que el impetrante lo haya agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento. En efecto, el quejoso, respecto del acto reclamado, estuvo en aptitud de combatirlo a través del incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos ya precisados, por cuanto a que es parte dentro del procedimiento natural, sin que obste que en la litis de origen se haya dictado sentencia definitiva y que ésta se encuentre firme, pues dicha circunstancia no le da legitimación para impugnarlo directamente mediante el amparo biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, Materia Común, Novena Época, visible en la página 111, cuyo rubro y texto es el siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. Así como la diversa Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1775, Tomo XXIX, abril de 2009, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, que es del tenor literal siguiente: INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa. Por tanto, ante la omisión del demandante de haber interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones ante el propio 1. Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, tiene como resultado que el juicio de amparo ahora promovido resulte improcedente. En consecuencia, se desecha la demanda de garantías promovida por Francisco Javier Reséndiz Contreras. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Calzada Cortéz y Avenida México, número 225 Local 16 del Centro Comercial Estrella Azul de esta ciudad; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a Ángel Daniel Valdez Urías. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Octavio Ulises Valdez Figueroa y Omar Fernando Cortes Chitica, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte promovente.Así lo proveyó y firma Minerva López Constantino, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe Layla Kiyoko Muñúzuri Amano, quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe".

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