Francisco Javier Redding Escalante

Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
537/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Redding Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    se advierte que ya transcurrió el término de cinco días a que refiere la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio del cursante, que desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. Orden de archivo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General 5/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo. Además, se hace constar que no existen documentos a devolver. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vista la demanda de amparo ."el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la lectura integral de la demanda en estudio, se aprecia que el quejoso reclama la auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 89/2021, mediante el cual, el Juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, tuvo dando cumplimiento a la demandada a lo ordenado en auto de veintidós de marzo del año en cita, donde se le requirió exhibiera diversas documentales en originales. Así, se estima que el auto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigos 107, fracción III de la Carta Magna y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De la última disposición legal citada, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, la disposición constitucional mencionada establece que, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, al contemplar que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por otra parte, los artículos 172, fracción XII y 171 de la ley de la materia, en lo conducente establecen: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto reclamado, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Se insiste en lo anterior, ya que los actos reclamados deben considerarse como una violación a derechos adjetivos, entendidos como aquellos pasos que deben seguirse para hacer efectivos los derechos sustantivos, cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogando vistas, aportando pruebas -ofrecimiento y desahogo- o recurriendo las resoluciones que afecten sus intereses, pero cuya transgresión sólo viola normas procesales, de ahí, que la violación a sus derechos sustantivos no sea inmediata, sino que dicha transgresión sólo será posible determinarse en la sentencia correspondiente, y entonces, podrá impugnarse la violación procesal. En ese sentido, se estima que en última instancia, el auto combatido puede ser impugnado como violación procesal en el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia correspondiente, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal y 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia invocada, contrario sensu, con fundamento en el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese al promovente por medio de lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

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