Francisco Javier Ramos Valero

Expediente 1724/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1724/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ramos Valero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar, no recurrió el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...) Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, el anexo de pruebas I que se formó con la copia certificada del expediente administrativo de responsabilidad ..., de su índice, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexos que remite la administradora Desconcentrada de Recaudación de Nuevo León "2" del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos e informa lo siguiente: El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitió mandamiento de ejecución 3328202242053/2022, respecto de María Aurora Treviño García, con RFC TEGA650228CN3, determinando la cantidad de $11,431.00 (once mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.); En la misma data levantó acta de requerimiento de pago y acta de embargo en relación con el precitado mandamiento; El veintinueve de septiembre siguiente, dejó citatorio en el domicilio de la contribuyente; y El treinta del citado mes y año levantó acta circunstanciada de hechos, advirtiéndose que no se localizaron bienes susceptibles de embargo. Circunstancias que acreditan que la multa impuesta en autos se encuentra en proceso de cobro. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En mérito de lo anterior, requiérase a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nuevo León "2" del Servicio de Administración Tributaria, para que informe a este Juzgado de Distrito en cuanto tenga conocimiento de que María Aurora Treviño García, con RFC TEGA650228CN3, efectuó el pago de la resolución determinante 42053/2022, de veintidós de julio de dos mil veintidós, relacionada con el mandamiento de ejecución 3328202242053/2022. Apercibimiento. Apercibida que de ser omisa al presente requerimiento, o bien, de no manifestar la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Tribunal acepta competencia por conocimiento previo y admite recurso de revisión. Visto el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión número 612/2022, del que se advierte que aceptó la competencia declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este sexto circuito y admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Se requiere cumplimiento por última ocasión. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, ha sido omiso en dar cumplimiento al requerimiento del proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el cual se formuló en los siguientes términos: "Ahora, de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que se encontraban señaladas las once horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el referido juicio laboral de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten su desahogo." Lo anterior, no obstante encontrarse notificada para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la Junta responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla el requerimiento referido en líneas que anteceden. Se apercibe a la autoridad responsable que, de ser omisa al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización es decir, por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Se determina lo anterior, en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad frente a los múltiples requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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