Francisco Javier Ramos Olvera

Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ramos Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, contra la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintitrés; el cual quedó radicado con el número ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del quejoso Francisco Javier Ramos...; mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de veinticinco de agosto del año en curso, exhibe nueve copias de traslado del escrito de agravios para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo el ocho de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. En ese tenor, desde este momento solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente este expediente, sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, oficio con el escrito de expresión de agravios y boleta de turno de manera digitalizada. De conformidad con el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, se pone a disposición de la superioridad el expediente electrónico a efecto de que realice su vinculación, y así esté en posibilidad de substanciar el recurso en cuestión. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1237. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso Francisco Javier Ramos Olvera; por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintitrés; sin embargo, con fundamento en el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del término de tres días, computados a partir de su notificación, exhiba nueve tantos más de su ocurso de expresión de agravios; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso. Lo anterior es así, toda vez que no exhibió ningún juego de copias de su escrito de agravios, como se advierte del sello de recepción en este Juzgado; sin embargo, debió anexar nueve copias (ocho para las autoridades responsables y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Órgano Colegiado), como lo señala el artículo 88, en su párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa en atención a lo ordenado en proveído de diecinueve de junio del año en curso.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 683/2023-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, recepcionado en esa data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y turnado inicialmente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el ocho posterior, Francisco Javier Ramos Olvera, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Posteriormente, dicho órgano jurisdiccional, el diez de mayo siguiente, envió dicha demanda por conocimiento previo al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Segundo. Incompetencia. En auto de veintitrés de mayo de este año, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitió a este órgano jurisdiccional por incompetencia por territorio, el juicio de amparo 559/2023-IV de su índice. Tercero. Trámite. Mediante auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la incompetencia declinada y admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo lugar al tenor del acta que antecede. Cuarto. Inexistencia de autoridad responsable. En proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, atento a lo comunicado por los 7. y 8. Ejecutores adscritos al Juzgado Séptimo Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en torno a que en el citado órgano jurisdiccional de su adscripción, solo existen dos ejecutores; se dejó de tener con el carácter de responsable a la que la quejosa señaló como 9. "Tercer Ejecutor Adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza del Estado de México". C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama: La orden de desposesión y/o lanzamiento respecto al inmueble ubicado en: habitación número 03 de la casa ubicada en la Calle Vialidad Privada conocida como vía privada Puerta de Diana, Lote 04, Manzana 23, Condominio Puerta de Diana, casa Ap-6, Lote 4-6, Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio especial hipotecario 72/2019, del índice del Juzgado Sexagésimo Civil de la Ciudad de México, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado relativo a la ejecución. No es cierto el acto reclamado a las responsables: 2. Jueza Séptimo Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en su denominación correcta, 7. y 8. Ejecutores adscritos a dicho juzgado, así como el 3. Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en su denominación correcta, y 4., 5., y 6. Ejecutoras adscritas a dicho juzgado (promociones 8750, 8751, 8752 y 9054), ya que negaron la existencia del mismo al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto hace a la referida autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del restante acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Sexagésimotercero Civil de la Ciudad de México, pues al rendir su informe justificado lo aceptó (promoción 9847). Lo anterior, no obstante que fue omisa en remitir las constancias relativas al acto reclamado, a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto -seis de julio de esta anualidad-, conforme a la prórroga de diez días que se otorgó en acuerdo de cuatro de julio de este año, plazo que transcurrió del siete de julio al cuatro de agosto, descontando el lapso de su primer período vacacional comprendido del diecisiete al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (conforme al calendario oficial del Poder Judicial de la Ciudad de México para el año dos mil veintitrés); sin embargo, en el caso concreto resulta innecesario requerirlas, toda vez que la presunción de certeza, se refiere únicamente al acto reclamado, en todo caso, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 23/2014, registro 2006144, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Décima Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Lo que además se corrobora conforme a las actuaciones que se tuvieron a la vista al resolver en definitiva el citado juicio de amparo 99/2021-VII de este índice, lo que, como quedó apuntado en párrafos que anteceden, se tiene como hecho notorio. Quinto. Procedencia del juicio. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón que el solicitante de amparo no acredita el interés jurídico para promover el juicio constitucional, conforme al contenido de dicho precepto legal, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En efecto, el interés jurídico es uno de los presupuestos fundamentales y que doctrinariamente se ha identificado, por un lado, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los derechos sobre los cuales se reclama una afectación, y, por otro lado, con el principio de agravio real y actual, que consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante dicho juicio de amparo, constituye un perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril 2004, página 1428, Novena Época, registro 181719, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía." De acuerdo con lo anterior, el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo; es decir, aquél que derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así, se tiene que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular; por lo tanto, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos en su perjuicio; esto es, se refiere a la titularidad de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que se traduce en una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del gobernado. Empero, no basta que el acto autoritario exista para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley; en ese sentido, resulta necesario determinar si la parte quejosa tiene interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, toda vez que al reclamar de manera destacada la desposesión y/o lanzamiento respecto al inmueble que defiende, se encuentra compelida a acreditar la titularidad del referido bien. Para tal efecto, resulta prudente traer a análisis el contenido normativo de los artículos 5 y 6 de la citada legislación, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Lo anterior se afirma, toda vez que conforme a las constancias del expediente de origen que se tuvieron a la vista al resolver en definitiva el diverso juicio de amparo 99/2021-VII de este índice, se advierte que el juicio especial hipotecario 72/2019 del cual aduce emanan los actos reclamados, no le genera una afectación real y actual, en virtud de que NO ES PARTE en el proceso referido, ya que dichas actuaciones únicamente vinculan a Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (como actora), así como a Sandra Patricia Salinas Legaspy (como demandada). Por lo que se concluye que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues estimar lo contrario sería tanto como permitir que cualquier persona pudiera hacer funcionar el aparato jurisdiccional en su favor sin necesidad de acreditar que es parte dentro del procedimiento del cual derivan las violaciones alegadas en su demanda; o bien, que se ve afectado en su derecho de defensa en un proceso en el que se ha emitido una sentencia definitiva sin haber sido oído y vencido en juicio. Sustenta lo anterior, la ya citada jurisprudencia P./J. 23/2014, registro 2006144, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Décima Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO." Destacando de lo anterior que, parte, es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho y, por tanto, son las únicas personas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, sus excepciones, así como para impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas (cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad), para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Por otra parte, en los casos en que se defienda un inmueble cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio civil o mercantil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica reconocida en la ley sustantiva o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho sobre el bien de que se trate, entendiéndose por "título", la causa generadora de esa posesión. Así lo determinó el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, registro 187733, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En la especie, la parte quejosa -en su carácter de tercera extraña a juicio- ante los actos que señala como reclamados, se encuentra obligada no sólo a manifestar que tiene la posesión a través de una figura jurídica reconocida por la ley sustantiva civil, del referido bien, sino a acreditar la causa generadora de esa posesión (ya sea originaria o derivada) y el derecho que le asiste para ello, pero apoyada en algún título fehaciente, eficaz e idóneo, para que este juzgado, válidamente, lo tuviera como poseedor del inmueble materia del juicio de donde emanan los actos reclamados; lo que en el caso no sucedió, atento a que ofreció como pruebas las consistentes en: 1. Copia certificada por el notario público ciento cuarenta de la Ciudad de México, el tres de mayo de dos mil veintitrés, del contrato de arrendamiento privado, celebrado el uno de febrero de dos mil veintitrés, entre Sandra Patricia Salinas Legaspy -arrendadora- y Francisco Javier Ramos Olvera -arrendatario-, respecto del inmueble ubicado en: habitación número 03 de la casa ubicada en la Calle Vialidad Privada conocida como vía privada Puerta de Diana, Lote 04, Manzana 23, Condominio Puerta de Diana, casa Ap-6, Lote 4-6, Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 2. Copias certificadas por el notario público ciento cuarenta de la Ciudad de México, de tres "recibos de renta" de uno de febrero, uno de marzo y uno de abril, todos de dos mil veintitrés. Es menester precisar que para efectos del juicio de amparo de las citadas documentales, se aprecia que con la identificada con el numeral "1", únicamente demuestra la celebración contrato privado de arrendamiento del inmueble, y en su caso, que aquél fue pasado para su cotejo ante el notario público ciento cuarenta de la Ciudad de México, el tres de mayo de dos mil veintitrés. En efecto, debe decirse que la redacción realizada por el citado Notario Público, se efectuó en términos de lo previsto en el numeral 171 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, por lo que no tiene más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido, empero que esa circunstancia no califica sobre la autenticidad, validez o licitud del documento exhibido en original. Por lo anterior, el contrato de arrendamiento sobre el inmueble objeto de la litis constitucional del juicio reclamado, adquirió fecha cierta hasta el tres de mayo de dos mil veintitrés, pues lo que el precitado fedatario constató en la certificación es, que las fojas útiles impresas corresponden al original del documento consistente en el contrato privado de arrendamiento celebrado presuntivamente el uno de febrero de dos mil veintitrés. Con base en lo expuesto, resulta patente que no quedó demostrado que a la quejosa le asistieren derechos sobre el bien litigioso en la temporalidad en la cual se tramitó la controversia reclamada, pues se tiene como hecho notorio que en la sentencia definitiva dictada por este juzgado en el diverso juicio de amparo 99/2021-VII, se apuntó: ".que el juicio de origen se admitió el veintidós de junio de dos mil dieciséis, y la orden de desposesión que se aprecia en los autos del expediente de origen es de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, fecha en la que el juez de origen ordenó vía exhorto 3756/2019 poner en posesión de la parte actora el inmueble afecto a dicho controvertido..." Lo que hace evidente que la data de certificación del contrato es posterior a la de emisión del acto reclamado en el juicio de origen, por ello no resulta apto para demostrar el interés jurídico requerido, ya que cuando se emitió la orden de entrega y desocupación -dieciséis de agosto de dos mil diecinueve -, carecía de fecha cierta; circunstancia que imposibilita determinar razonablemente, si el peticionario de amparo celebró ese acto jurídico y, en particular, que adquirió la posesión del inmueble objeto de ese acuerdo de voluntades proveniente del acto que reclama. Sirve de sustento a la anterior determinación en lo conducente, la jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1598 del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De igual forma, por existir identidad jurídica en lo sustancial, la jurisprudencia 62/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 329 del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN." Lo anterior se afirma, pues atinente al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en similar condición, que para que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, lo que tiene como propósito garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales; de ahí que, tal exigencia debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes y no frente a terceros. En la inteligencia que la certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes, de ahí que sea a partir de esa fecha cuando el documento respectivo obtiene esa calidad y, por ende, cuando resulta exigible frente a terceros el derecho que en éste se consigne. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, registro 169963, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11, novena época, de rubro y texto siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De ese modo, para demostrar el interés jurídico en un juicio de amparo indirecto, en contra de una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente que la parte quejosa que se ostente como posesionario, exhiba el contrato de arrendamiento de fecha cierta, mismo que debe ser ANTERIOR A LA ORDEN COMBATIDA, lo que acontece cuando dicho documento: I. Se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Se presente ante un fedatario público por razón de su oficio para su certificación; o III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su fallecimiento. Por lo tanto, si el contrato exhibido no se encuentra inscrito en un Registro Público de la Propiedad, ni fue presentado CON ANTELACIÓN A LOS ACTOS DESPOSESORIOS QUE RECLAMA ante un fedatario público que por razón de su oficio pueda certificarlo, y tampoco se actualiza el supuesto de que alguno de los firmantes haya fallecido; es incuestionable que resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en este juicio. Por lo anterior, dicho contrato no es apto para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al peticionario, por no ser de fecha cierta el documento con el que pretende acreditar el interés jurídico, lo que ocasiona que el derecho que ostenta la quejosa no pueda ser oponible frente a terceros. Se invoca al efecto por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/99, registro 192662, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO." Así como la jurisprudencia 1a./J. 33/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 183800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia Común, consultable en la página 122, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO."; y, la diversa jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.), registro 2012310, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, Civil, consultable en la página 768, de rubro: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES." Por otra parte, respecto a las documentales identificadas con el numeral "2", consistentes en los recibos de renta mensual, debe señalarse que únicamente se demuestran que el ahora quejoso realizó diversos pagos a Sandra Patricia Salinas Legaspy, en su calidad de arrendadora, por concepto de renta del inmueble dado en arrendamiento, como se había estipulado en términos del contrato de mérito, mas no acredita la fecha de celebración del acto jurídico. De ahí entonces la ineficacia de los mismos para demostrar su interés jurídico; pues se insiste, no revelan que al momento de la emisión del acto que reclama, el quejoso fuera el legal posesionario del inmueble de trato; dado que no evidencian la existencia de un vínculo jurídico que lo posibilite para cuestionar tal acto desposesorio, relacionado con el bien inmueble cuya titularidad pretende defender; por lo que tales documentales no resultan suficientes para acreditar el derecho que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional en demanda de amparo. De ahí entonces, la ineficacia de los documentos ofrecidos por el solicitante de amparo para demostrar su interés jurídico; pues no revelan que al momento del acontecimiento de los actos que reclama de manera destacada, la parte quejosa fuera el legal posesionario del inmueble de trato; dado que no evidencian la existencia de un vínculo jurídico que le posibilite para cuestionar tal acto desposesorio relacionado con el bien inmueble cuya titularidad pretende defender; por lo que, como se adelantó, tales documentales no resultan suficientes para acreditar el derecho que la legitime para acudir a esta instancia constitucional en demanda de amparo. No constituye obstáculo para concluir en este sentido, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia del controvertido de origen y que con ello se pudiera establecer la existencia del acto reclamado; toda vez que, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de demostrar que los actos combatidos afectan su esfera de derechos públicos subjetivos tutelados por la Ley Fundamental, conforme a los criterios jurisprudenciales de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Por lo que queda como obligación de la parte quejosa, la carga procesal de demostrar la existencia de aquél -interés jurídico-; siendo aplicable al efecto, la tesis aislada XXVII.6 K, registro 183039, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de dos mil tres, Tomo XVIII, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, página mil treinta, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO." En tal virtud, al no quedar demostrada la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, tal situación impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por actualizarse la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de los actos de ejecución, por los mismos argumentos expuestos en esta sentencia, aunado a que siguen la suerte del acto destacado que tilda de inconstitucional la parte quejosa. Atento a lo anterior, no procede analizar los conceptos de violación, en términos del criterio sostenido en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, registro 226555, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo solicitado por el quejoso Francisco Javier Ramos Olvera, por derecho propio, en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

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