Francisco Javier Ramirez Vega

Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
334/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ramirez Vega
  • Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de catorce de junio de dos mil veintiuno, por la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, al ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General emitido por Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Orden de destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente al haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Bajo otra tesitura, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Remisión de constancias. Finalmente, por permitirlo el estado procesal, devuélvase al Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, un cuaderno de prueba que se formó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, ya que resulta innecesario conservarlo en este juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte tercero quejosa , el contenido de la sentencia de catorce de junio de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice: "Zapopan, Jalisco, catorce de junio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 334/2021, promovido por Francisco Javier Ramírez Vega, por derecho propio, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y turnada a este Juzgado, Francisco Javier Ramírez Vega, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se había registrado con el número 331/2021; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se designó con el carácter de tercera interesada a María de Jesús Ramírez Vega., a quien se tuvo pro emplazada el siete de abril de dos mil veintiuno; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; debido a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento del orden familiar y reclamarse acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Al Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: ? La resolución interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes de Rosa Vega Martínez, en el expediente 1520/2014, que resolvió el incidente de remoción de albacea. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ya que así lo manifestó al rendir informe justificado. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias certificadas relativas al juicio sucesorio testamentario a bienes de Rosa Vega Martínez, expediente 1520/2014, de su estadística, a las que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 153, Tomo VI, Materia Común (tesis jurisprudencial 226), página: 153, bajo el rubro y texto siguientes: CUARTO. Análisis de la procedencia del amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no1. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer, por lo que se procederá al estudio de fondo de este asunto; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por transcritos los conceptos de violación hechos valer, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este juzgado Federal; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, siendo que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dársele respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, hechos valer en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, localizable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: El quejoso en sus conceptos de violación, refiere, en síntesis, que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, viola en su perjuicio sus derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental, específicamente de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Lo anterior, porque considera que esa decisión carece de congruencia interna y externa, pues refiere que no se analizó la contestación que dio al incidente de remoción del cargo de albacea promovido por María de Jesús Ramírez Vega. Añade que el juez de origen no tomó en cuenta que la imposibilidad de cumplir con su encargo, se debió a que existe un juicio civil radicado ante el Juzgado Décimo de lo Civil del Estado de Jalisco, en el que se ejerció la acción de nulidad de escritura respecto de uno de los bienes que conforman el caudal hereditario, sin que la responsable haya hecho pronunciamiento sobre el particular, lo que lo deja en estado de indefensión, así como a la sucesión que representa. Precisa que no se analizaron la totalidad de las pruebas que ofreció, pues en caso contrario, indica el quejoso, la juez responsable hubiera arribado a la conclusión que el incidente de remoción de albacea era improcedente. Refiere que dicha revocación debió solicitarse en forma unánime, esto es, por todos los herederos. Como sustento cita el siguiente criterio: Tales conceptos de violación son infundados, por las consideraciones que a continuación se exponen. De las constancias consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio testamentario 1520/2014, a bienes de Rosa Vega Martínez, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ya valoradas en el considerando tercero de esta sentencia, se aprecia lo siguiente: I. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte, la heredera María de Jesús Ramírez Vega, promovió incidente de remoción de albacea en contra de Francisco Javier Ramírez Vega, hoy quejoso (fojas 84 a 87 del cuaderno de pruebas). II. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, el juez responsable admitió la incidencia planteada (foja 88 ídem), y ordenó correr traslado a Francisco Javier Ramírez Vega, para que en el término de cinco días contestara el incidente. III. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte, Francisco Javier Ramírez Vega, dio respuesta al incidente de remoción de albacea (fojas 91 y 92 ídem). IV. El dos de febrero de dos mil veintiuno, previa celebración de la audiencia incidental, el juez del conocimiento dictó la resolución interlocutoria correspondiente, en la que declaró probada la acción incidental de remoción de albacea, por lo que removió del cargo de albacea testamentario a Francisco Javier Ramírez Vega (folios 132 a 137 ídem). Hasta aquí los antecedentes más relevantes del acto reclamado. En primer término, debe decirse que no existe violación a su derecho humano de audiencia ni de debido proceso, en razón que, como ya se vio, el juez responsable ordenó correr traslado al aquí quejoso con el incidente de remoción del cargo de albacea que venía desempeñando, a efecto de que compareciera a manifestar lo que a su interés legal conviniera, lo que así aconteció al dar contestación a esa incidencia; por ende, se estima infundado ese motivo de disenso. De la misma manera, no existe violación al debido proceso, pues la resolución interlocutoria que concluyó con la remoción del cargo de albacea que venía desempañando el quejoso, se tramitó vía incidental, acorde con lo establecido en el artículo 3076 del Código Civil del Estado de Jalisco. Ello, porque se dio al quejoso la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, tan es así, que ofreció las que consideró pertinentes y si bien, por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en diverso de cuatro de noviembre de ese año, y se le tuvo por deserta la prueba documental de informes que ofreció, ello, se debió a su falta de interés, pues le precluyó el plazo de cinco días otorgado por la responsable para que realizara los tramites atinentes a su correcto desahogo. En otro aspecto, respecto del argumento de que se violó en su perjuicio el principio de exhaustividad y congruencia que se debe observar en todo procedimiento judicial es infundado por las siguientes consideraciones. El principio de congruencia, se tutela en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que dispone: "Artículo 87.- Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Los jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada. A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del estado en los procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, costumbres y especificidades culturales. " Conforme a dicho dispositivo, el principio en comento radica, esencialmente, en que las resoluciones sean congruentes no sólo consigo mismas sino también con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, en que no contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro de un procedimiento civil se haga atendiendo a lo planteado por las partes, decidiendo todos los puntos controvertidos; esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. La doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia, a saber: la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; y la congruencia externa, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis; lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Sobre tales premisas, resulta patente que el debido acatamiento al principio de congruencia de las sentencias y resoluciones previsto en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicable al asunto, exige que la autoridad correspondiente resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda y/o recurso, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Sirve de apoyo a los razonamientos expuestos, la jurisprudencia 1227, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo V, Civil, Segunda Parte- TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, con número de registro 1013827, se localiza en la página 1368, texto: Así como la jurisprudencia 1229, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo V, Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, con número de registro 1013828, se localiza en la página 1369, de rubro y texto siguientes: Luego, lo infundado de dicho disentimiento, radica en que en la resolución reclamada se advierte que la autoridad desestimó las manifestaciones de la parte demandada en el incidente, pues respecto del tópico que refiere la parte quejosa no se abordó, la responsable indicó: ".dada su falta de interés por continuar el procedimiento, puesto que después de la designación del cargo, si bien es cierto que compareció a formular operaciones de inventario y avalúo de la sucesión, sin que estas se encuentren aprobadas en virtud a su omisión de dar cumplimiento a la prevención realizada en el auto de fecha 20 veinte de agosto de 2019 dos mil diecinueve; lo cierto es que transcurrieron 11 once meses, hasta su comparecencia a dar contestación a la incidencia, ocurso mediante el cual pretendió dar cumplimiento a tal prevención, sin que al día de hoy haya dado cumplimiento a su encargo, dentro de este juicio, si bien manifiesta que promovió juicio para resolver sobre la propiedad del inmueble inventariado en segundo lugar del acervo hereditario, lo cual fue justificado a través del legajo de copias certificadas remitidas por el Juzgado Décimo de lo Civil de este Primer Partido Judicial, documental que tiene valor probatorio pleno al tenor de los arábigos 399 y 402 del Enjuiciamiento Civil del Estado, sin que ello impida que a FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ VEGA, comenzó sus funciones desde el día siguiente en que se discernió, de ahí que si bien formuló las operaciones de inventario y avalúo del acervo hereditario que aún se encuentran pendientes de ser aprobadas, por las causas establecidas por el antes referido en su contestación a la demanda incidental, y no con antelación a la incidencia planteada, también lo es que ha transcurrido en demasía el término que establece la referida legislación para la formulación de rendición de cuentas; de ahí que se adquiera certeza plena de que el albacea antes citado, haya presentado la rendición de cuentas fuera del plazo concedido para ello, puesto que así se advierte de las actuaciones después de que le fue discernido el cargo y facultado para tales efectos; por ende, a la fecha de presentación de la incidencia que ahora se resuelve, 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil veinte, ya había fenecido el término de seis meses a que alude el precepto 893 de la legislación antes referida para la rendición de cuentas , así como los noventa días a que alude el ordinal 867 de la Ley Procesal Civil de la Entidad, siendo que pese a ello el albacea incumple en rendir las cuentas de la sucesión como lo prevé el artículo 893 del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues ésta ha sido omiso en continuar el procedimiento con el cargo que tiene conferido, hasta su conclusión." Bien, como se vio de la parcial transcripción de la resolución reclamada, la responsable sí abordó el tópico relativo a la imposibilidad que adujo para rendir las cuentas de su albaceazgo, pues al respecto refirió que esa circunstancia no le impedía rendir las cuentas, ya que había transcurrido en exceso el término legal para ello; además, que, como con acierto lo indicó la responsable, los argumentos que realizó al dar contestación al incidente de remoción, debió haberlo hecho con antelación a la incidencia y no con posterioridad. De ahí que se estime que la resolución reclamada se atendieron todos los puntos sujetos a debate, exponiendo las razones y fundamentos por los que se consideró procedente el incidente planteado de remoción de albacea. Por otra parte, el quejoso refiere que la responsable no analizó la totalidad de las pruebas que ofreció al dar contestación a la incidencia de remoción de cargo de albacea. Planteamiento que se considera fundado, pero a la postre inoperante. En efecto, lo fundado del motivo de disenso consiste en que es cierto que dentro de su escrito de contestación al incidente de remoción de cargo de albacea, ofreció entre otras pruebas, el certificado de libertad de gravámenes número 076768 de seis de mayo de dos mil diecinueve, expedido por la autoridad registral, del que se aprecia que el inmueble marcado con el número 689 de la calle 5 de Mayo o calle 6 del Sector Reforma en Guadalajara, Jalisco, cuenta con un gravamen; documental que si bien fue relacionada en la interlocutoria reclamada, lo cierto es que tal y como con acierto lo refiere el quejoso, no se emitió pronunciamiento en cuanto a su contenido. Empero, aunque fundado tal motivo de disentimiento a la postre resulta inoperante, pues a nada práctico conduciría otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que se deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra, en la que se pronuncie en forma exhaustiva respecto de ese documento, si como se vio, la razón fundamental en la que se sustentó la decisión de revocar el cargo de albacea, fue precisamente que no se rindieron las cuentas de dicho encargo dentro del plazo que para ello tenía, pues, como se vio, y se dijo en la resolución reclamada, el hecho de que existiera un juicio, así como que se acreditara el gravamen de un inmueble del acervo hereditario, no le impedían rendir las cuentas de su albaceazgo; por tanto, dicho concepto de violación aunque fundado deviene inoperante. Sustenta lo dicho la jurisprudencia V.2o. J/31 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54, Junio de 1992, página 48, de rubro y texto: En otro tema, respecto al segundo concepto de violación, la parte quejosa sostiene que se requería que la petición para la remoción del cargo de albacea, sido planteada por la totalidad de los herederos, lo que no aconteció en el caso. Argumento que se estima infundado. Para dar respuesta a tal planteamiento, en primer término, se impone conocer el contenido de los artículos que regulan lo concerniente a la revocación o remoción de los albaceas. Bien, los artículos 3095, 3096 y 3076 del Código Civil del Estado de Jalisco, son del tenor siguiente: "Art. 3095.- Los cargos de albacea e interventor, acaban: I. Por el término natural del encargo; II. Por muerte; III. Por incapacidad legal, declarada en forma; IV. Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando se interesen a niñas, niños o adolescentes, o la beneficencia pública; V. Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo; VI. Por revocación de sus nombramientos, hecho por los herederos; y VII. Por remoción. "Art. 3096.- La revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse al sustituto." "Art. 3076.- La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, promovido por parte legítima. En el caso de conclusión del término y las prórrogas concedidas, será necesaria declaración del juez que conoce de la sucesión, la que podrá dictarse de plano." De los artículos trascritos, en lo que interesa, se desprenden dos figuras jurídicas, la de revocación y remoción de los albaceas. La revocación que tendrá que ser solicitada por los herederos, mientras la remoción por parte legítima vía incidental. A saber, la remoción supone siempre una causa justificada, en tanto, la revocación del albacea depende única y exclusivamente del arbitrio de los herederos y al no prevenirse la forma en que debe tramitarse la solicitud de revocación de dicho cargo, no necesariamente debe seguirse el señalado para la remoción, es decir, mediante la vía incidental, pues no se considera como regla general, sino como caso de excepción, limitado única y exclusivamente a este último, por así estar consignado en la legislación relativa. En el caso, María de Jesús Ramírez Vega, promovió ".INCIDENTE DE REMOCIÓN DEL CARGO DE ALBACEA." En esa medida, contrario a lo que se dice en los conceptos de violación, el trámite estaba sujeto a sustanciarse vía incidental, que cobra aplicación para los casos de remoción, esto es, para los casos en que existe causa justificada, verbigracia, incumplimiento de obligaciones o daños a la masa hereditaria por citar algunos ejemplos. Al ser así, la problemática se resume en la legitimación como presupuesto para obtener resolución estimatoria, en el caso, la remoción del albacea y de manera específica sobre si tal petición debió ser por la totalidad de los herederos o bien, por alguno de ellos. El nombramiento del albacea puede ser producto del testador o bien, cuando no hubiere sido designado por el testador podrán hacer lo propio la mayoría de los herederos. En el caso, se está en la primera hipótesis, pues el albacea fue nombrado por el testador. Sin embargo, no obstante que la designación del albacea fue realizada por el testador, en el caso, no se está en el supuesto de la revocación de dicho cargo, sino de una "remoción" que, como se vio, tiene diferentes matices para su tramitación. Ahora, es cierto que tratándose de la revocación del cargo de albacea designado por el testador, el nombramiento del albacea subsiste hasta en tanto la unanimidad de los herederos disponga lo contrario mediante la revocación del cargo, pues únicamente en ese supuesto la potestad del autor de la herencia cede ante la de los herederos, de ahí que no asista razón a la quejosa en los conceptos de violación y resulta inaplicable la tesis que invocó de rubro: " ALBACEA TESTAMENTARIO, REVOCACION DEL CARGO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON)." Empero, en el caso, no se está en ese supuesto, habida cuenta que de la lectura del ordinal 3076 de la ley sustantiva local, señala que la remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, "promovido por parte legítima". En esa medida, si la solicitud de remoción de albacea fue promovida por María de Jesús Ramírez Vega, quien tiene reconocido el carácter de heredera a bienes de Rosa Vega Martínez, dado que en acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve se le reconoció esa calidad (foja 68 ídem), es inconcuso que se cumplió con el extremo a que alude el artículo anteriormente invocado. Situación que es acorde a lo estipulado en el arábigo 3095 del código civil mencionado, el cual dispone las formas en que puede terminar el cargo de albacea; de otro modo, sería ocioso lo establecido en el artículo 3076 de dicha legislación, como lo pretende el quejoso, que se necesita la unanimidad de los herederos para la remoción de su cargo, pues se trata de dos figuras diversas. Máxime, que para que se llevará a cabo la remoción de la que se ha hablado, el legislador solo estableció una limitante, la cual obliga consiste en que se tramite vía incidental por parte legitimada; por tanto, no existía la obligación por parte del juez del conocimiento de verificar si existía o no unanimidad en la solicitud de remoción del albacea, pues no se trató de una revocación en la que subsiste el nombramiento del albacea hasta en tanto la unanimidad de los herederos disponga lo contrario. En ese contexto, se enfatiza, en casos como el en el que se actúa no era necesario que la solicitud de remoción del cargo de albacea fuera promovida por la totalidad de los herederos, dado que no se trata de una revocación, sino de una remoción, que requiere como único requisito que la promoviera vía incidental por parte legitimada para ello, con el caso fáctico aconteció. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de violación en los términos antes precisados, pues el análisis de los motivos de disenso, se realizó en estricto derecho por tratarse de un asunto en materia civil, en el cual no concurre ninguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, previstas en las diversas fracciones del artículo 79 de la Ley de Amparo, adverso a lo solicitado por el quejoso, y al no advertirse violación a los derechos fundamentales que tutelan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Ramírez Vega, contra el acto que reclamó del Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia."

  4. Principal

    Revisados los presentes autos, se advierte que no fue incorporada al sistema integral de seguimiento de expedientes la constancia de notificación 5564/2021, del índice de este juzgado de Distrito a la Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se le requirió a fin de que informará si compareció la sucesión a bienes del tercero interesado Omar Martínez Ortiz, de ser así, proporcionara el nombre del albacea y el domicilio señalado por aquél; por tanto, se comisiona al actuario de la adscripción para que de haberlas realizado, las integre al citado sistema o en su defecto, de inmediato las efectué. Por otra parte, se desprende que en proveído de quince de junio de dos mil veinte, se determinó que de la escritura pública diecisiete mil setecientos setenta y siete bis, pasada ante la fe del Notario Público Titular Ciento Diecinueve de Guadalajara, Jalisco, los terceros interesados Omar Martínez Ortiz y Rosa Silvia Rojas, manifestaron estar casados bajo el régimen de sociedad legal; asimismo, de la copia relativa a la demanda de amparo promovida por la segunda de los mencionados, radicada con el número 1244/2019 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, se observa que en sus generales indicó que su estado civil era viuda, además fue emplazada la citada Rosa Silvia Rojas, ya fue emplazada y se le tuvo apersonándose en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte. En razón a lo anterior, se ordena requerir a la tercera interesada Rosa Silvia Rojas, a fin de que en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe si compareció la sucesión a bienes del tercero interesado Omar Martínez Ortiz, de ser así, proporcione el nombre del albacea y el domicilio señalado por aquél. II. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.Notifíquese; y, cúmplase, así como personalmente a la tercera interesada Rosa Silvia Rojas.

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