Francisco Javier Ramirez Muñoz
Expediente 733/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Javier Ramirez Muñoz
Actuaciones
- Principal
De la cuenta que antecede, se obtiene que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular CAP/3/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, ordenó la suspensión de las labores de diversos órganos jurisdicciones, entre los cuales se encuentra este Juzgado de Distrito, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte; suspensión que fue prorrogada, en diversas circulares, hasta el tres de marzo de este año. Ahora bien, la citada Comisión Especial, en la circular SECNO/13/2021, decretó la reanudación de los plazos y términos de los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales de este Decimosexto Circuito, a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en términos de los artículos 2 y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo ese contexto, se decreta la reanudación del procedimiento del presente juicio y se reanudan los plazos y términos procesales correspondientes; hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Por otra parte, a la fecha, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, como se desprende del recuadro ilustrativo de cuenta, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento en cita, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107 fracción V y 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por *** *** ***, por conducto de su apoderado legal *** *** ***. Del análisis integral de la demanda se obtiene que, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente ****/2019/E1/CF/IND, por los integrantes de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora, ordenándose reanudar el procedimiento y continuar en la fase procesal correspondiente. Atento a tal reclamación, se estima actualizada de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu. En razón de que, el acto reclamado no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino únicamente a derechos intraprocesales. Del último precepto citado, se obtiene que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho humano de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia solo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. Entonces, los actos dentro de juicio son de imposible reparación cuando producen una afectación actual y material a derechos sustantivos; pues sus consecuencias son de tal gravedad que impiden su ejercicio. Por otra parte, el amparo indirecto no es procedente cuando se controvierten actos dentro de juicio que afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y no necesariamente llegan a trascender al resultado del fallo, por lo que son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En la inteligencia de que los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Por lo que los derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que solo constituyen las reglas para el desarrollo de un juicio o procedimiento. Tales consideraciones atienden a la necesidad de disminuir la promoción indiscriminada del juicio de amparo que puede obstaculizar la pronta impartición de justicia. Esto, a efecto de que en un solo juicio de amparo directo se concentren el cúmulo de violaciones procesales (relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva) que puedan producirse en un procedimiento y se resuelvan en forma simultánea contra la sentencia de fondo. En esa tesitura, la parte quejosa se duele de que en la resolución que constituye el acto reclamado la autoridad responsable dejó de analizar la personalidad con la que comparece a juicio la parte demandada, determinación que bajo el contexto expuesto con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, en la inteligencia de que esa determinación solo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales; pero con ello no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos. Toda vez que la afectación que pudiera generarse, en todo caso, podría darse si al momento de resolverse la controversia el fallo es adverso a los intereses de la quejosa. Lo anterior, porque que existe la posibilidad de que la afectación a sus derechos humanos desaparezca si el agraviado obtiene laudo favorable a sus intereses en el contradictorio génesis de los actos reclamados; y, en caso contrario, goza de los medios de defensa extraordinarios para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que la hayan dejado sin defensa. Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado del laudo respectivo para poder combatirlo en su caso vía amparo directo, siempre que, como ya se dijo, haya afectado sus defensas trascendiendo al resultado del fallo. En consecuencia, el acto reclamado en esta instancia no debe ser considerado como aquellos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho humano sustantivo, sino en el mejor de los casos, la eventual violación de prerrogativas adjetivas que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales. Máxime que la causal de improcedencia, cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la presente demanda.
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