Francisco Javier Ramírez Aguilar

Expediente 1061/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1061/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ramírez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el que transcribe el proveído de veintidós de agosto del año en curso, dictado en los autos del impedimento 22/2016, del que se desprende que el mismo se declaró legal y se ordenó remitir el juicio de amparo 1061/2016-I, promovido por Francisco Javier Ramírez Aguilar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad para que proceda a turnar dicho asunto entren los restantes Juzgados de Distrito. . Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, visto el estado de los autos y toda vez que no existen promociones pendientes por acordar ni actuaciones qué practicar, con apoyo en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de Veintiocho de Septiembre de Dos Mil Nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Háganse las debidas anotaciones en el libro de gobierno. Además, con fundamento en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo Conjunto invocado, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dentro del plazo de seis meses a que se refiere el señalado punto Vigésimo, del Acuerdo General 1/2009 antes mencionado en virtud de que en el expediente en que se actúa no existen glosados documentos originales ni se ordenó mandar alguno al seguro de este Juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Ramírez Aguilar, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 1° y 17 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el expediente 1061/2016-I. De la lectura integral de la demanda de cuenta, así como de los anexos que se acompañan a la misma, deriva que la parte quejosa reclama, entre otros actos, la omisión por parte del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil trece, y sentencias interlocutorias de seis de noviembre de ese año, cuatro de junio de dos mil quince y uno de abril de dos mil dieciséis, dictadas en el juicio ordinario mercantil 76/2013-I, del índice de este juzgado, en las que se condenó a dicho ayuntamiento al pago de diversas cantidades a favor del quejoso. Por su parte, la causa de impedimento prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (...) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". De lo anteriormente transcrito deriva que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicio de amparo, deberán excusarse cuando las circunstancias esenciales de algún asunto impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Citados los aspectos anteriores, a criterio de quien aquí resuelve en el caso se actualiza la causa de impedimento antes mencionada. Se sostiene lo anterior, ya que de llegar a emitir el suscrito la sentencia de amparo en el presente asunto como juez constitucional, con una intervención directa en la emisión de las resoluciones cuyo incumplimiento se reclama, como juzgador de instancia, puede influir y generar una duda razonable sobre mi neutralidad, pues no está suficientemente garantizado que resolvería este juicio de amparo con absoluta neutralidad y no en función de mi carácter de rector del juicio ordinario mercantil 76/2013-I, en el cual emití dichas resoluciones en las que se condenó al ayuntamiento responsable al pago de diversas cantidades a favor del quejoso. Es así que existen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad y, por ende, una causa objetiva y razonable a fin de declararme impedido para conocer y resolver este asunto. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, fracción VIII, 54, fracción III, inciso c), 55 y 58 de la ley de la materia, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la calificación de la causa de impedimento planteada. Asimismo, con copia certificada de la boleta de turno, la demanda de amparo y los documentos anexos a la misma, fórmese cuaderno de antecedentes, el cual se decreta su apertura con el presente proveído. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso y como autorizado para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Dante Humberto Juárez Montalvo, quien tiene registrada su cédula profesional 6994679, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco; y en términos restringidos del referido artículo a Samantha Castro Pérez, en virtud de que esta no tiene registrada su cédula profesional en el aludido sistema. Dada la carga de trabajo con que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que sean encomendadas.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Ramírez Aguilar, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 1° y 17 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el expediente 1061/2016-I. De la lectura integral de la demanda de cuenta, así como de los anexos que se acompañan a la misma, deriva que la parte quejosa reclama, entre otros actos, la omisión por parte del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil trece, y sentencias interlocutorias de seis de noviembre de ese año, cuatro de junio de dos mil quince y uno de abril de dos mil dieciséis, dictadas en el juicio ordinario mercantil 76/2013-I, del índice de este juzgado, en las que se condenó a dicho ayuntamiento al pago de diversas cantidades a favor del quejoso. Por su parte, la causa de impedimento prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (...) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". De lo anteriormente transcrito deriva que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicio de amparo, deberán excusarse cuando las circunstancias esenciales de algún asunto impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Citados los aspectos anteriores, a criterio de quien aquí resuelve en el caso se actualiza la causa de impedimento antes mencionada. Se sostiene lo anterior, ya que de llegar a emitir el suscrito la sentencia de amparo en el presente asunto como juez constitucional, con una intervención directa en la emisión de las resoluciones cuyo incumplimiento se reclama, como juzgador de instancia, puede influir y generar una duda razonable sobre mi neutralidad, pues no está suficientemente garantizado que resolvería este juicio de amparo con absoluta neutralidad y no en función de mi carácter de rector del juicio ordinario mercantil 76/2013-I, en el cual emití dichas resoluciones en las que se condenó al ayuntamiento responsable al pago de diversas cantidades a favor del quejoso. Es así que existen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad y, por ende, una causa objetiva y razonable a fin de declararme impedido para conocer y resolver este asunto. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, fracción VIII, 54, fracción III, inciso c), 55 y 58 de la ley de la materia, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la calificación de la causa de impedimento planteada. Asimismo, con copia certificada de la boleta de turno, la demanda de amparo y los documentos anexos a la misma, fórmese cuaderno de antecedentes, el cual se decreta su apertura con el presente proveído. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso y como autorizado para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Dante Humberto Juárez Montalvo, quien tiene registrada su cédula profesional 6994679, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco; y en términos restringidos del referido artículo a Samantha Castro Pérez, en virtud de que esta no tiene registrada su cédula profesional en el aludido sistema. Dada la carga de trabajo con que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que sean encomendadas.

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