Francisco Javier Quintanilla Salas

Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
756/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Quintanilla Salas

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Contenido del informe justificado "(.) El acto reclamado del que se duele el hoy quejoso es FALSO; toda vez que con fecha 27 de junio de 2023 se emitió acuerdo dentro del cual se fija fecha y hora para que tenga verificativo, audiencia incidental de pruebas y alegatos dentro del juicio laboral 307/2020, remitiendo copia de lo antes mencionado en vía de prueba". Vista a las partes De conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, con su contenido y con su anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Prueba De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable en cita, la documental que se adjuntó al oficio de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y podrá ser considerada al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el informe de ley, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso en particular, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número treinta y cuatro de la de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la dilación y/o paralización del procedimiento laboral 307/2020 del índice del Tribunal responsable, en relación al trámite del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen. Luego, de las constancias que la autoridad responsable adjunta a su informe de ley, consistente en copia certificada de la determinación de veintisiete de junio del presente año, en el que se ordena la apertura del incidente de liquidación dentro del juicio laboral de origen 307/2020, en el que Francisco Javier Quintanilla Salas tiene el carácter de actor, e igualmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de prueba y alegatos respectiva. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber aperturado el incidente de liquidación dentro del juicio laboral 307/2020, cuya omisión se reclamó en este juicio, ordenando dar vista a la parte quejosa con dicha determinación; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto reclamado fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Se cita como apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, toda vez que el sentido de la determinación que se pronuncia no les causa perjuicio alguno, dado que tratándose de actos que paralizan el juicio laboral, se cristaliza una afectación tanto a la parte actora como a la demandada. Es de aplicación, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial"." Finalmente, cabe destacar que si bien algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia fueron integradas durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, en el caso resultan aplicables, en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo1, en razón de que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil veintitrés. Se ordena glosar cuaderno Visto el cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio de amparo, mismo que se formó en virtud de que se encontraba celebrada la audiencia constitucional y toda vez que del estado de autos se desprende que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se terminó de engrosar la sentencia dictada en el presente asunto; glósese dicho cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda. Notifíquese.

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