Francisco Javier Plascencia Ramírez

Expediente 984/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
984/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Plascencia Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el asunto, se surte la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio consistente en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora bien, con el objeto de demostrar por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se narran los antecedentes del acto reclamado: Que dentro del juicio oral ordinario civil 3617/2021-F del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar, se tramitó la disolución del vínculo matrimonial del aquí quejoso Francisco Javier Plascencia Ramírez y Mariana Koelliker Cabrera. El tres de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia incidental en la que se tuvo por incumplido el convenio en materia de alimentos que demandó Mariana Koelliker Cabrera. En la misma fecha, el mandatario judicial del quejoso, presentó recurso de apelación, en contra de dicha interlocutoria, a lo que recayó el auto de veintidós de agosto actual (acto reclamado), en el que la jueza responsable desechó dicho recurso por extemporáneo. Mediante nuevo escrito, el quejoso volvió a inconformarse en contra de la citada interlocutoria, recayendo el diverso auto de veinticuatro de agosto del año en curso (acto reclamado), en el que se le dijo que debía estarse a lo acordado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el que ya se había desechado el medio de impugnación presentado. Resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, las cuales hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen, pues es el demandado incidentista. Ahora bien, en virtud de que los actos reclamados emanan de un juicio oral familiar, resulta pertinente destacar que, respecto a tal procedimiento, en los artículos 891 a 897 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, están previstos los medios de defensa -revocación, apelación y denegada apelación- para actos desarrollados dentro de las audiencias. En cambio, para todos aquellos proveídos dictados durante el procedimiento, se regulan los medios de impugnación conforme a los artículos 232 al 262 del mismo cuerpo normativo, en los que se estipulan las reglas aplicables para la revocación, apelación y denegada apelación. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en forma destacada: Los autos de veintidós y veinticuatro, ambos de agosto de dos mil veintitrés, en los cuales, en el primero la jueza responsable desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de incumplimiento de convenio de alimentos, dentro del juicio 3617/2021-F, y en el segundo, determinó que el aquí quejoso debía estarse a lo acordado en el citado auto de veintidós de agosto, al haber interpuesto nuevamente tal recurso en contra de dicha interlocutoria. En tal sentido, los acuerdos reclamados no fueron emitidos dentro de una audiencia en el procedimiento oral de origen, como se aprecia de la relación de antecedentes que se realizó. Por tanto, resultan aplicables las reglas contenidas en los artículos 232 al 262 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, respecto de los autos reclamados, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los numerales ya referidos. En efecto, al ser parte en el juicio de origen, estaba obligada a interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, esto es, el recurso de denegada apelación, previsto en el numeral 264, previamente a acudir a esta instancia constitucional. En este orden de ideas, resulta inconcuso que los actos que se tildan de inconstitucionales por la parte quejosa, deben ser impugnados mediante el recurso de denegada apelación previsto en el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, el cual tiene por objeto, entre otros, que el tribunal revoque o modifique los autos dictados, en otras palabras, el quejoso está obligado a agotar el aludido recurso previo a promover el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar los autos reclamados, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que el solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte demandada incidentista en el juicio de origen; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. De ahí que no nos encontremos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El criterio que aquí se acoge, es acorde a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, dentro del amparo en revisión 138/2018, en el que sostuvo la procedencia de los recursos previstos en los artículos 232 al 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato en contra de todos aquellos proveídos dictados en un juicio oral familiar, fuera de las audiencias. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para confirmar, revocar o modificar los actos que vayan a reclamarse, y al no haberlo hecho así el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados, lo que constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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