Francisco Javier Pingarrón Franco

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Pingarrón Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TERCERO POR LISTA Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, agréguese a este expediente el oficio remitido por el Juez Cuarto Mercantil de Primer Instancia de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este expediente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 86/2022-VII-A, promovido por Ángel Edmundo Piñon Gruintal, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Ángel Edmundo Piñon Gruintal, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la referida Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 86/2022-VII-A; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Junta responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 765/2018. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así se advierte de su informe justificado rendido por conducto de su Presidente (registrado con el número 2694), lo que se corrobora, de las constancias que acompañó al mismo. En efecto, como ya se dijo el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 765/2018, siendo que la autoridad responsable, en su aludido informe, comunicó que el seis de octubre de dos mil diecinueve se elaboró el proyecto de laudo en el juicio laboral de origen, mismo que se elevó a la categoría de laudo el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Acreditando lo anterior con las copias certificadas que anexó a su informe de ley, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, pues resulta que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda respectiva; es decir, el doce de enero de esta anualidad, no existía el acto de omisión que ahora reclama, pues las constancias que integran el presente juicio así lo revelan. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio, sin prueba en contrario; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Edmundo Piñon Gruintal, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche y anexos; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL, mediante el cual remite diversos informes relativos al cumplimiento de la suspensión de plano concedida en el juicio de amparo 1765/2021 del índice de la oficiante, actualmente 159/2022 del índice de este juzgado. En consecuencia, únicamente agréguense los referidos informes, reservándose acordar lo conducente, hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa resuelva lo relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra al auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio ********************signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que por auto de dos de los corrientes tuvo por recibido el memorial signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, mediante el cual le informó las gestiones que llevó a cabo el Director de la Tesorería Municipal a efecto de dar cumplimiento al laudo que nos ocupa; sin embargo, al no considéralas suficientes, mediante proveído de ocho de marzo del año que transcurre le requirió al Tesorero del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, le informara las gestiones necesarias y eficaces que se encuentra realizando respecto a las posibilidades de pago para dar total cumplimiento al laudo en comento, mismo que fue notificado el mismo ocho de marzo actual, según se advierte de las copias certificadas que el Magistrado Presidente acompañó a su oficio de cuenta. En atención a lo anterior, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que una vez fenecidos los referidos plazos concedidos al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, acuerde lo conducente y lo haga del conocimiento de este Juzgado, debiendo remitir las constancias respectivas que lo acrediten, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de Media y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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