Francisco Javier Perez Vargas

Expediente 811/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
811/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Perez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo antes citado. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de carátula. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra en autos del expediente electrónico la constancia de notificación del oficio **** dirigido a la autoridad responsable (i) Tribunal de Arbitraje del Estado del Estado de Baja California, a través del cual se notifica la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Actuario. En consecuencia, comisiónese al actuario para que notifique el oficio de mérito o, en su caso, integre al expediente electrónico la constancia de notificación del aludido oficio; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, mediante Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero del año dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó las medidas adoptadas en sesión de esa misma fecha por la Comisión Especial del citado Consejo, entre las que destacan, por lo que a este Decimoquinto Circuito se refiere, la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a partir del día diecinueve de enero de dos mil veintiuno, bajo el régimen de operación que establece el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, los tres emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de la ampliación de plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, V (sic) y VIII, para lo cual se considera como nueva fecha límite el diecinueve de febrero próximo, lo que se hace del conocimiento de las partes en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, dado que no obra en autos del expediente electrónico, la totalidad de constancias de notificación a las partes del presente juicio relativas a la sentencia de dieciocho de diciembre dos mil veinte. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Atento a lo anterior, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo la totalidad de notificaciones respectivas, integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio, ya que son necesarias para declarar firme la sentencia emitida en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; Y, RESULTANDO Primero. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día, en este Juzgado Sexto de Distrito, (I) *************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "[.] III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable la violación de plazos y términos previstos por la Ley, transgrediendo y vulnerando los artículos 124, 125 y demás relativos y aplicables de la Ley del Servicio Civil, ya que no se han respetado los plazos y términos de los anteriores dispositivos en cuanto a que en el acuerdo en que se admitan las pruebas, se señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia del desahogo, la cual deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes, incumplimiento con los antecitados artículos la Responsable, siendo la fecha de audiencia de ofrecimiento de pruebas el día 21 de agosto de 2019, por lo que obstaculiza la impartición de Justicia en forma expedita y pronta como lo dispone la Carta Magna." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo los contenidos en los artículos 1°, 14°, 16° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Federal. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, se registró con el número 811/2020, y se ordenó la formación del expediente relativo, admitiéndose en sus términos, motivo por el cual se solicitaron los informes justificados correspondientes, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido que fue el juicio por sus fases procesales, previó diferimiento tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo, y la demanda de amparo fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, cuyo rubro dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía, podemos concluir que en el caso se reclama: La omisión por parte de la autoridad responsable, en de dictar acuerdo de admisión de pruebas en el juicio laboral 135/2019-V, de su índice, conforme a la ley que rige el acto. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, procede verificar la existencia del acto precisado, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión atribuida al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dado que al rendir su informe justificado el Presidente de dicho Tribunal, reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Dicho que se corrobora con las constancias que en copia certificada fueron remitidas por autoridad señalada como responsable, las que por tener la calidad de documentos públicos, merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismas que resultan aptas para acreditar la existencia de los actos reclamados. Aplica al caso la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo al quedar plenamente demostrada la existencia de los actos en cuestión; lo procedente a continuación será ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen. Dicho precepto legal dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:--- (.)--- XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera, la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efecto del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." La parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el auto de admisión de pruebas dentro del juicio laboral 135/2019-V. Ahora, de las constancias que obran en el presente contradictorio federal remitidas por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; se aprecia que el diecisiete de noviembre del presente año, en el juicio laboral de origen, la responsable dictó el auto de admisión de pruebas correspondiente. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, por disposición del numeral 2 de ésta, al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las cuales se acredita la causa de improcedencia en estudio. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de dictar el auto de admisión de pruebas en el juicio laboral 135/2019-V; empero, este ya fue dictado, entonces es evidente que las cosas vuelven al estado en el que se encontraban antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, con rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Quinto. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por (I) ************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando cuarto. Segundo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en los términos apuntados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

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