Francisco Javier Pérez Orozco
Expediente 1000/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Javier Pérez Orozco
- Gobernadora Constitucional, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez trascurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte del expediente. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación a la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y un minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia en el juicio de amparo 1000/2021, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su lectura, con las constancias de notificación a las partes -Quejoso, autoridades responsables y agente del Ministerio Público de esta adscripción- y con los informes justificados rendidos por las responsables gobernador Constitucional del Estado de Sonora y secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; sin que conste el relativo a las diversas autoridades Congreso del Estado y Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, no obstante que fueron debidamente notificadas del acuerdo en el que se les solicitó su informe respectivo. Asimismo, se hace constar que le transcurrió a las partes el término de ocho días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impusieran del contenido de los informes justificados rendidos y de las constancias remitidas por una de las autoridades responsables. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación y relación de cuenta, para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su demanda y mediante escrito agregado en acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y con las que remitieron el coordinador general Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora y el director de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, éste, en representación del gobernador del Estado de Sonora, respectivamente. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas constancias. Sin más pruebas ofertadas por las partes se cierra esta etapa. Abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; enseguida, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1000/2021; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta Ciudad, y remitido por razón de turno el día siguiente hábil (uno de septiembre del mismo año) a este juzgado de Distrito; Francisco Javier Pérez Orozco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados al gobernador del Estado de Sonora y de otras autoridades. Por proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número de juicio de amparo 1000/2021 y en ese propio acuerdo se previno a la parte quejosa para que precisara si señalaba como autoridades responsables al Congreso del Estado y a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Satisfecho que fue el requerimiento efectuado, se admitió a trámite el juicio por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara en relación con la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables que denominó como "Comisario General de la Policía Estatal de Seguridad Pública" y al "Coordinador de Seguridad Pública de la Policía Estatal de Seguridad Pública"; lo anterior, sin que transcurrido el plazo decretado, hiciera manifestación alguna al respecto, por lo cual en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se dejó de tener como autoridades responsables a las señaladas autoridades. De igual modo, en auto veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa en relación con la inexistencia de la diversa autoridad también señalada como responsable, denominada "Director de Recursos Humanos de la Policía Estatal de Seguridad Pública", sin que transcurrido el plazo decretado hiciera manifestación alguna, por lo que en acuerdo de diez de marzo del año en curso, se dejó de tener como responsable a la señalada y se ordenó suspender toda comunicación legal con la misma. De esa forma, en la hora y fecha establecidas para la celebración de la audiencia constitucional, ésta dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con la emisión de esta sentencia al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o : I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester relatar lo siguiente: En el capítulo relativo a "ACTO RECLAMADO", de su demanda el quejoso indicó: "IV.-ACTO RECLAMADO.- De la GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, se reclama la ilegal disminución de salario y/o retención de salario y/o privación de salario que coordina el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario del Ramo de la Secretaría de Hacienda mediante instrucciones concretas consistentes en; que se dispongan de los recursos de tal forma que no le sean cubiertos al quejoso los pagos en dinero correspondientes en vías de emolumento o compensación con motivo del Subsidio para Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública destinado al estado de Sonora, que ejerce de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2021, destinadas al ejecutivo del estado y este a su vez a las secretarías de estado correspondientes por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa para el fortalecimiento de la seguridad (FORTASEG), para que estos sean entregados como estímulos a los elementos activos de seguridad pública del estado. Del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, de la Policía Estatal De Seguridad Pública, se reclama la ilegal disminución de salario y/o retención de salario y/o privación de salario que ejecuta en coordinación con el Secretario De Ramo de la Secretaría de Hacienda por instrucciones de la Gobernadora Constitucional mediante instrucciones concretas consistentes en; que se dispongan de los recursos de tal forma que no le sean cubiertos al quejoso los pagos en dinero correspondientes en vías de emolumento o compensación con motivo del Subsidio para Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública destinado al estado de Sonora, que ejerce de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2021, destinadas al ejecutivo del estado y este a su vez a las secretarías de estado correspondientes por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa para el fortalecimiento de la seguridad (FORTASEG), para que estos sean entregados como estímulos a los elementos activos de seguridad pública del estado. ... Del CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, se reclama la omisión de ejercer sus facultades con motivo de la ilegal disminución de salario y/o retención de salario y/o privación que se viene ejecutando por parte de la Gobernadora Constitucional y sus bajos mandos, consistentes en; retener, privar o reducir los ingresos del quejoso de tal forma que no me sean cubiertos los pagos en dinero correspondientes en vías de emolumento o compensación con motivo del Subsidio para Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública destinado al estado de Sonora, que ejerce de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2021, destinadas al ejecutivo del estado y este a su vez a las secretarías de estado correspondientes por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa para el fortalecimiento de la seguridad (FORTASEG), para que estos sean entregados como estímulos a los elementos activos de seguridad pública del estado. SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, se reclama la omisión de ejercer sus facultades con motivo de la ilegal disminución de salario y/o retención de salario y/o privación que se viene ejecutando por parte de la Gobernadora Constitucional y sus bajos mandos, consistentes en; retener, privar o reducir los ingresos del quejoso de tal forma que no me sean cubiertos los pagos en dinero correspondientes en vías de emolumento o compensación con motivo del Subsidio para Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública destinado al estado de Sonora, que ejerce de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2021, destinadas al ejecutivo del estado y este a su vez a las secretarías de estado correspondientes por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa para el fortalecimiento de la seguridad (FORTASEG), para que estos sean entregados como estímulos a los elementos activos de seguridad pública del estado. Se reclama de las autoridades demandadas la ilegal disminución de salario y/o retención de salario y/o privación de salario correspondiente al pago que me corresponde en vías de emolumento o compensación con motivo de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública destinado al estado de Sonora, que ejerce de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2021, destinadas al ejecutivo del estado y este a su vez a las secretarías de estado correspondientes por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa para el fortalecimiento de la seguridad (FORTASEG), para que estos sean entregados como estímulos a los elementos activos de seguridad pública del estado" 1). De lo anteriormente expuesto, se precisa que el reclamo substancial del quejoso se hace consistir en la orden de disminución de salario y/o retención y/o privación por parte del gobernador del Estado de Sonora, que refiere se coordina y ejecuta por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para la que presta sus servicios; y, 2). Con motivo de lo anterior, del Congreso del Estado y del Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, la omisión de ejercer sus facultades, para que le sean entregadas al quejoso aportaciones de su sueldo que reclama como retención y/o privación de su sueldo. III. Inexistencia. Las autoridades responsables gobernador Constitucional del Estado de Sonora, por conducto del director de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, éste por conducto del coordinador general Jurídico de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad, negaron categóricamente la existencia del reclamo constitucional, sin que la parte quejosa ofreciera prueba apta que desvirtuara la negativa de dichas responsables ordenadora y ejecutora (con tal calidad en función del reclamo a cada una de ellas). Es así, pues si bien es cierto que el quejoso exhibió diversas documentales con su demanda y mediante escrito agregado en acuerdo de diecinueve de noviembre pasado, a las cuales se les otorga el valor probatorio que merecen en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2; no obstante, las mismas no tienen el alcance de desvirtuar las negativas de las responsables, pues en relación con la exhibida adjunta a la demanda, solo pudiera acreditarse el nombramiento que tiene el quejoso como policía Estatal de Seguridad Pública "A", ante la Secretaría de Seguridad señalada como responsable, con ingreso a ese puesto en fecha uno de junio de dos mil veinte; y, con las diversas constancias ofertadas, agregadas en el referido acuerdo de diecinueve de noviembre último, expedidas por la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, comprendidos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve al treinta de septiembre de dos mil veintiuno, solo se acreditan movimientos bancarios correspondientes a diversos periodos consignados en esos estados de cuenta bancarios expedidos a nombre del quejoso, pero no son suficientes para sostener que las autoridades responsables aquí tratadas, estén efectuando una disminución de salario y/o retención y/o privación del mismo, pues en dichos documentos únicamente se consignan los montos de depósitos o abonos y retiros o cargos de diversos conceptos e índole; sin que pueda advertirse desglose de disminuciones en los abonos por concepto de depósitos por nómina o abonos del quejoso, sino que en ese tópico únicamente se observan los depósitos efectuados por nómina; por lo que con tales documentales no es factible desvirtuar la negativa categórica efectuada por las responsables; de ahí, que dichas probanzas sean inconducentes e insuficientes para desacreditar el contenido de los informes justificados tratados; por tanto, lo procedente al respecto es sobreseer, conforme lo establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Debiéndose hacer extensivo dicho sobreseimiento, por cuanto hace a las autoridades responsables Congreso del Estado y Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, quienes fueron omisos en rendir su informe justificado respectivo, no obstante haber sido debidamente notificados de los oficios por los cuales les fue solicitado dicho informe; sin embargo, así se determina, dado que de estas autoridades el quejoso ".reclama la omisión de ejercer sus facultades con motivo de la ilegal disminución de salario y/o retención de salario y/o privación que se viene ejecutando por parte de la Gobernadora Constitucional y sus bajos mandos."; acto, éste, que como se vio con antelación resultó inexistente, por lo que, priva también respecto de las responsables aquí tratadas, sobreseer al respecto, pues a nada práctico conduciría presumirles cierto el reclamo con base en el cuarto párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo y adentrarse al estudio de un acto que se reclama como omisivo, pero que deriva de un acto inexistente (Se destaca lo subrayado). Por último, no pasa inadvertido para quien resuelve que en relación con la señalada como autoridad responsable denominada por el quejoso como "Director de Recursos Humanos de la Policía Estatal de Seguridad Pública", mediante acuerdo de veintiocho de febrero de este año, con motivo del contenido del oficio remitido por el director Administrativo de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, se ordenó dar vista a la parte quejosa con la inexistencia de la señalada como responsable, para que dentro de un plazo de tres días, se manifestara al respecto, sin que transcurrido dicho lapso, hiciera manifestación alguna, por lo cual, en diverso auto de diez de marzo pasado, se tuvo por inexistente dicha autoridad y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Se toca lo anterior, pues ante la inexistencia del reclamo en relación con la autoridad responsable ordenadora gobernador del Estado de Sonora, respecto de una orden directa privativa del sueldo, no estorba acotar que pudiera vislumbrarse en el asunto una controversia laboral entre el aquí quejoso y el Departamento de Recursos Humanos de la dependencia (o de pagaduría de dicha entidad) de la cual es servidor público; de modo que de ser así, el quejoso se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos en la vía ordinaria que corresponda. Decisión: Al haber resultado inexistente por parte de las autoridades responsables ordenadora y ejecutora, sin desvirtuarse dichas negativas por parte del quejoso, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la citada ley, haciéndose extensivo dicho sobreseimiento en relación con las restantes autoridades responsables, por la naturaleza de lo reclamado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: V. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Javier Pérez Orozco, respecto del reclamo y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y motivos expuestos en el diverso apartado III de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista al quejoso para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con la inexistencia de la autoridad responsable director de Recursos Humanos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, sin que lo haya hecho, no obstante de habérsele apercibido que de no hacer manifestación alguna, se tendría a esa autoridad como inexistente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla, se hace efectivo el apercibimiento de mérito y se tiene a esa autoridad como inexistente y se suspende toda comunicación legal con la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.I.P. J/64 P (10a.), con número de registro digital: 2021374; Instancia: Plenos de Circuito Décima Época, materia Común Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, página 1354, con rubro y contenido siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA DERIVADA DE SU INCORRECTA DENOMINACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE, DE ESTIMARLO CONVENIENTE, LA PRECISE, CORRIJA O ACLARE. Si en el auto admisorio de la demanda de amparo se señaló que de no existir las autoridades responsables con la denominación que les atribuyó el quejoso, se tendrían por inexistentes, y en la razón actuarial se da cuenta de la imposibilidad de entregar el oficio de emplazamiento porque es imprecisa o incorrecta la denominación proporcionada en la demanda, procede requerir al quejoso para que manifieste lo que a su interés convenga, esto es, que de estimarlo conveniente precise, corrija o aclare la denominación de aquélla, con la prevención de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por inexistente a la autoridad responsable denominada de manera incorrecta y se suspenderá toda comunicación con ella, pues no dar al quejoso la oportunidad de realizar manifestación alguna al respecto, implica dejarla en estado de indefensión. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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