Francisco Javier Pérez Anaya
Expediente 1222/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/12/2021
Partes del expediente
- Francisco Javier Pérez Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Zapopan, Jalisco; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el dos de diciembre de dos mil veintiuno. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que, se concedió el amparo y protección solicitadas en el presente juicio de amparo para el efecto de que la autoridad responsable: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. b) Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que pago de excedente, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial ***. c) La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número *** de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, -el cual obra en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil veinte, descontándose la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable, es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, es decir que deberá regresarse la cantidad de $*** (***/100 moneda nacional). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. Posteriormente, el diez de noviembre del presente año, se realizó la orden de pago a favor de la parte quejosa, lo anterior a fin de devolver las cantidades que refiere la sentencia de amparo, lo anterior se le hizo del conocimiento de la parte quejosa el dos de diciembre del presente año, sin que la misma hubiera informado la negativa de la autoridad responsable en devolver las cantidades señaladas en la orden de pago. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que en los presentes autos no obre constancia con la que se acredite que el cheque respectivo fue entregado a la parte quejosa, en virtud de que no puede desvincularse al accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consistía en que éste acudiera ante esta autoridad a efecto de recibir el numerario que se encuentra a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por parte de este órgano jurisdiccional desde el pasado dos de diciembre de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado. Orden de archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales.Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Información reservada.Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VII. Devolución de documentos.De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, qué devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite las constancias con las cuales pretende acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber comparecido ante la autoridad a que se le haga entrega del cheque correspondiente a la cantidad que resultó con motivo de la sentencia de amparo, o manifieste el impedimento que tenga para ello. Asimismo, dentro del mismo término deberá expresar lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vías de cumplimiento. Visto el oficio signado por el Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo dentro del juicio de origen; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que dentro del término de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber generado el documento mercantil a nombre del quejoso, haciéndolo del conocimiento del mismo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.
- Principal
Zapopan, Jalisco; uno de septiembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección solicitadas en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Efectos. En el fallo protector se determinó que las autoridades responsables deben realizar los actos siguientes: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. b) Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que pago de excedente, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial ****. c) La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número **** de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, -el cual obra en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil veinte, descontándose la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable, es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, es decir que deberá regresarse la cantidad de ****. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. En atención a lo anterior, corresponde al Jefe de la Oficina Recaudadora Foránea Número 75, en San Miguel El Alto, Jalisco, dar cumplimiento con el fallo protector. IV. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Oficina Recaudadora Foránea Número 75, en San Miguel El Alto, Jalisco, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. V. Apercíbanse. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.
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