Francisco Javier Pacheco Salgado
Expediente 275/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Pacheco Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías...
- Principal
MORELIA, MICHOACAN, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense los oficios TCA/PRES/AMP/1323/2018 y TCA/PRES/AMP/1324/2018, signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el Coordinador del Área de Actuaría del citado Tribunal, ambos con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendidos los informes justificados que les fueron solicitados, con los cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, informan que dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, se promovió el diverso juicio 418/2015, del índice de este órgano jurisdiccional. Finalmente, la primera autoridad adjunta como complemento a su informe de ley copias relativas al acto reclamado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite que las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Coordinador de Actuarios adscritos a dicho tribunal, con residencia en esta ciudad, así como el tercero interesado Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, hayan recibido los comunicados 5230, 5231 y 5232, mediante los cuales se les notifica el proveído de doce de abril pasado, por el cual se admitió la demanda origen de este juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, con copia certificada del auto admisorio y simple de la demanda solicítese a las primeras dos autoridades responsables su respectivo informe justificado, y notifíquese al último de los mencionados el contenido del acuerdo en mención para su debida notificación. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo
- Principal
... Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha concluido el término de cinco días de que disponía NORMA LEÓN ARREOLA, ostentándose apoderada de FRANCISCO JAVIER PACHECO SALGADO Y OTROS, para desahogar la prevención formulada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera dentro de ese lapso, el cual transcurrió del cinco al once de abril del año en curso; sin que en el caso resulte procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por ser dichos quejosos la parte obrera dentro del juicio laboral de origen. Por tanto, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de garantías promovida por NORMA LEÓN ARREOLA, ostentándose apoderada de FRANCISCO JAVIER PACHECO SALGADO, LORENA VALDEZ GARCÍA, BERTHA PATRICIA MORENO URIBE, HÉCTOR MONROY VEGA, ÁNGEL OMAR PÉREZ CRUZ, VERÓNICA VEGA MORENO, MARINA RAMOS BARRERA, GERSON GUADALUPE NÚÑEZ LÓPEZ, AVELARDO MORALES RAMÍREZ, DAVID ALDAIR MORALES SILVA Y JOSÉ LUIS ROLÓN YÁÑEZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los actos que hace consistir en: ". se reclama de las responsables el abstenerse sin justificación legal de ejecutar el laudo de fecha 24 veinticuatro de Agosto de 2015, dos mil quince, toda vez que le he requerido en diversas ocasiones a la responsable se autorice al actuario adscrito a ese tribunal a efecto de que se constituya en el domicilio de la demandada a efecto de requerirle del pago del laudo a que fue condenado y en caso de negativa se le embarguen bienes suficientes a garantizar el laudo reclamado, sin que hasta la fecha la responsable haya autorizado actuario adscrito a ese tribunal a efecto de llevar a cabo la diligencia requerida, a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo desde que se dictó el laudo mencionado.". Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 275/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, será sancionado en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tiene conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban proveniente de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Asimismo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de la materia, deberá ser emplazado al presente juicio de garantías, mediante oficio al que se anexe copia simple de la demanda, al tener la calidad de autoridad y resultarle el carácter de tercero interesado en este juicio. Por otra parte, a fin de tener por acreditada la personalidad de la citada NORMA LEÓN ARREOLA, en cuanto apoderada de FRANCISCO JAVIER PACHECO SALGADO, LORENA VALDEZ GARCÍA, BERTHA PATRICIA MORENO URIBE, HÉCTOR MONROY VEGA, ÁNGEL OMAR PÉREZ CRUZ, VERÓNICA VEGA MORENO, MARINA RAMOS BARRERA, GERSON GUADALUPE NÚÑEZ LÓPEZ, AVELARDO MORALES RAMÍREZ, DAVID ALDAIR MORALES SILVA Y JOSÉ LUIS ROLÓN YÁÑEZ, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede legalmente notificado del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada legible de las constancias con las cuales se acredite que NORMA LEÓN ARREOLA, es apoderada de los citados quejosos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, o bien, manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La regla que prevé la potestad del Juez Federal para requerir a la autoridad omisa la aportación de los documentos solicitados por las partes para exhibirlos como prueba en el juicio de garantías, haciendo uso de los medios de apremio, debe también aplicarse tratándose de la expedición de las constancias solicitadas oportunamente por el promovente para justificar el reconocimiento de su personalidad ante aquélla, cuando al desahogar la prevención para comprobar esa circunstancia, manifieste bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para hacerlo debido a la falta de expedición de las constancias, y solicite al Juez su intervención para obtenerlas, pues al no existir en la Ley de Amparo disposición expresa que faculte al juzgador para requerir esa documentación, la cual debe exhibirse previamente a la admisión de la demanda en términos de la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", la aplicación de aquella regla resulta indispensable para salvaguardar el derecho del promovente a la prosecución del juicio. Lo anterior no implica que la admisión de la demanda deba diferirse hasta en tanto se expidan las citadas documentales, ya que conforme a los numerales 120, 122 a 124, 130 y 145 a 148 de la Ley de Amparo, el acuerdo respectivo que provee también sobre la suspensión provisional no puede postergarse más allá del plazo extraordinario establecido en el indicado artículo 146 para regularizar la demanda, dada la urgencia de la medida cautelar para preservar la materia del amparo; de ahí que, en el supuesto señalado, el juzgador deberá admitir la demanda sin perjuicio de acordar lo conducente a la personería del peticionario del amparo cuando la autoridad responsable expida las constancias solicitadas o informe sobre ellas". Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional...
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Francisco Javier Guzmán Fuentes1356/2019
- Francisco Javier Hernández Calderón1165/2017
- Francisco Javier Justo Meneses558/2019
- Francisco Javier Lara Correa115/2022
- Francisco Javier Montes de Oca Baca884/2020
- Francisco Javier Ortiz Rodríguez782/2022
- Francisco Javier Ponce Ruvalcaba811/2022
- Francisco Javier Ramírez Del Valle22/2018
- Francisco Javier Raya Amezcua650/2023
- Francisco Javier Sánchez Pérez984/2021
- Francisco Javier Solórzano Gómez37/2018
- Francisco Javier Valencia Gutiérrez83/2013