Francisco Javier Ortiz Robledo

Expediente 334/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
334/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ortiz Robledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido; por otra parte, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamado, de conformidad a lo ordenado en el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procede la destrucción del original del incidente. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguese copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No existe recurso pendiente por resolver. BILLETE. De igual manera se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución, o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad, el tomo de pruebas que anexo en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 334/2020-II. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado vía electrónica (juicio en línea) el tres de septiembre de dos mil veinte, y turnada al día siguiente hábil a este Juzgado, Francisco Javier Ortiz Robledo, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, previo desahogo de prevención, la demanda de amparo se radicó con el número 334/2020-II, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Asimismo, en referido auto de veinticinco de septiembre del año en curso, se reconoció el carácter de tercera interesada a María Elena Guillén Montelongo, al ser parte demandada en el juicio especial familiar oral, sobre convivencia familiar 99/2019, de donde derivan los actos reclamados; quien fue debidamente emplazada a este juicio y compareció a hacer valer sus derechos el siete de octubre de dos mil veinte. Finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se verificó conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional -ciudad-. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo y ampliación, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada : De la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán. 1.- El acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del Juicio Especial Familiar Oral, sobre convivencia número 99/2019, en específico: a) La modificación de los términos en que deberá ser entregada su menor hija al quejoso los días en que le corresponda la convivencia familiar, lo cual va en contra de lo acordado en audiencia de juicio y elevado a la categoría de cosa juzgada; esto sin que mediara ningún procedimiento de modificación de convenio de por medio b) La actualización de la pensión alimenticia, que fuera convenida dentro del juicio referido por el monto de $3,080.20 (tres mil ochenta pesos 20/100 moneda nacional), misma que actualizó la Autoridad responsable a la cantidad de $3,696.60 (TRES mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 moneda nacional), en base al Incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. 2.- El auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte dictado dentro del referido Juicio especial Familiar Oral 99/2019, en el que se ordenó el requerimiento de pago del complemento del monto de pensión alimenticia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsables, marcado con el número 2 consistente en el auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte dictado dentro del referido Juicio especial Familiar Oral 99/2019, en el que se ordenó el requerimiento de pago del complemento del monto de pensión alimenticia, pues al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia de dicho actos, sin que el justiciable haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del referido acto reclamado, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante que desvirtúe tal negativa; consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a las autoridad referida, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS CUARTO. Certeza de acto. La autoridad señalada como responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado marcado con el número 1, referente a la emisión del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del Juicio Especial Familiar Oral, sobre convivencia número 99/2019, de su índice. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable citada en primer término remitió copias certificadas del referido Juicio Especial número 99/2019; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. La parte tercera interesada adujo en su escrito presentado el dos de octubre del año en curso, que: "que sea decretado el sobreseimiento de dicho juicio, en atención a que el auto recurrido fue emitido apegado a derecho". Empero no señaló que causal de improcedencia se actualiza en específico que establece la Ley de amparo en el presente sumario de derechos humanos, por tanto esta juzgadora está impedida para analizar tal afirmación. Luego, tampoco las diversas partes no alegaron alguna causa de improcedencia, y este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna. SEXTO. Estudio de fondo. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, se precisa que de manera toral, el solicitante del amparo aduce que el acuerdo reclamado le causa agravio por lo siguiente: 1. Agravio señalado como "PRIMERO" Que el principal agravio ocasionado estriba en torno a la actualización de pensión alimenticia decretada por la autoridad responsable que fue en base a la cantidad de $3,080.00 (tres mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que fuera pactada mediante convenio, la cual fue ajustada indebidamente a la cantidad de $3,696.00 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta en base al salario mínimo actual y no al incremento del índice nacional de precios al consumidor. Porque, tomando en consideración que el convenio fue celebrado y aprobado en el mes de julio del año dos mil diecinueve, el incremento aplica a partir del mes de julio de año dos mil veinte, y de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el incremento mensual al Índice Nacional de Precios al Consumidor fue del 0.36 % cero punto treinta y seis por ciento, por ende es el que en realidad corresponde de incremento al monto de pensión alimenticia. Que la Autoridad Responsable infringe con ello lo contemplado en el numeral 451 del código Familiar para el Estado de Michoacán, pese a que en su acuerdo establece que el incremento lo realizado en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la práctica se realizó en base al incremento del salario mínimo. Aduce que el Índice de Precios al Consumo o IPC, es el que mide la variación de precios de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana de los hogares y familias y que se miden mensualmente los precios de una serie de productos a los que se llama cesta básica y que la inflación es el aumento general y continuado de los precios de una economía y está se mide con varios índices, como el índice del IPC (Índice de Precios al Consumidor) Insiste que con ello que el monto al cual debería ser ajustada la pensión alimenticia resulta del que a la fecha se tiene como salario mínimo siendo de $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 Moneda Nacional), el cual multiplicado por treinta días da la cantidad que precisamente fijó la Autoridad Responsable de $696.00 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional), causando con ello un agravio al suscrito ya que infringe con ello lo contemplado en el numeral 451 del código Familiar para el estado de Michoacán. 1. Agravio señalado como "SEGUNDO" Que en base a la medida de protección decretada a favor de la progenitora de mi menor hija, al establecer la Tercera Interesada los términos en que será entregada, se da una modificación a los términos de un convenio celebrado entre las partes mismo que fue en su momento elevado a la calidad de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, por lo que al momento de que manejar una modalidad de ejecución diversa a la contenida en el mismo, va contra de lo contemplado en los numerales 1053 y 1080 del Código Familiar de Michoacán. Aunado que dicha medida dictada dentro de un asunto ya concluido y de la cual al no establecer tiempo por el cual prevalecerá dicha medida de protección que resulta infundada ya que como mencioné el suscrito y la Tercera Interesada en su momento firmamos un acuerdo reparatorio en el que se daba por pagada de la reparación del daño, así como ambas partes nos comprometimos a respetarnos, quedando ella plenamente conforme, por lo que el hecho de que con posterioridad acudiera ante la Autoridad Responsable a solicitar una medida de la cual se desprendió una modificación de convenio, no solamente es un agravio para el suscrito sino además deja claro que la Tercera Interesada seguirá buscando elementos para impedirme convivir plenamente con mi menor hija. Son inoperantes en una parte e infundados en otra los conceptos de violación hechos valer por el quejoso veamos el porqué. De inicio, es importante advertir que en este asunto debe observarse el principio de estricto derecho que rige en el juicio de amparo, en atención a que el quejoso es parte actora en el Juicio Especial Familiar Oral, sobre convivencia número 99/2019, por lo que no se ubica en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. El principio a que se ha hecho mención, impone que esta juzgadora debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado únicamente a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación, tratándose de la resolución del juicio. Antes, para una mejor comprensión del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, los que se advierten de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, a las que ya les fue otorgado valor probatorio pleno en autos, que son los siguientes: I. El uno de agosto de dos mil dieciocho, Francisco Javier Ortiz Robledo, por propio derecho, ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en la vía especial oral familiar sobre convivencia, presentó demanda frente a María Elena Guillén Montelongo. II. El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito judicial de Uruapan, Michoacán, Michoacán, a quien correspondió conocer de inicio de la demanda, la tuvo por recibida; la registró con el número de expediente 667/2018; la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la demandada. III. Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a María Elena Guillén Montelongo, contestando la demanda entablada en su contra en los términos expuestos, asimismo el nueve de octubre siguiente la citada Jueza Primero fijó pensión alimenticia como medida provisional a cargo del actor reconvenido a favor de la menor por un día de salario mínimo vigente en esa data para Michoacán, la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta pesos con ochenta centavos; cantidad que fue consignada, entregada y aceptada por la parte demandada. IV. Así las cosas, seguido el trámite del contradictorio oral familiar de origen, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a Francisco Javier Ortiz Robledo, a través de su apoderado jurídico exhibiendo propuesta de convenio. V. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, y a petición de la parte demandada, la Jueza actualizó como pensión alimenticia provisional la cantidad de tres mil ochenta pesos, cuarenta centavos a favor de la menor acreedora. VI. Proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve emitido por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito judicial de Uruapan, Michoacán, en que tuvo por recibido el oficio número 476/2019, de veinticinco de febrero de ese año, mediante el cual adjuntó el expediente que remitió la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, relativo a los autos originales del expediente número 667/2018, del Juicio especial oral familiar sobre convivencia, que promovió Francisco Javier Ortiz Robledo, frente a María Elena Guillén Montelongo. Lo anterior atendiendo al acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de treinta de enero de dos mil diecinueve, que modificó los diversos del tres de octubre y once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante los cuales se aprobó el dictamen relativo a la modificación de la especialización por materia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, para que ahora conozca de la Materia Familiar, y cambio de su denominación oficial, por la de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, que modificó los puntos Tercero, Quinto, octavo, Undécimo y Décimo Quinto. Y Atendiendo a que la citada Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, se inhibió del conocimiento de ese juicio, en razón de los mencionados acuerdos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, se avocó a su conocimiento, ordenándose registrarlo en el Libro de Gobierno que se lleva en ese Juzgado, correspondiéndole el número 99/2019, para continuar con el Procedimiento hasta su conclusión, ordenándose hacer del conocimiento a las partes. VII. el once de julio de dos mil diecinueve, ahora jueza responsable levanto el "acta mínima", con asistencia de las partes en la se aprobó el convenio realizado por el hoy quejoso, en la que se expuso en lo que nos interesa lo siguiente: ".d) Juez, doy inició a fase de enunciación de la Litis. e) Mediación y conciliación, juez, invito a las partes para que resuelvan sus diferencias mediante los métodos alternativos de solución; juez, concedo el uso de la voz al señor Francisco Javier Ortiz Robledo, tiene propuesta, sí; juez, concedo el uso de la voz a abogada, con el fin de que queden garantizados los derechos de la menor, se llegó a un convenio en los siguientes términos: PRIMERA. Alimentos por mes será de $3,080.00 tres mil ochenta pesos, depositados en forma anticipada la última sema del mes. SEGUNDA. Aparte de la cantidad antes citada por lo que ve a Salud será al 50% cincuenta por ciento atención médica, previo aviso a su representado para pago de consulta médica, en caso de urgencia no se dará aviso, pero si para medicamento. TERCERA. 50% cincuenta por ciento para educación que comprende uniformes, útiles escolares, previo acuerdo de las partes, para inscribir a la menor en la institución educativa que ambos decidan, se le proporcione a su representado, lista de útiles escolares y para compra de uniformes. CUARTA. Para aportar la cantidad de vestido 50% cincuenta por ciento serán dos compras por año, serían 1° de enero y 2ª del mes de junio 50% cincuenta por ciento, previo acuerdo de las partes, previas las necesidades, respecto al rubro de pensión alimenticia. QUINTA. Convivencia familiar ya convenio previo, se modifica para ahora quedar los sábados y domingos alternados, se establece de las 10:00 diez horas a las 19:00 diecinueve horas cada quince días, en la semana que no le corresponda al progenitor se deja abierta para lunes a viernes respecto a las actividades que tenga la menor y que pueda participar su progenitor, menor que será recogida en el domicilio que habita con su progenitora sito el ubicado en la calle Mariano Jiménez numero 22, colonia Independencia, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, reintegrándola el progenitor a la menor en el mismo domicilio, en caso de que sea domicilio diverso de la entrega, deberán ponerse de acuerdo los progenitores. SEXTA. Guarda y custodia de la menor quedara a cargo de su progenitora, el domicilio del actor sito el ubicado en Privada de Venustiano Carranza número 6, colonia Centro y el domicilio de su representada el ubicado en la calle Mariano Jiménez número 22, colonia Independencia, ambos de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, si hay cambio será notificado. SÉPTIMA. Patria potestad ambos la seguirán ejerciendo. OCTAVA. nos comprometemos a que a partir de la celebración del presente convenio, nos trataremos con cordialidad, respeto, y nos comunicaremos mutuamente cualquier situación que nos preocupe, relacionada con nuestra hija, resolviendo siempre nuestros conflictos de manera pacífica. Además, se comprometen a fomentar la relación· paterna y materna a fin de darle una mejor calidad de vida; más cordial. Juez, señor Francisco Javier Ortiz Robledo, está de acuerdo, sí; juez, señora María Elena Guillén Montelongo, está de acuerdo, sí; juez, en esos términos, sí; juez, concedo el uso de la voz a la , licenciada Beatriz Maciel Garibay, quien se manifiesta sobre la guarda y custodia a cargo de la parte demandada y la convivencia el domicilio del actor es en Privada Venustiano Carranza número 6 y el de María Elena Guillén Montelongo el ubicado en la calle Mariano Jiménez número 22, colonia Independencia, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, si hay cambio será notificado; juez, señora María Elena Guillén Montelongo, está de acuerdo manifiesta su abogada aquí presente, sí; juez, señor Francisco Javier Ortiz Robledo, está de acuerdo, sí; juez, una cláusula de respeto con su menor hija, están de acuerdo, sí; juez, la patria potestad ambos la seguirán ejerciendo; juez, concedo el uso de la voz a Ministerio Público conforme con el convenio; juez, concedo el uso de la voz a tutor especial, quien está conforme con el convenio; lo anteriormente citado ya obra en las cláusulas que fueron especificadas líneas arriba; Juez, atendiendo al convenio celebrado por las partes, se aprueba en todas y cada una de sus partes; en cuanto a alimentos sufrirá aumento, custodia y convivencia puede modificarse y en caso de incumplimiento se estará a lo que disponga el Código Familiar; juez, señor Francisco Javier Ortiz Robledo, alguna manifestación, ninguna". VIII. seguido el juicio especial oral de origen, la jueza responsable el diecisiete de marzo de dos mil veinte, entre otras cosas, tuvo por recibido el escrito presentado María Elena Guillén Montelongo, dentro del expediente número 99/2019, en el que atendiendo a los hechos de violencia que refiere ha desplegado el actor ahora quejoso hacia ella exhibiendo para ello, la carpeta de investigación número 1004202007228 en la Fiscalía General del Estado, y las fotografías que refirió, decretó como medida de prohibición y restricción, a Francisco Javier Ortiz Robledo, para que no se le acerque a la parte demandada María Elena Guillen Montelongo, a una distancia de 100 cien metros, lo anterior con fundamento en las fracciones II y III del artículo 324 del Código Familiar Estatal. Asimismo, le dio vista al actor hoy quejoso respecto de la actualización de pensión alimenticia solicitada por la parte demandada. IX. finalmente mediante acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso la juez responsable tuvo por recibido el escrito que suscribía la licenciada Beatriz Maciel Garibay, proporcionando el nombre de la persona que entregará a la menor de iniciales M. O. G, así como el domicilio donde deberán pasar a recogerla, en la calle Mariano Jiménez número 22, colonia independencia, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, lugar donde le será entregada la menor por Ma. Mercedes Montelongo Chuela, quien es abuela materna de la menor. Asimismo y como también lo solicitó la ocursante, actualizó el monto que por concepto de pensión alimenticia, que convinieron las partes en el convenio celebrado en autos, pues en el año dos mil diecinueve, ascendía a la cantidad de $3,080.20 tres mil ochenta pesos con veinte centavos, actualizándose el aumento que sería de $616.40 seiscientos dieciséis pesos con cuarenta centavos, la cual será ahora por la cantidad de $3,696.60 tres mil seiscientos noventa y seis pesos con sesenta centavos, de acuerdo al incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, por lo que se requirió al actor para que realizara el pago de pensión alimenticia por la cantidad antes citada. Tal determinación es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, como se adelantó, los agravios planteados por la parte quejosa, resultan ser inoperantes e infundados. Es así, atendiendo a los siguientes razonamientos de índole jurídico que enseguida se expondrán. Son inoperantes en una parte e infundados en otra los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, precisados en los puntos 1, por las razones que se expondrán. El quejoso aduce en particularidad que la actualización de pensión alimenticia decretada por la autoridad responsable que fue en base a la cantidad de $3,080.00 (tres mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que fuera pactada mediante convenio celebrado y aprobado en el mes de julio del año dos mil diecinueve, la cual fue ajustada indebidamente a la cantidad de $3,696.00 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta en base al salario mínimo actual y no al incremento del índice nacional de precios al consumidor y que por tanto, la autoridad responsable infringió con ello lo contemplado en el numeral 451 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, pese a que en su acuerdo establece que el incremento lo realizado en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, e insiste que se realizó en base al incremento del salario mínimo. Al respecto, la jueza responsable en el acuerdo reclamado sostuvo que actualizó el monto que por concepto de pensión alimenticia, que convinieron las partes en el convenio celebrado en autos, pues en el año dos mil diecinueve, ascendía a la cantidad de $3,080.20 tres mil ochenta pesos con veinte centavos, actualizándose el aumento que sería de $616.40 seiscientos dieciséis pesos con cuarenta centavos, la cual la actualizaba a la cantidad de $3,696.60 tres mil seiscientos noventa y seis pesos con sesenta centavos, de acuerdo al incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. Ahora bien, en el caso de constancias de autos y de los antecedentes del acto reclamado reseñados con anterioridad se advierte el once de julio de dos mil diecinueve, la jueza responsable levanto el "acta mínima", con asistencia de las partes en la se aprobó el convenio realizado y presentado por la parte actora, hoy quejoso en el que en las clausulas primera, segunda tercera y cuarta, se obligó a lo siguiente: Se llegó a un convenio en los siguientes términos: PRIMERA. Alimentos por mes será de $3,080.00 tres mil ochenta pesos, depositados en forma anticipada la última sema del mes. SEGUNDA. Aparte de la cantidad antes citada por lo que ve a Salud será al 50% cincuenta por ciento atención médica, previo aviso a su representado para pago de consulta médica, en caso de urgencia no se dará aviso, pero si para medicamento. TERCERA. 50% cincuenta por ciento para educación que comprende uniformes, útiles escolares, previo acuerdo de las partes, para inscribir a la menor en la institución educativa que ambos decidan, se le proporcione a su representado, lista de útiles escolares y para compra de uniformes. CUARTA. Para aportar la cantidad de vestido 50% cincuenta por ciento serán dos compras por año, serían 1° de enero y 2ª del mes de junio 50% cincuenta por ciento, previo acuerdo de las partes, previas las necesidades, respecto al rubro de pensión alimenticia. Asimismo la jueza al aprobar el convenio edujo lo siguiente Juez, atendiendo al convenio celebrado por las partes, se aprueba en todas y cada una de sus partes; en cuanto a alimentos sufrirá aumento, custodia y convivencia puede modificarse y en caso de incumplimiento se estará a lo que disponga el Código Familiar; juez, señor Francisco Javier Ortiz Robledo, alguna manifestación, ninguna". (lo resaltado es propio) De manera que es infundado lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violación en relación a que el acuerdo combatido infringe el artículo 451 del Código Familiar para la Entidad, lo anterior así pues de la cláusulas antes transcrita se advierte que el aquí quejoso se obligó al pago de una pensión alimenticia en cantidad fija por la cantidad de $3,080.00 (tres mil ochenta pesos), asimismo, que adicionalmente a ese pago, se obligó a cubrir el 50% cincuenta por ciento atención médica, uniformes, útiles escolares, y vestido seguro de gastos médicos mayores, el pago de colegiaturas, inscripciones, uniformes, útiles, paseos escolares, y en general todo lo relacionado a todas las cuestiones escolares, la cual sufriría aumento según las necesidades de la menor, así como por el trascurso del tiempo; de manera que es correcta la determinación de la jueza responsable, en aumentar la pensión alimenticia, pues la cantidad aludida se pactó en el mes de octubre de dos mil diecinueve, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 451 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, esa cantidad debe incrementarse conforme al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, si bien todos los conceptos a los que se obligó el quejoso en las cláusulas de la primera a la cuarta del convenio aprobado el once de julio de dos mil diecinueve, integran el concepto de alimentos, lo cierto es que, como lo señaló la responsable, por la forma en la que se obligó es procedente la actualización de la cantidad que fijó que convino en ese entonces (2019) de $3,080.00 (tres mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue ajustada a la diversa cantidad de $3,696.00 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional). De ahí que, sea dable que la responsable haya actualizado la cantidad fijada en el dos mil diecinueve (convenida) a la del presente año dos mil veinte, en favor de su menor hija de iniciales M. O. G, conforme al referido artículo 451 del Código Familiar de la Entidad, por concepto de incremento de pensión alimenticia conforme al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México. Aunado a ello, contrario a lo que estimó el solicitante de tutela de derechos fundamentales, respeto de que el incremento de la pensión se hizo conforme al incremento del salario mínimo y no conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, resulta inoperante porque, la referida tasa de precios al consumidor es poco fiable para fungir como parámetro para determinar el costo diario de las necesidades básicas de la menor acreedora alimentaria, como elemento de cuantificación de alimentos provisionales establecido en el multicitado ordinal 451 del Código Familiar. Es así, porque el objeto de dicho índice es cuantificar la elevación que periódicamente sufren en el territorio nacional los bienes y servicios, con el fin de conocer, para efectos tributarios, en qué proporción la moneda nacional pierde su valor adquisitivo con el transcurso del tiempo, o sea, la inflación; no así el de hacer notar las necesidades en cuanto a alimentos de una persona, especialmente de la edad que cuenta en la actualidad su menor (cuatro años). Además, que el Índice de Nacional de Precios al Consumidor, publicado mensualmente en el Diario Oficial de la Federación -por lo que constituye un hecho notorio para quien ahora resuelve-, no se expresa en pesos, sino en un coeficiente, lo que refuerza aún más su poca fiabilidad para fungir como parámetro en la medida indicada. Por tanto es inoperante lo sostenido por la parte quejosa, máxime que conforme al precepto 1062 del reseñado Código Familiar, los acuerdos con el carácter de provisionales, como es en el caso en estudio, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, de ahí que se sostenga de infundados e inoperantes sus agravios. En ese orden de ideas, también resultan de infundados sus agravios señalados como número 2, vamos el porqué. La parte quejosa aduce en particularidad que la medida de protección decretada a favor de la progenitora de su menor hija, en los términos en que le será entregada, se da una modificación a los términos de un convenio celebrado entre las partes mismo que fue en su momento elevado a la calidad de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, por lo que al momento de que manejar una modalidad de ejecución diversa a la contenida en el mismo, va contra de lo contemplado en los numerales 1053 y 1080 del Código Familiar de Michoacán. Aunado que dicha medida dictada dentro de un asunto ya concluido y de la cual al no establecer tiempo por el cual prevalecerá dicha medida de protección que resulta infundada ya que como mencionó, con la tercera Interesada en su momento firmaron un acuerdo reparatorio en el que se daba por pagada de la reparación del daño, así como ambas partes se comprometieron a respetarse, quedando ella plenamente conforme, por lo que el hecho de que con posterioridad acudiera ante la autoridad responsable a solicitar una medida de la cual se desprendió una modificación de convenio, no solamente es un agravio para el suscrito sino además deja claro que la Tercera Interesada seguirá buscando elementos para impedirle convivir plenamente con mi menor hija. Estos argumentos serán analizados en función de la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por juzgar con perspectiva de género? De acuerdo a los artículos 1o. y 4o. Constitucionales toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las normas relativas a los derechos humanos han de interpretarse de conformidad con dicha norma nacional y los tratados referidos, favoreciendo la protección más amplia a las personas, prohibiendo toda discriminación motivada por razón de género, las preferencias sexuales, las condiciones de salud, entre otros aspectos En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, de tal manera que el juzgador debe verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Es importante señalar que juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación a través de la función jurisdiccional, a fin de garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, a fin de que las autoridades estén en posibilidad de impartir justicia con perspectiva de género, tienen que identificar si en el asunto puesto a su conocimiento y resolución existe un estado de vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede presumirse, sino que es imperativo que en autos se adviertan elementos objetivos de los que se actualicen situaciones de poder por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por razón de su sexo, virtud a que el hombre también puede ubicarse en una posición de vulnerabilidad, pues este enfoque permite detectar la existencia de situaciones asimétricas o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género, las orientaciones o preferencias sexuales de las personas. Ahora bien, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que si bien cada instancia y materia tiene sus propias particularidades procesales y sustantivas, es posible hacer una abstracción del proceso mediante el cual se llega a una resolución o sentencia y verificar que, en todas sus etapas, es posible aplicar dicha perspectiva y para ello propone cuatro tópicos dentro de la metodología para juzgar con perspectiva de género, a saber: Determinación de los hechos e interpretación de la prueba; Determinación del derecho aplicable; Argumentación; y, Reparación del daño. Igualmente, aborda las cuestiones previas dentro de las cuales debe considerarse la perspectiva de género, ya que ante el deber de garantía y de debida diligencia, en cuanto se tiene noticia de un caso, quienes juzgan deberán preguntarse si la víctima requiere medidas especiales de protección. Por ejemplo, como una estrategia para evitar daños mayores a la integridad de las mujeres y, en su caso, de los hijos, el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla las órdenes de protección y las define como actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, las autoridades jurisdiccionales pueden dictar "medidas similares" a las órdenes de protección. Por tanto, en cualquier asunto quien juzgue deberá considerar la posibilidad de dictar este tipo de medidas, en las cuales deberá tenerse en cuenta la opinión de la víctima, el tipo de conflicto y gravedad del mismo, los posibles daños a terceras personas, así como cualquier elemento que determine el éxito de la medida. En el caso, de las constancias que remitió la Jueza con su informe justificado, se advierte que en el juicio especial oral de origen, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, entre otras cosas, tuvo por recibido el escrito presentado María Elena Guillén Montelongo, ahora tercera interesada dentro del expediente número 99/2019, en el que atendiendo a los hechos de violencia que refiere ha desplegado el actor ahora quejoso hacia ella exhibiendo para ello, la carpeta de investigación número 1004202007228 iniciada en la Fiscalía General del Estado, y las fotografías que refirió, decretó como medida de prohibición y restricción, a Francisco Javier Ortiz Robledo, para que no se le acerque a la parte demandada María Elena Guillen Montelongo, a una distancia de 100 cien metros, lo anterior con fundamento en las fracciones II y III del artículo 324 del Código Familiar Estatal. Corolario, mediante, acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, la juez responsable tuvo por recibido el escrito que suscribía la apoderada jurídica de la parte demandada aquí tercera interesada, en el que le proporcionó el nombre de la persona que entregará a la menor de iniciales M. O. G, así como el domicilio donde deberán pasar a recogerla el ahora quejoso, lugar donde le será entregada por la abuela materna de la menor. Determinaciones que emitió al considerar que se trata de medidas de protección de emergencia, para preservar la integridad física, psíquica y emocional de María Elena Guillen Montelongo, y su hija de iniciales M. O. G, ante la posible existencia de violencia por razón de género contra la tercera interesada. La anterior determinación no implica pasar por alto la obligación del Estado de propiciar el respeto al derecho fundamental a la igualdad. Se afirma así, porque como ya se explicó en líneas precedentes, el deber de juzgar con perspectiva de género implica proveer las herramientas necesarias para proteger a la solicitante al encontrarse ante un posible escenario de violencia o vulnerabilidad, lo cual de manera alguna implica transgresión de las formalidades esenciales del procedimiento. De ahí que, el acto reclamado fue emitido con base en el escrito presentado por la tercera interesada, el cual fue acordado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, entre otras cosas, tuvo por recibido el escrito presentado María Elena Guillén Montelongo, dentro del expediente número 99/2019, en el que atendiendo a los hechos de violencia que refiere ha desplegado el actor ahora quejoso hacia ella exhibiendo para ello, la carpeta de investigación número 1004202007228 que se sigue en la Fiscalía General del Estado y que si bien es cierto los efectos legales que persigue dicha orden es distinta a las que se decretan en materia familiar virtud a que tutelan diversos bienes jurídicos y situaciones jurídicas diferentes; no menos es cierto que la juez de origen, con base en las atribuciones que le confiere el artículo 843, fracciones I y II, del Código Familiar del Estado de Michoacán y los diversos numerales 61 y 62 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, únicamente cumplió al deber de otorgar, inmediatamente que tuvo conocimiento, las medidas de protección descritas, al tratarse de violencia contra una mujer. Aunado que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda autoridad está constreñida a fundar y motivar sus actos, por lo primero debe entenderse la obligación de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto cuyo origen se encuentra en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones en las cuales la autoridad basa su proceder, precisamente en la disposición legal que afirma aplicable; asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Así, para que la autoridad cumpla la prerrogativa de legalidad que establece el artículo 16 Constitucional en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en primer término, debe citar el precepto legal que sirva de apoyo, y en segundo lugar, expresar los razonamientos que llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Ahora bien, en la especie el análisis del auto reclamado patentiza que, contrario a lo señalado por el quejoso, la determinación de la autoridad responsable, fue correcta y suficientemente fundada y motivada. Se dice así, pues de la lectura de los proveídos de diecisiete de marzo y dieciocho de agosto , ambos de dos mil veinte, se advierte que la juez responsable tomando en consideración el riesgo o peligro existente y la seguridad de la actora, fundamentó su actuar en diversos preceptos tanto en el ámbito local, nacional y convencional, citando el artículo 4o. de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán, los diversos numerales 60, 61, 62 fracción II y 65 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los diversos artículos 60, 62, 63 y 64 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo así como lo estipulado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém do Pará-. Resultando apegado a derecho porque las medidas decretadas por el juez responsable se encuentran encaminadas a cumplir con la obligación que tienen todas las autoridades de prevenir a la familia de agresiones o actos que pongan en riesgo su integridad, dada la protección que merecen los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad de las personas, a la igualdad y al establecimiento de condiciones para el desarrollo personal, reconocidos en los artículos 1o., 4o. y 29 de la Constitución General. A su vez, las razones de la jueza responsable para imponer tales medidas al quejoso, fueron plasmadas en el acto reclamado, y consistieron en que habiendo manifestado la tercera interesada la situación de violencia tanto física como psicológica que vivía y el peligro que puede existir por la situación de desavenencia surgida entre los cónyuges, fue que decretó las medidas cautelares de protección emergente. Luego, si la responsable citó los preceptos legales que resultan aplicables al caso concreto, y expuso la necesidad de decretar dichas medidas en aras de preservar la integridad de la actora, entonces, se estima que contrario a lo referido por el quejoso sí se fundó y motivó la determinación reclamada, es decir, en el acuerdo reclamado se expresaron las razones fácticas y legales que tuvo para emitir las medidas de protección; además de que fue emitida por autoridad competente y se atendió a la situación de vulnerabilidad de la mujer; por tanto, se concluye que las medidas cautelares reclamada, no violan derecho alguno del quejoso, pues el actuar del juez responsable fue legal. En otro contexto, se observa que opuesto a lo que sostiene el quejoso, las medidas de protección y como consecuencia la modificación a las convivencias que alude, emitidas en el proveído dieciocho de agosto de dos mil veinte, reclamado en la presente instancia constitucional, fueron decretadas a la luz de las directrices locales y constitucionales, dado que atendiendo a la finalidad y naturaleza propia de las medidas de protección solicitadas, así como ante la urgencia de asegurar la integridad de la víctima, el derecho a inconformarse con lo ahí decidido surge hasta después de dictada la resolución correspondiente esto es, el afectado puede, si estima que le afecta impugnar la determinación, o bien, controvertir en juicio el derecho de su contraparte, sin perder de vista que esa determinación sólo tiene el carácter de provisional, según se encuentra así dispuesto en la legislación familiar relativa. Efectivamente, las medidas de protección decretadas no entrañan propiamente un acto de privación de aquellos a los que se refiere el artículo 14 constitucional y para los cuales se requiere observar la garantía de audiencia, es decir, no se trata de actos de los que tienen por objeto fundamental sustraer algún derecho del patrimonio del gobernado, respecto de los cuales es necesaria la substanciación de un procedimiento previo a su dictado en el cual se observen las formalidades esenciales que permitan al afectado la defensa oportuna y plena de sus intereses. Por el contrario, se tratan de medidas que tiene por objeto preservar los principios que regulan la institución social de la familia para cuya conservación se hace necesario mantener separados a los cónyuges, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la medida y hasta la fecha en que la jueza deje sin efecto las providencias decretadas ante la falta de presentación de la demanda, denuncia o querella, o bien, hasta la conclusión del juicio correspondiente. Lo anterior, a fin de evitar las consecuencias dañinas que derivarían de la cohabitación de quienes se ven en la necesidad de acudir a un procedimiento judicial para ventilar las diferencias surgidas durante su matrimonio o concubinato, o para dar noticia de la comisión de un delito por su cónyuge o concubino, tanto las que significarían alterar las condiciones personales y familiares en que está planteado el conflicto, como las que podrían causar una lesión aún mayor a la integridad moral de los propios cónyuges o concubinos y de los demás miembros del núcleo familiar, ya expuestos a una situación de riesgo por la sola presentación de la providencia. Por tanto, las medidas de protección referidas, deben dictarse sin audiencia de la contraparte y sin notificación previa a la ejecución, contrario a lo aduce la parte quejosa al señalar que dicha medida se dictó dentro de un asunto ya concluido y de la cual al no establecer tiempo por el cual prevalecerá dicha medida de protección que resulta infundada ya que como mencionó, con la tercera Interesada en su momento firmaron un acuerdo reparatorio en el que se daba por pagada de la reparación del daño, lo cual es incorrecto, pues tan solo se impone una medida de carácter provisional tendente a salvaguardar la integridad moral de los miembros del núcleo familiar y las mejores condiciones que permitan la decisión del conflicto conyugal a ventilarse, cuya eficacia quedará subordinada al curso de dicho juicio y a las defensas que ejerzan los cónyuges en el procedimiento respectivo que, en su caso, llegue a instaurarse. De ahí que se sostenga lo infundado de su concepto de violación en estudio. Análisis oficioso de la convivencia provisional entre la menor de iniciales de iniciales M. O. G, y el quejoso. No irroga perjuicio a Francisco Javier Ortiz Robledo, porque del análisis integral de las constancias que fueron remitidas por el juzgado responsable a las que se les concedió valor probatorio se advierte que la autoridad responsable dentro del juicio Especial Familiar Oral 99/2019, decretó como medida cautelar modificada la convivencia entre la menor y el ahora quejoso de la siguiente manera: ". sábados y domingos alternados, se establece de las 10:00 diez horas a las 19:00 diecinueve horas cada 15 quince días, en la semana que no le corresponda al progenitor se deja abierta para lunes a viernes respecto a las actividades que tenga la menor y que pueda participar su progenitor, menor que será recogida en el domicilio que habita con su progenitora sito el ubicado en la calle Mariano Giménez número 22, colonia Independencia, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán". Menor que va ser entregada por su abuela materna al ahora quejoso. Por lo que, es inconcuso que la parte quejosa tendrá la convivencia con su menor hija, empero ahora modificada, esto es por las consecuencias de la prohibición y restricción ordenada por el Juez de origen con la madre de la menor por actos de violencia que al parecer le ocasionaba el ahora quejoso y que esta evidenciada en la referida carpeta de investigación número 1004202007228, que se lleva en la Fiscaliza General del Estado de Michoacán. Lo que de no haberlo decretado así el Juzgado de origen, para el cumplimiento del régimen de convivencias decretado dentro del juicio especial oral familiar 99/2019, implicaría un perjuicio directo e inmediato al interés superior de la menor de edad, al hacerse nugatorias tales convivencias. Puesto que y como se adelantó, la finalidad de las convivencias no sólo es que los infantes pasen tiempo junto a sus padres, sino que deben llevarse a cabo de forma óptima en cada caso para que los progenitores que no tienen su custodia verdaderamente puedan contribuir de la manera más eficaz al sano desarrollo de los niños, físico, educativo, cultural, emocional, espiritual, etcétera. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales de rubros: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO PUEDE QUEDAR SUJETO A LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PACTÓ EN EL CONVENIO DE DIVORCIO O HASTA QUE SE ESTABLEZCA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU DETERMINACIÓN DEBE OBEDECER A UNA PONDERACIÓN JUDICIAL PRUDENTE." En esas condiciones, por los fundamentos y motivos establecidos en este fallo, esta operadora jurídica considera que los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa resultan inoperantes en una parte e infundados en otra, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja como se precisó con anterioridad; consecuentemente, se deberá NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso Francisco Javier Ortiz Robledo. PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo que promovió Francisco Javier Ortiz Robledo, por propio derecho, contra los actos reclamados y las precisiones contenidos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Javier Ortiz Robledo, contra el acto reclamado a la autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes, por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver en definitiva, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 334/2020, promovido por Francisco Javier Ortiz Robledo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Francisco Javier Ortiz Robledo, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva contra el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se formó por duplicado y separado el presente incidente de suspensión, el cual quedó registrado bajo el número 334/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 138 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda de amparo se advierte que la parte promovente del amparo reclama lo siguiente: ". 1.- El auto con fecha 18 dieciocho de agosto del año 2020 dos mil veinte, dictado dentro del Juicio especial Familiar Oral registrado bajo el número 99/2019, dictado por la Autoridad señalada como responsable que lo es la Juez Tercero de lo Familiar de este distrito judicial de Uruapan, auto que me causa agravio por los siguientes dos aspectos: La modificación de los términos en que deberá ser entregada mi menor hija los días en que me corresponda la convivencia familiar, lo cual va en contra de lo acordado en audiencia de juicio y elevado a la categoría de cosa juzgada; esto sin que mediara ningún procedimiento de modificación de convenio de por medio, violentando con ello los derechos constitucionales y procesales del suscrito. La actualización de la pensión alimenticia, que fuera convenida dentro del juicio referido por el monto de $3,080.20 (TRES MIL OCHENTA PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), misma que actualizó la Autoridad responsable a la cantidad de $3,696.60 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), supuestamente en base al Incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. 2.- El auto de fecha 27 veintisiete de agosto del año 2020 dos mil veinte dictado dentro del Juicio especial Familiar Oral registrado bajo el número 99/2019, dictado por la Autoridad señalada como responsable que lo es la Juez Tercero de lo Familiar de este distrito judicial de Uruapan, dentro del cual se ordena realizarle al suscrito el requerimiento de pago del complemento del monto de pensión alimenticia." TERCERO. EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA MEDIDA. Se solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban antes de los actos que dieron origen a la presentación de esta demanda. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto, pues la autoridad responsable Juez Tercero de Primer Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley aceptó su existencia. QUINTO. NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Respecto de la suspensión definitiva y por técnica jurídica, abordaremos la presente de la siguiente manera. Respecto de los actos precisados en el número 1, inciso b) y número 2, sobre los que se solicita la suspensión definitiva. En principio, debe establecerse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor literal: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Del contenido de los preceptos transcritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva, el juzgador de amparo debe atender a los siguientes requisitos: 1) que lo solicite el agraviado; 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Bajo tales premisas y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene efectuar algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por alimentos, su naturaleza jurídica, los elementos que abarca, características y demás aspectos relacionados. La doctrina define el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca; esto es, que dicho derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales. Lo anterior tiene como base que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos se funda en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Esto es así, dado que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual, como ya quedó anotado, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. El legislador ordinario reguló los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso en contra de la voluntad del propio titular y le otorgó las características de ser personalísimo, irrenunciable, imprescriptible e intransferible. Ante tales circunstancias, por lo que hace a actos reclamados precisados en el punto 1, inciso a) y punto 2, procede negar la suspensión definitiva solicitada, ya que a dichos actos les reviste el carácter de consumados y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal; en virtud de que la naturaleza del amparo es esencialmente restitutoria y, su efecto en el supuesto de concederse la protección de la Justicia Federal, sería el de reponer a la parte quejosa en el goce de su garantía violada, por lo que es evidente que no se pueden volver las cosas al estado en que se encontraban, porque ello es materia del fondo de la sentencia definitiva que se emita en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número II.3º. J/37, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 51 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, Materia Común, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora, por lo que hace a las consecuencias jurídicas derivadas de dichos actos reclamados (punto 1, inciso a) y punto 2), de igual manera se niega al promovente del amparo la suspensión definitiva que solicita, pues de lo contrario, implicaría la suspensión del pago de obligaciones alimenticias, el cual es de orden público, en virtud de estar por encima de los intereses de un particular; se sostiene la premisa que antecede, ya que interesa a la sociedad colectivamente que el procedimiento continúe, por ende, se puede afectar el derecho a la jurisdicción pronta y expedita, tal y como lo establece nuestra carta magna. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción número 522, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 343 del Apéndice de 1995, tomo VI, parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, que dispone: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Puesto que el interés social está vinculado con la administración de las pensiones alimenticias, porque responden a una necesidad imperiosa e inaplazable, que tiende a la satisfacción urgente y actual de la subsistencia, y que expondría a las personas que tienen ese derecho a demoras que causarían daños y perjuicios de difícil reparación, de concederse la suspensión del acto reclamado, dado que en la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia. Además, se puntualiza que la institución de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda vivir con decoro y pueda atender a sus necesidades primordiales. De ahí que, al contravenir el orden público las consecuencias de los actos en estudio, como se anticipó, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 26, tomo IV, Parte SCJN, Apéndice de 1995, que establece: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Asimismo, se invoca la tesis I.5OC.71 C, aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1052 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia Civil, que dispone: "ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUMENTO DE LA PENSIÓN. En virtud de que al decretarse el aumento de la pensión alimenticia que reclama la recurrente, se tuvo en cuenta que la pensión concedida a la acreedora era insuficiente, resulta inconcuso que de concederse la suspensión al aumento decretado, se causarían perjuicios irreparables a dicha acreedora, por su incapacidad para cubrir sus necesidades con la primera pensión que se le fijó, independientemente de que se controvertirían disposiciones de orden público que establecen el pago de alimentos suficientes para sufragar las necesidades de los acreedores, y se afectaría el interés social, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no procede la suspensión." Sin que al quejoso le favorezca la apariencia del buen derecho y peligro en la demora respecto del acto reclamado, toda vez que no pueden estar por encima sus intereses personales a los que tiene la sociedad, en relación con el pago de alimentos que a todo gobernado le interesa se realicen, toda vez que se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de lo dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 215245 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XII, Agosto de 1993 Pág. 331 Tesis Aislada (Civil) "ALIMENTOS. NEGATIVA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE. De la lectura de las jurisprudencias cuyos rubros versan: "ALIMENTOS IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE" Y "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE PENSIONES CAIDAS", consultables en las páginas 236, 237 y 261, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes; se advierte que, si los actos reclamados cuya suspensión se solicita se refiere al pago de alimentos decretados por resolución judicial de manera provisional, y al cual el inconforme ha sido omiso en cumplir voluntariamente, la suspensión solicitada, resulta improcedente de conformidad con la primera de las tesis citadas, la que resulta aplicable por tratar esta lo relativo a pensiones alimenticias actuales que los acreedores no han recibido, en contravención a disposiciones de orden público; y no la segunda de las tesis mencionadas, porque esta se refiere a pensiones caídas, es decir, los alimentos que el acreedor alimentario dejó de recibir durante el tiempo anterior a la presentación de la demanda respectiva." Consecuentemente, por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, no se justifica que se conceda a favor de la parte quejosa la medida cautelar en la forma solicitada, pues como se dijo, la suspensión de los actos reclamados procede concederla siempre y cuando con ella no se afecte el interés social y el orden público, y en el caso, hasta el momento no se justifica tal requisito. Por otra parte, abordaremos lo concerniente al punto número 1, inciso a), relativo a la modificación de los términos en que deberá ser entregada la menor de edad en los días que le corresponde la convivencia familiar, con el ahora quejoso; acto reclamado que del mismo modo resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada; veamos el porqué. Lo anterior es así, en virtud que de concederse la suspensión definitiva del acto reclamado en análisis, se afectaría a la menor en su entorno emocional que actualmente guarda, ya que podría tener como consecuencia una afectación mayor, ya que del análisis sistemático de libelo de garantías y escrito aclaratorio, se advierte que el juez de origen atendiendo a los hechos de violencia que refirió ha desplegado el actor ahora quejoso hacia María Elena Guillen Montelongo -madre de la menor, ahora tercera interesada- la cual exhibió la carpeta de investigación número 1004202007228, que se lleva en la Fiscaliza General del Estado, por lo que estableció una medida de prohibición y restricción concedida a favor de la referida Guillen Montelongo, emitida el diecisiete de agosto del año en curso, dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado. Por tanto, de mantener las convivencias como estaban ordenadas, a las ahora estipuladas de la menor con el aquí quejoso, como se adelantó, le pudiera causar una afectación, en su estado emocional y social, derivado de la referida medida de prohibición y restricción que cuenta su madre con el multicitado quejoso. Además a que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional. Como lo es el caso de la Declaración de los Derechos del niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la cual, en sus principios 2 y 9, párrafo primero, disponen: "Principio 2, el niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad .Al promulgar leyes con este fin, la consideración final a que se atenderá será el interés superior del niño. Principio 9 El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata". Por lo que no es dable conceder la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia: Tesis: VII.1o.C. J/7 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014766 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 44, Julio de 2017, Tomo II Pag. 962 Jurisprudencia (Común) SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO ÉSTA SE DECRETE Y EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN EL REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE MENORES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE FIJAR, COMO MEDIDA DE EFICACIA, UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EN TANTO DURE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE DICHA MEDIDA NO RESULTE PERJUDICIAL PARA EL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y tercero, establece: 'En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. ...El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.'. Atento a ello y a que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse tomando en consideración el principio básico del interés superior de la niñez, quienes, entre otros, tienen el derecho de convivir con sus padres, como lo disponen los artículos 9, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) y 346, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Veracruz;(2) en el supuesto de que en el juicio de amparo se decrete la suspensión definitiva del acto reclamado, con relación a las consecuencias que pudieran derivarse del requerimiento de la entrega de los menores, el Juez de Distrito debe fijar como medida de eficacia, en términos del artículo 147 citado, un régimen de convivencia con el progenitor no custodio, para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, siempre y cuando no se cause un perjuicio a éstos, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Máxime, que la negativa de la medida cautelar solicitada, no irroga perjuicio a Francisco Javier Ortiz Robledo, porque del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se advierte que la autoridad responsable dentro del juicio Especial Familiar Oral 99/2019, decretó como medida cautelar modificar la convivencia entre la menor y el ahora quejoso de la siguiente manera: ". sábados y domingos alternados, se establece de las 10:00 diez horas a las 19:00 diecinueve horas cada 15 quince días, en la semana que no le corresponda al progenitor se deja abierta para lunes a viernes respecto a las actividades que tenga la menor y que pueda participar su progenitor, menor que será recogida en el domicilio que habita con su progenitora sito el ubicado en la calle Mariano Giménez número 22, colonia Independencia, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán". Menor que va ser entregada por su abuela materna al ahora quejoso. Por lo que, es inconcuso que la parte quejosa tendrá la convivencia con su menor hija, empero ahora modificada, esto por las consecuencias de la prohibición y restricción ordenada por el Juez de origen con la madre de la menor por actos de violencia que al parecer le ocasionaba el ahora quejoso y que esta evidenciada en la carpeta de investigación número 1004202007228, que se lleva en la Fiscaliza General del Estado. Lo que, de no haberlo decretado así el Juzgado de origen, para el cumplimiento del régimen de convivencias dentro del juicio especial oral familiar 99/2019, implicaría un perjuicio directo e inmediato al interés superior de la menor de edad, al hacerse nugatorias tales convivencias. Puesto que y como se adelantó, la finalidad de las convivencias no sólo es que los infantes pasen tiempo junto a sus padres, sino que deben llevarse a cabo de forma óptima en cada caso para que los progenitores que no tienen su custodia verdaderamente puedan contribuir de la manera más eficaz al sano desarrollo de los niños, físico, educativo, cultural, emocional, espiritual, etcétera. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: Tesis: III.1o.C.29 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011271 31 de 90 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Pag. 1775 Tesis Aislada (Constitucional, Civil) RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO PUEDE QUEDAR SUJETO A LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PACTÓ EN EL CONVENIO DE DIVORCIO O HASTA QUE SE ESTABLEZCA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Si la Sala responsable no resolvió el tema relativo al régimen de convivencia de los menores con sus padres, y sólo señaló que quedara sujeto a la forma y términos en que se pactó en el convenio de divorcio y que, de no hacerlo, se estableciera en ejecución de sentencia, ello es ilegal, pues ante el conflicto de ambas partes (progenitores) la convivencia debe resolverse por la responsable por ser de estudio oficioso y atento al interés superior del menor. En ese tenor, la convivencia amerita una relación a efecto de salvaguardar los derechos del menor, para restaurar la relación filial, es decir, su derecho a convivir con sus progenitores, que es de alto interés, porque para el sano desarrollo emocional y formación de su personalidad es necesario que los menores tengan relación con aquéllos, de conformidad con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) que establece el derecho de los niños de convivir con sus padres, el cual debe protegerse y procurarse a menos de que haya evidencia de que se ponga en riesgo su seguridad. Así, también la jurisprudencia: Tesis: VI.2o.C. J/16 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008896 35 de 90 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 17, Abril de 2015, Tomo II Pag. 1651 Jurisprudencia (Constitucional Civil) VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. De igual forma la tesis: Tesis: 1a. CCCVII/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004775 45 de 90 Primera Sala Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Pag. 1064 Tesis Aislada (Constitucional, Civil) RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Finalmente la jurisprudencia: Tesis: I.5o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161775 60 de 90 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 1036 Jurisprudencia (Civil) RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU DETERMINACIÓN DEBE OBEDECER A UNA PONDERACIÓN JUDICIAL PRUDENTE. La autoridad judicial debe ser prudente y tener buen cuidado para determinar cuál es el régimen de visitas y convivencias más conveniente para el menor, y no forzar situaciones en torno a las convivencias que en ocasiones no es posible resolver sin previa asistencia profesional, ya que una propuesta precipitada puede provocar daños en aquél o un mayor rechazo hacia los progenitores, y por ello traer resultados contraproducentes a la convivencia y a las relaciones humanas. De ahí que se sostenga negar la suspensión definitiva solicitada de los actos reclamados, por los motivos antes expuestos. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 138, 139, 140 y relativos de la Ley de Amparo se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Francisco Javier Ortiz Robledo, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    En dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Secretario da cuenta con la circunstancia de que se encuentra fijada esta fecha para celebración de la audiencia incidental así como con el estado que guarda el presente incidente de suspensión. Conste.Uruapan, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos se advierte que no se cuenta con el informe previo de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Asimismo, toda vez que después de revisar el incidente de suspensión en que se actúa, se desprende que no le fue enviado el oficio respectivo a la citada responsable a efecto de que rinda su informe de ley; por tanto, mediante el comunicado respectivo, remítase copia de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, así como del proveído en que se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado, a efecto de que esté en condiciones de imponerse de su contenido y pueda rendir su informe de ley, en los términos ordenados. DIFIERE AUDIENCIA. Para dar oportunidad a que la mencionada responsable rinda su informe, se difiere la audiencia incidental prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. NOTIFÍQUESE; por oficio a la autoridad responsable de que se trata.

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