Francisco Javier Ortiz Flores
Expediente 148/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Javier Ortiz Flores
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del amparo en revisión civil 52/2021; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 148/2020 y un anexo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue revocada por la Superioridad, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Ortiz Flores, contra el acto y autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria. En virtud de lo anterior, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que, en un principio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, como se encuentra ordenado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, devuélvanse las documentales que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y en cumplimiento al artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, así como al punto 16 de la circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de febrero de dos mil veintiuno, se levanta la suspensión de los plazos procesales y se reanuda el procedimiento en el presente asunto desde el punto en que quedó pausado. Por otra parte, agréguese a los autos el sobre devuelto por la Oficina Postal de Correos de esta ciudad, que contiene el oficio 755-D dirigido al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con la leyenda "cerrado por pandemia"; asimismo, de autos se advierte que no obra constancia de notificación respecto al oficio 754-D dirigido a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ambos oficios relativos al proveído de once de noviembre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la tercero interesada. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena reenviar los oficios de referencia a los domicilios correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada, mediante el cual señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de Distrito y autoriza a diversas personas para tales efectos; asimismo, interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. Por otra parte, una vez notificado el presente acuerdo, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente y una vez que esté debidamente integrado el expediente en que se actúa, remítanse los autos junto con el original y copia del mencionado escrito de expresión de agravios al tribunal colegiado correspondiente, para la tramitación del citado recurso. Además, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el señalado y por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada la sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 148/2020, de su índice. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido a este juzgado en esa misma fecha; Francisco Javier Ortiz Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- H. Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, como Autoridad ordenadora (.) y C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos (.) como autoridad ejecutora. (.) ACTO RECLAMADO.- Sentencia Interlocutoria de fecha 13 de diciembre de 2019 y publicada en el boletín Judicial de fecha 15 de enero de 2020, dictada por la H. Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Toca No. 433/2019-7, que confirmó la sentencia interlocutoria de fecha veinte de septiembre del año próximo pasado, dictada por la segunda de las autoridades señaladas como responsables, C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el expediente No. 58/2018-2ª". 2. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, este Juzgado admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia civil, en el que se reclama un acto de un tribunal judicial que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado y con ejecución material en dicha jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado, a saber: La ejecutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca de apelación 433/2019-7, interpuesta por el ahora quejoso; a través de la cual confirmó la interlocutoria de veinte de septiembre del mismo año, dictada por la Juez Segunda Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el incidente de ejecución forzosa promovido por Araceli Díaz Estrada contra el aquí quejoso en la que condenó a dicho quejoso al pago de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias; lo anterior deriva del juicio especial de divorcio incausado 58/2018, del índice del referido juzgado, promovido por la citada Díaz Estrada, contra el mencionado quejoso. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados pues, al rendir su informe justificado, tanto la Sala como la Juez responsable los aceptaron, además remitieron las constancias que lo apoyan, entre las que se encuentra la copia certificada de la propia ejecutoria reclamada. Constancias a las que se les confiere valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 136, 197, 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La promoción del presente juicio es oportuna, pues la parte quejosa, fue notificada del acto reclamado, mediante boletín judicial, el quince de enero de dos mil veinte (foja 27 del anexo I) y, acorde al artículo 142, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, surtió efectos en el momento en que se practicó. Así, el plazo de quince días para promover el juicio de garantías, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comprendió del dieciséis de enero al cinco de febrero de esa anualidad, sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero y uno y dos de febrero del mismo año, por ser inhábiles al ser sábados y domingos, acorde al artículo 19 de la Ley de Amparo, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, ésta fue promovida oportunamente. V. Procedencia del juicio de amparo. El presente juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo relativo a la procedencia del juicio de amparo contra actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que ocurre en la especie, dado que el acto reclamado es una ejecutoria emitida durante la substanciación de un juicio que confirma una interlocutoria en la que un tribunal judicial condena al ahora quejoso al pago de alimentos. Así, como las partes en esta instancia constitucional no hacen valer causas de improcedencia, ni este juzgado las advierte de oficio, tal y como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Un concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, para los efectos que se señalarán en el considerando siguiente. Para una mejor comprensión del presente fallo, se contextualizan los antecedentes jurídicamente relevantes del incidente de ejecución forzosa de origen. 1).- Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil diecinueve, Araceli Diaz Estrada promovió, en contra del ahora quejoso, incidente de ejecución forzosa; dentro del juicio especial de divorcio incausado 58/2018, del índice del juzgado responsable, promovido por la citada Díaz Estrada, contra el mencionado quejoso. En dicho incidente esencialmente señaló como pretensiones las siguientes: i).- El pago de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de "pensiones alimenticias" incompletas y atrasadas en favor de sus hijos menores de edad América Evelin y Francisco Javier, ambos de apellidos Ortíz Díaz; en virtud de la cláusula quinta del convenio celebrado entre ella y el ahora quejoso el diez de julio de dos mil dieciocho, aprobado mediante resolución de siete de agosto siguiente, por el Juzgado responsable y ii).- el pago de $23,650.00 (veintitrés mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de "gastos escolares" de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta del convenio de referencia. 2).- Una vez concluida la substanciación del citado incidente, fue resuelto mediante interlocutoria de veinte de septiembre del mismo año, en la que esencialmente se condenó a dicho quejoso sólo al pago de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias y se determinó que no había lugar a realizar condena alguna por cuanto al concepto de "gastos escolares", dejando a salvo los derechos de la promovente para que los haga valer. Esta resolución el emitir dicha condena -pago de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias- sostiene: i).- que el ahora quejoso no acreditó haber cumplido en suministrar la pensión alimenticia reclamada porque, se limitó a señalar que es falso que adeude la cantidad que se le reclama por concepto de pensiones alimenticias incompletas y atrasadas, que las ha cubierto puntualmente y que enseguida describió dichos pagos; lo que a juicio de la ahora responsable constituyen simples manifestaciones unilaterales y ii).- que los recibos de pago de inscripción y colegiaturas del Colegio Oaxtepec, exhibidos por el ahora quejoso, son insuficientes para acreditar el cumplimiento de la cláusula sexta del convenio base de la acción -referente a gastos escolares- porque de la mayoría de ellos no se aprecia el nombre del alumno, aunado a que si bien ha realizado diversos pagos, estos fueron hechos voluntariamente sin que en el citado convenio se aprecie su obligatoriedad, como lo son los relativos al concepto de gastos escolares. Finalmente, al realizar el citado estudio, la interlocutoria de que se habla también se dice que en dicho fallo se realizará el estudio respecto a la cláusula sexta del multireferido convenio relativa a los gastos escolares; lo cual se realiza más adelante en dicho fallo, en el sentido de absolver al quejoso de esa pretensión que se le reclama. 3).- Inconforme con esa interlocutoria, el ahora quejoso interpuso, mediante escrito presentado el treinta del citado mes y año, apelación y el veintidós de octubre siguiente exhibió sus agravios, en los que se duele de la omisión y/o falta de valoración del convenio celebrado con su contraparte y de los documentos que acompañó a su escrito de contestación de incidente -especialmente a los recibos de pagos de inscripción y colegiaturas expedidos por el Colegio Oaxtepec en favor de su hijo el menor de edad Francisco Javier Ortiz Díaz-, dado que con ellos dice que sí acreditó el pago de inscripción y colegiaturas en cita pues sí están a nombre de su hijo, además de que no los realizó por voluntad propia, pues de no pagar se pondría en riesgo la educación de su hijo; asimismo sostiene que su contraparte no desmiente el hecho de que él ha cubierto la inscripción y colegiaturas multicitadas, que no se le concede valor probatorio a su manifestación en el sentido de que no pagó las pensiones alimenticias de julio y agosto de dos mil diecinueve porque sus hijos se fueron a vivir con él. Finalmente concluye señalando que los referidos pagos que realizó se le deben tomar en cuenta para justificar que cumplió con su obligación alimentaria porque el pago de los gastos escolares que realizó le correspondía a su contraparte; es decir, que prefirió realizar dicho pago en lugar de la pensión alimentaria para no poner en riesgo la educación de su hijo. 4).- Del referido recurso tocó conocer a la Sala aquí responsable y mediante ejecutoria de trece de diciembre del año multicitado confirmó la interlocutoria apelada, esencialmente por lo siguiente: i) que no obsta que el apelante argumente que ante la falta de cumplimiento de obligaciones de su contraparte para con los menores de edad acreedores alimentarios, pagó los gastos escolares de su hijo, pues la obligación que tiene se contiene en una sentencia ejecutoriada que debe ser cumplida ii).- que la valoración de las pruebas realizada por el juez de origen fue apegada a derecho pues de la totalidad de los recibos que exhibió, la mayoría no tiene el nombre del alumno; además, de que una sentencia ejecutoriada debe ser cumplida a cabalidad y contrario a lo que afirma el apelante aquí quejoso, no justificó haber cumplido con la pensión alimenticia pactada; iii).- que con los mensajes de WhatsApp que en impresiones acompañó el ahora quejoso no se justifica que los menores de edad hayan vivido con él porque no se puede tener por cierto que el contenido de la conversación es del demandado con la actora o que pertenezca a otra persona y no se encuentran corroborados con otra prueba; y iv).- que no está acreditado que haya cumplido a cabalidad con la pensión alimenticia pactada ni que su contraparte haya incurrido en irresponsabilidad por no pagar gastos escolares y que él los haya tenido que cubrir, pues los medios probatorios son insuficientes. Dicha ejecutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio y en su contra el quejoso aduce fundamentalmente que la Sala responsable, al reasumir jurisdicción, realizó una indebida valoración de las pruebas que a su vez valoró indebidamente el juez de origen, mismas que anexó a su escrito de contestación del incidente de origen, concretamente los recibos de los que dice se advierte que realizó el pago de la inscripción, colegiaturas, libros y demás gastos escolares de su hijo en el Colegio Oaxtepec, cuya obligación era de su contraparte. Lo anterior es fundado porque la sentencia reclamada es violatoria del derecho a la debida fundamentación y motivación en cuanto a la valoración de pruebas previsto en el artículo 16 Constitucional, dado que, para la aprobación del incidente de ejecución forzosa de origen debió tomar en cuenta los montos relativos a los recibos de inscripción y colegiaturas, libros y demás gastos escolares de su hijo en el Colegio Oaxtepec que exhibió el quejoso como anexos a su escrito de contestación y que se encuentren a nombre de su hijo, por el hecho de que el concepto de alimentos incluye a los gastos escolares y era la incidentista la obligada a realizar dichos pagos en cuanto al hijo de ambos. Se explica. El derecho a la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad contemplado en el artículo 16 constitucional implica que la fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto, de los artículos 181, 404 y 410, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se obtiene que entre los requisitos que debe tener una sentencia se encuentran la exposición de los fundamentos y motivos de la valoración de las pruebas; lo cual se realiza conforme al sistema de valoración de la sana crítica, de acuerdo al cual los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto, racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que dicho código ordena. Así, la valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción. Y en casos dudosos, el Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante el procedimiento. Así, la indebida fundamentación y motivación en cuanto a la valoración de pruebas constituye una violación de fondo que conduce a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por su parte, el artículo 43 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, señala que los alimentos comprenden la casa, la comida, el vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Es decir, en lo que interesa, los gastos escolares forman parte del derecho a recibir alimentos. En concordancia con el precepto a que se alude, es de tomar en cuenta las cláusulas quinta y sexta del convenio de diez de julio de dos mil dieciocho, celebrado entre la parte actora del incidente de origen y al ahora quejoso, el cual fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada mediante resolución de siete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el juez de origen; cláusulas de acuerdo a las cuales en la quinta se acordó el pago mensual de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N), a cargo del ahora quejoso a favor de sus dos menores hijos por concepto de pensión alimenticia y en la sexta se estableció que el ahora quejoso cubriría los gastos escolares de su hija mientras que la actora incidentista los de su hijo. Así, aunque del citado convenio se advierte la existencia de dos cláusulas, de ellas se advierte que ambas están encaminadas al pago de los alimentos, pues como se dijo, los gastos escolares comprenden el concepto de alimentos. Luego, si se acredita que el deudor alimentista pagó el concepto de gastos escolares que le correspondían a su contraparte, esto es los relativos a su hijo, lo razonable es considerar que deban tomársele en cuenta como pago de la pensión alimenticia a la que está obligado a pagar. En el caso, el quejoso a fin de justificar que ha cumplido con su obligación de pagar la pensión alimenticia a que está obligado, allegó a los autos del incidente de origen diversos recibos de pago por concepto de inscripción y colegiaturas de su hijo ante el Colegio Oaxtepec; los cuales, valorados conforme al sistema de valoración de la sana critica, es de darles valor probatorio pleno, habida cuenta que fueron exhibidos en original, no fueron objetados por su contraparte, pero además porque es razonable considerar que dichos pagos fueron hechos por el quejoso ante la omisión de su exesposa de pagar ese concepto al que se obligó en el convenio del que se ha venido hablando. En tal virtud, los recibos que están a nombre del hijo del quejoso -relativos a la inscripción primaria y las colegiaturas de los meses de agosto y noviembre de dos mil dieciocho, A.P.F. (Asociación de Padres de Familia) parte proporcional de uniformes escolares, material y seguro escolar, inscripción secundaria y Ortog Sec-, deben tomársele en cuanta al ahora quejoso como parte de su cumplimiento del pago de pensión. Ahora bien, el juez responsable, al pronunciarse sobre las pruebas que el ahora quejoso adjuntó a su escrito de contestación del incidente de origen, valoró indebidamente los recibos de pago que al mismo adjuntó, pues al respecto, se limitó a señalar que de la mayoría de ellos no se aprecia el nombre del alumno, pero sin analizarlos individualmente para ver de cuales sí se aprecia el nombre del alumno y tomarlos en cuenta como pago de la pensión alimenticia reclamada; lo que se ve en la siguiente trascripción de la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil diecinueve: "Así mismo, si bien exhibe diversos recibos de pago expedidos por el Colegio Oaxtepec por concepto de pagos de inscripción y colegiaturas, los mismos no son suficientes para acreditar el cumplimiento de la cláusula sexta del convenio celebrado, lo atención en atención a que si bien manifiesta que ha cubierto mensualidades de su menor hijo para evitar poner en riesgo los estudios del mismo debido a la irresponsabilidad de la parte actora incidentista, además que ha cubierto de oportunamente los gastos de su menor hija; sin embargo, de la mayoría de los recibos no se aprecia el nombre del alumno aunado a que si bien ha realizado pagos en favor de su menos hijo, también cierto es que lo hace de mutuo propio en atención a que del convenio no se advierte que se haya obligado a realizar dichos pagos por concepto de gastos escolares. No obstante lo anterior, en el cuerpo de la sentencia se realizará el estudio respecto a la cláusula sexta relativa a los gastos escolares". Por su parte, la Sala responsable, al contestar el agravio de apelación del quejoso en el sentido de que no se habían valorado sus pruebas relativas a los citados recibos, básicamente en los mismos términos que el juez de origen, pues al efecto señaló que la valoración de las pruebas realizada por el juez de origen fue apegada a derecho pues de la totalidad de los recibos que exhibió, la mayoría no tiene el nombre del alumno; es decir, tampoco analizó individualmente dichos recibos para ver de cuales sí se aprecia el nombre del alumno y tomarlos en cuenta como pago de la pensión alimenticia reclamada, sino que se limitó a reafirmar lo dicho por el citado juez; lo que se puede evidenciar de la transcripción del acto reclamado que se realiza enseguida: "En lo que se refiere a su queja que hace consistir en que la juez de origen no valoró las documentales en las que funda sus excepciones, también resulta infundado, atento a que al ser analizadas las documentales en cuestión, la juez refiere que de la totalidad de los recibos que exhibe el demandado incidental, la mayoría no tiene el nombre del alumno, por ello se estima que no se encuentran corroboradas con otra probanza, valoración que se ajusta a derecho; además debe reiterarse que la sentencia ejecutoriada, debe ser cumplida a cabalidad, es decir, que si se pactó el pago de la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos) mensuales por concepto de pensión alimenticia, que deberían ser depositados en la cuanta que se señaló, así debe ser cumplida por el deudor alimentario, sin embargo, el demandado incidental no justificó haber cumplido con la pensión alimenticia pactada". En consecuencia, ante la indebida valoración de las pruebas que adjuntó el quejoso a su escrito de contestación del incidente de origen, es que el concepto de violación en estudio resulta fundado. Por lo anteriormente expuesto, ante lo fundado del concepto de violación en estudio, lo procedente es conceder el amparo solicitado. VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión consiste en que: la Sala del Tercer Circuito Judicial del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos realice lo siguiente: Deje insubsistente la ejecutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, emita otra en la que, reasuma jurisdicción y realice el estudio de la valoración de las pruebas que adjuntó el ahora quejoso a su escrito de contestación de incidente de ejecución forzosa, para lo cual deberá otorgar valor probatorio a los recibos que están a nombre de su hijo -relativos a la inscripción primaria y las colegiaturas de los meses de agosto y noviembre de dos mil dieciocho, A.P.F. (Asociación de Padres de Familia), parte proporcional de uniformes escolares, material y seguro escolar, inscripción secundaria y Ortog Sec-, cuya suma de pagos que reflejan, deben tomársele en cuenta al ahora quejoso como parte de su cumplimiento del pago de pensión alimenticia a la que está obligado. Así con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier Ortiz Flores, contra el acto reclamado precisado en el II considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, hoy catorce de octubre de dos mil veinte, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Francisco Javier Ojeda Cabrera1026/2022
- Francisco Javier Olivares Medrano805/2017
- Francisco Javier Ortega Said921/2017
- Francisco Javier Ortega Said1088/2019
- Francisco Javier Ortega Said527/2020
- Francisco Javier Ortega Said68/2019
- Francisco Javier Quiroz Zamora2866/2014
- Francisco Javier Rabadan Campuzano1327/2022
- Francisco Javier Ramirez Bahena549/2021
- Francisco Javier Ramirez Erazo1985/2017
- Francisco Javier Rebollar Benitez95/2022
- Francisco Javier Rebollar Benitez1247/2021