Francisco Javier Orozco Vazquez
Expediente 755/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Javier Orozco Vazquez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintidós de octubre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que ha causado estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil veinte. 1. Radicación. Vista la demanda promovida por Adolfo Gámez Estrada, defensor particular de Francisco Javier Orozco Vázquez, contra el acto del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 755/2020- VI. 2. Desechamiento de la demanda. El suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."1 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2 Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye la negativa emitida el veinte de octubre de dos mil veinte por el Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, para acceder a la petición de entrevista con diversos testigos formulada el seis y siete de octubre del año en curso. En virtud de lo anterior, el suscrito considera que en relación con la omisión reclamada, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Acorde a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el carácter de autoridad responsable lo tiene quien dicta, ordena, 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En contraste, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales3, normatividad que regula dicho proceso penal, establece que el Ministerio Público es parte dentro de éste a partir de que solicita al juez de control señalar fecha y hora para la audiencia inicial. Asimismo, el artículo 122 Bis4 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y diversos 3, fracción XI5, 6, fracción XII6, y 10, fracción I7, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la institución del Ministerio Público puede ser representada por uno o varios Agentes Fiscales. Luego, tal institución al actuar como parte procesal reconocida dentro del proceso penal incoado en contra del directo quejoso Adolfo Gámez Estrada, y respecto de cual, incluso se ha afirmado en el escrito de demanda ".en la fase inicial de la audiencia intermedia se solicitó su diferimiento para realizar los actos de investigación con los testigos que he referido, lo cual se concedió y se señaló nueva fecha de audiencia intermedia para las 9:00 nueve horas del día 18 de noviembre de 2020", su actuación aquí reclamada consistente en la negativa emitida el veinte de octubre de dos mil veinte por el Agente del Ministerio Público adscrita 3 "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". 4 "ARTÍCULO 122 BIS. En San Luis Potosí todas las personas tienen derecho a la justicia penal, y el Estado deberá garantizar el acceso efectivo a ella. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión. La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado. [.]". 5 ARTÍCULO 3º. Definiciones. Para efectos de la interpretación de este ordenamiento, se entiende por: [.] XI. Fiscal General: el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; [.]". 6 "ARTÍCULO 6º. Principios Rectores. Son principios rectores de la actuación de la Fiscalía General, los siguientes: [.] XII. Jerarquía: la Fiscalía General constituye una estructura jerarquizada en la que cada superior controla y conduce el desempeño de quienes le asisten y es responsable por la gestión de los servidores públicos a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades en que cada uno de ellos pueda incurrir por sus propios actos. El superior jerárquico posee facultad de atracción respecto de los asuntos en conocimiento de sus subordinados y goza de las mismas atribuciones, aunque no le estén expresamente encomendadas. Los superiores jerárquicos no podrán dar órdenes ilegales o que retarden u obstaculicen la dirección funcional de la investigación o el ejercicio de la acción penal; [.]". 7 "ARTÍCULO 10. Finalidad y Forma de Organización. La estructura orgánica de la Fiscalía General estará orientada a optimizar la conducción jurídica de la investigación y ejercicio de la acción penal, así como cumplir con la misión institucional. Para cumplir con las funciones que establece el marco normativo nacional, la Fiscalía General se estructurará en los siguientes órganos permanentes de dirección, estratégicos y tácticos operativos: I. Órgano de Dirección: El Fiscal General será el órgano de dirección institucional de conformidad con lo previsto en la Constitución y la presente Ley; [.]". a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, para acceder a la petición de entrevista con diversos testigos formulada el seis y siete de octubre del año en curso, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuenta habida que su actuar se encuentra supeditado a la decisión del Juez de Control, quien es el rector del procedimiento. Tan es así, que la parte quejosa señaló que el catorce de octubre de la presente anualidad: ".elevó la petición al Centro de Justicia del Sistema Penal Acusatorio, por medio del correo electrónico cjpslp@ stjslp.gob.mx...". Y al respecto, el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IV y los diversos 113, fracción IX y 126, del Código Nacional de Procedimientos Penales,8 contemplan la posibilidad de el imputado o su defensa, acudan ante el Juez de Control a solicitar el auxilio para entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista, y en caso de considerarse fundada la solicitud, se expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que se establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Bajo esa tesitura, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II. Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley en cita Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3o.P.75 P (10a), de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo 8 "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; [.]" "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; [.]" "Artículo 126. Entrevista con otras personas Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el Defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El Órgano jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que aquélla establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de protección." III, página 2278, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. 3. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados de la parte quejosa. Respecto a su petición de que se autorice consultar el expediente electrónico a través del usuario "fitogamez"; dígase al promovente que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta; realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Por otro lado, no ha lugar a tener al quejoso por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, señaló que la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso que quisiera ser notificado por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que el propio quejoso solicitó a este órgano de control constitucional, le fueran practicadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerlo por señalando domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Incluso deviene pertinente destacar que de tener al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones a la propia parte quejosa, ordenándolas tanto vía electrónica como en su domicilio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte quejosa a designar como único medio para oír y recibir notificaciones personales el domicilio que indica, en cuyo caso deberá solicitar que quede sin efectos la designación que hizo previamente para recibirlas vía electrónica. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué por medio de lista (previa razón asentada como soporte), en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. 5. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngasele como correo electrónico y número el que proporciona la parte quejosa, a fin de que, de estimarse necesario, se establezca contacto con dicha parte procesal, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dicho medio electrónico se le realicen notificaciones. 6. Diversas determinaciones. Hágase del conocimiento de las partes que: Desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 8. Identidad de expedientes físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. 9. Datos personales. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y vía electrónica al promovente.
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