Francisco Javier Ojeda Cabrera

Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
871/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Ojeda Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintitrés. ... Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO AUTO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma, al que anexa copia certificada de las constancias de donde emana el acto reclamado. De conformidad con el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable; a las personas que indica en su informe de cuenta y por señalado el domicilio que refiere siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Asimismo, con fundamento en lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad responsable, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. La parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado "LA OMISIÓN DE EJECUTAR EL LAUDO EN BREVE TÉRMINO", en acuerdo de veintidós de junio del dos mil veintitrés, se le previno a la parte quejosa para que concretizara el acto que pretende reclamar en el presente juicio, toda vez que lo señaló en forma genérica, por lo que en escritos de folios ******************** y ******************** la parte quejosa desahogó la prevención formulada en autos y al respecto se advirtió que lo que reclamaba era la omisión de acordar la promoción que presentó el veintiséis de agosto de dos mil veinte -folio ********************-, en la que solicitó se ejecutara el laudo dictado en el expediente laboral ******************** del índice la autoridad responsable. Lo expuesto aunado a que no podría tenerse como acto reclamado la omisión genérica de ejecutar el laudo en cuestión, porque de ser el caso, se actualizaría de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme a las jurisprudencias PC.I.L. J/10 L (10a.) y PC.VII.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con registros 2010025 y 2019185, de rubros "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO" y "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO," y tal como lo han sostenido el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, el primero en las quejas 229/2018 y 88/2020, y el segundo en las quejas 237/2016 y 182/2019 y el amparo en revisión 49/2020, en las que respecto de omisiones en ese sentido, sostuvo que se actualizaban de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia en mencionada. En ese sentido si en este juicio el acto reclamado consiste en la omisión de la junta responsable en acordar el escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, registrado con folio ******************** en los autos del juicio laboral ********************, y el once de agosto de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo respectivo, mismo que le fue notificado a la parte actora -aquí quejosa-, el ocho se septiembre del mismo año, es inconcuso que la omisión atribuida a la autoridad responsable es inexistente, puesto que antes de la presentación de la demanda, la junta responsable ya había subsanado dicha omisión tal como quedó acreditado con las constancias mencionadas. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo. Y se dice que dicha causal se actualiza de forma indudable y manifiesta, porque basta con observar las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haberse expedido por autoridad en uso de sus facultades legales, para concluir sin lugar a dudas, que el escrito de la parte quejosa fue acordado. No pasa inadvertido para este juzgado federal, que por regla general no procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia bajo el la causa relativa a la inexistencia de los actos reclamados, como se desprende, entre otras, de la tesis aislada VI.2o.A.6 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO POR LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, DERIVADA DE SU NEGATIVA VERTIDA EN LOS INFORMES JUSTIFICADOS", en este caso no opera tal restricción, toda vez que, como se dijo, la inexistencia se soporta con las documentales remitidas por la autoridad responsable, que tienen valor probatorio pleno; y la limitación en comento tiene como propósito que cuando la autoridad niega lisa y llanamente el acto al rendir su respectivo informe justificado, el quejoso pueda aportar los medios que estime necesarios hasta antes de la audiencia constitucional, para desvirtuar esa negativa. Sin que se inadvierta que en el acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno dictado en el juicio de origen, se haya determinado que se acordaría lo conducente respecto a la petición de la aquí parte quejosa una vez que fuera resuelto el incidente que allí se mencionó, no obstante, aunado a que tal proveído no constituye el acto reclamado -en tanto que el mismo fue hecho del conocimiento de la parte quejosa sin que lo impugnara dentro del término establecido para tal efecto-, por lo que no sería dable analizar la legalidad de tal determinación. Además, se advierte de las constancias que remite la responsable a su informe de cuenta que el diez de julio del año en curso, dictó auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral generador del acto reclamado, se comisionó al actuario para que llevara a cabo la reinstalación de la parte actora y se lo notificó a dicha parte -aquí quejosa- el trece de julio de dos mil veintitrés, de allí que actualmente ya se resolvió lo solicitado por la promoción la aquí parte quejosa en la que solicitó se dictará auto de requerimiento de pago y embargo. Por tal motivo, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese, el escrito de ******************** en su carácter de quejoso mediante el cual subsana la prevención formulada en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés; por tanto, se provee como sigue: 2). Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. 3). Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. 4). Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. 5). Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"[1] emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte del quejoso no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte del quejoso. Aunado a lo anterior, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo del juicio laboral, en la que se condenó a la parte demandada, a la cual no se le debe reconocer el carácter de tercero interesado, porque se debe evitar que el juicio de amparo se constituya en un medio que permita al destinatario de la ejecución del laudo tomar conocimiento de que se promovió el procedimiento de ejecución en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar la eficacia de la ejecución solicitada. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.)[2], de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014)". 6). Incidente de suspensión. No se ordena formar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 7). Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. 8). Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. 9). Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 10). Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitidas y desahogadas las pruebas que la quejosa ofreció y anexó a su escrito mediante el que desahoga prevención, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 11). Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 12). Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 13). Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. 14). De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 15). Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese y cúmplase.

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