Francisco Javier Ochoa Sarabia
Expediente 228/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Javier Ochoa Sarabia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia dictada el ocho de junio dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de junio de dos mil dieciséis, estando en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante la licenciada Martha Rosa Hernández Barboza Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y con las demás constancias de autos. Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar y certifica que la parte quejosa ofreció en su escrito de demanda pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana (fojas 2 a la 5). A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló el pedimento 142/2016, (fojas 37 a la 41). A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y en vista de que las demás partes no expresaron alegatos, se cierra dicho período. En razón de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Visto para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 228/2016 promovido por¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ FRANCISCO JAVIER OCHOA SARABIA y GERARDO OCHOA SARABIA, contra actos del 1) Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Concordia, Sinaloa, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 103, 107 y 123 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda y contenido. El ocho de abril de dos mil dieciséis, FRANCISCO JAVIER OCHOA SARABIA y GERARDO OCHOA SARABIA, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, presentaron demanda de garantías solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 14 y 16 misma que fue turnada a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa al día siguiente, contra actos de las autoridades responsables 1) Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Concordia, Sinaloa; 2) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, 3) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 4) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 5) Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 6) Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 7) Comandante de la Policía Ministerial del Estado (cuya denominación correcta es Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado), sede en esta ciudad; 8) Comandante de la Policía Ministerial, con sede en Concordia, Sinaloa; 9) Comandante de Seguridad Pública (cuya denominación correcta es Secretario de Seguridad Pública Municipal), con sede en esta ciudad; y 10) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en Concordia, Sinaloa, por el acto que será precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Por auto de doce de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 6 a la 9); se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se pidió a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 76, de la Ley de Amparo vigente, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso y exhaustivo examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente: "La orden de aprehensión o detención librada en su contra, así como su ejecución." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, 74, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados al 1) Juez de Primera Instancia, con sede en Concordia, Sinaloa; 2) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, 3) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 4) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 5) Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 6) Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; 7) Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado, sede en esta ciudad; 9) Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad; y 10) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en Concordia, Sinaloa. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esos actos que se les atribuyen y, al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º (fojas 36, 18, 19, 20, 24, 21, 22, 28 y 31). Aunado al valor referido, los quejosos no aportaron prueba que desvirtuara el contenido de dicha documental; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. Sobre el particular tiene aplicación, la tesis VI.2º.A.4K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 903, tomo XV, febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos reclamados al 8) Comandante de la Policía Ministerial, con sede en Concordia, Sinaloa, no obstante que haya sido omiso en rendir su informe justificado aun cuando estaba debidamente notificado para tal efecto, según se advierte de la constancia de notificación que consta agregada en autos a foja 34; sin embargo, no procede tener por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dado que las autoridades 1) Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Concordia, Sinaloa; 2) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, 3) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, 4) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal y 5) Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal y 6) Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados, por ende, al tener ésta el carácter de ejecutora no puede llevar a cabo actos inexistentes. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia número 177, visible en el Tomo IX-Febrero, página 73, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se les atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que no pudieron ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Así como la tesis consultable en la página 146, del Tomo I, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Es verdad que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación; sin embargo, tal disposición no tiene aplicación en el caso de que la autoridad ordenadora niegue el acto que se le atribuye y que la omisa sea sólo ejecutora, siempre que no se reclamen a esta última tales actos por vicios propios, porque es incuestionable que no puede cumplir una orden inexistente." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee en el presente juicio de garantías. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por FRANCISCO JAVIER OCHOA SARABIA y GERARDO OCHOA SARABIA, respecto de los actos de autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
ÚNICO.- SE NIEGA A LOS QUEJOSOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDDES RESPONSABLES. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no existe constancia de que se hubiere notificado el oficio 21700/2016 a la autoridad responsable Policía Ministerial con Destacamento en Concordia, Sinaloa, mediante el cual se le solicita rinda su informe previo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental programada para el día de hoy, SE DIFIERE, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Data que se fija, en virtud de que se trata de una autoridad que tiene su residencia fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, y con el objeto además, de dar tiempo a que rinda su informe previo y evitar diferimientos de audiencia sucesivos por tal motivo. NOTIFÍQUESE.
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