Francisco Javier Ochoa Colli
Expediente 810/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Francisco Javier Ochoa Colli
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
:Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la partes consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en la carátula del expediente y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depurarse, al haberse concedido el amparo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Pleno de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, la documental que exhibió en este asunto (un tomo de prueba), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a las partes a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la vista concedida en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, la cual solo fue desahogada por la parte quejosa mediante promoción con registro interno 5198; en consecuencia, este órgano constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en su segundo punto resolutivo se precisó que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedidos al quejoso Francisco Javier Ochoa Collí, era para efecto que la autoridad responsable Pleno de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 325/18-20-01-3, de su estadística; y, b) En su lugar, emitiera una nueva en la que reiterara aquello por lo que no se concedió el amparo, particularmente lo que fue materia de los conceptos de violación declarados infundados, pero previamente valorara la totalidad de las pruebas existentes en el expediente de origen, los recibos de pago de pensión y en caso de estimarlo necesario requiriera al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, a efecto de que remitiera las constancias que acreditaran haber efectuado el pago de la pensión con los incrementos calculados. 2. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable precisada en el numeral 1 que antecede. 3. Por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la promoción con número de control interno 4069, por la cual el Pleno de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, informó las gestiones verificadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en lo conducente, transcribió el acuerdo dictado el uno de marzo de dos mil veintidós, en autos del juicio de nulidad 325/18-20-01-3 de su estadística, del cual se advirtió -en esencia- que i) dejó insubsistente la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el citado juicio de nulidad, y ii) ordenó emitir una nueva determinación, a efecto de acatar los diversos efectos de la sentencia de amparo, descritos en el inciso b), de la sentencia de amparo (ver numeral 1 de este acuerdo). En atención a lo solicitado por la autoridad oficiante, se concedió una prórroga para efecto de acatar el fallo protector en su totalidad. 4. Mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la promoción con número de registro interno 4426 (con anexo certificado), por la cual el Pleno de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió fotocopia certificada de la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, emitida en el juicio de nulidad 325/18-20-01-3 de su índice; al respecto, se ordenó poner a la vista de las partes dicha constancia, así como las diversas remitidas en cumplimiento a la sentencia de amparo, a fin de que las partes manifestaran lo que a su derecho correspondiera, lo cual únicamente realizó la parte quejosa a través de la promoción con registro interno 5198. Ahora, de las constancias remitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (promociones con registro interno 4069 y 4426 con anexos), a las que se concede valor probatorio pleno en término de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Pleno de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en autos del juicio de nulidad 325/18-20-01-3 de su índice, realizó lo siguiente: A. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, i) dejó insubsistente la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el citado juicio de nulidad, y ii) ordenó emitir una nueva determinación, a efecto de acatar los diversos efectos de la sentencia de amparo. B. El dos de marzo de dos mil veintidós, dictó una nueva resolución interlocutoria, en autos del juicio de nulidad de origen, en la que reiteró aquello por lo que no se concedió el amparo, particularmente lo que fue materia de los conceptos de violación declarados infundados, y previa valoración de la totalidad de las pruebas existentes en el citado expediente, incluidos los recibos de pago de pensión, resolvió procedente pero infundada la queja interpuesta por la actora (aquí quejoso). En ese contexto, se tiene que dicha situación deja cumplimentada para todos los efectos la sentencia de amparo concedida, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa transgresión, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, de las manifestaciones que la parte quejosa formuló mediante promoción con registro interno 5198, se advierte la pretensión de estimar que la autoridad responsable -en esencia- no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues a su parecer, la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de origen, i) no se emitió debidamente fundada y motivada, toda vez que se realizó una valoración inadecuada de las pruebas que obran en dicho expediente de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y ii) se emitió sin requerir al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, que remitiera las constancias que acreditaran haber efectuado el pago de la pensión con los incrementos calculados. Con todo, deben desestimarse los planteamientos que la parte quejosa postula en el escrito en estudio, pues como se precisó en el numeral 1 de este acuerdo, la protección constitucional se concedió para efecto que la sala responsable realizara lo siguiente: i) Dejara insubsistente la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad de origen; y, ii) En su lugar, emitiera una nueva resolución en la que reiterara aquello por lo que no se concedió el amparo, particularmente lo que fue materia de los conceptos de violación declarados infundados, pero previamente valorara la totalidad de las pruebas existentes en el expediente de origen, incluidos los recibos de pagos de pensión, y en caso de estimarlo necesario requiriera al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, a efecto de que remitiera las constancias que acreditaran haber efectuado el pago de la pensión con los incrementos calculados. Luego, como se vio en líneas anteriores, la sala responsable acató los efectos del fallo protector, pues 1) por proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el citado juicio de nulidad, y 2) mediante resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, dictad en el juicio de origen, reiteró aquello por lo que no se concedió el amparo, particularmente lo que fue materia de los conceptos de violación declarados infundados, y previa valoración de la totalidad de las pruebas existentes en el citado expediente, incluidos los recibos de pago de pensión, resolvió procedente pero infundada la queja interpuesta por la actora (aquí quejoso). Al respecto, es dable precisar que en los efectos del fallo protector en estudio, como se destacó en líneas anteriores, no se establecieron lineamientos de cómo debían valorarse las pruebas que obran en el juicio de nulidad de origen, al emitir la nueva resolución interlocutoria, y tampoco se indicó que la sala responsable tenía que requerir al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, a efecto que remitiera las constancias que acreditaran haber efectuado el pago de la pensión con los incrementos calculados. En otras palabras, los efectos de la sentencia de amparo se ciñeron a establecer que en la nueva resolución que la sala responsable emitiera, debía valorar la totalidad del caudal probatorio que obrara en el juicio de origen, sin que se delimitara la forma en que debería llevar a cabo dicha valoración, esto es, se dejó libertad de jurisdicción en relación con dicha valoración; y, que en caso de estimarlo necesario requiriera al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, a efecto que remitiera las constancias que acreditaran haber efectuado el pago de la pensión con los incrementos calculados, sin que se indicara que previamente a emitir la resolución en comento, tenía que requerir esas constancias, es decir, también se dejó libertad de jurisdicción respecto al requerimiento de constancias. De ahí que deban desestimarse los planteamientos que postula la parte quejosa, toda vez que se limitan a controvertir el fondo de la nueva resolución que emitió la sala responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, particularmente, en relación con los fundamentos y motivos que sustentaron la valoración del caudal probatorio del juicio de origen, lo cual escapa de los efectos para los que se concedió la protección constitucional en este asunto. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia de amparo fue cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, este juzgado de distrito tiene por cumplido el fallo protector. Ahora, con apoyo en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa y tercera interesa por el término de quince días, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo de referencia, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentido el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, ordenándose el archivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento vía oficio de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por el quejoso Francisco Javier Ochoa Colli; visto su contenido, se le tiene realizando manifestaciones en relación con la vista que se le dio en proveído de quince de marzo pasado, relativa al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, lo cual será tomado en consideración una vez que fenezca el término de tres días concedido a las partes en el auto de referencia.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Pleno de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite fotocopia certificada de la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio de nulidad 325/18-20-01-3 de su índice, en la que, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, resolvió procedente pero infundada la queja interpuesta por la actora (aquí quejoso). Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes quejosa y autoridad tercera interesada por el plazo de tres días, la promoción de cuenta y anexo, así como las diversas remitidas en cumplimiento de la sentencia de amparo, para que en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que para el supuesto de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente. Sustenta lo anterior, por no contravenir a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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