Francisco Javier Nader Carrete
Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/09/2022
Partes del expediente
- Francisco Javier Nader Carrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós Se acuerdan promociones. Agréguese a los autos la copia autorizada del proveído dictado en el cuaderno varios 1/2022, a la que se adjunta el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por medio del cual comunica la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo y ordenó remitir los autos a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por lo que esté Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, ténganse por recibido los oficios de cuenta signados por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, entre otras cosas, informa que en auto de uno de julio de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento del amparo en revisión 228/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual tiene relación con el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, informa que admitió a trámite y registró con el número de expediente 911/2022; de lo cual se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo solicitado por el Tribunal de alzada en los oficios de cuenta, con copia del mismo notifíquese a las autoridades responsables, el proveído de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión 911/2022, de su índice, hecho lo anterior, remítasele las constancias de notificación del presente auto, sin ulterior acuerdo. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así también, como lo solicita el citado Tribunal se COMISIONA al personal encargado del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", hacer los ajustes necesarios a efecto de hacer disponible el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de los oficios de la autoridad Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Anáhuac, por los que informó el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración que el análisis del cumplimiento de las ejecutorias es de orden público este órgano jurisdiccional procede a resolver si la sentencia de amparo fue acatada puntualmente, con base en los elementos existentes en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000 de la Novena Época, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, página 243 la cual establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Así, el ocho de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 192 de la Ley de la materia, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la referida ejecutoria. En el fallo protector se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: " (.) No obstante, contrario a lo señalado en la sentencia en revisión, el vicio de constitucionalidad únicamente trasciende al sistema integrado por el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que la concesión del amparo debe modificarse para recaer únicamente en esa porción normativo, al ser en la que recae el vicio de constitucionalidad, y no respecto del artículo primero del citado precepto como originalmente lo concedió la a quo. (.) En ese sentido, al quedar evidenciada la ineficacia de los argumentos de la revisión adhesiva, lo que se impone es conceder el amparo para los efectos antes precisados, es decir, para para que el cálculo y entero del impuesto predial en dos mil veinte y hasta en tanto no sea reformado el precepto declarado inconstitucional, la parte quejosa aplique el veinticinco por ciento - 25%- de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser éste el último porcentaje de descuento previsto en el acuerdo administrativo reclamado. Además, por virtud de la concesión del amparo, la autoridad administrativa está obligada a devolverle las diferencias que resulten a su favor al aplicarse el descuento respectivo a la contribución pagada. Los efectos de la concesión se orientan en los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos que dieron origen a la jurisprudencia que sirvió de base para el análisis de constitucionalidad en este asunto, los cuales quedaron reflejados, a su vez, en la diversa jurisprudencia 2a./J.226/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 283, de contenido: PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). La concesión del amparo contra el indicado precepto que viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por efecto que, hasta en tanto no sea reformado, el contribuyente aplique el 10% Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 305/2020 J.A. de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser éste el último porcentaje efectivo de descuento previsto en la tabla del artículo 152, fracción II, punto 2, del Código Financiero del Distrito Federal, siempre que el inmueble sea de uso habitacional (o si es de uso mixto, dicho porcentajes aplicará a la parte proporcional que corresponda al uso habitacional, en términos de los párrafos penúltimo y último del citado precepto) y se ubique en alguno de los rangos del "K" al "P" de la tarifa contenida en la fracción I de ese precepto; además, la autoridad fiscal está obligada a devolver las diferencias que resulten a favor del contribuyente al aplicarse el descuento señalado. Atento a ello, la autoridad vinculada directamente al cumplimiento, mediante oficio recibido en el juzgado de origen el veintiuno de julio de dos mil veintiuno informó que la cantidad a devolver a la parte quejosa asciende a $23,144.01 (veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional), por lo que se dio vista a la parte quejosa, quien a pesar de estar debidamente notificada no realizó manifestación alguna. Asimismo, mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la autoridad vinculada al cumplimiento a efecto de que devolviera la cantidad aquí informada, por lo que el uno y siete de julio de dos mil veintidós por la autoridad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, adjuntando diversas constancias, entre las que se encuentra, el diverso SAF/TCDMX/SAT/AT/ANA/1217/2022, de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el aviso de pago disponible para su cobro en la red de sucursal de BBVA-Bancomer con número de convenio 001166921, referencia 000010356616002022, concepto Francisco Javier Nader Carrete, por el importe de 23,144.01 (veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional), así como su acta de notificación y entrega del citado documento crediticio. En ese sentido, el catorce de julio de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna al respecto. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se aprecia que la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Anáhuac, realizó lo siguiente: Realizó el cálculo correspondiente al impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a cargo del quejoso Francisco Javier Nader Carrete, respecto del inmueble de uso habitacional que tributa bajo el número de cuenta 033-235-05-087-0, aplicando la cuota fija reducida, establecida en el rango ''D'' del inciso a), del artículo segundo del "Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el pago del Impuesto Predial, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve". Devolvió a la parte quejosa la cantidad de $23,144.01 (veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional), con motivo del cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, tomando en consideración las constancias remitidas por la autoridad responsable, aunado al hecho de que la quejosa no realizó manifestación alguna al respecto, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la sentencia en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto, con lo cual se restituyó a la quejosa en el goce de su derecho violado. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Fundamento: Artículos 192, 193 y 196 de la ley de Amparo, así como la Jurisprudencia P./J. 87/2010, con número de registro163808, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.) con registro 2023104, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Acuerdo de promociones Vistos los oficios de cuenta, signados por el Subtesorero de Administración Tributaria de la Ciudad de México y por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Anáhuac, a través de los cuales en atención al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, informan el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta, de cuyo contenido se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento formulado a las autoridades responsables en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora, con la copia de los oficios de cuenta 12438 y 12713, con sus anexos (ambos de idéntico contenido), dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del contenido del oficio de cuenta, en el que se informa el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En la inteligencia que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, con los datos aportados por la autoridad y con las constancias que obren en el expediente. Fundamento: Artículos 196 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Acuerdo de promoción Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Anáhuac, a través del cual, realiza diversas manifestaciones, respecto al cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; atento a ello, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio en mención, toda vez que, mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se proveyó lo conducente, respecto de un diverso de similar contenido. Fundamento: Artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Notifíquese.
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