Francisco Javier Muñoz Hernández
Expediente 1263/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 1 actuación registrada, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Javier Muñoz Hernández
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Desechamiento. Visto el escrito aclaratorio de cuenta y la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Muñoz Hernández, contra el acto atribuido a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que el motivo de reclamo es improcedente, lo anterior con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente. Del escrito de demanda que se atiende, se advierte que el promovente, en esencia, hizo consistir el acto que reclama en: La omisión de dictar acuerdo admisorio de pruebas dentro del juicio laboral 1712/2022. Respecto, de dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXIII de la citada legislación, por las razones que a continuación se expondrán: El citado artículo 61, fracción XXIII, consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la lectura de este último precepto legal, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que produzcan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad ni la propiedad. Luego, como se estableció anteriormente, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de dictar acuerdo admisorio de pruebas, toda vez que el treinta de junio de dos mil veintitrés en el expediente 1712/2022, la Junta responsable se reservó el derecho de dictar auto de admisión o desechamiento de pruebas. En el caso, no puede considerarse que el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación o causen afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que sólo incide en cuestiones de carácter procesal. Por su parte, de los numerales 880 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez que se celebre la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, concluida dicha audiencia, resolverá sobre las pruebas; asimismo, se podrá reservar para resolver respecto los medios de convicción ofertados, los cinco días siguientes. No pasa inadvertido que a la Ley Federal del Trabajo le han surgido algunas modificaciones en las que se reforman, adicionan y derogan algunos artículos, por ejemplo en su capítulo transitorio se desprende lo siguiente: "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes. Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto." Por lo tanto para el caso son aplicables los artículos invocados con anterioridad. En ese contexto el acto en reclamo relativo a la omisión de dictar auto de admisión o desechamiento de las pruebas, no deja sin defensa al promovente, ni puede verse de forma autónoma sino que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo; lo anterior es así, en razón de que el treinta de junio pasado, la autoridad responsable llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que al tomar en consideración el término legal para que se resuelva respecto la procedencia de las mismas -cinco días-, se colige que a la fecha de presentación de la demanda constitucional -dieciocho de agosto- habían transcurrido únicamente treinta días naturales, a partir de la fecha en la que la autoridad responsable debió realizar la actuación respectiva -siete de julio de dos mil veintitrés- Así, queda de manifiesto que el quejoso se duele exclusivamente de una afectación intraprocesal cometida por una autoridad dentro de un juicio laboral, ya que no ha transcurrido un plazo del que se advierta una afectación real al quejoso. Plazo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, contempló en cuarenta y cinco días naturales, después de que concluyó el que legalmente debió pronunciarse el acto procesal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, del tenor literal: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter Adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así como la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2019400, Segunda Sala, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II. Pág. 1643, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1134, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con este órgano, el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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