Francisco Javier Muñoz Domínguez
Expediente 1114/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Javier Muñoz Domínguez
- Tercera Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es conservable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo ***. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ***, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado el día siguiente. El quejoso demando el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Tercera Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó: La resolución de fecha 28 de octubre de 2022, dentro del Toca 242/2022, la cual se emitió con resolución en contra del suscrito, misma que fue dictada por la autoridad señalada como responsable, en donde: La Sala determinó que no le asiste la razón al SUSCRITO y lo procedente es confirmar la resolución interlocutoria emitida por el JUEZ PRIMERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA, el 23 de agosto de 2022, en virtud de lo infundado e inoperante de los agravios hechos valer en esta alzada y lo motivo en el apartado de "ESTUDIO DE FONDO". SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a la tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y escrito aclaratorio, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Toca 242/2022, del índice de la Tercera Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, en la cual se emitió determinó confirmar la resolución interlocutoria emitida por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la Tercera Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, toda vez que la Magistrada de dicha Sala, manifestó que ahí se tramitó el toca 242/2022, deducido del expediente 96/2022, promovido por la aquí tercero interesada *** en contra del aquí quejoso ***, relativo al juicio oral ordinario civil del índice del Juzgado Primero Civil por audiencias del Distrito Judicial Galeana, y el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se confirmó la resolución interlocutoria emitida por el citado órgano jurisdiccional, el veintitrés de agosto del mismo año. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el toca 242/2022 del índice de la Sala responsable, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Cuestiones previas para resolver el asunto. De los autos y constancias que conforman el sumario se desprende lo siguiente: El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante el Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, compareció ***, y promovió medios preparatorios a juicio, en contra del suscrito ***, solicitando se notificara una confesional a su cargo, con el propósito de que absolviera posiciones en relación a un supuesto contrato verbal de arrendamiento, el cual según lo expuesto por la parte actora le fue notificada la terminación del mismo por falta de pago, mediante diligencia de jurisdicción voluntaria. El tres de mayo de dos mil veintidós, se realizó un emplazamiento, el cual refiere es contrario a derecho, sin embargo, recibió los documentos entregados por el oficial notificador y ejecutor para el distrito judicial galeana, los cuales indica carecían de sello de cotejado, y no contaban con certificación. Dicha notificación se realizó en el domicilio del aquí quejoso, precisando que el auto de radicación de cuatro de abril de dos mil veintidós, se estableció que el domicilio era el laboral. Mediante escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, compareció al tribunal, interponiendo incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones, el cual fue admitido el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la contraparte, por el término de tres días, sin que se hubiese desahogado la misma; por lo que, en auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, citándose a las partes para la resolución interlocutoria, misma que se emitió el veintitrés del citado mes y año, determinándose lo siguiente: ".ÚNICO.- No ha procedido el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y/O NOTIFICACIONES promovido por [***]." Por conducto del licenciado ***, representante legal del aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el tribunal de alzada, se dio vista a la parte actora (aquí tercero interesada), quien dio contestación, se formó el Toca 242/2022 en la Sala responsable, una vez realizado el trámite correspondiente, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se emitió la resolución que en esta vía se combate. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su demanda, sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, a pág. 830; que se transcribe a continuación: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los de conformar la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Determinado lo anterior, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los argumentos vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". En primer lugar hay que precisar que el quejoso en su escrito aclaratorio manifestó que el acto que reclama es la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Toca 242/2022, del índice de la Sala responsable, en la cual confirmo la resolución interlocutoria emitida por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el veintitrés de agosto del mismo año, por lo que, se procederá a analizar únicamente los conceptos de violación relacionados con el acto que aquí se combate, ello en virtud de que no opera la suplencia de la queja. El quejoso expone como concepto de violación que la Sala responsable, refiere que los documentos que le fueron entregados cuentan con validez dado que se encuentran visibles a fojas 27 y 28, del expediente 96/2022 del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias para el Distrito Judicial Galeana; asimismo, indica que fueron ofrecidas por sus abogados en el incidente de nulidad de actuaciones; sin embargo, precisa que dichos documentos carecen de sellos de cotejo y de certificación alguna, destacando la Sala que en el expediente original sí, está certificado, sellado y cotejado, no obstante, lo que el quejoso trata de decir es que los entregados al momento de notificarle no tenían certificación alguna, por lo que considera que se le dejó en estado de indefensión, y se violentó su derecho de acceso a la justicia. Para esta juzgadora, se considera infundado el concepto de violación, expuesto por el quejoso, dado que la determinación emitida por la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional, en esta ciudad, se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contrario a lo que manifiesta el quejoso lo que promovió la aquí tercero interesada fueron unos medios preparatorios a través de la confesional del quejoso ***, de que se realizó un contrato de arrendamiento de manera verbal, notificándole su terminación a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, ello en el expediente 477/21, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ahora bien, contrario a lo manifestado por el quejoso que no se le corrió traslado por el término de tres días, con la finalidad de que pudiera repreguntar en el desahogo de la probanza, esto es, debido a que como ya se dijo en el párrafo que antecede fue la confesional y no una testimonial la que solicitó la parte actora como medio preparatorio, tal y como se establece en el artículo 197 del Código de Procedimientos Civiles: ARTÍCULO 197. Cuando se pretenda la desocupación por falta de pago de rentas y no existiere contrato de arrendamiento escrito, puede justificarse su existencia mediante confesional, información testimonial, prueba documental o cualesquier otra que sea bastante. Del citado precepto, no se desprende que deba correrse traslado como refiere el quejoso por el término de tres días, aunado a que como ya se dijo se trata de una prueba confesional, a la cual fue citado en hora y fecha determinada sin que se hubiere presentado a la misma. Por otra parte, si el quejoso se duele que se le dejo en estado de indefensión, cabe indicar que en primer término se le notificó la terminación del contrato de arrendamiento a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria mismas que se encuentran en el expediente 477/21, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por lo que ya sabía de la terminación de dicho contrato verbal, y, si hubiese asistido a absolver posiciones a las once horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, tal y como le fue notificado, pudiera haber tenido oportunidad de hacer las manifestaciones que a su derecho convinieran para su defensa. Asimismo, el impetrante de garantías refiere que la documentación que le dejaron carece de sellos de cotejo y de certificación alguna; sin embargo, como bien lo indicó la Sala en su resolución, el quejoso personalmente atendió la diligencia de tres de mayo de dos mil veintidós, en la que se le citó a absolver posiciones y se le dejo copia del acuerdo que ordenó la notificación, situación que confirmó en el primero de los antecedentes de su incidente de nulidad "Según se desprende del único documento que me fue entregado por el Oficial Notificador adscrito a este H, Tribunal", y, tal y como lo precisó la responsable adquiere el valor de una confesión judicial expresa, de conformidad con el artículo 344 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua que a la letra dice: ARTÍCULO 344. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba. Por lo que, nunca se le dejó en estado de indefensión ya que tuvo conocimiento de la hora y fecha señaladas para el desahogo de la confesional, así como que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, se identificó y le hizo saber el motivo de la diligencia, quien tiene fe pública, por ende, la Sala responsable tuvo a bien, confirmar la determinación del Juez de primera instancia, ello, al haber dado contestación a cada uno de los puntos expuestos por el quejoso, fundando y motivando su resolución. Por lo anterior, la formalidad de fundar y motivar el acto de molestia es requisito esencial de aquél, pues la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que los preceptos legales citados en el propio acto, establezcan la situación concreta para la cual sea procedente su realización y de que las razones expuestas sean aptas para concluir que el acto se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Entonces, para respetar el derecho de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución General de la República, resulta necesario que en el mandamiento escrito que contenga el acto de autoridad, se invoquen las normas legales que prevén el supuesto concreto para el cual sea procedente realizar el acto de autoridad y se expongan las razones tomadas en cuenta para dicho efecto, de no ser así, el gobernado queda en estado de indefensión, porque ignoraría los dispositivos jurídicos y los motivos en que se apoyó la autoridad para dictar ese acto y, en consecuencia, si está o no apegado a derecho. Considerar lo contrario, pugnaría con el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, lo cual resulta inadmisible desde cualquier perspectiva porque tal derecho no tiene excepción alguna, pues toda autoridad al dictar un acto de molestia, debe fundarlo y motivarlo, lo que se itera, constituye las exigencias de tal artículo constitucional. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 35 del Volumen 80 Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 238367, que es del tenor literal que sigue: FUNDAMENTACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD. Cuando el artículo 16 de nuestra Ley Suprema previene que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades, no que simplemente se apeguen, según su criterio personal íntimo, a una ley, sin que se conozca de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias autoridades, pues esto ni remotamente constituiría garantía para el particular; por lo contrario, lo que dicho artículo les está exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos haciendo ver que no son arbitrarios. Forma de justificación tanto más necesaria, cuanto que, dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo promovido por Francisco ***, contra la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil veintitrés. Escrito tercera interesada Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la tercero interesada *******, mediante el cual formula alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Señalan domicilio y autorizados Ahora bien, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, así como en dichos términos a las personas que refiere en su ocurso, ello de conformidad con lo establecido por los artículos 24 y 27 de la legislación en cita. Asimismo, se tiene a la tercero interesada autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de la materia a la licenciada *******, en virtud de que se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Notificación por lista tercera Vista la certificación de cuenta y de la constancia de emplazamiento, realizada por el Juez Primero Civil por Audiencias del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a la tercera interesada *******, se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, quedó debidamente notificada del auto de cinco de junio del año en curso, por el cual, se le requirió señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, sin que hiciera manifestación al respecto, por lo que de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista las notificaciones posteriores, aun las de carácter personal a la tercera interesada, hasta en tanto no señale domicilio. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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