Francisco Javier Moreno Gutiérrez

Expediente 953/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
953/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Francisco Javier Moreno Gutiérrez
  • Titular del Juzgado Noveno Penal de Primera Instancia en el Estado de Querétaro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se desprende . . . se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO . . . archívese este asunto como total y legalmente concluido . . .

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 14/07/2017, QUE CONTIENE EL AUTO DE 13/07/2017, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEIDO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Visto el escrito de cuenta signado por FRANCISCO JAVIER MORENO GUTIERREZ, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno Penal de Primera Instancia, en el Estado de Querétaro; en tal virtud, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 953/2017-V, que es el que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que la parte quejosa señala como reclamado, y que hace consistir esencialmente en:  La determinación de tres de julio de dos mil diecisiete, en la que el juez de la causa señala las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil diecisiete, para el verificativo de la audiencia a que se refiere el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Querétaro, a fin de resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el inculpado quejoso en contra del auto uno de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 152/2014. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la determinación emitida por el Juez Noveno de Primera Instancia Penal de Querétaro, en la determinación reclamada de tres de julio del año que transcurre, dentro del proceso penal 152/2014, en la que señaló las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil diecisiete, para el verificativo de la audiencia a que se refiere el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Querétaro, a fin de resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el inculpado quejoso en contra del auto uno de diciembre de dos mil dieciséis; no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que no se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación, sería reparable en caso de obtener sentencia interlocutoria favorable, en el recurso de reconsideración que interpuso ante el juez de la causa en autos del proceso penal 152/2014, de donde emanan los actos reclamados, o en su defecto, podría combatirse en la vía indirecta la sentencia interlocutoria que resuelva tal incidente, a fin de que sea reparada tal violación. Ello es así, en razón de que la resolución recurrida, el Juez natural señala fecha para el verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 314 de la Ley Adjetiva Penal para la Entidad de Querétaro, a fin de desahogar los medios de prueba ofrecidos en su caso, escuchar a las partes y dictar la resolución que corresponda en relación al recurso de reconsideración que el inculpado quejoso interpuso en contra del auto uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el que el juez de origen señaló fecha y hora para el desahogo de careos constitucionales en la causa penal generadora del acto reclamado; lo cual evidencia, que el acto reclamado únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, pues no es acto de procedimiento que cause un perjuicio o lesión en la esfera jurídica sustantiva del quejoso, pues se insiste dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amaro; máxime que del contenido de la demanda se advierte que el quejoso pretende obtener la suspensión del acto reclamado, sin embargo, contra el tipo de determinación que se reclama en la demanda que nos ocupa, resulta improcedente otorgar la medida suspensional, ya que de hacerlo, se contravienen disposiciones de orden público, ya que se impediría la continuación del procedimiento, como lo es en el caso, la substanciación del recurso de reconsideración interpuesto en el expediente de marras, por lo que resulta un acto contra el cual es improcedente la suspensión en términos del artículo 128 de la ley de amparo vigente, por tratarse de una cuestión de orden público y por lo tanto insuspendible, ya que la continuidad de un procedimiento es de orden público, como la ha sostenido nuestro más alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia número 923, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2011, Tomo II, Materia Común, página 1045, que dice: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUSPENSIÓN DEL.- El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente, conceder la suspensión que tienda a detenerlo." Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga sentencia interlocutoria favorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la determinación de tres de julio de dos mil diecisiete, en la que el juez de la causa señala las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil diecisiete, para el verificativo de la audiencia a que se refiere el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Querétaro, a fin de resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el inculpado quejoso en contra del auto uno de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 152/2014, no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte al quejoso materialmente derechos sustantivos (la vida, libertad, propiedad, posesión, etc) tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de la determinación que sólo produce efectos dentro del procedimiento natural, ya que a través del acto reclamado, solo se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia en la que el juez penal habrá de desahogar los medios de prueba ofrecidos en su caso, escuchar a las partes y dictar la resolución que corresponda en relación al recurso de reconsideración que el inculpado quejoso interpuso en contra del auto uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el que el juez de origen señaló fecha y hora para el desahogo de careos constitucionales en la causa penal generadora del acto reclamado; todo ello dentro del trámite del juicio natural y como consecuencia de una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia interlocutoria que se llegue a dictar, mediante el juicio bi instancial. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve FRANCISCO JAVIER MORENO GUTIERREZ, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la integran la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, Tomo CV, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "CITACION PARA SENTENCIA, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA. La resolución que confirma el auto de citación para sentencia en un juicio, constituye un acto que no resuelve la contienda y que indudablemente tiene carácter procesal, pues debe considerarse comprendido dentro de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, disposición ésta que de manera genérica incluye, como violaciones de procedimiento, a todos aquellos acuerdos análogos, en sus consecuencias, a los que prescriben las diez fracciones anteriores de ese artículo. Por tanto, el amparo indirecto debe reputarse notoriamente improcedente contra la resolución procesal anteriormente mencionada." También, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 302 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero 2009, página 2594, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante amparo indirecto, se cometen violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperara a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." De igual forma, la tesis visible en la página 772 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo I, Segunda parte, Enero a Junio de 1988, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "VIOLACIONES PROCESALES. SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECLAMADA EN AMPARO. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DEBEN SER COMBATIDAS JUNTO CON DICHA INTERLOCUTORIA. En la tramitación de un incidente que culmina con interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, el afectado debe combatir las violaciones a las normas del procedimiento junto con la interlocutoria, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo en los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo y que también recogen en el indirecto las fracciones II y III del artículo 114, del mismo ordenamiento." Asimismo, la tesis visible en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 187-192 Sexta Parte, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del texto: "SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN AMARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL PUEDEN SER COMBATIDAS JUNTO CON LA. Si en la tramitación de un incidente que culmina con interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, se comenten violaciones a las normas de procedimiento, el afectado puede reclamar éstas junto con la interlocutoria, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo en los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo y que también recogen en el indirecto las fracciones II y III del artículo 114 del mismo ordenamiento." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo la licenciada Nelly Tapia Estrada; y por lo que hace a Ricardo Gallegos Tovar y Enrique Moreno Gutiérrez, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerle las diversas facultades que le fueron conferidas, una vez que acredite ante éste Órgano estar plenamente autorizada para ejercer la profesión de abogado); asimismo, se le tiene señalando como domicilio procesal, el que indica en su escrito de demanda. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, ante la Secretaria licenciada Angélica Ivonne Mújica Martínez, quien autoriza y da fe. Doy fe."POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPONEN EN DICHO PROVEÍDO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.

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