Francisco Javier Miranda Ramos

Expediente 420/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
420/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Miranda Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio. ... Háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente. Acúsese recibo a la Superioridad. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Instrucciones al secretario. ...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Colegiado admite recurso de queja. Agréguese el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de tres de mayo último, en el cual se desechó la demanda de amparo de origen de este asunto, y lo radicó con la queja ********************...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Imposibilidad de notificar a la parte quejosa. Agréguese la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita para notificar al aquí quejoso Francisco Javier Miranda Ramos el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, por los motivos que ahí se exponen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal finalidad. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. ... Firma electrónica de promociones. ... Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veinticuatro de abril del año en curso, relativa al recurso de revocación, emitida en los autos del juicio familiar 922/2022/II de la autoridad responsable, la cual confirma el auto de catorce de marzo último, en el que se desecharon diversas pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, 62, y 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo. De los artículos antes precisado, se advierte que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, contra los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; es decir, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el más alto Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales. Ello es así, dado que las violaciones que llegaren a cometerse, en los autos del juicio de origen del acto reclamado, al encontrarse aún en trámite ese procedimiento, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente resultara favorable a sus intereses, o bien al impugnarla por otro medio defensa ordinario o, en su caso por la vía directa, si así lo estima conveniente. Se afirma lo anterior, toda vez la resolución de veinticuatro de abril del año en curso, relativa al recurso de revocación, emitida en los autos del juicio familiar 922/2022/II, la cual confirma el auto de catorce de marzo último, en el que se desecharon diversas pruebas ofrecidas por la parte quejosa, como se adelantó, no causa a las partes perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, ni tiene una ejecución de igual naturaleza. Además, al tratarse de una determinación de índole procesal no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos del promovente, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho humano de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que únicamente inciden en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener sentencia favorable en él, pues la resolución reclamada, no constituye un acto que tenga una ejecución irreparable. Apoya lo antes expuesto, por sus consideraciones la jurisprudencial 3a.43, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Se afirma lo anterior, en virtud de que la resolución combatida, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales. Por ende, es claro que la demanda de que se trata deviene improcedente, puesto que dicho acto no afecta por el momento la esfera jurídica de la entidad que representa el promovente, ni los derechos humanos que a su favor tutela la Constitución, de modo que no se puede considerar como de irreparable ejecución, puesto que cualquier afectación que ésta pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de los citados asuntos, como lo sería la sentencia que se dicte en el expedientes 922/2022/II de la autoridad que señaló como responsable, por lo que será únicamente hasta ese momento que podrá apreciarse si se vulneraron sus defensas, causándole agravio, y de ser así, las mismas podrán ser motivo de impugnación a través del recurso correspondiente, o mediante el juicio de amparo, en caso que la aquí promovente así lo considerara conveniente a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a ******************** y ********************, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédulas profesionales. Medios de comunicación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que citada como medios de comunicación. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. ...

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de abril de dos mil veintitrés. Eficacia de la medida cautelar. C... Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (a contrario sensu), 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de este incidente como concluido. Destino. Respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 21, párrafo primero, inciso c), y penúltimo párrafo del referido Acuerdo General, se ordena su depuración. Una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, cúmplase con dicha determinación. En tanto que el duplicado, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado dentro de los treinta días siguientes a que se cumplan seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Instrucciones al secretario. ...

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