Francisco Javier Méndez Lara

Expediente 803/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
803/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Méndez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Méndez Lara, por sí, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 803/2023-I-B. A juicio de este resolutor, se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, constitucional y 5° de la ley de la materia, pues no está colmado el principio de instancia de parte agraviada, por no existir firma autógrafa de la parte quejosa en la demanda de amparo, con lo cual carece de exteriorización su voluntad de instar esta vía. En aras de justificar tal aserto, cabe tener en cuenta el texto de los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna y 5° de la ley de la materia, en los cuales, sin duda, está inmerso el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Esos preceptos legales dicen así: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De acuerdo con las normas de que se trata, no hay duda de que el juicio de amparo, aun con la nueva Ley de Amparo, se halla cimentado en diversos principios que, desde su génesis, siempre lo han distinguido, desde luego, en consideración a la naturaleza extraordinaria que lo caracteriza, que consiste en un juicio o procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes a fin de impugnar algún acto o resolución y, así, obtener su revocación, reforma, modificación y, en su caso, nulidad. Uno de esos principios, sin duda, es el de instancia de parte agraviada, de acuerdo con el cual, desde luego, el juicio de amparo sólo puede instarse por quien se vea afectado por el acto relativo. Cierto. Tal principio, por cierto enunciado desde don Manuel Crescencio Rejón, hace que el propio juicio de amparo jamás se promueva oficiosamente, por lo cual para su inicio es necesario que alguien lo promueva, pero, sin duda, no cualquier persona, sino la que resiente una afectación con algún acto de autoridad, lo que es obvio si se tiene en cuenta que el procedimiento de control, como juicio que es, sólo surge a la vida jurídica por el ejercicio de la acción, que en el caso es la acción constitucional del gobernado directamente agraviado por el acto relativo. Desde luego, uno de los signos reveladores de la voluntad del gobernado de acudir a la vía constitucional, sin duda es la firma autógrafa relativa, pues ésta imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Luego, si cualquier promoción en el juicio de amparo, dentro de cuyo rubro figura la demanda respectiva, no está firmada por el suscriptor, ni presenta la huella digital y la firma a ruego -como en el caso-, es claro que el libelo no deja de ser más que un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del gobernado al respecto y, así, no hay duda de que no se satisface el principio de parte agraviada que, desde luego, caracteriza a la vía constitucional. Sin duda, esta hipótesis jurídica no amerita una prevención o requerimiento al respecto, sobre todo si se toma en cuenta que con la falta de firma no se ve reflejada la voluntad de quien dice promover; esto es, al constituir la firma un requisito esencial, su falta no es subsanable a través de un requerimiento o prevención. Por lo demás, no se desconoce que si bien dentro de las formalidades esenciales del procedimiento pueden estimarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción, esto sólo opera en relación con algunas irregularidades subsanables, o sea, las referidas a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción, lo que, sin duda, no se surte respecto de la falta de firma autógrafa. Además, admitir que dentro del concepto de formalidades esenciales del procedimiento cabe el requerimiento de firmar una demanda, equivaldría a desequilibrar el proceso a favor del propio gobernado, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal en el juicio de amparo, lo que, desde luego, es inadmisible desde cualquier perspectiva. Por tanto, ante la falta de firma de cualquier promoción en el juicio de amparo, dentro de cuyo rubro figura la demanda relativa, lo conducente es el desechamiento respectivo, justamente, porque se está ante el incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción que, desde luego, imposibilita la satisfacción del principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, cabe citar las tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 42, Cuarta Parte. Página: 19.) "RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXX, Agosto de 2009. Tesis: 1a. CV/2009. Página: 70.) "REVISIÓN. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTÓGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. Si el escrito de expresión de agravios mediante el cual se hace valer el recurso de revisión no contiene firma autógrafa, debe desecharse, en virtud de que la misma constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. El documento en que se hace valer el recurso de revisión constituye una promoción que debe hacerse por escrito de conformidad con lo que establece el artículo 88 de la Ley de Amparo, y es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó expresión de voluntad alguna, al no reunir el requisito que establece el artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal, aplicado por analogía, porque se trata de una formalidad que debe constar por escrito. En consecuencia, si el referido escrito de expresión de agravios es calzado por una firma facsimilar, cuya naturaleza de mera reproducción de su original no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad, el mismo debe desecharse." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos. Tesis: 1253. Página: 1412.) En el caso, este resolutor advierte que no se cumplió con el requisito de validez de que se trata, pues la demanda de amparo revela, sin lugar a duda, que no presenta la firma autógrafa de la parte quejosa sin justificación alguna. Con lo anterior queda claro que, en el caso, se está ante el incumplimiento de un requisito esencial de validez que, desde luego, imposibilita la satisfacción del principio de instancia de parte agraviada, de ahí que, sin duda, es improcedente la vía que nos ocupa. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, ni aun con el curso y trámite del propio juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos del acto reclamado, por lo menos, respecto de la procedencia de esta vía. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Háganse las anotaciones relativas en el libro electrónico correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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