Francisco Javier Mayo Flores

Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Mayo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el promovente Francisco Javier Mayo Flores, dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veinticinco de enero del presente año, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por desechada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Mayo Flores, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Técnica de Movilidad del Estado de Nayarit, y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 67/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable, la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso a), de la propia legislación, dado que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento administrativo de origen. Previo a abordar el estudio de la causal de improcedencia invocada, resulta oportuno citar el contenido de los numerales citados en el párrafo anterior, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y [.]". La norma transcrita en primer orden prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. A su vez, el segundo de los numerales insertos, en lo que interesa prescribe que el juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio únicamente es procedente contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, momento en el que pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, en la especie, la parte quejosa se duele del punto de acuerdo número cinco emitido en la sesión extraordinaria de la Comisión Técnica de Movilidad del Estado de Nayarit de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por el que a fin de respetar su derecho humano al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina citar al aquí quejoso a fin de que tenga la oportunidad de alegar, ofrecer pruebas y hacer valer lo que a su derecho corresponda, lo que da lugar al inicio de un procedimiento administrativo para determinar lo conducente en relación al permiso para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de automóvil de transporte de alquiler (taxi), con sitio ubicado en calle Sauce y Cedro s/n, de la Colonia San Juan, Municipio de Tepic, Nayarit, otorgado al quejoso FRANCISCO JAVIER MAYO FLORES, mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil tres dictada dentro del expediente CTT/003/0191; asimismo, se duele del oficio CTM/010/2022 de diecinueve de enero del año en curso, por el que se llama al impetrante de amparo al procedimiento administrativo y se le cita para audiencia el día veintisiete del mes y año en curso. En ese contexto, es evidente que los aludidos actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento administrativo, porque no determinan, extinguen o modifican la situación jurídica del promovente del amparo, sino que forman parte del trámite del procedimiento y, sus efectos, en todo caso, pueden ser subsanados con la obtención de una resolución favorable, o en su caso en el juicio de amparo siempre que no proceda un recurso ordinario en su contra. De manera que si los actos aquí reclamados no constituyen la última resolución en el procedimiento administrativo, es incuestionable que este medio de control constitucional es improcedente. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso a), de la propia legislación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Mayo Flores, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. En otro aspecto, como lo solicita la parte quejosa se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a MARIA TERESA ROSALES ULLOA, MARIA CRISTINA URIBE TORRES, CHRISTIAN FRANCISCO, ERICK RAMON, FRANCISCO JAVIER y JOSE ENRIQUE, TODOS DE APELLIDOS MAYO URIBE, toda vez que no tienen registrada cédula alguna que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En atención a lo diverso que solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la firma electrónica con el nombre de usuario "fjmf510807", para la consulta del presente expediente en esa vía. Asimismo, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, suscrito por Karla Miriam Villarreal Arce, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, y en atención a lo que solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la firma electrónica con el nombre de usuario "KarlaVillarreal", para la consulta del expediente en esa vía. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31, de la Ley de Amparo, se autoriza a los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que durante la tramitación del presente sumario, realicen las notificaciones correspondientes a la parte quejosa vía electrónica con el nombre de usuario "KarlaVillarreal", sujetándose a las reglas y términos establecidos en los aludidos preceptos legales, para que surtan los efectos legales procedentes. En el mismo sentido, se le tiene señalando el correo electrónico Kmvarce@hotmail.com por estar vinculado al usuario que se señala en el escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. NOTIFÍQUESE.

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