Francisco Javier Mayo Flores
Expediente 2107/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/12/2019
Partes del expediente
- Francisco Javier Mayo Flores
- Director General de Tránsito Y Transporte En el Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE DICIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la razón actuarial asentada por la fedataria judicial adscrita a este juzgado, de la cual se desprende que no ha sido posible notificar a las partes la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de este año en el juicio de amparo 2107/2019, dentro del término establecido en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en razón de las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. En consecuencia, considerando la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para realizar la diligencia encomendada, con fundamento el arábigo 26, fracción I, inciso e, de la ley de la materia, instrúyase nuevamente a la servidora pública mencionada a efecto de que realice las notificaciones de la sentencia en comento, en los términos indicados en dicho precepto legal. CÚMPLASE.
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R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, respecto del acto reclamado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, por las razones precisadas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones
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** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de veintiséis de septiembre del año actual, emitida dentro de la queja 30/2019, así como los autos originales del juicio de amparo 43/2019 en un tomo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que declaró infundado el recurso de queja y se CONFIRMA el auto impugnado, mismo que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el líbelo de cuenta suscrito por ************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual en atención al oficio que en su oportunidad le dirigió el recaudador responsable solicitándole la clave (sic) interbancaria y otros documentos, con el propósito de dar acatamiento al fallo protector, manifiesta que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento con lo solicitado, pues dice no contar con dichos documentos, por lo que solicita se ordene a la responsable devuelva la cantidad económica que en su momento erogó a su favor con motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada, por medio de cheque como refiere aconteció en el diverso juicio de amparo 2600/2018 del índice de este juzgado federal. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales conducentes y, en consecuencia, de conformidad con el precepto 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con los arábigos 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días siguientes, al en que sea notificado de este proveído, de cumplimiento al fallo protector, reintegrando el numerario materia del presente juicio de amparo, vía título ejecutivo (cheque), a favor de la parte quejosa. Toda vez que conformidad a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la suscrita está obligada a vigilar el cabal cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas en los términos que se hayan indicado. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta y dos, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto del tenor siguiente: Además, como se dijo, de conformidad a lo establecido en los numerales 192 y 196, párrafo segundo de la ley de la materia, el juez de Distrito debe vigilar que la sentencia que se haya concedido quede puntualmente cumplida, toda vez que dicho tópico es de orden público e interés social. Asimismo, la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página dos mil quinientos setenta y tres, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: Por tanto, en caso de que exista alguna disposición interna que establezca lo contrario en el sentido de que no pueden reintegrar la cantidad económica materia de la concesión por medio de título ejecutivo, debe decirse que por manual se entiende como aquellos cuerpos normativos que contienen información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando, es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Cabe decir también, que los manuales participan de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan aspectos técnicos y operativos en materias específicas, su fundamento legal es una cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos al interior de las dependencias y entidades. A poya a lo anterior, la tesis I.4o.A.630 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos ochenta y uno, Tomo XXVII, Marzo de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: Empero, dichos manuales no tienen la calidad de leyes o reglamentos, sino constituyen normas obligatorias y sirven de base para determinar causas de responsabilidad administrativa, siempre y cuando la acción u omisión prevista en un caso concreto se encuentre claramente precisada como conducta de determinado servidor público. Apoya al caso la Jurisprudencia 2a./J.249/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos quince, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFÍQUESE.
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