Francisco Javier Martinez Celaya

Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
128/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Martinez Celaya

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia dentro del plazo legal, como lo establecen los artículos 81, fracción I, inciso e, y 86, ambos de la Ley de Amparo2 ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTITRÉS SIGUIENTE, LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1168/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el seis siguiente a este Juzgado Decimoquinto, *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Secretario de Transporte del Estado de Jalisco. 2. Jefe de la Unidad Departamental de la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 3. Director Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. 4. Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 5. Ejecutor Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 6. Gobernador del Estado de Jalisco. 7. Congreso del Estado de Jalisco. ACTOS RECLAMADOS: "[.] Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, le reclamo: (.) "cédula de notificación de infracción" con números de folios ***y *** por vicios propios (.) la omisión de notificación o falta de notificación de las (.) "cédula de notificación de infracción" con números de folios ***y ***. [.] Jefe de la Unidad Departamental de la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaria de Planeación Administrativa y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y al Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y al Ejecutor Fiscal de dicha Secretaría, les atribuyo las consecuencias de las Cédulas de Notificación de Infracción con folios *** y *** y *** [.] Al Director Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco le reclamo: (.) "cédula de notificación de infracción" con números de folios --- y --- por vicios propios. (.) la omisión de notificación o falta de notificación de las (.) "cédula de notificación de infracción" con números de folios --- y --- (.) la emisión de la "cédula de notificación de infracción" con números de folio --- y la omisión de hacerla del conocimiento del suscrito (.). [.] Al Gobernador y al Congreso del Estado de Jalisco, les reclamo la iniciativa, aprobación promulgación y publicación de los artículos 183, fracción III, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, así como 40 del Reglamento de dicha Ley. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 31 fracción IV y 73 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 1168/2021; y, se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde. Ampliación de demanda. En proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, contra la autoridad denominada: Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a la cual le atribuye el acto consistente en: ACTO RECLAMADO: "[.] "cédula de notificación de infracción" con número de folio --- por vicios propios (.) la emisión de la cédula de notificación de infracción (.)" omisión de notificación o falta de notificación (.) Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman actos a autoridades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de las constancias que obran en autos se obtiene que los actos reclamados consisten en: 1. Del Congreso y Gobernador ambos del Estado de Jalisco: la aprobación, promulgación y orden de publicación del decreto 24451/LX/13, que contiene la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, concretamente el artículo 183, fracción III, y el numeral 40 del Reglamento de dicha Ley, así como su primer acto de aplicación. 2. Del Secretario y Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, la emisión de las cédulas de notificación de infracción con folios -- y --- , y sus consecuencias. 3. Del Jefe de la Unidad Departamental de la Dirección de Notificación, y Ejecutor Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, los gastos de ejecución con folio ---. 4. Del Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, la emisión de la cédula de notificación de infracción con folio --- y sus consecuencias. 5. De la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, la emisión de la cédula de notificación de infracción con folio --- y sus consecuencias. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. El secretario y el director general jurídico de la Secretaría de Trasporte del Estado de Jalisco, negaron la existencia de la cédula de infracción con folio ----; manifestaron que no ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar el acto reclamado, lo que se corrobora con la documental que obra en autos, de la cual se advierte que no tuvieron intervención en la infracción citada. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia, se sobresee en el juicio en relación a dichas autoridades y respecto de la infracción con folio --- , con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es así, porque en todo juicio de amparo debe buscarse el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjera el acto violatorio de derechos o desequilibrio del sistema federal en detrimento del gobernado, si el acto autoritario es de carácter positivo; u obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el precepto constitucional de que se trate, si el acto combatido es de carácter negativo. De ahí que si el acto que se les atribuye no existen, no se ha producido, ni está realizándose en el momento en que se presenta la demanda relativa, o no es inminente, el juicio carece de objetivo y jurídicamente no tiene razón de ser, motivo por el que la consecuencia de su promoción recaiga en el sobreseimiento. CUARTO. Actos ciertos. Las autoridades responsables, Congreso y Gobernador del Estado de Jalisco, aceptaron la existencia del acto reclamado, máxime que es notoria su intervención en el proceso legislativo de la disposición cuya inconstitucionalidad se les reclama, en virtud de que obra publicada en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco. Por consiguiente, no son objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, es cierto el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la constancia que allegó al juicio. Por su parte, el secretario y director general jurídico ambos de la Secretaría de Trasporte del Estado de Jalisco, negaron la existencia de la cédula de infracción con folio ---; de igual manera, el Jefe de la Unidad Departamental de la Dirección de Notificación, y el Ejecutor Fiscal ambos de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, negaron la existencia de la cédula de infracción ---, negativa que se desvirtúa en razón de que de las documentales que obran en autos3 se advierte su existencia, de ahí que se tenga por cierto el acto que a cada una se le atribuye. Ahora, el director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, fue reiterativo en señalar que no emitió la infracción --- ya que solo contaba con el registro ---, sin embargo, se tiene por cierto el acto que se le atribuye ya que de la constancia certificada que obra en autos se advierte que dichos registros derivan de la misma infracción, pues el primero se refiere al folio Sefin y el segundo al folio del Municipio, que recae sobre el vehículo con placas ---, perteneciente al quejoso, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. QUINTO. Estudio de procedencia del juicio de amparo. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, existe imposibilidad jurídica para analizar la constitucionalidad de los artículos 183, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el numeral 40 del Reglamento de dicha Ley, respecto del acto de aplicación dentro de la infracción --- al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, al no existir acto concreto de aplicación. Ahora, se tiene que el artículo 6 y 61 fracción XII, de la Ley de amparo marcan las directrices de procedencia del juicio de amparo tratándose de amparo contra leyes, en cuanto al interés jurídico se refiere. Por lo que, para determinar qué debe entenderse por interés jurídico, y cómo debe acreditarse el mismo en amparo contra esos actos, conforme a la ley reglamentaria de ese artículo, conviene tener en cuenta el contenido del numeral 6º de la Ley de Amparo: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Asimismo, para definir al interés jurídico, de acuerdo a dicho numeral, que conforma la reglamentación del numeral 107, fracción I, de la Constitución, en cuanto al interés jurídico, en el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido, entre otros criterios, el que se cita a continuación: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA De lo aseverado deriva, que la Superioridad ha sostenido que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona al gobernado, debe probarse en términos del artículo 6, de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de garantías solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por consiguiente, de acuerdo con el referido numeral, conforme lo establecido por el Alto Tribunal, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, la demostración del agravio que la parte quejosa aduzca, que le causa la responsable al emitir el acto reclamado, así como la legitimación para recurrirlo, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, y acorde a sus normas reglamentarias, constituyen requisitos de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues, como se ha visto, se requiere en principio, que el acto de autoridad cause perjuicio al promovente y que éste a su vez, se encuentre legitimado para impugnarlo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, es decir, determinar si los actos son o no inconstitucionales, si se satisfacen dichos requisitos. De lo dicho se concluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse al concepto de parte agraviada, estatuye las características siguientes: Que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución; Con esa alegación, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Ahora, se tiene en cuenta que el quejoso acude al amparo alegando que en la infracción ---reclamada se le aplicaron los artículos 183, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el numeral 40 del Reglamento de dicha Ley, manifestando que dicha normativa al establecer una restricción de velocidad en ciertas áreas fijando como unidad de medida la velocidad en kilómetros por hora, invade la facultad de la Federación. Por ende, para la procedencia del amparo en contra de esas disposiciones, era menester que acreditara plenamente y no solo con base en presunciones, que éstas se aplicaron precisamente en su perjuicio. Es decir que acreditara el acto de aplicación. Cierto, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, el quejoso debió demostrar el agravio que dice le causa la porción normativa reclamada, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad del ordenamiento de que se trata, pues, como se ha visto, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, se requiere que las leyes, causen perjuicio al solicitante del amparo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, es decir, determinar si la ley reclamada es o no inconstitucional, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. En ese orden de ideas el quejoso debió acreditar sin lugar a dudas que se le aplicó la norma reclamada, de tal manera que dicha aplicación le hubiera generado un perjuicio en sus derechos y obligaciones pues de lo contrario, a través del juicio de amparo se analizarían los motivos de inconstitucionalidad de ese precepto jurídico, siendo que únicamente, cuando la norma produce un perjuicio en los derechos subjetivos de la parte quejosa, con los que ésta dice contar, es dable que se analice si existió o no una violación a los derechos humanos reconocidos. Ahora, para determinar de qué forma, el quejoso en comento, debió acreditar su interés jurídico para promover juicio de amparo, en contra de la disposición reclamada, conviene tener en cuenta lo siguiente. Al respecto, se explica que en términos de los preceptos 17, 61 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, la impugnación de normas generales a través del juicio de amparo debe efectuarse de acuerdo a dos modalidades, en función de su naturaleza auto o hetero aplicativa. La base de esta distinción se funda en el análisis de la individualización de los efectos de las normas, a través del cual, se busca desentrañar el momento en que aquéllos inciden en la esfera jurídica de los gobernados, para estar en condiciones de conocer a partir de qué momento y en qué plazo se debe ejercer la acción constitucional en su contra. Así, el citado examen se proyecta sobre la estructura de la norma reclamada a fin de verificar si la concretización de sus consecuencias jurídicas sobre los sujetos a que está dirigida se encuentra sometida a una condición -cualquiera que sea e independientemente de quién la realice-, o bien, es incondicionada, lo que acontece cuando sus mandatos se cristalizan con la sola entrada en vigor de la norma. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las consecuencias de la norma general: Son inevitables desde que entra en vigor. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. Nacen con ella misma; y, por ende, no se requiere de la actualización de alguna condición. Por su parte, cuando la individualización es condicionada, las consecuencias de la norma general: Las obligaciones no nacen a partir de la entrada en vigor de la ley. Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Con base en esa distinción, las normas autoaplicativas son aquellas que, con su sola entrada en vigor, inciden en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que por sí mismas, crean, transforman o extinguen situaciones jurídicas. En cambio, las heteroaplicativas son aquellas que requieren de la realización de una condición, con posterioridad a su entrada en vigor, para que incidan en la esfera jurídica del gobernado; de esa forma, las obligaciones o derechos que establezcan serán exigibles hasta en tanto se realice tal condición, la cual puede consistir en la realización de un acto jurídico, o bien, un hecho al que el derecho le dota de efectos legales, ya sea que se realice por una autoridad judicial, administrativa o legislativa, o bien, por un particular, el propio quejoso o un tercero. De modo que, al aplicarse el criterio en comento se estará en aptitud de determinar la naturaleza de la norma reclamada, es decir, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que servirá para determinar las reglas de procedencia del juicio de amparo. Así, tratándose de normas autoaplicativas basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que prevé la disposición para que afecte su interés jurídico y, por ende, se encuentre legitimado para impugnarla a través del juicio de amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, o bien, dentro del lapso de quince días, cuando se realice el primer acto de aplicación de ese precepto. Por otro lado, tratándose de normas heteroaplicativas el plazo para promover el juicio de amparo es el de quince días, a partir de la realización del acto en que se individualizó el perjuicio, según la regla establecida en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, la naturaleza de una norma jurídica, o sea, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, deriva de su contenido y no así de la forma, momento o modo en que se impugna. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Sentadas las premisas de procedencia aplicables al caso, se tiene que el quejoso impugna los artículos 183, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el numeral 40 del Reglamento de dicha Ley, a través de lo que considera su primer acto de aplicación a saber, la infracción ---. Dichos preceptos prevén la sanción para el caso de que el conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora, el límite de velocidad máximo permitido y, la obligación de los sujetos de movilidad de observar las disposiciones de la lay y los reglamentos que de ella emanen. Empero, de la constancia certificada de la infracción --- que recae sobre el vehículo con placas --- , no se advierte la aplicación de la normativa reclamada, máxime que la infracción impuesta fue por "estacionometros" -parquímetros que funcionan como estacionamiento, en el cual el conductor debe ingresar el número de placa de su automóvil y pagar por cada hora que estime estará el cajón de estacionamiento- no por exceder los límites de velocidad como estipula el artículo 183, fracción III, de la ley multicitada. En esas condiciones, como el quejoso no acreditó el acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionalidad, es que este juzgado de distrito considera que no demuestra el interés jurídico que le asiste para combatir el contenido de tales preceptos, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la siguiente tesis: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." De manera que, por los motivos expuestos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee en el juicio respecto de los artículos 183, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el numeral 40 del Reglamento de dicha Ley, respecto de la infracción ---atribuida al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan. Ausencia de conceptos de violación Ahora por lo que respecta a la cédula de notificación de infracción, con folio ---, existe imposibilidad jurídica para analizar la constitucionalidad del artículo 40 del Reglamento de la Ley multicitada, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo10, por ausencia de conceptos de violación. Dicho artículo 40 del Reglamento de la Ley multicitada prevé: "Artículo 40. Todos los sujetos de la movilidad tienen la obligación de: I. Observar las disposiciones de la ley y los reglamentos que de ella emanen; II. Acatar las indicaciones de la Policía Vial Estatal y en su caso de los Policías de Tránsito Municipales y patrullas escolares certificadas; III. Respetar las señales y balizamiento que se encuentren en la vía pública, así como las de los semáforos; y IV. Observar las medidas de seguridad, las normas técnicas y las disposiciones legales sobre la movilidad." Por ende, para la procedencia del amparo en contra de esa normativa, era menester que el quejoso señalara por qué al precisarse en la infracción combatida, le ocasionaba una afectación a su esfera jurídica de derechos; pues se limitó a solo transcribir el artículo 40 del Reglamento de la Ley multicitada, sin formular conceptos de violación que controviertan esa consideración rectora del acto reclamado; sin embargo, pasó por alto expresar razonamientos lógico-jurídicos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de aquélla, pues del estudio del escrito de demanda y del aclaratorio únicamente se advierte que formuló concepto de violación respecto al diverso 183, fracción III, no así en relación con el citado numeral. Por ende, para la procedencia del amparo en contra de esa disposicion, era menester que se acreditara plenamente y no solo con base en presunciones, que ésta se aplicó precisamente en su perjuicio. De esta manera, el quejoso debió demostrar el agravio que dice le causa norma reclamada, pues constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad del ordenamiento de que se trata, pues, como se ha visto, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, se requiere que las leyes, causen perjuicio al solicitante del amparo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, es decir, determinar si la ley reclamada es o no inconstitucional, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de ese acto, al no encontrarse en la hipótesis del artículo 79 de la Ley de amparo. Apoya lo que antecede la jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS. 61, FRACCIÓN XXIII Y 108, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO (AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN), SI EL JUZGADOR TIENE EL DEBER DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LOS SUPUESTOS EN QUE OPERA11 . Uno de los cambios más importantes que se introdujeron en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, consiste en que la suplencia de la queja opera respecto de las fracciones I (declaratoria de inconstitucionalidad de leyes); II (menores, incapaces, orden o estabilidad de la familia); III (materia penal); IV (materia agraria); V (materia laboral), y VII (condiciones de pobreza o marginación del quejoso), del artículo 79 del propio ordenamiento, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Por tanto, si en un amparo indirecto contra leyes promovido con motivo de un acto concreto de aplicación no se formula algún concepto de violación en contra de la norma reclamada y el Juez advierte que debe suplirse la deficiencia de la queja ante la ausencia de dichos motivos de inconformidad por ser aplicables cualquiera de las fracciones mencionadas, no procede el sobreseimiento en el juicio respecto de la disposición reclamada, sino que, por el contrario, al actualizarse una de las excepciones al principio de definitividad en relación con el respectivo acto concreto de aplicación, precisamente aquella que se refiere a la impugnación de normas generales, el juzgador debe analizar el fondo del asunto y resolver lo conducente. De manera que, por los motivos expuestos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, fracción en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y, en consecuencia, se sobresee en el juicio respecto del artículo 40, del Reglamento de la Ley multicitada, por lo que hace a la infracción ---atribuida a la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco. Cesación de efectos. Asimismo, respecto de la infracción --- y los gastos de ejecución con folio ---, se materializa la hipótesis de inviabilidad prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza positiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: - Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y - Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. En el caso, de los informes justificados del Secretario y del Director General Jurídico, ambos de la Secretaría de Trasporte del Estado, así como de la documental allegada al juicio, se advierte que desde el día de su presentación veintiuno de julio de dos mil veintiuno, la cédula de notificación de infracción ---, que recae sobre el vehículo con placas ---, cuya titularidad ostenta el quejoso, se encuentran con el estatus de "NO ACTIVO"; circunstancia que se corrobora con la documental que obra en actuaciones, consistente en copia certificada de la captura del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) de la que se advierte su estatus de no activo; además, en dicho informe se señaló que equivale a una cancelación definitiva. Asimismo, el director de lo Contencioso de la Secretaria de la Hacienda Pública, del Gobierno de Jalisco, en representación del Jefe de la Unidad Departamental de la Dirección de Notificación, y Ejecutor Fiscal de la Secretaria, al rendir su informe justificado señaló que el pago por concepto de ejecución con folio ---se encuentra cancelado con fecha de veintiséis de julio de dos ml veintiuno, bajo el concepto de "IMPROCEDENTE", lo cual acredita con la copia certificada de la captura del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo -uno de julio de dos mil veintiuno-, sí existían jurídicamente la cédula de notificación de infracción ---y los gastos de ejecución ---reclamados; sin embargo, a la fecha de rendición de los informes justificados ya no se encontraban activas en el citado Sistema Integral de Información Financiera. En tal sentido, conviene precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". De la norma citada se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, las cédulas de notificación de infracción reclamadas, se traducen en actos positivos; por tanto, al haberlas dejado insubsistentes, las autoridades responsables restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que ya no existen actos de molestia y cesaron los efectos de la litis constitucional, motivo por el cual no es posible Examinar las violaciones que pudieran existir en los actos reclamados sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si los mismos ya no afectan la esfera jurídica del peticionario de amparo. Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, que textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de la cédula de notificación de infracción ---reclamada al Secretario y al Director General Jurídico ambos de la Secretaría de Trasporte del Estado; y, los gastos de ejecución ---, reclamados al Jefe de la Unidad Departamental de la Dirección de Notificación, y Ejecutor Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública, del Gobierno de Jalisco, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o se advierta de oficio, se emprende el examen del fondo de la controversia planteada a la luz de los conceptos de violación. La parte quejosa en uno de sus conceptos de violación señala que el artículo 183, fracción III, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, contraviene sus derechos de seguridad jurídica y legalidad dispuestos en los artículos 14, 16; asimismo, controvierte el 73, XVIII de la Constitucional, manifestando que las facultades para fijar parámetros de velocidad restringida, está reservado para la Federación, dado que es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión y no de los Congresos de los Estados, como es el caso de adoptar sistema de pesos y medidas de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVIII, del artículo 73 constitucional. Dicho concepto de violación es infundado Se explica. En principio, es importante señalar que el presente estudio se abordará atendiendo al principio de estricto derecho por razón de la materia del asunto, que por mandato de la ley, no se permite suplir la deficiencia de la queja, además de que no se encuentra en alguno de los supuestos contemplados de manera restrictiva por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se trae a cuenta lo dispuesto en la norma combatida: "Artículo 183. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:, (.) III. Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad. En aquellas zonas en que expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como son las próximas a centros escolares y hospitales, el reglamento señalará tanto la velocidad máxima permitida en ellas como qué otras zonas se considerarán con velocidad restringida. En estos casos no habrá tolerancia alguna y, en consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida; (.)" Del contenido de este numeral, es factible advertir, que prevé la sanción para el caso de que el conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad indicado. En relación con lo anterior, el quejoso alega transgresión del artículo 1, 2 y 5 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en razón de que en esta última, no se estableció que la velocidad de los vehículos, se mediría en unidad de medida denominada Kilómetro por hora y al retomar esa unidad de medida la Ley de Movilidad y Transporte, estima que el Congreso y el Gobernador del Estado de Jalisco, invadieron facultades constitucionales, al estar legislando respecto del tema aludido. Se desestima su dicho en razón de que el artículo 183, fracción III de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, no crea una nueva unidad para medir la velocidad en el Estado de Jalisco, sino que únicamente establece una sanción al conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido. En efecto, la Ley de Movilidad del Estado, establece como uno de los objetos de la misma, en su artículo 1, fracción II; el regular la movilidad y el transporte en el estado de Jalisco, así como los derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad, para establecer el orden y las medidas de seguridad, control de la circulación vehicular motorizada y no motorizada de personas, bienes y servicios, en las vías públicas abiertas a la circulación que no sean de competencia federal. Luego, esa misma ley refiere que sus disposiciones y la de sus reglamentos son de orden público e interés social; en ese contexto, es de tener en cuenta el artículo 4 del Reglamento de la Ley que nos ocupa, que establece lo siguiente: "Artículo 4. Es normatividad complementaria a la aplicación de la Ley, sus reglamentos, las normas técnicas, protocolos, manuales de procedimientos, circulares que emita el Ejecutivo Estatal, así como normas oficiales mexicanas y legislación en materia Federal . Serán aplicables también en materia supletoria la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y las disposiciones contenidas en los convenios y acuerdos que celebre el Ejecutivo del Estado en materia de movilidad y transporte." El reglamento, en el artículo citado, dispone cuál es la normatividad complementaria a tanto a la Ley de Movilidad y los reglamentos que de ella emanen y así, es de tener en cuenta precisamente el artículo 5 de la Ley sobre Metrología y Normalización, que determina las medidas que deberán regir en el país a razón de: "ARTÍCULO 5o.- En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio. El Sistema General de Unidades de Medida se integra, entre otras, con las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades: de longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, la candela; y de cantidad de sustancia, el mol, así como con las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas, que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales mexicanas. También se integra con las no comprendidas en el sistema internacional que acepte el mencionado organismo y se incluyan en dichos ordenamientos." En ese contexto, se desprende que la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, recoge lo ordenado por la Ley sobre Metrología y Normalización, al determinar que la velocidad en el Estado de Jalisco, se medirá en "kilómetros por hora", al ser esta una unidad de medida derivada, de longitud y metro establecida en el artículo 5 de esa Ley. De ahí que resulte erróneo lo alegado por el quejoso, consistente en que el artículo 183, fracción III, de la Ley de Movilidad, al establecer como parámetro para sancionar, que el conductor de un vehículo sobrepase en diez kilómetros por hora el máximo permitido, contravenga las facultades del congreso pues en realidad, la toma en consideración para establecer el margen que deberá respetar tal conducta. Así, resulta desacertado que el artículo sea inconstitucional, pues este únicamente, dentro del marco de normatividad de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, fija una sanción tomando en consideración precisamente una unidad de medida prevista en la Ley de Metrología y Normalización, por lo que la norma ni invade facultades del Congreso ni genera incertidumbre jurídica. Tiene aplicación las siguientes tesis: "METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LAS UNIDADES QUE SIRVEN PARA COMPUTAR LA MAGNITUD DE TIEMPO SON EL SEGUNDO, EL MINUTO, LA HORA Y EL DÍa. Conforme a dicho precepto legal el sistema general de unidades es el único de uso legal y obligatorio en los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra: a) Con las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades: de longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, la candela; y de cantidad de sustancia, el mol; b) Con las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se establezcan en normas oficiales mexicanas y, c) Con las no comprendidas en el Sistema Internacional de Unidades que acepte la Conferencia General de Pesas y Medidas y se incluyan en normas oficiales mexicanas. Por tanto, en primer término, para medir la magnitud del tiempo debe acudirse al Sistema Internacional de Unidades, que dispone que la unidad base o patrón para determinar dicha magnitud es el segundo; además, esa magnitud se mide con otras unidades no comprendidas en el sistema internacional aludido que ya aceptó la Conferencia General de Pesas y Medidas y que se incluyen en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-1993, que no son múltiplos o submúltiplos decimales del segundo; tales unidades, que son el minuto, la hora y el día, además del segundo, constituyen en la República mexicana las unidades de tiempo." "LÍMITES DE VELOCIDAD Y SANCIÓN POR EXCEDERLOS. LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE ABROGADO Y 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE LOS PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, NO TRANSGREDEN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA NI CONTRAVIENEN LAS FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. El derecho fundamental señalado, en su expresión genérica, exige del legislador el establecimiento de normas que otorguen certeza a los gobernados y que, al mismo tiempo, sirvan de orientación a la autoridad para imponer la sanción que en cada caso corresponda. Así, el artículo 40 del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte abrogado dispone como límite de velocidad 50 kilómetros por hora en los lugares en que no exista señalamiento al respecto, mientras que el diverso 183, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte, ambos del Estado de Jalisco, señala que se sancionará al conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos donde éste se anuncie. En estas condiciones, el primero de los preceptos referidos no crea ni reconoce una unidad de medida de velocidad denominada kilómetros por hora, pues tanto el kilómetro como la hora son múltiplos del metro y del segundo, y estas unidades de medida se encuentran reconocidas en el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mientras que la segunda disposición, únicamente prevé una sanción para quien rebase dicho límite de velocidad. Por tanto, los artículos citados no transgreden el derecho fundamental aludido. Cabe señalar que esa clasificación al límite de velocidad en kilómetros por hora, tampoco contraviene las facultades del Congreso de la Unión, pues esa categorización se encuentra reconocida en el artículo 5o. citado, al ser múltiplos del metro y del segundo. Ahora en cuanto a su argumento de que el acto de aplicación de dicha norma transgrede su derecho a la legalidad consagrados en los artículos 14 y 16, al emitirse la cédula de infracción ---, resulta infundado, pues en dicha infracción se advierte que la responsable fundo su actuar en los numerales 40, 131, 133, 195 y 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, textualmente disponen: "Artículo 40. Todos los sujetos de la movilidad tienen la obligación de: V. Observar las disposiciones de la ley y los reglamentos que de ella emanen; VI. Acatar las indicaciones de la Policía Vial Estatal y en su caso de los Policías de Tránsito Municipales y patrullas escolares certificadas; VII. Respetar las señales y balizamiento que se encuentren en la vía pública, así como las de los semáforos; y VIII. Observar las medidas de seguridad, las normas técnicas y las disposiciones legales sobre la movilidad." "Artículo 131. La velocidad máxima en las arterias de las vías públicas, será de cincuenta kilómetros por hora en donde no se encuentre señalamiento alguno; a excepción de los corredores exclusivos o confinados de transporte público o de aquellas en donde se autorice una mayor o se restrinja a una menor y se encuentre debidamente señalado. La velocidad a la cual deba circular un vehículo indicada por un señalamiento no variará hasta que en la calle, avenida o carretera se indique lo contrario, ya sea máxima o mínima. En caso de ser necesario un peritaje para determinar responsabilidad en un accidente vial, se tomará en cuenta como la velocidad máxima permitida, la señalada inmediatamente anterior del lugar del incidente. Ninguna persona conducirá su vehículo a una velocidad tan baja que entorpezca la circulación, sin justificación alguna, en el Periférico, Viaductos, Vialidades Primarias, Vialidades Secundarias y Vías Rápidas, excepto cuando sea necesario por razones de seguridad, o sea parte de un contingente o en cumplimiento a lo dispuesto por este Reglamento o por la Norma General de Carácter Técnico aplicable." "Artículo 133. Los conductores de vehículos están obligados a disminuir la velocidad a veinticinco kilómetros por hora, cuando los vehículos estén circulando por las vialidades que limiten con un centro escolar en horario de entrada o salida, hospitales y centros de salud pública o cuando haya un transporte escolar o ambulancia detenida en la vía pública, realizando maniobras de ascenso y descenso." "Artículo 195. Es una conducta de riesgo conducir un vehículo motorizado por encima de las velocidades permitidas; cuando en una vía pública no se encuentre establecido el límite máximo de velocidad permitido, la velocidad máxima permitida en ésta será de 50 kilómetros por hora sin tolerancia alguna; de igual manera cuando se circule por vialidades que colinden con un centro escolar en horario de entrada y salida y espacios públicos donde exista concentración peatonal la velocidad máxima será de treinta kilómetros por hora sin tolerancia alguna. En aquellas vías públicas donde exista señal restrictiva de velocidad, sí podrá hacerse valer una tolerancia de diez kilómetros por hora. Tratándose de la conducción de vehículos del transporte público colectivo o masivo, estarán los conductores obligados a circular a una velocidad de 50 kilómetros por hora máxima, dentro de la zona urbana con excepción del periférico, autopistas y caminos para aquellos que prestan un servicio suburbano autorizado por la Secretaría u organismo público descentralizado. Cuando en una vía pública exista señal restrictiva de velocidad menor a cincuenta kilómetros por hora, los conductores de estos vehículos están obligados a respetarla. Cuando se presente a pagar la sanción por exceso de velocidad detectada por foto infracción u otro dispositivo de control automatizado de velocidad, para el pago de la misma será necesario presentar su licencia para efectos del registro de conductores infractores establecido en el Registro Estatal de Movilidad y que incurrió en esta conducta de riesgo." "Artículo 378. Las infracciones a la Ley o a este Reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en cédula de notificación de infracción, en los términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se verificarán las siguientes acciones: I. La cédula de notificación contendrá y adjuntará los datos esenciales a que se refiere la Ley en materia de Procedimiento Administrativo en el Estado de Jalisco, debiendo precisar el tipo de equipo o sistema tecnológico que se utilizó para determinar la infracción a la Ley o al Reglamento; II. En el caso de equipos o sistemas tecnológicos, físicos, electrónicos, mecánicos o combinados, deberá contener o adjuntar la imagen, evidencia o constancia generada por el referido instrumento de conformidad con el sistema utilizado; III. La cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo recibas o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello. Para efectos de este artículo, en el caso de vehículos registrados en otro Estado, según los convenios de colaboración en materia fiscal, que existan con relación a la coordinación fiscal, las cédulas de notificación podrán ser puestas a disposición y aplicación de la entidad federativa correspondiente." De dicha normativa en síntesis se desprende que el quejoso como todos los sujetos de movilidad tienen la obligación de observar las disposiciones de la lay y los reglamentos que de ella emanen; las medidas de prevención y seguridad las normas técnicas y las disposiciones legales sobre la movilidad así como respetar las señales y balizamiento que se encuentren en la vía pública Tratándose de esas medidas de seguridad, destaca que la velocidad máxima en las vías públicas, será de cincuenta kilómetros por hora en donde no se encuentre señalamiento alguno; pues es una conducta de riesgo conducir un vehículo motorizado por encima de las velocidades permitidas. Las infracciones a la Ley o a su reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en cédula de notificación de infracción, en los términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se verificará que la cédula de notificación contendrá y adjuntará los datos esenciales a que se refiere la Ley en materia de Procedimiento Administrativo en el Estado de Jalisco, debiendo precisar el tipo de equipo o sistema tecnológico que se utilizó para determinar la infracción a la Ley o al Reglamento así como la imagen o constancia referida por ese instrumento. En relación a lo anterior, conviene tener presente, el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Esa garantía de legalidad, en el caso de la infracción en estudio, se regula por la ley secundaria, es decir, el artículo 183, fracción III, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece que son requisitos de validez del acto administrativo estar debidamente fundado y motivado. En ese sentido, al gobernado debe dársele a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, pues la falta de tales elementos en un acto autoritario implica dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el desconocimiento de los elementos destacados. A lo anterior cobra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: "ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL LUGAR Y LA FECHA DE SU EMISIÓN. De conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, entendiéndose por ello que han de expresarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En tal virtud, a efecto de satisfacer estos requisitos, es menester que la autoridad señale con exactitud el lugar y la fecha de la expedición del acto administrativo, a fin de que el particular esté en posibilidad de conocer el carácter de la autoridad que lo emitió, si actuó dentro de su circunscripción territorial y en condiciones de conocer los motivos que originaron el acto, los fundamentos legales que se citen y si existe adecuación entre estos elementos, así como la aplicación y vigencia de los preceptos que en todo caso se contengan en el acto administrativo para preparar adecuadamente su defensa, pues la falta de tales elementos en un acto autoritario implica dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el desconocimiento de los elementos destacados." Ahora, en el caso concreto, de la cédula de notificación de infracción ---, se advierte que contiene con precisión las circunstancias que causaron la emisión de la infracción; a saber, la ubicación del lugar donde se realizó la infracción, la hora y fecha en que se emitió, el motivo por el cual se originó; es decir, la velocidad máxima permitida en el cruce vial en contraposición a la que desarrollaba el vehículo captado propiedad del quejoso, pues de dicha infracción se advierte la toma de fotografía de la placa ---, perteneciente al peticionario; asimismo, se desprende la normativa aplicable a la falta vial. Bajo ese contexto, se estima que contrario al dicho del quejoso, la cédula de notificación de infracción ---, está debidamente fundada y motivada, porque expone detalladamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su origen; es decir sí se especifican, la calle, cruces, número y municipio, velocidad permitida, velocidad detectada, por donde circulaba el vehículo y la hora. Aunado a lo anterior, existe adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable, porque el transcrito numeral en que se fundó la multa reclamada establece: ". Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad. En aquellas zonas en que expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como son las próximas a centros escolares y hospitales, el reglamento señalará tanto la velocidad máxima permitida en ellas como qué otras zonas se considerarán con velocidad restringida. En estos casos no habrá tolerancia alguna y, en consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida". En el caso al conductor del vehículo propiedad del quejoso se le detectó a una velocidad superior a la máxima permitida de cincuenta Kilómetros por hora, pues se detectó 61 Kilómetros por hora, por lo tanto se configuró la hipótesis normativa prevista en el referido artículo 183, fracción III de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. De tal suerte que, contrario al dicho del peticionario la cédula de infracción reprochada, está debidamente fundada y motivada, pues el gobernado tuvo pleno conocimiento de los motivos y fundamentos que rigen ese acto de autoridad que invade su esfera legal y, por tanto, estuvo en plenas condiciones de desplegar una adecuada defensa. Además, se considera que para motivar adecuadamente el acto administrativo reclamado, la autoridad responsable no estaba obligada a mencionar cómo la fotografía demuestra fehacientemente la velocidad que llevaba el vehículo al momento de la infracción, las características físicas del equipo, el sistema de reconocimiento de matrículas con el que cuenta, la distancia a la que se tomó la foto, la calibración de clima y vibraciones así como donde está ubicada la cámara que tomó la referida imagen; pues esos datos se consideran excesivos para la fundamentación y motivación, al no estar previstos en la ley que rige el acto reclamado. Sirve de aplicación la siguiente tesis: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En esa virtud, ante la ineficacia jurídica del concepto de violación, y toda vez que el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, no se advierte en contra del peticionario violación manifiesta de la ley, ni Tratado Internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, que lo haya dejado sin defensa, circunstancias que obligarían a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79 de la Ley de Amparo, se niega la protección de la justicia federal solicitada por lo que hace al artículo 183, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Por otra parte, la parte quejosa en sus conceptos de violación también, manifiesta que las cédulas de notificación de infracción --- y --- contravienen lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucional, pues carecen de fundamentación y motivación, ya que de acuerdo con el artículo 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, dichos infracciones debían ser notificadas, y al no habérsele notificado se le privó de la oportunidad de realizar su pago sin recargos ni gastos de cobranza, así como el derecho de obtener un descuento del monto de la multa por pronto pago. Dicho concepto de violación es fundado. Se explica. La parte quejosa alega que las cédulas de infracción ---y ---carecen de fundamentación y motivación, ya que no le fueron notificadas de conformidad con lo establecido en el artículo 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Para determinar lo fundado se trae a cuenta lo estipulado en los numerales 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, que disponen: "Capítulo II Elementos y Requisitos de Validez en los Actos Administrativos Artículo 12. Son elementos de validez del acto administrativo: I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad pública II. Que sea efectuado sin que medie error, dolo, violencia o vicio del consentimiento; III. Que tenga por objeto un acto lícito y de posible realización material y jurídica, sobre una situación jurídica concreta; y IV. Que no contravenga el interés general. Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo: I. Constar por escrito; II. Contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe; III. Estar debidamente fundado y motivado; IV. Contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto; V. Contener la referencia específica de identificación del expediente que se trate y nombre completo del o los interesados; VI. Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en su caso publicado. Igualmente deberá mencionar los recursos administrativos que puede interponer su destinatario en caso de desacuerdo; VII. Dar intervención a terceros interesados cuando el ordenamiento de la materia así lo establezca; y VIII. Ser efectuado por el servidor público facultado para ello. Artículo 14. Los actos administrativos surten sus efectos en tanto su nulidad no sea dictada por la autoridad administrativa o jurisdiccional competente." Conforme con los preceptos transcritos, se evidencia que todo acto autoritario debe constar por escrito, contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe, estar fundado y motivado, así como ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables. Al respecto, en relación con la importancia de la notificación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Materia Administrativa, página 494, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", consideró que, en el derecho administrativo, la notificación es la actuación de la administración en virtud de la cual se informa o se pone en conocimiento de una o varias personas un acto o resolución determinada. Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País consideró que dentro de las características más destacadas y que a su vez determinan su naturaleza jurídica, la notificación se constituye en requisito de eficacia del acto administrativo; esto porque sí bien es cierto que la notificación tiene vida jurídica independiente ya que su validez se juzga con criterios jurídicos distintos de los del acto administrativo que se notifica, resulta lógico que éste carezca de eficacia mientras no sea notificado al que deba cumplirlo o al interesado. Lo anterior en virtud de que la notificación no constituye una resolución administrativa, por cuanto que no es una declaración de voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta, de ahí que, la notificación no tiene contenido propio, sino que transmite el del acto que la precede. Por ello, se estableció que la notificación generalmente es la última fase de elaboración de un acto administrativo o constituye la operación que complementa una determinación de la administración. Así, al dar eficacia al acto administrativo, la notificación obliga al particular a cumplirlo, además, se estimó por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la notificación es requisito indispensable para que opere el carácter ejecutorio del acto, pues la administración no puede válidamente ejecutar el acto sin haberlo previamente notificado. En ese sentido, como se precisó, para la entrega de las cédulas de notificación de infracción impugnadas, la Ley y Reglamento de Movilidad y Trasporte del Estado de Jalisco, establecen que la Secretaría de Movilidad del Estado es la encargada de realizar la notificación de las aludidas cédulas de infracción, en términos del segundo párrafo del artículo 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que a la letra dice: "Artículo 198. Para elaborar las cédulas de notificación de infracciones serán competentes, la autoridad municipal en materia de movilidad por conducto de los agentes de movilidad y la Secretaría de Movilidad por conducto de la policía vial. De igual forma, corresponderá a la Secretaría o a las autoridades municipales en su ámbito de atribuciones, la calificación e imposición de las sanciones correspondientes, así como las medidas de seguridad que procedan, según su competencia, quienes deberán fundar y motivar sus actos y notificarlos de conformidad con la presente ley y sus reglamentos. [.]" Asimismo, el artículo 378, fracción III, de la misma Ley estable: "Artículo 378. Las infracciones a la Ley o a este Reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en cédula de notificación de infracción, en los términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se verificarán las siguientes acciones: [.] III. La cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo recibas o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello." Del precepto transcrito, se advierte que, por cuanto hace a las infracciones a la mencionada ley o su reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, la cédula correspondiente deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En el caso la cédula de notificación: ---, fue emitida el cuatro de diciembre de dos mil veinte, por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; asimismo, la infracción con folio --- fue realizada el diez de noviembre de dos mil veinte, por el director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, por lo que el plazo de sesenta días naturales con los que contaba la autoridad administrativa para hacer del conocimiento del gobernado las referidas cédulas de infracción feneció, sin que se hubieren practicado. De lo anterior se colige que la violación planteada por el quejoso es cierta, pues de las constancias que obran en autos y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables no se advierte la constancia que demuestre que las autoridades administrativas hayan notificado el contenido de las cédulas de notificación de infracción citadas, con lo cual se vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 Constitucional. Por tanto, se aprecia que caducó la facultad de las autoridades responsables de perfeccionar el acto administrativo consistente en las cédulas de notificación de infracción combatidas, al no haberlo hecho dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el artículo 378, fracción III del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, ante lo cual, precluyó su derecho para practicar la notificación respectiva, que conduce a la invalidez de las multas reclamadas. En los términos expuestos para cumplir con el artículo 16 constitucional, no basta con que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que aquéllos se hagan saber al afectado en el mismo acto de molestia, o con posterioridad, en el término establecido por la ley correspondiente; lo que en el caso no aconteció. Luego, si como se estableció, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, las autoridades responsables no colmaron los requisitos formales de fundamentación y motivación, ello provoca incertidumbre jurídica en el accionante de derechos fundamentales, pues los vicios formales detectados le impiden conocer las razones, motivos y elementos que la responsable consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, las autoridades responsables señaladas transgredieron en perjuicio de la parte quejosa el principio de legalidad establecido en el precepto 16 de la Carta Magna, pues las cédulas de notificación de infracción reclamadas no le fueron notificadas dentro del término legal. En consecuencia, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados consistentes en las cédulas de infracción --- y ----, así como las consecuencias legales que de ellas se derivaron. SÉPTIMO. Efecto del amparo. Ante el panorama descrito, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión se conceden para el efecto de que: Dejen insubsistentes las cédulas de notificación de infracción, con folios --- y --- , así como sus consecuencias. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 77, fracción I, 75, y 217 de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ---, respecto a los actos, autoridades y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ---- contra los actos atribuidos al Congreso, Gobernador ambos del Estado de Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ---, contra los actos atribuidos al Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, y Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, todos del Estado de Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de tres días concedido a la autoridad responsable mediante proveído de veinticinco de enero pasado, para que cumplieran cabalmente con la ejecutoria de amparo. Previo a hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, requiérase por última ocasión a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y Actuario Notificador adscrito, bajo apercibimiento. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta remitidos por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, y toda vez que por auto uno de julio de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento con motivo de diversos recursos de queja interpuestos en el presente juicio de amparo; por tanto, se reserva proveer lo conducente, hasta que se levante la suspensión aludida. Solicitan copias. Por otra parte, por lo que ve a la solicitud de copia certificada de la totalidad de las constancias que integran los presentes autos; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse, a su costa, las copias certificadas que indica; previo recibo y razón que deje asentado de su entrega. Notifíquese por lista física y electrónica.

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