Francisco Javier Luna Gallardo
Expediente 206/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Javier Luna Gallardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 206/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1) Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, todos de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2).- Jueces Primero y Segundo, ambos de Paz del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 3).- Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a los Sectores Coloso, Costa Azul y Renacimiento. EJECUTORAS: 4).- Coordinadores Regional y de Zona adscritos a los Sectores Coloso (declarada inexistente en auto de dos de marzo pasado), Costa Azul y Renacimiento de la Policía Ministerial del Estado. ACTO RECLAMADO: La emisión de una orden de aprehensión y su eventual ejecución en su persona. SEGUNDO.- Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente 206/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar el inicio del procedimiento a la parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, todos de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares; así como los Jueces Primero y Segundo, ambos de Paz del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a los Sectores Coloso, Costa Azul y Renacimiento, al rendir sus respectivos informes negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados; sin que el quejoso aportara dentro del procedimiento prueba idónea para desvirtuar tal negativa. Consecuentemente, si la parte quejosa no demostró con medio de convicción alguno la existencia de los actos reclamados respecto de las autoridades designadas como responsables, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo. TERCERO.- ES CIERTO el acto que se reclama al Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues no obstante que al rendir su informe con justificación en principio negó haber emitido una orden de aprehensión en contra de FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, posteriormente reconoció que en la causa penal 35-1/2012, giró orden de aprehensión en contra de FRANCISCO LUNA GALLARDO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio del menor Ángel Gabriel Luna Cruz; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con las copias certificadas de la aludida causa penal que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a las autoridades responsables, pues no obstante que al rendir su respectivo informe justificado negaron su existencia, dado el carácter con el que fueron designadas y las atribuciones propias de su función, es inconcuso que se encuentran en aptitud de llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión cuya existencia aceptó el juez responsable; de ahí que lo procedente es tener por desvirtuada la negativa informada y por cierto el acto que se les reprocha. CUARTO.- Precisado lo anterior, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. (.)." En íntima vinculación con lo anterior, el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, señala que: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del numeral 61 invocado, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte el citado numeral 6 refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, a quien afecte la norma general o el acto reclamado y por tal circunstancia, tenga necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal a efecto de que se respete el derecho individual que le otorga la Constitución o el tratado internacional y que alega transgredida. Por último, de la lectura del numeral 5 transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo). Luego, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una causa penal, es que el quejoso debe probar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en la inteligencia, que la afectación a su esfera jurídica debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones, pues de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, de acuerdo a lo previsto por el citado numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional aduciendo llamarse FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO; sin embargo, de las actuaciones atinentes a la causa penal 35-1/2012, se observa que el Juez Décimo de Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares giró orden de aprehensión en contra de FRANCISCO LUNA GALLARDO, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio del menor Ángel Gabriel Luna Cruz, de lo que se sigue que dicho mandamiento de captura fue girado en contra de una persona diversa aunque con un nombre similar. En este punto, es importante destacar que la parte ofendida en la causa penal de origen exhibió el certificado de nacimiento del menor agraviado, del que se deriva que su progenitor -sujeto activo- responde al nombre de FRANCISCO LUNA GALLARDO, de ahí que no exista duda en torno a la identidad del pasivo en relación con el quejoso que responde al nombre de FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO. Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de dos personas distintas, pero con nombre similar, es decir que en el caso, se trata de un asunto de homonimia, que consiste en la semejanza en la manera de escribirse o pronunciarse que presentan dos palabras de significado diferente o de diferente valor gramatical. Entonces, se colige que la persona contra la cual el juez responsable libró la orden de aprehensión aquí reclamada, se trata de una persona diversa al quejoso, pues aquélla fue librada en contra de FRANCISCO LUNA GALLARDO y no contra FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, tan es así que obra en autos copia de la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo 646/2013, del índice de este juzgado de Distrito, el cual fue promovido por el primero de los mencionados, y de la comparación de las firmas que calzan las demandas se aprecian notoriamente distintas, todo lo cual da pauta para arribar a la mencionada conclusión. Por tanto, la orden de aprehensión emitida por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 351/2012, como se indicó, no irroga ningún perjuicio al aquí quejoso FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, pues fue librada en contra de una persona distinta, aunque homónima de éste. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 982, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PERSONA DE NOMBRE SIMILAR AL DEL QUEJOSO. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE DEMOSTRAR QUE PUEDE EJECUTARSE EN SU CONTRA. Cuando en un juicio de garantías se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona de nombre similar al del peticionario de garantías; a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón; pues de no ser así, ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora de haber librado la orden en contra del quejoso, y el que la autoridad señalada como ejecutora aceptara la existencia de la referida orden, pero girada contra una persona de nombre similar, surge la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que atiende al principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como en los numerales 4o. y 5o. de la citada ley." Sin que obste que el quejoso en su demanda dentro del capítulo relativo a los antecedes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad haya relatado que fue informado por uno de sus vecinos que un elemento de la Policía Ministerial le había dicho que tenían la intención de detenerlo, ya que tal protesta sólo es un requisito establecido por el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, y no cuenta por sí mismo con el carácter de medio de prueba. Por tanto, la orden de aprehensión emitida por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 35-1/2012, como se indicó, no irroga ningún perjuicio al aquí quejoso FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, pues fue librada en contra de una persona distinta a éste. Mas aun, tampoco puede soslayarse que en el expediente 1035/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, promovido por el aquí quejoso FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, se observa que el mismo fue sobreseído precisamente por la misma consideración expuesta en líneas precedentes; lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º; porque la información relativa se obtuvo de la búsqueda efectuada a la página electrónica del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo. En apoyo se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 530, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías. En el entendido de que, el sobreseimiento decretado comprende a la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, tanto de la ordenadora como de las ejecutoras; ello en virtud de que con relación a ninguno de ellos el quejoso acreditó la afectación a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a la anterior determinación el criterio aislado sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 2821, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA EN AMPARO EL QUEJOSO QUE DEMUESTRA QUE TIENE UN NOMBRE HOMÓNIMO AL DE AQUEL EN CONTRA DE QUIEN SE LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA, A NO SER QUE DEMUESTRE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CORRESPONDIENTES, QUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS HAN TRATADO DE CUMPLIMENTARLA EN SU PERSONA. De una interpretación conjunta a los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que el interés jurídico para acudir al juicio de garantías consiste en la demostración plena de la afectación que un acto de autoridad causa a una persona. Acorde con ello, si al reclamar la inconstitucionalidad de una orden de aprehensión, el quejoso demuestra que tiene un nombre homónimo al de aquel en contra de quien se emitió, y de las constancias respectivas se advierten los datos que permiten identificar plenamente a la persona por la que se libró aquel mandato, resulta evidente que la orden de captura no afecta en forma alguna al impetrante de garantías y, por ende, carece de legitimación para reclamarla en amparo, dado que no se encuentra dirigida a su persona sino a una distinta pero con similar nombre, por lo que el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle un perjuicio. Lo anterior no impide que si el quejoso demuestra, a través de los medios de prueba correspondientes, que las autoridades ejecutoras han tratado de cumplimentar la referida orden en su persona, pueda concederse la protección constitucional, toda vez que dichos actos de ejecución son contrarios a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que constituyen una molestia y afectación en su persona, al pretenderse cumplir un acto privativo de libertad dirigido a un diverso individuo de idéntico nombre, esto es, en los casos de homonimia en donde es plenamente identificable la persona contra la cual se emitió el acto restrictivo de libertad, lo único que puede llegar a afectar al quejoso es su ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 206/2016, promovido por FRANCISCO JAVIER LUNA GALLARDO, por las razones contenidas en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a cinco de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le hizo el nueve del mes en curso, y por recibidas las documentales que al efecto exhibe como complemento de su informe justificado rendido en autos; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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