Francisco Javier Lucas Pacheco

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Lucas Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión que establece el artículo 86 de la ley de la materia, en contra de la resolución que por una parte negó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca; para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumplan con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y remitan copia certificada de las determinaciones que dicten al efecto o en su caso informen el trámite que realizan, para lo cual deberán utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a las citadas autoridades responsables a través de la persona física que las representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien ********************, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que represente; lo cual no se prejuzga. Asimismo, devuélvase al juez responsable el disco que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA "... VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 646/2023(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, .... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: De la autoridad ordenadora ((Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca): : 1. La resolución por la que se declara legal la detención del quejoso realizada el cinco de junio de dos mil veintitrés, en cumplimiento a una orden de aprehensión; 2. El auto de vinculación a proceso. 3.- El auto en que decretó prisión preventiva oficiosa y justificada. De la autoridad ejecutora ((Director del Centro penitenciario varonil de Tanivet, Oaxaca): 1. La ejecución de la medida cautelar preventiva. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Los actos reclamados a las autoridades responsables son CIERTOS, y así lo exponen en su informe justificado. Dicha certeza se corrobora con UN DISCO versátil (en formato DVD), que contiene las audiencias del control de la detención, dictado del auto de vinculación y de la imposición de medidas cautelares, que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado. A dichas constancias se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. .... Se precisa, no obstante que las determinaciones combatidas se hayan dictado en la audiencia inicial, así como en la diversa de continuación de la audiencia inicial; sin embargo, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. ... CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias que conforman el sumario constitucional. 1.- Consta que ante el Juzgado de Control en materia penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, se encuentra radicada la causa penal ... instruida en contra del ahora quejoso ******************** por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de FEMINICIDO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA y VIOLENCIA FAMILIAR, que se dicen cometidos, el primero, en agravio de Dulce María Antonio Anza y el segundo contra la menor de nombre Y.A.A. 2.- Que con fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, el quejoso fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por la Juez de control del Circuito Judicial de valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, motivo por el cual fue puesto a disposición de dicha autoridad, cuya titular, en audiencia pública, calificó de legal la detención y tras la comunicación de la imputación por parte de la representación social, de la que el defensor nada cuestionó, en su oportunidad, decretó en su contra auto de vinculación a proceso por los injustos reseñados en el punto anterior. 3.- Con motivo del auto de vinculación a proceso, se fijó la medida cautelar de Prisión preventiva oficiosa y justificada. Estas determinaciones (del control de la detención, auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, como su ejecución) y los motivos dados por la responsable, para justificarlas, son los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se observa causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, motivo por el cual se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. ... No obstante lo anterior, el quejoso, en resumen, señala: 1.- La resolución por la cual la juez de Control declara de legal la detención verificada el cinco de junio de dos mil veintitrés, es ilegal e inconvencional, como lo acredita con la documental consistente en la copia auténtica de registro de audio y video de la audiencia inicial. Que lo anterior es así, en vista de que al iniciarse el debate sobre el análisis y la legalidad de la detención, el Ministerio público no incorporó argumento, dato ni medio de prueba con los cuales acreditara que al momento de la detención, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le entregara copia de la referida orden de captura y el detenido fuera informado de los hechos criminosos que se le imputan, con lo cual no estuvo en aptitud de preparar una adecuada defensa a su favor, lo que motiva se le conceda el amparo para efecto de que se reponga el procedimiento penal ante la ilegalidad de la detención. Así que como no hay evidencia que los policías captores le hubieran entregado copia de la orden de aprehensión, a fin de enterarlo de la causa de la detención, la autoridad que la ordenó, los hechos que se le imputan, los medios de prueba existentes en su contra, las personas que lo acusan, el número de expediente y los demás datos que le permitieran o posibilitaran una defensa adecuada y efectiva, el acto es inconstitucional. Circunstancia que motiva, en todo caso, la reposición del procedimiento en términos del artículo 4, numeral 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". 2.- Con respecto al auto de vinculación a proceso, por la imputación que se le hace de su probable intervención en los hechos que se califican como delitos de Homicidio en grado de Tentativa y Violencia Familiar, señala el quejoso se trastocan en su perjuicio los numerales 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 y 14 del pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos ; 8, 24 y 25 de la Convención Americana "Pacto de San José de Costa rica". Ello, en razón a que el imputado, ahora quejoso, no tuvo una defensa adecuada en razón a que el defensor público que le fue asignado, se condujo con notoria y manifiesta impericia y negligencia durante el curso del debate sobre vinculación a proceso, con relación a sus deberes como defensor, los cuales, inmersos en los numerales 20, apartado A y B de la Constitución, como 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron inobservados En efecto -refiere el quejoso- que al darle la palabra la juez de control a su defensor, éste se condujo de manera pasiva, no cuestionó la teoría del caso de la representación social, limitándose a decir que no tenía nada que decir, no incorporó ningún argumento, dato o medio de prueba a favor de su defendido y la juez de control en ningún momento previno al directo imputado a que, en términos del numeral 121 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, designara otro defensor. 3.- Refiere el quejoso que los hechos fácticos que se le imputan no están señalados en la ley Penal como delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, debido a que no se acreditaron dos elementos típicos descriptivos o de definición, trastocándose con ello los artículos 14 y 16 Constitucionales. Tampoco se acreditan los elementos del diverso injusto de violencia familiar, al no advertirse la demostración del dolo por parte del imputado. Lo expuesto es así, porque el Ministerio Público incorporó al debate datos de prueba insuficientes para acreditar dos elementos típicos descriptivos, a saber, la intención del imputado de querer privar de la vida a la víctima Dulce María Antonio Anza (dolo) y el elemento normativo que revelen la existencia de datos, información antecedentes o indicios que refieran cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar y del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y al no considerarlo así la juez de control incurrió en una violación de fondo (in judicando) relacionada con una indebida valoración de los datos de prueba, con infracción de las reglas de la valoración racional de la prueba conforme al sistema de sana crítica previsto en el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4.- Que la resolución de prisión preventiva es también inconstitucional porque vulnera el principio de taxatividad y excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 de la Constitución Federal, porque la representación social no acreditó de forma objetiva la necesidad de la cautela ni justificó porqué otras medidas cautelares no eran suficientes para garantizar algún riesgo procesal, como requisitos sine qua non para la imposición de dicha medida; que sobre este punto su defensor no vertió controversia y sólo se concretó a señalar que no tenía nada que decir y no incorporó ningún argumento defensivo; que dentro del catalogó de los hechos que la ley fundamental en su artículo 19 califica como delitos, no se encuentra el feminicidio agravado en grado de tentativa ni el de violencia familiar. Aparte dice, la juez de control no motivó su resolución por la cual le impone la medida de prisión preventiva justificada, pues hizo caso a lo expresado por la fiscalía, cuyos argumentos se basaron sólo en meras conjeturas, en convicciones subjetivas y apreciaciones personales, en la medida en que la necesidad de la medida se funda en que existe riesgo de fuga por parte del imputado ya que la policía captora logró su cometido hasta después de nueve meses de sucedidos los hechos; que su domicilio ubicado en la agencia municipal de San José el Cerro de las Huertas, no es un domicilio fijo, cuenta habida que por su actividad en el ramo de la construcción o albañilería tampoco lo arraiga a la comunidad en que vive; que otro riesgo de fuga lo constituye la alta punibilidad del injusto que se le reprocha, que va de cincuenta a sesenta años de prisión; SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. El concepto de violación aducido, identificado con el número 1, es infundado, en razón a que sobre el tema cuestionado, en el sentido de que no se realizó un debido control de la detención por parte de la Juez responsable, existe criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que ello no es necesario en tratándose de la ejecución de una orden de aprehensión, según se observa en la tesis número..., Registro digital: ..., consultable en la página 149 del libro 79, Octubre de dos mil veinte, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente. En concepto de violación identificado con el número 3, resulta también INFUNDADO, porque contrariamente a lo aducido por el quejoso, no se ve que el acto reclamado vulnere en su perjuicio el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: ... De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Expuesto lo anterior, de la reproducción del registro audio visual de la audiencia inicial en donde se vinculó a proceso, se advierte que se cumplieron con los requisitos formales aludidos en los artículos reproducidos. Que contrariamente a lo que se vierte en los conceptos de violación, en relación a la insatisfacción de la configuración del injusto de feminicidio agravado en grado de tentativa, se estima que el auto de vinculación a proceso reclamado, no es inconstitucional, porque la teoría del caso propuesta por la fiscalía en contra del imputado, se respalda en diversos datos de prueba, no contradichos, menos desvirtuados, que, ponderados bajo el estándar probatorio mínimo, son reveladores de: 1).- La existencia de un hecho que la ley señale como delito para ubicar la conducta del justiciable en la hipótesis normativa que es objeto de reproche; y, 2) La probabilidad en la comisión o participación del activo, ahora quejoso. Lo anterior, en razón de que el auto de vinculación a proceso sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, no siendo necesario que el órgano acusador, en el presente asunto, aporte datos de prueba que hagan ineludiblemente posible la finalidad querida por el imputado, que se dice interrumpida o no verificada por causas ajenas a la voluntad del imputado. Es decir, que la fiscalía pruebe los elementos objetivos, normativos y subjetivos, pues en esa estadía -vinculación a proceso-, no se requiere la comprobación plena de los elementos en mención, sino que los datos de prueba, valorados racionalmente, hagan posible atribuir el hecho al imputado, a efecto de que se continúe la investigación regulada por el Juez de Control en donde pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en un procedimiento respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, ya que corresponde a la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal, a efecto de justificar la emisión de una sentencia condenatoria. ... En ese tenor, debe señalarse ahora, que la fiscalía aportó datos de prueba, sin advertirse la existencia de datos aportados por la defensa que pongan en evidencia que los hechos se sucedieron de manera diferente a la descrita en la denuncia, o bien, que el imputado no estuvo en la hora y fecha del lugar de realización de los hechos en que se encuentra inodado; es por lo que, por principio, los hechos, respaldados con los datos de prueba, deben tenerse por acreditados, los cuales fueron reflejados como sigue: Que en el mes de junio de dos mil veintidós, la víctima ..., conoció al imputado ..., justamente en el Bar ... en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en donde trabajaba como "fichera". Después de unos servicios, se fueron a vivir a un cuarto ubicado sobre la calle principal de Coatequitas Ejutla, Oaxaca. Durante su relación se pudo percatar que Francisco Javier López Pacheco, es una persona muy celosa, pues seguido le reclamaba por haber trabajado en el bar, diciéndole a cuantos "se había echado", que cuantos se la cogieron; que cuando salían a la calle él le decía que todos la miraban como si le conocieran el culo; sin embargo, ella no respondía a ello. Que en el mes de julio de dos mil veintidós, después de haber asistido a un palenque al que se hicieron acompañar de un señor de nombre Santos, al ir viajando en su camioneta de regreso a casa, su pareja, ya en estado de ebriedad, comenzó a reclamarle que era una puta, que a cuantos hombres se había "echado", a la vez que le empezó a pegar en la cara y en la cabeza, sacando una pistola que cargaba en la cintura y se la puso en la cabeza, diciéndole que la iba a matar y después aventaría su cuerpo a una barranca; pero, el señor Santos intervino y le dijo al agresor que la dejara, que no fuera a cometer una "tontería", fue por ello que quito la pistola de su cabeza y dejó de golpearla. Al otro día ella le dijo a su compañero sentimental que se iba a ir porque no le gustaba ese tipo de vida. El dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, Francisco Javier López Pacheco, llegó "borracho" al domicilio donde vivían y le jaló de los pelos, arrastrándola por la casa. Que nuevamente, con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, su compañero llegó borracho hasta el cuarto donde rentaban, siendo aproximadamente las cinco y media de la tarde, reclamándole sobre unos mensajes del "messenger" que vio, porque él tiene su cuenta de "faceboock", pero, luego de ello se salió a tomar a la tienda del señor..., que está como a cinco metros de donde viven, y ya que su hija ..., no había comido fue a la tienda a comprar, y fue ahí donde vio que su pareja seguía tomando. Que después de comprar, su pareja le dijo que lo esperara, motivo por el cual ella esperó, pidiéndole ella que ya no tomara, que en ese momento vio que él saco una navaja de su pantalón y le dijo "bueno te espera otro rato", volviéndola a guardar, agregando su compañero, bueno, vamos ya, siendo aproximadamente como ocho y media de la noche. Que al llegar al cuarto, su pareja le echó el brazo derecho rodeando su nuca y cuello, como queriéndola asfixiar, y al ver esto su hija empezó a gritar que la soltara, él se volteó fue como ella pudo zafarse, que él, tras quitarse su pantalón, intentó nuevamente ahorcarla, al tiempo que le decía ahora sí me vas pagar todas las que me has hecho, tratando de jalarle el cabello, que al atravesarse su hija, se fue corriendo a la casa de su vecina que está atrás del cuarto donde vivía con su pareja, gritándole a su vecina Carmen Vásquez, que le abriera un cuartito, a lo que ella accedió y fue así como se metió con su hija. Estando ya resguardadas escuchó los pasos de ... escuchando que éste le decía a su vecina que era cómplice de su mujer y que ya no le siguiera ayudando, porque si no también ella iba a salir embarrada, diciéndole también, que ya la sacara del cuarto, y que pasaron como quince o veinte minutos y su vecina intentaba tranquilizarlo, escuchando que ella le dijo, que si la iba a sacar, pero, que no le hiciera nada a ella, que ya no hiciera escándalo porque estaba asustando a los niños. Que su vecina le dijo que saliera por la cocina, pero la agredida le dijo que le quitara la navaja que llevaba su pareja porque él la quería matar, dándole la navaja a la señora Carmen. Pero, de repente él la jalo del cabello y la comenzó a arrastrar de la cocina al corredor, hasta el patio, donde estaba la hierba, quedando frente a la casa de su vecina, viendo que su pareja sacó otra navaja con la que le amenazaba, y la empezó nuevamente a ahorcar, que al ver esto su hija ..., comenzó a llorar y gritando lo jalaba, pero él empujó a su hija y como estaba empuñando la navaja, le cortó sus dedos, gritando su hija del dolor, motivo por el cual su vecina llamó a su hija; que al momento de quitarse su hija, Javier aprovechó para "enterrarle" la navaja en el cuello, la saca y le va otro navajazo, diciéndole "te vas a morir puta" y en eso metió las manos para que no la matara, cortándole también sus dedos con los que se cubrió para que su pareja no la matara. Que su vecina gritó a su hija que saliera y pidiera ayuda a los vecinos, que le hablara a Juan Vicente, que tras oír eso su pareja la soltó, se levantó y echó a correr. La consecución de los hechos descritos, se respaldan en: a).- Denuncia de la víctima ... de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. b).- Comparecencia de la niña de nombre abreviado.... en fecha tres de octubre de dos mil veintidós. c).- Comparecencia de la Testigo ...de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. d).- Entrevista de la agente municipal..., de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. e).- Certificado médico de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el doctor Luciano Rolando Barrita Martínez, donde se hace valoración médica de las víctimas ... f).- Inspección ocular de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. g).- Inspección ocular de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, realizada por la agente estatal de investigaciones Isabel Aranza López Díaz. h).- Dictámenes psicológicos de once de octubre de dos mil veintidós, de la menor de nombre abreviado ... i).- Dictamen psicológico de once de octubre de dos mil veintidós, de ... Datos de prueba que conforme a la reproducción de las audiencias de audio y video, fueron racionalmente analizados por la juez responsable, en su conjunto, acorde al numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual es correcto, conforme a la tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, consultable en la página 2388 del libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo III, Registro digital: 2017728, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Hechos que, bajo el escrutinio de los numerales 411 y 10 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, configuran el hecho calificado por la ley como feminicidio agravado en grado de tentativa, uno de los injustos atribuido al imputado, aquí quejoso, cuyos numerales disponen: Artículo 411.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Se considera que existe una razón de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: [.] II. A la víctima se le hayan infligido heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitamiento, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. V. Haya existido, entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. [.] Artículo 10.- Los delitos pueden ser. de tentativa: [.] II. Existe tentativa, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo si por causas ajenas al agente, no hay consumación pero si puesta en peligro del bien jurídico. De la interpretación de dichos numerales se desprenden los siguientes elementos: a).- La intención de privar de la vida a una mujer (elemento subjetivo). b).- La realización de actos idóneos para consumar la privación de la vida (elemento objetivo). c).- Que la intención de privar de la vida sea por razones de género (elemento normativo). d).- Que la muerte de la mujer no se haya materializado por causas ajenas a la voluntad del activo (elemento negativo). Los anteriores elementos, con respecto a la tentativa, de manera genérica, se visualizan en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/275 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 74, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, Registro digital: 212462, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "TENTATIVA. ELEMENTOS DEL DELITO DE. La tentativa se integra con dos elementos, el subjetivo consistente en la intención dirigida a cometer un delito y el objetivo consistente en los actos realizados por el agente y que deben ser de naturaleza ejecutiva, y un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto". Y, con respecto al tipo básico del feminicido (homicidio), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis Registro digital: 236921, consultable en la página 19 del volumen 14, segunda parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, sostuvo lo siguiente: "HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Cuando no está demostrado en manera alguna, que el acusado hubiese ejercitado hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización del homicidio y que éste no se consumó por causas ajenas al propio acusado, toda vez que siendo el delito de homicidio una figura delictiva compleja, cuya realización puede no efectuarse y quedar en simples lesiones, la tentativa, esto es, los elementos que la constituyen, se deben procurar con base en el elemento subjetivo del tipo, o sea, en la intencionalidad del motivo". Debe destacarse, los enunciados elementos, desglosados de los normativos apuntados y recogidos en los criterios transcritos, implican, para la configuración del delito de feminicidio en grado de tentativa, un requerimiento fundamental, a saber, que se coloque a la víctima en peligro real de muerte, cuya convicción plena -como ya fue apuntado- por el momento, será bastante con los datos de prueba valorados racionalmente a priori, por el juez de control. En ese orden, debe reseñarse también que la juez de control hizo ponderación de los propios datos de prueba que sirvieron, inclusive, conforme a la mecánica de los hechos, para tener por configurado el diverso injusto de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de nombre con iniciales Y.A.A., deducidos de los numerales 404 y 404 bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que señalan: 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; Siendo destacable, que en la continuación de la investigación regulada por la Juez de Control, el imputado podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, ya que corresponde a la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal. Por otro lado, el concepto de violación identificado con el número 2, resulta también INFUNDADO, porque no se ve se haya vulnerado el derecho de defensa del quejoso, contenido en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para arribar a lo anterior, es necesario señalar que la interpretación literal de los artículos 121, párrafo primero, 17, párrafos primero, segundo y último, y 134, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite conocer el deber común de los Jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley, y con sujeción a los principios que rigen la función jurisdiccional. Esa determinación se traduce en la obligación del juzgador de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda del derecho fundamental del imputado a una defensa técnica adecuada en el proceso penal acusatorio que lo autoriza a prevenir al imputado en términos del numeral 121 mencionado, como sigue: Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Sin embargo, para cumplir con sus deberes, el juzgador, también cuenta con la facultad de conminar a las partes a sujetarse a los principios y reglas del proceso penal acusatorio, lo que no se traduce en una determinación tendente a cuestionar la capacidad técnica del defensor que representa al imputado, mucho menos en una disposición encaminada a prevenirlo para que designe otro pues, en este caso, es pertinente evidenciar que fue manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor que había nombrado, conceptos que deben someterse a un ejercicio de razonabilidad. En el caso, contra lo argüido por el justiciable, una vez reproducido el material audiovisual de la audiencia relativa, que acompañó la juez de control como justificación a su informe, no se desprende manifiesta y sistemática incapacidad por parte del defensor Público que fue nombrado para la defensa de los derechos del imputado; de ahí que no pueda sostenerse que éste tuvo una defensa inadecuada en su vertiente material, por desconocimiento técnico del sistema penal acusatorio de su abogado, por lo que no estuvo en desigualdad de condiciones respecto del órgano acusador. Si bien, lejos de ello, sólo se concretó a indicar atento a los requerimientos de la juez, que resolviera conforme a derecho, ello, se estima, no evidencia materialmente un desconocimiento técnico de la materia en que se halla inodado su defendido, que no puede así ser estimado, ni aun cuando no contara con una teoría del caso ante la ausencia de datos de prueba que corroboraran su postura o controvirtieran los hechos que motivaron el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, que, como ya se adelantó, pueden ser aportados en la fase de investigación complementaria o mejor aún en la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal. Pero que, por no haber sido aportados en la etapa relativa no revelan por sí, un desconocimiento técnico que ameritara el llamado de atención por parte de la juez de Control al justiciable, para que nombrara un defensor diferente, ante el desconocimiento manifiesto del nombrado para defenderlo. Se invoca en apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 2968 del libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo IV, Registro digital: 2017222, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "DEFENSOR DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA SU REMOCIÓN DEL CARGO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR INCAPACIDAD TÉCNICA MANIFIESTA Y SISTEMÁTICA, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR CUIDADOSAMENTE CADA CASO CONCRETO, A FIN DE DETERMINAR SI EL NÚMERO Y TRASCENDENCIA DE LOS ERRORES COMETIDOS SON DE TAL MAGNITUD, QUE COLOQUEN AL ACUSADO EN RIESGO DE QUE SE PRIVE DE CONTENIDO MATERIAL SU DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", estableció que en el derecho de defensa adecuada se identifica un elemento formal, consistente en que el nombramiento de defensor recaiga en un profesional en derecho, y uno material, que implica que el defensor actúe diligentemente con el fin de proteger los intereses de su defendido y evitar que sus derechos se vean lesionados. Ahora bien, frente al derecho fundamental referido, el Estado tiene una obligación de carácter negativo, de no obstruir e impedir su materialización, y otra de tipo positivo, de asegurar por los medios legales a su alcance, que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio. Dentro de esta última, en relación con el elemento material mencionado, se encuentra la facultad del órgano jurisdiccional prevista en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de remover al defensor cuando exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica, que a su vez responde a la obligación de velar por la defensa adecuada y técnica del imputado, establecida en el numeral 17 del propio ordenamiento a cargo del juzgador; por tanto, éste podrá ejercer la facultad de remoción indicada, cuando el defensor incurra en errores técnicos en forma patente y clara, mediante una serie de conductas reiteradas en el mismo o similar sentido. De ahí que uno o más errores aislados no configuren la causa de remoción citada, aun cuando revelen cierto grado de desconocimiento del sistema penal acusatorio, porque la gravedad de la medida amerita un análisis cuidadoso en cada caso, a efecto de que el órgano jurisdiccional determine si el número y trascendencia de los errores cometidos son de tal magnitud, que coloquen al imputado en riesgo de que se prive de contenido material su derecho fundamental de defensa adecuada, privándolo de la posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra, y si pudieran trascender al sentido de la determinación que vaya a adoptarse en la etapa procesal correspondiente. De no obrar en esos términos, el juzgador podría vulnerar el derecho fundamental del imputado a designar libremente al defensor de su elección, previsto en los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ante la posibilidad fáctica de que aquél ya no pueda nombrar a un segundo o ulterior defensor particular, o ante el riesgo de que el nuevo que designe no cuente con los medios y tiempo necesarios para conocer las constancias atinentes, a fin de determinar la estrategia a seguir, que permita el ejercicio de una adecuada defensa. En ese tenor, ante lo INFUNDADO de los conceptos de violación analizados en este apartado, lo procedente ES NEGAR AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA, contra el auto control de la detención y el auto de vinculación a proceso reclamado a la juez de control responsable. OCTAVO. En cambio, son FUNDADOS los conceptos de violación planteados por el quejoso, marcados en el punto 4, con respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada. Lo anterior, toda vez que la resolución emitida por la Juez de control responsable, en torno a la imposición de prisión preventiva oficiosa, trastoca los derechos subjetivos del justiciable, en tanto el hecho que la ley califica como delito de Feminicidio agravado en grado de tentativa, no se encuentra en el catálogo a que aluden el numeral 19 constitucional, en su segundo párrafo y tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se observa a continuación: "Artículo 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". "Art. 167. [.] El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". Acto decisorio de la responsable que es atentatorio de los derechos humanos del justiciable, no sólo por la circunstancia de que la prisión es una medida cautelar que debe imponerse de manera excepcional, cuando no exista una medida menos lesiva; sino, porque frente a dicha medida privativa de libertad, deben hacerse patentes los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; pero, sobre todo, porque el hecho de que en los numerales anotados se enuncie que amerita prisión preverntiva oficiosa, quienes estén inodados en el injusto de feminicidio, ello no da lugar a hacer extensiva dicha medida en los casos como el de feminicidio agravado en grado de tentativa, por el que se sujetó a vinculación al ahora imputado, en la consideración de que dicha figura así concebida NO ESTÁ EXPRESAMENTE PREVISTA en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial 4/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 863 del libro 9, enero de 2022, tomo II, Registro digital: 2024090, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto litera siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE VIOLACIÓN NO SE EXTIENDE A LA TENTATIVA DE VIOLACIÓN. Hechos: Se ejerció acción penal contra una persona por el delito de tentativa de violación y al ponerse a disposición de la autoridad judicial se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue impugnada; seguido el cauce legal correspondiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que el Juez negó la protección constitucional, por lo que interpuso recurso de revisión. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que carecía de competencia legal para conocer del fondo del asunto, por subsistir un tema relacionado con la interpretación del artículo 19 constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir competencia originaria para conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la prisión preventiva oficiosa regulada para el delito de violación en los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe extenderse al delito de tentativa de violación. Justificación: Los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan expresamente que el Juez competente debe ordenar la prisión preventiva oficiosa al cometerse delito de violación. No obstante, la inclusión por extensión en las hipótesis normativas reguladas en esos artículos se aparta del sentido y el alcance de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; inclusive de los parámetros convencionales. De conformidad con el artículo 9, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción como una medida cautelar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos parte de la premisa de que la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional y que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado parámetros respecto a la aplicación subsidiaria de la prisión preventiva, interpretando los alcances de la medida, y orientando a los operadores jurídicos para imponer medidas idóneas y más benignas, antes de la privación de la libertad de una persona presuntamente inocente. Por tanto, esta Suprema Corte determina que la descripción típica de la tentativa de violación no está prevista en los supuestos de los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de extender la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Luego, la autoridad competente deberá analizar cada caso concreto previo a la imposición de la medida cautelar idónea y correspondiente, en todos los casos, pero en tratándose de tentativa de violación, al no estar prevista de manera expresa en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrá imponer la medida por extensión, es decir, de manera oficiosa". Por otro lado, en torno de la imposición de la medida de prisión preventiva justificada, la juez de control responsable, infringió, en perjuicio del peticionario del amparo, la garantía de legalidad, en cuento su acto, aunque fundado, no está debidamente motivado. Así, por principio, debe señalarse que por fundamentación debe entenderse que en el mandamiento de autoridad, se cite el precepto legal aplicable. Y, por motivación, la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad cumple con la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 Constitucional, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, si en ellas se cita el precepto legal que le sirvió de apoyo y se expresan los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, se adecua a los presupuestos de la norma que invoca. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".(Época: Séptima Época; Registro: 1011558; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239) En el caso concreto, debe señalarse que a la responsable no le es desconocido -por haberlo citado en su resolución- que la prisión preventiva justificada, se fundamenta en el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Sin embargo, se reseña, la juez de control responsable no motivó la resolución reclamada, con respecto a lo expuesto por la fiscalía, es decir, a los datos de prueba y sus manifestaciones vertidas como reveladoras de que el imputado, por no tener arraigo en Ejutla de Crespo, Oaxaca, y por la alta penalidad del injusto de Feminicidio en grado de Tentativa, es proclive a sustraerse de la acción de la justicia. Circunstancia fáctica esta última, que corresponde demostrar al Ministerio Público, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente porque ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el desarrollo de la investigación.. Así está contenido en la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Segunda Región, con residencia en san Andrés Cholula, Puebla, Registro digital: 2027130, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:. PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PARA EFECTO DE SU IMPOSICIÓN, LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS HECHOS INDICADORES EN QUE SE SUSTENTE EL PELIGRO DE SUSTRACCIÓN DEL IMPUTADO CORRESPONDE A LA FISCALÍA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la sentencia respectiva, el secretario en funciones de Juez de Distrito negó la protección constitucional, al considerar que fue correcta su imposición ya que, entre otras razones, estimó que el imputado no acreditó su arraigo o permanencia en el lugar en que eventualmente se le juzgaría. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el cual, para analizar la legalidad de esa resolución, se estimó necesario definir a quién le correspondía la carga probatoria de los hechos indicadores en que se sustenta el riesgo procesal de sustracción del imputado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para efecto de la imposición de la prisión preventiva justificada, corresponde a la Fiscalía acreditar los hechos indicadores en que sustenta el peligro procesal de sustracción del imputado, lo que implica que esa parte tendrá la obligación de probar que esa persona, entre otras cuestiones, tiene domicilio, residencia habitual o asiento de familia en un sitio o lugares que no corresponden a donde eventualmente se le juzgará, o bien, que dicha persona cuenta con las facilidades para abandonar este último o para permanecer oculto. Justificación: De la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emerge que el principio de presunción de inocencia, en su faceta de regla probatoria, implica que la Fiscalía tiene la carga probatoria de evidenciar la producción del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado en la comisión de ese suceso; carga que debe extenderse, a su vez, respecto de la actualización de evidencia que justifique la existencia del peligro de sustracción del imputado para efecto de la imposición de la prisión preventiva, lo que significa que esa representación social está vinculada a probar los hechos indicadores de ese peligro procesal, ya que es la parte que se encuentra interesada en la imposición de la mencionada medida cautelar y, sobre todo, porque a partir de la señalada faceta del principio de presunción de inocencia, no es factible constreñir al imputado a probar que no tiene la intención de evadir la acción de la justicia. De igual manera, deriva que la afirmación del órgano técnico de investigación en el sentido de que el imputado no tiene arraigo en el lugar en que será juzgado, envuelve una aseveración que debe probarse, específicamente, que aquel sujeto cuenta con domicilio, residencia habitual o asiento familiar en otras latitudes, o bien, que posee las facilidades para abandonar aquel lugar o de permanecer oculto. Asimismo, resalta que la falta de arraigo cuya acreditación corresponde a la Fiscalía no implica la realización de algo imposible, en virtud de que el Ministerio Público, con todos los medios jurídicos y de facto que tiene a su alcance, está en condiciones de realizar un abanico de actos de investigación que corroboren, en los términos indicados, que el imputado no cuenta con domicilio, residencia o asiento de familia que garantice su comparecencia en el juicio, o bien, que tiene los medios para procurar el abandono de ese lugar o su ocultamiento. Ahora bien, la Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación contra el ahora quejoso, pidió se dictara en su contra, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por las razones siguientes: 1.- En vista de que aquel llevaba nueve meses prófugo, desde la fecha de los hechos en que se dio a la fuga, hasta el momento de su detención y que no se pudo localizar sino hasta que se libró orden de aprehensión. 2.- Porque dentro de los generales remitidos por el imputado al tribunal, menciona que es albañil, menciona un domicilio en las Huertas Ejutla de Crespo, como referencia, pero en ningún momento la fiscalía puede presumir que el imputado tenga un domicilio fijo, pues en un momento anterior vivía con la víctima 3.- Que por ser albañil no tiene un ingreso fijo, que vive al día, pues no tiene otro ingreso económico que pueda asegurar arraigo en Ejutla 4.- Insiste en señalar que el riesgo de sustracción del imputado estriba en el tiempo en que tardó por ejecutarse la orden de aprehensión. 5.- Que el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa es un delito grave, cuya penalidad por ser de cincuenta a sesenta años, solicita la prisión preventiva justificada. 6.- Que cuenta con informes de los Agentes Estatales de Investigación, quienes en la realización de la búsqueda del imputado no fue localizado; que tiene un último informe de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que la Agente Estatal de Investigación indica que en esa fecha realizaron un recorrido por la población de Coatequitas, Ejulta de Crespo, y no encontraron al imputado, tanto en el domicilio donde vivió con la víctima ni en inmediaciones de dicha población. En relación con lo anterior, la juez responsable, el resolver sobre el pedimento para decretar la medida de prisión preventiva justificada contra el peticionario del amparo, resolvió: "ÚNICO: Esta juzgadora, tiene que el ministerio público ha solicitado la prisión preventiva oficiosa, y que de manera objetiva justifica también en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo un riesgo de sustracción a la justicia y un peligro procesal de peligro o riesgo para las víctimas, en términos de lo dispuesto por el artículo 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en base a los datos de prueba que incorpora y a los argumentos lógico jurídicos que da a conocer. Por su parte, de manera objetiva y leal la defensa no hace manifestación alguna al respecto, por su parte el imputado tampoco hace ninguna solicitud. Por ello, esta juzgadora determina que, en efecto, se tiene por acreditados estos riesgos procesales que no obstante, que existe una prisión preventiva oficiosa respecto del presente asunto, también la misma se encuentra por justificada en términos de los argumentos vertidos por parte de la representación social y con los cuales ha quedado acreditado estos riesgos procesales que del análisis del catálogo de medidas cautelares establecidos en el artículo 155 antes mencionados, no se puede advertir alguno que en verdad, garantice que no se materialicen estos riesgos procesales, atendiendo a todas las circunstancias y datos de prueba respecto de los cuales sirvieron de base para vincular a proceso al imputado, y en atención a la mecánica de los hechos que, es evidente, que no sirvió de impedimento de obstáculo, que incluso hubiera una testigo que estuviera constatando la forma en que intentaba el imputado de privar de la vida a la víctima que hay que tomar en consideración que si bien es cierto, que se ve afectado el derecho de tránsito de libre deambulación del imputado, cierto es que hay que ponderar el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia como un derecho fundamental, y que en este caso, además de que las víctimas pertenecen a un grupo vulnerable, pues son mujeres, se trata también en el caso de la niña que pertenece a este grupo vulnerable de la niñez y de la infancia". [.] Como se ve, dicha determinación, por retomar los argumentos de la fiscalía para resolver la solicitud de ésta, en el sentido de que vinculara al imputado a prisión preventiva justificada, es inconstitucional, porque no está debidamente motivada, en tanto no hace ponderación de los datos aportados y descritos con antelación por la fiscal, a la luz del numeral 168 apuntado, lo que resulta necesario, pues sólo de esa forma, haciendo un test de proporcionalidad y dejando de lado apreciaciones subjetivas, cuya valoración es propia del Juzgador, de los datos aportados por la fiscalía frente a la ley, podrá establecer, motivadamente, si existe la necesidad para la concreción de dicho encarcelamiento preventivo que se reclama ... Hechos: El quejoso reclamó en el juicio de amparo indirecto la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El Juez de Distrito negó la protección constitucional y, en su contra, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada con base en apreciaciones subjetivas del Juez de Control, como por ejemplo, que la detención del imputado se efectuó fuera del Estado en el que se pretende su comparecencia, que viaja frecuentemente, cuenta con diversos domicilios, o por sus circunstancias económicas, que inciden en la posibilidad de trasladarse y abandonar la ciudad, es ilegal. Justificación: Lo anterior, porque la prisión preventiva es una medida excepcional y su imposición sólo procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado, ya que es al Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues así lo establece el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como también el criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la segunda región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Registro digital: 2027125, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACERSE EN SU IMPOSICIÓN, A MANERA DE ESTÁNDAR DE PRUEBA, PARA CONSIDERAR PROBADA LA HIPÓTESIS DE PREDICCIÓN QUE SE FORMULA SOBRE EL PELIGRO DE SUSTRACCIÓN DEL IMPUTADO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la sentencia respectiva, el secretario en funciones de Juez de Distrito negó la protección constitucional, al considerar que fue correcta su imposición ya que, entre otras razones, estimó acreditado el peligro de sustracción del imputado. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el cual, para analizar la legalidad de esa resolución, se estimó indispensable definir qué condiciones debían cumplirse, a manera de estándar de prueba, para apreciar que existe evidencia suficiente para considerar probada la hipótesis sobre ese riesgo procesal en la imposición de la prisión preventiva. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el umbral de suficiencia probatoria vinculado con la hipótesis de predicción sobre el peligro de sustracción del imputado se compone de la satisfacción de tres condiciones, en concreto que: (i) los respectivos hechos indicadores de ese riesgo procesal, por ejemplo, la falta de arraigo del imputado, la inobservancia de otras medidas cautelares, la existencia de procesos previos, las facilidades de ese sujeto para procurar su fuga u ocultarse, entre otros, se encuentren suficientemente acreditados, ya que servirán de base para predecir que el imputado no comparecerá al proceso; (ii) esa hipótesis esté conformada a partir de las reglas de la sana crítica que revelen que el escenario que se pretende sortear no es materialmente imposible, o bien, que no está sujeto a múltiples factores contingentes; y, (iii) esa inferencia supere un ejercicio de confronta o depuración. Justificación: Del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales deriva que el legislador brindó enunciativamente una serie de hechos indicadores sobre el peligro de sustracción del imputado, por ejemplo, la falta de arraigo, o bien, las facilidades para abandonar el lugar donde deba ser juzgado o permanecer oculto; de modo que la comprobación de dicho riesgo procesal debe partir, en principio, de la acreditación suficiente de esos hechos indicadores, con soporte en los cuales pueda predecirse que el imputado no comparecerá al proceso; empero, el que se prueben esos sucesos indicadores con evidencia suficiente, por sí mismo no basta para considerar probada, de manera concomitante, la hipótesis general de predicción acerca del citado riesgo procesal de fuga, en virtud de que el creador de la norma en el invocado precepto, únicamente hizo alusión a que el Juez los "tomará en cuenta", es decir, no indicó como tal que, de evidenciarse esos sucesos indicadores, debe considerarse en automático, probado el riesgo procesal de sustracción. De ahí que para que la hipótesis probabilística sobre ese riesgo procesal se estime probada, además de la comprobación de dichos indicadores, aquélla deberá ser razonable, lo cual conllevará verificar, conforme a las particularidades del asunto concreto, si el escenario de sustracción en que se sustenta esa hipótesis no es materialmente imposible o totalmente incierto, o bien, si su concreción depende de diversos factores contingentes, para lo cual el juzgador deberá sustentarse en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, así como en los conocimientos científicos afianzados. Aunado a los elementos precedentes el juzgador, para dar por probada la hipótesis general sobre el riesgo de sustracción, estará constreñido a realizar un ejercicio de confronta o depuración, en el que deberá descartar la producción de diversas hipótesis sobre ese peligro de fuga, así como verificar si se encuentran refutados otros indicadores, suficientemente acreditados, que enerven esa hipótesis de predicción de riesgo de sustracción conformada por la Fiscalía, por ejemplo, la circunstancia de que el imputado se encuentre imposibilitado para procurar su fuga, en virtud de encontrarse recluido en función de otra medida cautelar de prisión preventiva derivada de distinto proceso, o bien, con motivo de la emisión de una sentencia condenatoria que implique privación de la libertad. Así las cosas, y por los motivos expuestos, lo procedente es CONCEDER AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA, contra el auto en que resolvió decretarle como medida cautelar Prisión preventiva oficiosa y justificada. El sentido de esta determinación se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad penitenciaria, cuyo acto no fue reclamado por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Efectos de la concesión del amparo. 1.- Con respecto a la prisión preventiva oficiosa, la Juez de control responsable, deberá dejarla insubsistente. 2.- Con respecto a la prisión preventiva justificada, deberá también dejar insubsistente dicha medida cautelar; y 3.- Con libertad jurisdiccional, dicte otra resolución en que, con base en los fundamentos aplicables para decretarla y ponderando cada uno de los datos de prueba aportados por la fiscalía, determine, motivadamente, la satisfacción de los supuestos prescritos en la ley para establecer la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por la institución del Ministerio Público. 4.- Con la puntualización de que la resolución que dicte conforme al punto anterior, puede ser en el mismo sentido, pero, purgando el vicio formal de motivación de que adolece. 5.- Comunique dicha determinación al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, y ejecute lo decidido. NOVENO.- Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra actos de la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, consistentes en la resolución de control de la detención y auto de vinculación a proceso; por las razones expuestas en el séptimo considerando de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra actos de la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY.MESA "... VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 646/2023(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, .... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: De la autoridad ordenadora ((Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca): : 1. La resolución por la que se declara legal la detención del quejoso realizada el cinco de junio de dos mil veintitrés, en cumplimiento a una orden de aprehensión; 2. El auto de vinculación a proceso. 3.- El auto en que decretó prisión preventiva oficiosa y justificada. De la autoridad ejecutora ((Director del Centro penitenciario varonil de Tanivet, Oaxaca): 1. La ejecución de la medida cautelar preventiva. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Los actos reclamados a las autoridades responsables son CIERTOS, y así lo exponen en su informe justificado. Dicha certeza se corrobora con UN DISCO versátil (en formato DVD), que contiene las audiencias del control de la detención, dictado del auto de vinculación y de la imposición de medidas cautelares, que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado. A dichas constancias se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. .... Se precisa, no obstante que las determinaciones combatidas se hayan dictado en la audiencia inicial, así como en la diversa de continuación de la audiencia inicial; sin embargo, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. ... CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias que conforman el sumario constitucional. 1.- Consta que ante el Juzgado de Control en materia penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, se encuentra radicada la causa penal ... instruida en contra del ahora quejoso ******************** por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de FEMINICIDO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA y VIOLENCIA FAMILIAR, que se dicen cometidos, el primero, en agravio de Dulce María Antonio Anza y el segundo contra la menor de nombre Y.A.A. 2.- Que con fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, el quejoso fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por la Juez de control del Circuito Judicial de valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, motivo por el cual fue puesto a disposición de dicha autoridad, cuya titular, en audiencia pública, calificó de legal la detención y tras la comunicación de la imputación por parte de la representación social, de la que el defensor nada cuestionó, en su oportunidad, decretó en su contra auto de vinculación a proceso por los injustos reseñados en el punto anterior. 3.- Con motivo del auto de vinculación a proceso, se fijó la medida cautelar de Prisión preventiva oficiosa y justificada. Estas determinaciones (del control de la detención, auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, como su ejecución) y los motivos dados por la responsable, para justificarlas, son los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se observa causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, motivo por el cual se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. ... No obstante lo anterior, el quejoso, en resumen, señala: 1.- La resolución por la cual la juez de Control declara de legal la detención verificada el cinco de junio de dos mil veintitrés, es ilegal e inconvencional, como lo acredita con la documental consistente en la copia auténtica de registro de audio y video de la audiencia inicial. Que lo anterior es así, en vista de que al iniciarse el debate sobre el análisis y la legalidad de la detención, el Ministerio público no incorporó argumento, dato ni medio de prueba con los cuales acreditara que al momento de la detención, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le entregara copia de la referida orden de captura y el detenido fuera informado de los hechos criminosos que se le imputan, con lo cual no estuvo en aptitud de preparar una adecuada defensa a su favor, lo que motiva se le conceda el amparo para efecto de que se reponga el procedimiento penal ante la ilegalidad de la detención. Así que como no hay evidencia que los policías captores le hubieran entregado copia de la orden de aprehensión, a fin de enterarlo de la causa de la detención, la autoridad que la ordenó, los hechos que se le imputan, los medios de prueba existentes en su contra, las personas que lo acusan, el número de expediente y los demás datos que le permitieran o posibilitaran una defensa adecuada y efectiva, el acto es inconstitucional. Circunstancia que motiva, en todo caso, la reposición del procedimiento en términos del artículo 4, numeral 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". 2.- Con respecto al auto de vinculación a proceso, por la imputación que se le hace de su probable intervención en los hechos que se califican como delitos de Homicidio en grado de Tentativa y Violencia Familiar, señala el quejoso se trastocan en su perjuicio los numerales 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 y 14 del pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos ; 8, 24 y 25 de la Convención Americana "Pacto de San José de Costa rica". Ello, en razón a que el imputado, ahora quejoso, no tuvo una defensa adecuada en razón a que el defensor público que le fue asignado, se condujo con notoria y manifiesta impericia y negligencia durante el curso del debate sobre vinculación a proceso, con relación a sus deberes como defensor, los cuales, inmersos en los numerales 20, apartado A y B de la Constitución, como 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron inobservados En efecto -refiere el quejoso- que al darle la palabra la juez de control a su defensor, éste se condujo de manera pasiva, no cuestionó la teoría del caso de la representación social, limitándose a decir que no tenía nada que decir, no incorporó ningún argumento, dato o medio de prueba a favor de su defendido y la juez de control en ningún momento previno al directo imputado a que, en términos del numeral 121 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, designara otro defensor. 3.- Refiere el quejoso que los hechos fácticos que se le imputan no están señalados en la ley Penal como delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, debido a que no se acreditaron dos elementos típicos descriptivos o de definición, trastocándose con ello los artículos 14 y 16 Constitucionales. Tampoco se acreditan los elementos del diverso injusto de violencia familiar, al no advertirse la demostración del dolo por parte del imputado. Lo expuesto es así, porque el Ministerio Público incorporó al debate datos de prueba insuficientes para acreditar dos elementos típicos descriptivos, a saber, la intención del imputado de querer privar de la vida a la víctima Dulce María Antonio Anza (dolo) y el elemento normativo que revelen la existencia de datos, información antecedentes o indicios que refieran cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar y del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y al no considerarlo así la juez de control incurrió en una violación de fondo (in judicando) relacionada con una indebida valoración de los datos de prueba, con infracción de las reglas de la valoración racional de la prueba conforme al sistema de sana crítica previsto en el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4.- Que la resolución de prisión preventiva es también inconstitucional porque vulnera el principio de taxatividad y excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 de la Constitución Federal, porque la representación social no acreditó de forma objetiva la necesidad de la cautela ni justificó porqué otras medidas cautelares no eran suficientes para garantizar algún riesgo procesal, como requisitos sine qua non para la imposición de dicha medida; que sobre este punto su defensor no vertió controversia y sólo se concretó a señalar que no tenía nada que decir y no incorporó ningún argumento defensivo; que dentro del catalogó de los hechos que la ley fundamental en su artículo 19 califica como delitos, no se encuentra el feminicidio agravado en grado de tentativa ni el de violencia familiar. Aparte dice, la juez de control no motivó su resolución por la cual le impone la medida de prisión preventiva justificada, pues hizo caso a lo expresado por la fiscalía, cuyos argumentos se basaron sólo en meras conjeturas, en convicciones subjetivas y apreciaciones personales, en la medida en que la necesidad de la medida se funda en que existe riesgo de fuga por parte del imputado ya que la policía captora logró su cometido hasta después de nueve meses de sucedidos los hechos; que su domicilio ubicado en la agencia municipal de San José el Cerro de las Huertas, no es un domicilio fijo, cuenta habida que por su actividad en el ramo de la construcción o albañilería tampoco lo arraiga a la comunidad en que vive; que otro riesgo de fuga lo constituye la alta punibilidad del injusto que se le reprocha, que va de cincuenta a sesenta años de prisión; SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. El concepto de violación aducido, identificado con el número 1, es infundado, en razón a que sobre el tema cuestionado, en el sentido de que no se realizó un debido control de la detención por parte de la Juez responsable, existe criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que ello no es necesario en tratándose de la ejecución de una orden de aprehensión, según se observa en la tesis número..., Registro digital: ..., consultable en la página 149 del libro 79, Octubre de dos mil veinte, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o urgencia, se debe realizar tratándose de órdenes de aprehensión. Criterio jurídico: Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio que debe prevalecer, es que este control únicamente procede cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión. Esto no significa que sea inviable alegar vicios cometidos en la ejecución de una orden de aprehensión, o bien, que el Juez de Control esté impedido para analizar oficiosamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cumplimiento de dichas órdenes. Justificación: Ello, porque en los supuestos de flagrancia o urgencia, la privación de la libertad personal del imputado no ha sido sometida a un control judicial previo, como sí ocurre tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente. La razón se estructura atendiendo a que el bien jurídico tutelado por la Constitución Federal en ese supuesto, es la libertad personal de los inculpados, por lo que la finalidad de la audiencia es proteger esa prerrogativa, en los supuestos en que no existe un mandamiento judicial, tomando en cuenta que la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público (en caso urgente) o ejecutada por cualquier persona (flagrancia), por lo que la consecuencia en caso de que se determinara su ilegalidad sería la libertad con reservas de ley. Mientras que en el caso de las órdenes de aprehensión, la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Sin embargo, no escapa a la consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio; por ejemplo, cuando se alega que aquélla se materializó contra diversa persona (verbigracia, un homónimo), o bien, con posibles violaciones a derechos humanos. En este último supuesto, el Juez deberá actuar en términos de la normatividad aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como se dijo, solamente resulta procedente tratándose de las detenciones en flagrancia o caso urgente. En concepto de violación identificado con el número 3, resulta también INFUNDADO, porque contrariamente a lo aducido por el quejoso, no se ve que el acto reclamado vulnere en su perjuicio el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: ... De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Expuesto lo anterior, de la reproducción del registro audio visual de la audiencia inicial en donde se vinculó a proceso, se advierte que se cumplieron con los requisitos formales aludidos en los artículos reproducidos. Que contrariamente a lo que se vierte en los conceptos de violación, en relación a la insatisfacción de la configuración del injusto de feminicidio agravado en grado de tentativa, se estima que el auto de vinculación a proceso reclamado, no es inconstitucional, porque la teoría del caso propuesta por la fiscalía en contra del imputado, se respalda en diversos datos de prueba, no contradichos, menos desvirtuados, que, ponderados bajo el estándar probatorio mínimo, son reveladores de: 1).- La existencia de un hecho que la ley señale como delito para ubicar la conducta del justiciable en la hipótesis normativa que es objeto de reproche; y, 2) La probabilidad en la comisión o participación del activo, ahora quejoso. Lo anterior, en razón de que el auto de vinculación a proceso sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, no siendo necesario que el órgano acusador, en el presente asunto, aporte datos de prueba que hagan ineludiblemente posible la finalidad querida por el imputado, que se dice interrumpida o no verificada por causas ajenas a la voluntad del imputado. Es decir, que la fiscalía pruebe los elementos objetivos, normativos y subjetivos, pues en esa estadía -vinculación a proceso-, no se requiere la comprobación plena de los elementos en mención, sino que los datos de prueba, valorados racionalmente, hagan posible atribuir el hecho al imputado, a efecto de que se continúe la investigación regulada por el Juez de Control en donde pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en un procedimiento respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, ya que corresponde a la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal, a efecto de justificar la emisión de una sentencia condenatoria. ... En ese tenor, debe señalarse ahora, que la fiscalía aportó datos de prueba, sin advertirse la existencia de datos aportados por la defensa que pongan en evidencia que los hechos se sucedieron de manera diferente a la descrita en la denuncia, o bien, que el imputado no estuvo en la hora y fecha del lugar de realización de los hechos en que se encuentra inodado; es por lo que, por principio, los hechos, respaldados con los datos de prueba, deben tenerse por acreditados, los cuales fueron reflejados como sigue: Que en el mes de junio de dos mil veintidós, la víctima ..., conoció al imputado ..., justamente en el Bar ... en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en donde trabajaba como "fichera". Después de unos servicios, se fueron a vivir a un cuarto ubicado sobre la calle principal de Coatequitas Ejutla, Oaxaca. Durante su relación se pudo percatar que Francisco Javier López Pacheco, es una persona muy celosa, pues seguido le reclamaba por haber trabajado en el bar, diciéndole a cuantos "se había echado", que cuantos se la cogieron; que cuando salían a la calle él le decía que todos la miraban como si le conocieran el culo; sin embargo, ella no respondía a ello. Que en el mes de julio de dos mil veintidós, después de haber asistido a un palenque al que se hicieron acompañar de un señor de nombre Santos, al ir viajando en su camioneta de regreso a casa, su pareja, ya en estado de ebriedad, comenzó a reclamarle que era una puta, que a cuantos hombres se había "echado", a la vez que le empezó a pegar en la cara y en la cabeza, sacando una pistola que cargaba en la cintura y se la puso en la cabeza, diciéndole que la iba a matar y después aventaría su cuerpo a una barranca; pero, el señor Santos intervino y le dijo al agresor que la dejara, que no fuera a cometer una "tontería", fue por ello que quito la pistola de su cabeza y dejó de golpearla. Al otro día ella le dijo a su compañero sentimental que se iba a ir porque no le gustaba ese tipo de vida. El dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, Francisco Javier López Pacheco, llegó "borracho" al domicilio donde vivían y le jaló de los pelos, arrastrándola por la casa. Que nuevamente, con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, su compañero llegó borracho hasta el cuarto donde rentaban, siendo aproximadamente las cinco y media de la tarde, reclamándole sobre unos mensajes del "messenger" que vio, porque él tiene su cuenta de "faceboock", pero, luego de ello se salió a tomar a la tienda del señor..., que está como a cinco metros de donde viven, y ya que su hija ..., no había comido fue a la tienda a comprar, y fue ahí donde vio que su pareja seguía tomando. Que después de comprar, su pareja le dijo que lo esperara, motivo por el cual ella esperó, pidiéndole ella que ya no tomara, que en ese momento vio que él saco una navaja de su pantalón y le dijo "bueno te espera otro rato", volviéndola a guardar, agregando su compañero, bueno, vamos ya, siendo aproximadamente como ocho y media de la noche. Que al llegar al cuarto, su pareja le echó el brazo derecho rodeando su nuca y cuello, como queriéndola asfixiar, y al ver esto su hija empezó a gritar que la soltara, él se volteó fue como ella pudo zafarse, que él, tras quitarse su pantalón, intentó nuevamente ahorcarla, al tiempo que le decía ahora sí me vas pagar todas las que me has hecho, tratando de jalarle el cabello, que al atravesarse su hija, se fue corriendo a la casa de su vecina que está atrás del cuarto donde vivía con su pareja, gritándole a su vecina Carmen Vásquez, que le abriera un cuartito, a lo que ella accedió y fue así como se metió con su hija. Estando ya resguardadas escuchó los pasos de ... escuchando que éste le decía a su vecina que era cómplice de su mujer y que ya no le siguiera ayudando, porque si no también ella iba a salir embarrada, diciéndole también, que ya la sacara del cuarto, y que pasaron como quince o veinte minutos y su vecina intentaba tranquilizarlo, escuchando que ella le dijo, que si la iba a sacar, pero, que no le hiciera nada a ella, que ya no hiciera escándalo porque estaba asustando a los niños. Que su vecina le dijo que saliera por la cocina, pero la agredida le dijo que le quitara la navaja que llevaba su pareja porque él la quería matar, dándole la navaja a la señora Carmen. Pero, de repente él la jalo del cabello y la comenzó a arrastrar de la cocina al corredor, hasta el patio, donde estaba la hierba, quedando frente a la casa de su vecina, viendo que su pareja sacó otra navaja con la que le amenazaba, y la empezó nuevamente a ahorcar, que al ver esto su hija ..., comenzó a llorar y gritando lo jalaba, pero él empujó a su hija y como estaba empuñando la navaja, le cortó sus dedos, gritando su hija del dolor, motivo por el cual su vecina llamó a su hija; que al momento de quitarse su hija, Javier aprovechó para "enterrarle" la navaja en el cuello, la saca y le va otro navajazo, diciéndole "te vas a morir puta" y en eso metió las manos para que no la matara, cortándole también sus dedos con los que se cubrió para que su pareja no la matara. Que su vecina gritó a su hija que saliera y pidiera ayuda a los vecinos, que le hablara a Juan Vicente, que tras oír eso su pareja la soltó, se levantó y echó a correr. La consecución de los hechos descritos, se respaldan en: a).- Denuncia de la víctima ... de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. b).- Comparecencia de la niña de nombre abreviado.... en fecha tres de octubre de dos mil veintidós. c).- Comparecencia de la Testigo ...de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. d).- Entrevista de la agente municipal..., de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. e).- Certificado médico de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el doctor Luciano Rolando Barrita Martínez, donde se hace valoración médica de las víctimas ... f).- Inspección ocular de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. g).- Inspección ocular de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, realizada por la agente estatal de investigaciones Isabel Aranza López Díaz. h).- Dictámenes psicológicos de once de octubre de dos mil veintidós, de la menor de nombre abreviado ... i).- Dictamen psicológico de once de octubre de dos mil veintidós, de ... Datos de prueba que conforme a la reproducción de las audiencias de audio y video, fueron racionalmente analizados por la juez responsable, en su conjunto, acorde al numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual es correcto, conforme a la tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, consultable en la página 2388 del libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo III, Registro digital: 2017728, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Hechos que, bajo el escrutinio de los numerales 411 y 10 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, configuran el hecho calificado por la ley como feminicidio agravado en grado de tentativa, uno de los injustos atribuido al imputado, aquí quejoso, cuyos numerales disponen: Artículo 411.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Se considera que existe una razón de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: [.] II. A la víctima se le hayan infligido heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitamiento, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. V. Haya existido, entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. [.] Artículo 10.- Los delitos pueden ser. de tentativa: [.] II. Existe tentativa, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo si por causas ajenas al agente, no hay consumación pero si puesta en peligro del bien jurídico. De la interpretación de dichos numerales se desprenden los siguientes elementos: a).- La intención de privar de la vida a una mujer (elemento subjetivo). b).- La realización de actos idóneos para consumar la privación de la vida (elemento objetivo). c).- Que la intención de privar de la vida sea por razones de género (elemento normativo). d).- Que la muerte de la mujer no se haya materializado por causas ajenas a la voluntad del activo (elemento negativo). Los anteriores elementos, con respecto a la tentativa, de manera genérica, se visualizan en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/275 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 74, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, Registro digital: 212462, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "TENTATIVA. ELEMENTOS DEL DELITO DE. La tentativa se integra con dos elementos, el subjetivo consistente en la intención dirigida a cometer un delito y el objetivo consistente en los actos realizados por el agente y que deben ser de naturaleza ejecutiva, y un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto". Y, con respecto al tipo básico del feminicido (homicidio), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis Registro digital: 236921, consultable en la página 19 del volumen 14, segunda parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, sostuvo lo siguiente: "HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Cuando no está demostrado en manera alguna, que el acusado hubiese ejercitado hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización del homicidio y que éste no se consumó por causas ajenas al propio acusado, toda vez que siendo el delito de homicidio una figura delictiva compleja, cuya realización puede no efectuarse y quedar en simples lesiones, la tentativa, esto es, los elementos que la constituyen, se deben procurar con base en el elemento subjetivo del tipo, o sea, en la intencionalidad del motivo". Debe destacarse, los enunciados elementos, desglosados de los normativos apuntados y recogidos en los criterios transcritos, implican, para la configuración del delito de feminicidio en grado de tentativa, un requerimiento fundamental, a saber, que se coloque a la víctima en peligro real de muerte, cuya convicción plena -como ya fue apuntado- por el momento, será bastante con los datos de prueba valorados racionalmente a priori, por el juez de control. En ese orden, debe reseñarse también que la juez de control hizo ponderación de los propios datos de prueba que sirvieron, inclusive, conforme a la mecánica de los hechos, para tener por configurado el diverso injusto de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de nombre con iniciales Y.A.A., deducidos de los numerales 404 y 404 bis del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que señalan: 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; Siendo destacable, que en la continuación de la investigación regulada por la Juez de Control, el imputado podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, ya que corresponde a la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal. Por otro lado, el concepto de violación identificado con el número 2, resulta también INFUNDADO, porque no se ve se haya vulnerado el derecho de defensa del quejoso, contenido en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para arribar a lo anterior, es necesario señalar que la interpretación literal de los artículos 121, párrafo primero, 17, párrafos primero, segundo y último, y 134, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite conocer el deber común de los Jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley, y con sujeción a los principios que rigen la función jurisdiccional. Esa determinación se traduce en la obligación del juzgador de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda del derecho fundamental del imputado a una defensa técnica adecuada en el proceso penal acusatorio que lo autoriza a prevenir al imputado en términos del numeral 121 mencionado, como sigue: Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Sin embargo, para cumplir con sus deberes, el juzgador, también cuenta con la facultad de conminar a las partes a sujetarse a los principios y reglas del proceso penal acusatorio, lo que no se traduce en una determinación tendente a cuestionar la capacidad técnica del defensor que representa al imputado, mucho menos en una disposición encaminada a prevenirlo para que designe otro pues, en este caso, es pertinente evidenciar que fue manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor que había nombrado, conceptos que deben someterse a un ejercicio de razonabilidad. En el caso, contra lo argüido por el justiciable, una vez reproducido el material audiovisual de la audiencia relativa, que acompañó la juez de control como justificación a su informe, no se desprende manifiesta y sistemática incapacidad por parte del defensor Público que fue nombrado para la defensa de los derechos del imputado; de ahí que no pueda sostenerse que éste tuvo una defensa inadecuada en su vertiente material, por desconocimiento técnico del sistema penal acusatorio de su abogado, por lo que no estuvo en desigualdad de condiciones respecto del órgano acusador. Si bien, lejos de ello, sólo se concretó a indicar atento a los requerimientos de la juez, que resolviera conforme a derecho, ello, se estima, no evidencia materialmente un desconocimiento técnico de la materia en que se halla inodado su defendido, que no puede así ser estimado, ni aun cuando no contara con una teoría del caso ante la ausencia de datos de prueba que corroboraran su postura o controvirtieran los hechos que motivaron el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, que, como ya se adelantó, pueden ser aportados en la fase de investigación complementaria o mejor aún en la etapa de juicio oral la comprobación plena de los elementos del tipo penal. Pero que, por no haber sido aportados en la etapa relativa no revelan por sí, un desconocimiento técnico que ameritara el llamado de atención por parte de la juez de Control al justiciable, para que nombrara un defensor diferente, ante el desconocimiento manifiesto del nombrado para defenderlo. Se invoca en apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 2968 del libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo IV, Registro digital: 2017222, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto literal siguiente: "DEFENSOR DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA SU REMOCIÓN DEL CARGO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR INCAPACIDAD TÉCNICA MANIFIESTA Y SISTEMÁTICA, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR CUIDADOSAMENTE CADA CASO CONCRETO, A FIN DE DETERMINAR SI EL NÚMERO Y TRASCENDENCIA DE LOS ERRORES COMETIDOS SON DE TAL MAGNITUD, QUE COLOQUEN AL ACUSADO EN RIESGO DE QUE SE PRIVE DE CONTENIDO MATERIAL SU DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", estableció que en el derecho de defensa adecuada se identifica un elemento formal, consistente en que el nombramiento de defensor recaiga en un profesional en derecho, y uno material, que implica que el defensor actúe diligentemente con el fin de proteger los intereses de su defendido y evitar que sus derechos se vean lesionados. Ahora bien, frente al derecho fundamental referido, el Estado tiene una obligación de carácter negativo, de no obstruir e impedir su materialización, y otra de tipo positivo, de asegurar por los medios legales a su alcance, que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio. Dentro de esta última, en relación con el elemento material mencionado, se encuentra la facultad del órgano jurisdiccional prevista en el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de remover al defensor cuando exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica, que a su vez responde a la obligación de velar por la defensa adecuada y técnica del imputado, establecida en el numeral 17 del propio ordenamiento a cargo del juzgador; por tanto, éste podrá ejercer la facultad de remoción indicada, cuando el defensor incurra en errores técnicos en forma patente y clara, mediante una serie de conductas reiteradas en el mismo o similar sentido. De ahí que uno o más errores aislados no configuren la causa de remoción citada, aun cuando revelen cierto grado de desconocimiento del sistema penal acusatorio, porque la gravedad de la medida amerita un análisis cuidadoso en cada caso, a efecto de que el órgano jurisdiccional determine si el número y trascendencia de los errores cometidos son de tal magnitud, que coloquen al imputado en riesgo de que se prive de contenido material su derecho fundamental de defensa adecuada, privándolo de la posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra, y si pudieran trascender al sentido de la determinación que vaya a adoptarse en la etapa procesal correspondiente. De no obrar en esos términos, el juzgador podría vulnerar el derecho fundamental del imputado a designar libremente al defensor de su elección, previsto en los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ante la posibilidad fáctica de que aquél ya no pueda nombrar a un segundo o ulterior defensor particular, o ante el riesgo de que el nuevo que designe no cuente con los medios y tiempo necesarios para conocer las constancias atinentes, a fin de determinar la estrategia a seguir, que permita el ejercicio de una adecuada defensa. En ese tenor, ante lo INFUNDADO de los conceptos de violación analizados en este apartado, lo procedente ES NEGAR AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA, contra el auto control de la detención y el auto de vinculación a proceso reclamado a la juez de control responsable. OCTAVO. En cambio, son FUNDADOS los conceptos de violación planteados por el quejoso, marcados en el punto 4, con respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada. Lo anterior, toda vez que la resolución emitida por la Juez de control responsable, en torno a la imposición de prisión preventiva oficiosa, trastoca los derechos subjetivos del justiciable, en tanto el hecho que la ley califica como delito de Feminicidio agravado en grado de tentativa, no se encuentra en el catálogo a que aluden el numeral 19 constitucional, en su segundo párrafo y tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se observa a continuación: "Artículo 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". "Art. 167. [.] El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". Acto decisorio de la responsable que es atentatorio de los derechos humanos del justiciable, no sólo por la circunstancia de que la prisión es una medida cautelar que debe imponerse de manera excepcional, cuando no exista una medida menos lesiva; sino, porque frente a dicha medida privativa de libertad, deben hacerse patentes los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; pero, sobre todo, porque el hecho de que en los numerales anotados se enuncie que amerita prisión preverntiva oficiosa, quienes estén inodados en el injusto de feminicidio, ello no da lugar a hacer extensiva dicha medida en los casos como el de feminicidio agravado en grado de tentativa, por el que se sujetó a vinculación al ahora imputado, en la consideración de que dicha figura así concebida NO ESTÁ EXPRESAMENTE PREVISTA en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial 4/2022, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 863 del libro 9, enero de 2022, tomo II, Registro digital: 2024090, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto litera siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE VIOLACIÓN NO SE EXTIENDE A LA TENTATIVA DE VIOLACIÓN. Hechos: Se ejerció acción penal contra una persona por el delito de tentativa de violación y al ponerse a disposición de la autoridad judicial se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue impugnada; seguido el cauce legal correspondiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que el Juez negó la protección constitucional, por lo que interpuso recurso de revisión. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso de revisión remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que carecía de competencia legal para conocer del fondo del asunto, por subsistir un tema relacionado con la interpretación del artículo 19 constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reasumir competencia originaria para conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la prisión preventiva oficiosa regulada para el delito de violación en los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe extenderse al delito de tentativa de violación. Justificación: Los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan expresamente que el Juez competente debe ordenar la prisión preventiva oficiosa al cometerse delito de violación. No obstante, la inclusión por extensión en las hipótesis normativas reguladas en esos artículos se aparta del sentido y el alcance de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; inclusive de los parámetros convencionales. De conformidad con el artículo 9, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción como una medida cautelar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos parte de la premisa de que la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional y que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado parámetros respecto a la aplicación subsidiaria de la prisión preventiva, interpretando los alcances de la medida, y orientando a los operadores jurídicos para imponer medidas idóneas y más benignas, antes de la privación de la libertad de una persona presuntamente inocente. Por tanto, esta Suprema Corte determina que la descripción típica de la tentativa de violación no está prevista en los supuestos de los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de extender la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Luego, la autoridad competente deberá analizar cada caso concreto previo a la imposición de la medida cautelar idónea y correspondiente, en todos los casos, pero en tratándose de tentativa de violación, al no estar prevista de manera expresa en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrá imponer la medida por extensión, es decir, de manera oficiosa". Por otro lado, en torno de la imposición de la medida de prisión preventiva justificada, la juez de control responsable, infringió, en perjuicio del peticionario del amparo, la garantía de legalidad, en cuento su acto, aunque fundado, no está debidamente motivado. Así, por principio, debe señalarse que por fundamentación debe entenderse que en el mandamiento de autoridad, se cite el precepto legal aplicable. Y, por motivación, la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad cumple con la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 Constitucional, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, si en ellas se cita el precepto legal que le sirvió de apoyo y se expresan los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, se adecua a los presupuestos de la norma que invoca. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".(Época: Séptima Época; Registro: 1011558; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación; Materia(s): Común; Tesis: 266; Página: 1239) En el caso concreto, debe señalarse que a la responsable no le es desconocido -por haberlo citado en su resolución- que la prisión preventiva justificada, se fundamenta en el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Sin embargo, se reseña, la juez de control responsable no motivó la resolución reclamada, con respecto a lo expuesto por la fiscalía, es decir, a los datos de prueba y sus manifestaciones vertidas como reveladoras de que el imputado, por no tener arraigo en Ejutla de Crespo, Oaxaca, y por la alta penalidad del injusto de Feminicidio en grado de Tentativa, es proclive a sustraerse de la acción de la justicia. Circunstancia fáctica esta última, que corresponde demostrar al Ministerio Público, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente porque ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el desarrollo de la investigación.. Así está contenido en la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Segunda Región, con residencia en san Andrés Cholula, Puebla, Registro digital: 2027130, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:. PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PARA EFECTO DE SU IMPOSICIÓN, LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS HECHOS INDICADORES EN QUE SE SUSTENTE EL PELIGRO DE SUSTRACCIÓN DEL IMPUTADO CORRESPONDE A LA FISCALÍA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la sentencia respectiva, el secretario en funciones de Juez de Distrito negó la protección constitucional, al considerar que fue correcta su imposición ya que, entre otras razones, estimó que el imputado no acreditó su arraigo o permanencia en el lugar en que eventualmente se le juzgaría. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el cual, para analizar la legalidad de esa resolución, se estimó necesario definir a quién le correspondía la carga probatoria de los hechos indicadores en que se sustenta el riesgo procesal de sustracción del imputado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para efecto de la imposición de la prisión preventiva justificada, corresponde a la Fiscalía acreditar los hechos indicadores en que sustenta el peligro procesal de sustracción del imputado, lo que implica que esa parte tendrá la obligación de probar que esa persona, entre otras cuestiones, tiene domicilio, residencia habitual o asiento de familia en un sitio o lugares que no corresponden a donde eventualmente se le juzgará, o bien, que dicha persona cuenta con las facilidades para abandonar este último o para permanecer oculto. Justificación: De la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emerge que el principio de presunción de inocencia, en su faceta de regla probatoria, implica que la Fiscalía tiene la carga probatoria de evidenciar la producción del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado en la comisión de ese suceso; carga que debe extenderse, a su vez, respecto de la actualización de evidencia que justifique la existencia del peligro de sustracción del imputado para efecto de la imposición de la prisión preventiva, lo que significa que esa representación social está vinculada a probar los hechos indicadores de ese peligro procesal, ya que es la parte que se encuentra interesada en la imposición de la mencionada medida cautelar y, sobre todo, porque a partir de la señalada faceta del principio de presunción de inocencia, no es factible constreñir al imputado a probar que no tiene la intención de evadir la acción de la justicia. De igual manera, deriva que la afirmación del órgano técnico de investigación en el sentido de que el imputado no tiene arraigo en el lugar en que será juzgado, envuelve una aseveración que debe probarse, específicamente, que aquel sujeto cuenta con domicilio, residencia habitual o asiento familiar en otras latitudes, o bien, que posee las facilidades para abandonar aquel lugar o de permanecer oculto. Asimismo, resalta que la falta de arraigo cuya acreditación corresponde a la Fiscalía no implica la realización de algo imposible, en virtud de que el Ministerio Público, con todos los medios jurídicos y de facto que tiene a su alcance, está en condiciones de realizar un abanico de actos de investigación que corroboren, en los términos indicados, que el imputado no cuenta con domicilio, residencia o asiento de familia que garantice su comparecencia en el juicio, o bien, que tiene los medios para procurar el abandono de ese lugar o su ocultamiento. Ahora bien, la Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación contra el ahora quejoso, pidió se dictara en su contra, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por las razones siguientes: 1.- En vista de que aquel llevaba nueve meses prófugo, desde la fecha de los hechos en que se dio a la fuga, hasta el momento de su detención y que no se pudo localizar sino hasta que se libró orden de aprehensión. 2.- Porque dentro de los generales remitidos por el imputado al tribunal, menciona que es albañil, menciona un domicilio en las Huertas Ejutla de Crespo, como referencia, pero en ningún momento la fiscalía puede presumir que el imputado tenga un domicilio fijo, pues en un momento anterior vivía con la víctima 3.- Que por ser albañil no tiene un ingreso fijo, que vive al día, pues no tiene otro ingreso económico que pueda asegurar arraigo en Ejutla 4.- Insiste en señalar que el riesgo de sustracción del imputado estriba en el tiempo en que tardó por ejecutarse la orden de aprehensión. 5.- Que el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa es un delito grave, cuya penalidad por ser de cincuenta a sesenta años, solicita la prisión preventiva justificada. 6.- Que cuenta con informes de los Agentes Estatales de Investigación, quienes en la realización de la búsqueda del imputado no fue localizado; que tiene un último informe de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que la Agente Estatal de Investigación indica que en esa fecha realizaron un recorrido por la población de Coatequitas, Ejulta de Crespo, y no encontraron al imputado, tanto en el domicilio donde vivió con la víctima ni en inmediaciones de dicha población. En relación con lo anterior, la juez responsable, el resolver sobre el pedimento para decretar la medida de prisión preventiva justificada contra el peticionario del amparo, resolvió: "ÚNICO: Esta juzgadora, tiene que el ministerio público ha solicitado la prisión preventiva oficiosa, y que de manera objetiva justifica también en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo un riesgo de sustracción a la justicia y un peligro procesal de peligro o riesgo para las víctimas, en términos de lo dispuesto por el artículo 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en base a los datos de prueba que incorpora y a los argumentos lógico jurídicos que da a conocer. Por su parte, de manera objetiva y leal la defensa no hace manifestación alguna al respecto, por su parte el imputado tampoco hace ninguna solicitud. Por ello, esta juzgadora determina que, en efecto, se tiene por acreditados estos riesgos procesales que no obstante, que existe una prisión preventiva oficiosa respecto del presente asunto, también la misma se encuentra por justificada en términos de los argumentos vertidos por parte de la representación social y con los cuales ha quedado acreditado estos riesgos procesales que del análisis del catálogo de medidas cautelares establecidos en el artículo 155 antes mencionados, no se puede advertir alguno que en verdad, garantice que no se materialicen estos riesgos procesales, atendiendo a todas las circunstancias y datos de prueba respecto de los cuales sirvieron de base para vincular a proceso al imputado, y en atención a la mecánica de los hechos que, es evidente, que no sirvió de impedimento de obstáculo, que incluso hubiera una testigo que estuviera constatando la forma en que intentaba el imputado de privar de la vida a la víctima que hay que tomar en consideración que si bien es cierto, que se ve afectado el derecho de tránsito de libre deambulación del imputado, cierto es que hay que ponderar el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia como un derecho fundamental, y que en este caso, además de que las víctimas pertenecen a un grupo vulnerable, pues son mujeres, se trata también en el caso de la niña que pertenece a este grupo vulnerable de la niñez y de la infancia". [.] Como se ve, dicha determinación, por retomar los argumentos de la fiscalía para resolver la solicitud de ésta, en el sentido de que vinculara al imputado a prisión preventiva justificada, es inconstitucional, porque no está debidamente motivada, en tanto no hace ponderación de los datos aportados y descritos con antelación por la fiscal, a la luz del numeral 168 apuntado, lo que resulta necesario, pues sólo de esa forma, haciendo un test de proporcionalidad y dejando de lado apreciaciones subjetivas, cuya valoración es propia del Juzgador, de los datos aportados por la fiscalía frente a la ley, podrá establecer, motivadamente, si existe la necesidad para la concreción de dicho encarcelamiento preventivo que se reclama ... Hechos: El quejoso reclamó en el juicio de amparo indirecto la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El Juez de Distrito negó la protección constitucional y, en su contra, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada con base en apreciaciones subjetivas del Juez de Control, como por ejemplo, que la detención del imputado se efectuó fuera del Estado en el que se pretende su comparecencia, que viaja frecuentemente, cuenta con diversos domicilios, o por sus circunstancias económicas, que inciden en la posibilidad de trasladarse y abandonar la ciudad, es ilegal. Justificación: Lo anterior, porque la prisión preventiva es una medida excepcional y su imposición sólo procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado, ya que es al Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues así lo establece el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como también el criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la segunda región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Registro digital: 2027125, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACERSE EN SU IMPOSICIÓN, A MANERA DE ESTÁNDAR DE PRUEBA, PARA CONSIDERAR PROBADA LA HIPÓTESIS DE PREDICCIÓN QUE SE FORMULA SOBRE EL PELIGRO DE SUSTRACCIÓN DEL IMPUTADO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la sentencia respectiva, el secretario en funciones de Juez de Distrito negó la protección constitucional, al considerar que fue correcta su imposición ya que, entre otras razones, estimó acreditado el peligro de sustracción del imputado. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el cual, para analizar la legalidad de esa resolución, se estimó indispensable definir qué condiciones debían cumplirse, a manera de estándar de prueba, para apreciar que existe evidencia suficiente para considerar probada la hipótesis sobre ese riesgo procesal en la imposición de la prisión preventiva. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el umbral de suficiencia probatoria vinculado con la hipótesis de predicción sobre el peligro de sustracción del imputado se compone de la satisfacción de tres condiciones, en concreto que: (i) los respectivos hechos indicadores de ese riesgo procesal, por ejemplo, la falta de arraigo del imputado, la inobservancia de otras medidas cautelares, la existencia de procesos previos, las facilidades de ese sujeto para procurar su fuga u ocultarse, entre otros, se encuentren suficientemente acreditados, ya que servirán de base para predecir que el imputado no comparecerá al proceso; (ii) esa hipótesis esté conformada a partir de las reglas de la sana crítica que revelen que el escenario que se pretende sortear no es materialmente imposible, o bien, que no está sujeto a múltiples factores contingentes; y, (iii) esa inferencia supere un ejercicio de confronta o depuración. Justificación: Del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales deriva que el legislador brindó enunciativamente una serie de hechos indicadores sobre el peligro de sustracción del imputado, por ejemplo, la falta de arraigo, o bien, las facilidades para abandonar el lugar donde deba ser juzgado o permanecer oculto; de modo que la comprobación de dicho riesgo procesal debe partir, en principio, de la acreditación suficiente de esos hechos indicadores, con soporte en los cuales pueda predecirse que el imputado no comparecerá al proceso; empero, el que se prueben esos sucesos indicadores con evidencia suficiente, por sí mismo no basta para considerar probada, de manera concomitante, la hipótesis general de predicción acerca del citado riesgo procesal de fuga, en virtud de que el creador de la norma en el invocado precepto, únicamente hizo alusión a que el Juez los "tomará en cuenta", es decir, no indicó como tal que, de evidenciarse esos sucesos indicadores, debe considerarse en automático, probado el riesgo procesal de sustracción. De ahí que para que la hipótesis probabilística sobre ese riesgo procesal se estime probada, además de la comprobación de dichos indicadores, aquélla deberá ser razonable, lo cual conllevará verificar, conforme a las particularidades del asunto concreto, si el escenario de sustracción en que se sustenta esa hipótesis no es materialmente imposible o totalmente incierto, o bien, si su concreción depende de diversos factores contingentes, para lo cual el juzgador deberá sustentarse en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, así como en los conocimientos científicos afianzados. Aunado a los elementos precedentes el juzgador, para dar por probada la hipótesis general sobre el riesgo de sustracción, estará constreñido a realizar un ejercicio de confronta o depuración, en el que deberá descartar la producción de diversas hipótesis sobre ese peligro de fuga, así como verificar si se encuentran refutados otros indicadores, suficientemente acreditados, que enerven esa hipótesis de predicción de riesgo de sustracción conformada por la Fiscalía, por ejemplo, la circunstancia de que el imputado se encuentre imposibilitado para procurar su fuga, en virtud de encontrarse recluido en función de otra medida cautelar de prisión preventiva derivada de distinto proceso, o bien, con motivo de la emisión de una sentencia condenatoria que implique privación de la libertad. Así las cosas, y por los motivos expuestos, lo procedente es CONCEDER AL QUEJOSO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA, contra el auto en que resolvió decretarle como medida cautelar Prisión preventiva oficiosa y justificada. El sentido de esta determinación se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad penitenciaria, cuyo acto no fue reclamado por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Efectos de la concesión del amparo. 1.- Con respecto a la prisión preventiva oficiosa, la Juez de control responsable, deberá dejarla insubsistente. 2.- Con respecto a la prisión preventiva justificada, deberá también dejar insubsistente dicha medida cautelar; y 3.- Con libertad jurisdiccional, dicte otra resolución en que, con base en los fundamentos aplicables para decretarla y ponderando cada uno de los datos de prueba aportados por la fiscalía, determine, motivadamente, la satisfacción de los supuestos prescritos en la ley para establecer la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por la institución del Ministerio Público. 4.- Con la puntualización de que la resolución que dicte conforme al punto anterior, puede ser en el mismo sentido, pero, purgando el vicio formal de motivación de que adolece. 5.- Comunique dicha determinación al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, y ejecute lo decidido. NOVENO.- Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra actos de la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, consistentes en la resolución de control de la detención y auto de vinculación a proceso; por las razones expuestas en el séptimo considerando de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra actos de la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    MESA "... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 646/2023, promovido por .... por tal motivo en audiencia pública ... Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto continuo, el secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial Enseguida, se hace relación de las constancias de autos. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que hace el secretario y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. PERIODO DE PRUEBAS Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que la autoridad judicial responsable adjuntó a su informe justificado un disco versátil digital (DVD) y con motivo del requerimiento ordenado en autos de veintiocho de agosto del año en curso, copia certificada de la audiencia de control de la detención. Que conforme al auto de cinco de septiembre pasado el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad de Género de la Vice-fiscalía General zona centro, remitió copia certificada del certificado médico emitido por el Doctor Luciano Rolando Barrita, respecto de las lesiones que sufrió la víctima Dulce María Antonio El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la autoridad judicial responsable. Como no existen diversas pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. PERIODO DE ALEGATOS Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar y certifica que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: como ninguna de las partes formuló alegatos, se cierra dicho periodo. EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA RODOLFO ZÁNCHEZ ZEPEDA EL SECRETARIO DE JUZGADO RAMIRO GARCÍA SIMÓN

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